Omar Alejandro Arriaga López
Expediente 1938/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1938/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2023
Partes del expediente
- Omar Alejandro Arriaga López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VII. Visto el oficio y anexo de cuenta, con el que el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, remite la ejecutoria emitida por el Pleno del órgano de su adscripción, el dieciocho de mayo del año en curso, en el recurso de queja 22/2023 de su índice, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ** contra el acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca en el juicio de amparo indirecto 1938/2022" ." Glósese a los autos, acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno físico y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archívese este asunto como concluido y dese cumplimiento a la circular 2/2020, con la finalidad de que se prepare el acta de (transferencia o destrucción.)
- Principal
VII. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, comunica el proveído de veinte del actual, del cual se advierte que admitió el recurso de queja interpuesto por ** contra el auto de once de enero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, el cual registró con el ordinal 22/2023; glósese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y estese a la espera de que el órgano colegiado en comento emita la ejecutoria que en derecho corresponda.
- Principal
VII. Vista la comparecencia de cuenta, con la que el quejoso +++, ratificó el escrito presentado el dos de enero anterior, registrado con el folio 28; agréguese a los autos para que obre como corresponda. En ese orden, visto el escrito de mérito, del que se advierte que el quejoso desahogó la prevención formulada en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós; se provee en los siguientes términos. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se hace la precisión de que el acto tildado de inconstitucional es el siguiente: El auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 112/2022, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, en el que no se acordó favorable la solicitud de girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que embargue las cuentas bancarias de la demandada Centro de Apoyo al Microempresario I.A.P. CAME, hasta por el monto de lo condenado en el laudo. DESECHAMIENTO POR DEFINITIVIDAD En el caso, este Juzgado Federal advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Ahora bien, la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza respecto del acto reclamado, pues tal actuación fue emitida por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; lo que evidencia que se trata de una resolución proveniente de un tribunal del trabajo y, en consecuencia, se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Por otra parte, en lo tocante a los requisitos identificados con los números dos, tres y cuatro ya precisados, conviene indicar que el artículo 849 de la ley Federal del Trabajo, establece: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Del numeral transcrito se desprende que contra los actos de los Presidentes dictados en ejecución de laudos procede la revisión. En ese tenor, en contra del auto reclamado de treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 112/2022, en el que no se acordó favorable la solicitud de girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que embargue las cuentas bancarias de la demandada Centro de Apoyo al Microempresario I.A.P. CAME, hasta por el monto de lo condenado en el laudo, procede un recurso o medio de defensa legal que el quejoso debió agotar de manera previa a la instauración del juicio de amparo, a saber, la revisión, prevista en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que se colme el segundo de los requisitos para que opere la causa de improcedencia analizada (que la ley que rige el acto prevea un medio de defensa legal). Por cuanto hace al tercer requisito, éste también se encuentra plenamente acreditado, ya que la revisión se establece dentro de la normativa que rige el juicio de origen (Ley Federal del Trabajo). Igualmente, se satisface la última de las hipótesis de inejercitabilidad, en razón de que la revisión prevista en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, tiene por objeto modificar el acto reclamado, conforme a lo establecido en el último párrafo del numeral 852 de la propia legislación. También debe precisarse que la determinación reclamada no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en párrafos precedentes puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento, pues el quejoso es parte actora en el juicio de origen. Tampoco se requiere una interpretación adicional o es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del recurso, ya que la lectura del precepto legal permite advertir que contra actos de los Presidentes procede la revisión. Lo anterior revela claramente que contra el auto dictado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, expediente 112/2022, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, porque para impugnar la determinación en la que no se acordó favorable la solicitud de girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que embargue las cuentas bancarias de la demandada Centro de Apoyo al Microempresario I.A.P. CAME, hasta por el monto de lo condenado en el laudo, es necesario que antes de la promoción deljuicio de amparo, se agote el recurso referido. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 95/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas trescientos setenta y cuatro del Tomo XVI, correspondiente al mes de agosto de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Laboral, de la Novena Época, del rubro y texto: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, ilustra lo resuelto, la Tesis: XIX.2o.P.T.14 L, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, correspondiente al mes de Julio de 2008, Materia Laboral, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS ES NECESARIO AGOTARLO CONTRA EL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE SE NIEGA A DESPACHAR EJECUCIÓN SOBRE ACTUALIZACIONES SALARIALES. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo prevé la procedencia del recurso de revisión contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios o resoluciones que ponen fin a las tercerías, así como contra los dictados en las providencias cautelares; de donde se colige, por la amplitud del dispositivo, que procede dicho recurso contra cualquier acto que tales autoridades emitan durante la etapa de ejecución del laudo, puesto que la intención del legislador no fue restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden, concreta y específicamente, a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta durante el procedimiento de ejecución, inclusive en las que se niegue la ejecución del propio laudo, tomando en cuenta las facultades del presidente para llevar a cabo esa etapa, en términos de los artículos 617 y 618 de la legislación laboral. En esa tesitura, contra el auto por medio del cual el presidente se niega a despachar ejecución sobre actualizaciones salariales procede el aludido recurso de revisión, y si éste no se agota previamente a la promoción del juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". CONCLUSIÓN En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice:1 "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". La jurisprudencia I.6º.C.J/37, se consulta en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. HABILITACIÓN DE HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la emisión, firma y autorización del presente acuerdo.
- Principal
VII. Visto el escrito de cuenta, con el que el quejoso +++ -aduce- desahogar el requerimiento realizado en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós; glósese a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, sin necesidad de ser perito en la materia, se advierte a simple vista que la firma plasmada en éste, no es igual a la que aparece en la demanda de amparo; pues en aquélla se aprecia una firma que inicia en un trazo que se eleva de manera vertical y termina en dos trazos verticales, tal y como se advierte de las siguientes imágenes: +++. Así, son evidentes las diferencias entre las firmas, pues no hay identidad de signos gráficos. Por ende, existe duda acerca de la identidad de la promovente y a efecto de llegar a la convicción de que, conforme al ordinal 6° de la Ley de Amparo, éstos efectivamente fueron suscritos por él, se le requiere para que en el plazo de tres días, previsto en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, comparezca al local de este órgano federal a ratificar el contenido y firma del ocurso de mérito, pues lo que se persigue con la ratificación, es procurar seguridad jurídica, para quien esto provee y para la propia parte quejosa; apercibido que de no cumplir con lo señalado, se tendrá por no presentado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVI, página 4364, con número de registró 335035, que a la letra dice: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS EN AMPARO. Si la firma que calza una promoción, no es igual a la que aparece en la demanda de amparo y existe duda acerca de la identidad del promovente, no debe rechazarse la promoción, sino ordenar que sea ratificada, previa la identificación del agraviado, en caso de no ser conocido por el personal del juzgado"
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