Omar Ahuatzin Salvatierra
Expediente 701/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Omar Ahuatzin Salvatierra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de trece de agosto de dos mil diecinueve (fojas 128 a 130), mediante la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por José Óscar Ahuatzin Martínez en favor de Omar Ahuatzin Salvatierra, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y depuración Realícense las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es depurable por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, lo anterior, dado que fue otorgada la suspensión de plano dentro de los autos del juicio de amparo, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional por lo que procede conservarse, por tanto, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo, deberá desincorporarse materialmente la demanda y auto que concede suspensión de plano que obran en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos originales o billetes de depósito al no constar estos en autos.
- Principal
Remite boleta de turno Agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual informa el ingreso del registro 002065/2019 relativo al presente juicio de amparo y remite la boleta de turno correspondiente, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Titular del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido Región Norte, adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que a partir de las catorce horas con treinta minutos del once de agosto del año en curso, se ordenó la libertad del quejoso Omar Ahuatzin Salvatierra y otro, en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pruebas autoridad responsable De igual forma, se tiene por ofrecidas las pruebas de la autoridad responsable consistente en las documentales que anexa, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Director de Seguridad Pública de Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos, adscrito a la subsede Región Norte, Apizaco, Tlaxcala y Juez Calificador y/o Municipal del Municipio de Apizaco, lo siguiente: La incomunicación y privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, tortura y la falta y/o la omisión de proporcionarle atención médica inmediata. Lo anterior, pues la parte quejosa estima que dichas actuaciones y omisión contraviene lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que de las documentales exhibidas por el agente oficiante, se desprende que el once de agosto de dos mil diecinueve, se decretó la libertad del quejoso Omar Ahuatzin Salvatierra, toda vez que no existe dato de prueba suficiente, hasta el momento que justifique que el citado quejoso pueda estar subordinado a una medida cautelar de prisión preventiva. De igual forma, de las constancias que obran en el presente asunto, se desprende que en la diligencia de notificación practicada por el actuario adscrito a este juzgado federal, el propio quejoso Omar Ahuatzin Salvatierra, manifestó que: "no ha sido objeto de maltrato físico o moral."; además, de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido, así como en representación del Segundo y Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido, se advierte que también se le proporcionó atención médica, pues para ello, fue traslado al Hospital General Regional Licenciado Emilio Sánchez Piedras (fojas 39 a 42, 104 y 105). De lo anterior, se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados, toda vez que al manifestar que no fue objeto de maltrato físico o moral, al habérsele otorgado atención médica y ser puesto en libertad, los efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; sin que resulte necesario darle vista con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 110). Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de trece de agosto de dos mil diecinueve: Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Titular del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido Región Norte, adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa que a partir de las catorce horas con treinta minutos del once de agosto del año en curso, se ordenó la libertad del quejoso Omar Ahuatzin Salvatierra y otro, en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pruebas autoridad responsable De igual forma, se tiene por ofrecidas las pruebas de la autoridad responsable consistente en las documentales que anexa, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Director de Seguridad Pública de Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos, adscrito a la subsede Región Norte, Apizaco, Tlaxcala y Juez Calificador y/o Municipal del Municipio de Apizaco, lo siguiente: La incomunicación y privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, tortura y la falta y/o la omisión de proporcionarle atención médica inmediata. Lo anterior, pues la parte quejosa estima que dichas actuaciones y omisión contraviene lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que de las documentales exhibidas por el agente oficiante, se desprende que el once de agosto de dos mil diecinueve, se decretó la libertad del quejoso Omar Ahuatzin Salvatierra, toda vez que no existe dato de prueba suficiente, hasta el momento que justifique que el citado quejoso pueda estar subordinado a una medida cautelar de prisión preventiva. De igual forma, de las constancias que obran en el presente asunto, se desprende que en la diligencia de notificación practicada por el actuario adscrito a este juzgado federal, el propio quejoso Omar Ahuatzin Salvatierra, manifestó que: "no ha sido objeto de maltrato físico o moral."; además, de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido, así como en representación del Segundo y Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido, se advierte que también se le proporcionó atención médica, pues para ello, fue traslado al Hospital General Regional Licenciado Emilio Sánchez Piedras (fojas 39 a 42, 104 y 105). De lo anterior, se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados, toda vez que al manifestar que no fue objeto de maltrato físico o moral, al habérsele otorgado atención médica y ser puesto en libertad, los efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; sin que resulte necesario darle vista con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 110). Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
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