Omar Adolfo Hernández Guadarrama

Expediente 989/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
989/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Omar Adolfo Hernández Guadarrama

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. ...Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en el que se DESECHÓ la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. ...Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa el presente acuerdo, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por *************** por propio derecho, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de catorce de julio del año en curso; al respecto se provee como sigue: Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, tercer párrafo, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Del último precepto en cita se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Pero si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se desprenden dos hipótesis distintas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por las autoridades en comento después de concluido el juicio, a saber: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución y, por ende, pueden ser impugnados de manera inmediata; y b) Actos de ejecución de sentencia, los cuales, por regla general, pueden ser impugnados en vía constitucional hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, donde también pueden combatirse aquellas violaciones procesales sufridas durante dicha secuela; a manera de excepción en este último supuesto, dicha Sala del Máximo Tribunal del País precisó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente (actos de imposible reparación) y resulten ajenos a la cosa juzgada. Los razonamientos recién precisados, que explican la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido el juicio y que son acordes a la Ley de Amparo vigente, están contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 163152, del contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama la resolución de doce de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca **************, en la que confirmó la sentencia interlocutoria de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el incidente de objeción de rendición de cuentas, sustanciado en el expediente **************. En ese sentido, debe precisarse que en el juicio de origen se dictó sentencia en contra del aquí quejoso, en la que se le condenó a rendir cuentas respecto de la administración de una cuenta de cheques de cierta institución bancaria. Asimismo, en la sentencia interlocutoria dictada dentro del incidente de objeción de rendición de cuentas -la cual fue confirmada en la resolución aquí reclamada-, únicamente se objetó el escrito de ocho de octubre de dos mil veinte, presentado por el condenado, para intentar dar cumplimiento al fallo condenatorio, y tal medio de defensa, al declararlo fundado, se determinó que tal documento no debía de tomarse en consideración para el cumplimiento de la sentencia definitiva. Luego, es que el único efecto que tiene la determinación es decidir parcialmente sobre una parte del cumplimiento dado a la determinación dictada en el juicio de origen, pues precisamente el incidente en mención fue sustanciado conforme al artículo 705, fracciones IV y VI, del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, el cual permite objetar vía incidental algunas partidas de las cuentas rendidas, ello sin perjuicio de que se continúen ejecutando aquellas que fueron confesadas por quien las rinde. Y fue en ese sentido que la resolución reclamada, que confirmó la interlocutoria dictada en el incidente de objeción de rendición de cuentas, únicamente tuvo por efecto que se confirmara la determinación en cuanto a que no debía de tomarse en cuenta un documento presentado por el demandado, para dar cumplimiento a la sentencia dictada en su contra. En ese contexto fáctico, se advierte que el acto reclamado fue dictado en etapa de ejecución de sentencia, y no se trata de la última resolución dictada en dicho procedimiento -pues aún continua la ejecución del fallo definitivo-, ni tampoco de un acto que resulte autónomo a la cosa juzgada -pues precisamente tal determinación deriva de la sentencia dictada en contra del demandado- o que afecte derechos sustantivos ajenos a la misma -pues sólo decide a la forma en cómo se está dado cumplimiento a la sentencia, esto es sobre su procedimiento (cuestiones adjetivas)-, razones por la que resulta improcedente el juicio de amparo promovido en su contra. Ello además porque dicha determinación se trata sólo de un acto emitido en ejecución el cual tiene por objeto precisamente el cumplimiento directo de la cosa juzgada contenida en la sentencia dictada en el juicio de origen, respecto de la cual se califica parcialmente si fue o no cumplida, y exclusivamente realiza un pronunciamiento -parcial- respecto de una documental que no va a ser considerada para resolver finalmente -en la última resolución dictada en la etapa de ejecución- si fue o no cumplida. Luego, la determinación que declaró fundado el incidente de estudio, sólo tiene por objeto dar cumplimiento al fallo en mención, pues califica parcialmente las pruebas aportadas, para dar oportunidad al demandado de subsanarlas y para que al momento de resolver en definitiva se tomen en consideración todas aquellas que hayan sido recibidas, para definir si ya quedo colmado o no el fallo de forma total. En consecuencia, se trata de un acto dictado en ejecución, que no afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, ni goza de autonomía respecto de ella, pues su existencia misma estuvo condicionada a la ejecución de la sentencia de referencia, al ser precisamente su objeto cumplirla. Apoya lo anterior por analogía, con base en sus consideraciones la jurisprudencia PC.I.L. J/50 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro 2020323, del contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya parte relativa señala que, en relación con los actos de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto "... contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ...", debe considerarse que, tratándose de actos de ejecución de un laudo que imponga el cumplimiento de diversas prestaciones reclamadas en el juicio laboral, los autos o resoluciones que se emitan sobre el cumplimiento de uno o varios puntos de condena establecidos en el fallo, pero que no son la totalidad de ellos, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, sino que ello procederá hasta que se realice el pronunciamiento que califique el cumplimiento total (no parcial) de todos los puntos de condena establecidos en el laudo, pues de no cumplirse la exigencia prevista en el precepto legal indicado, se estará en presencia de una notoria e indudable causa de improcedencia que producirá el desechamiento de la demanda." Sin que ello implique una violación al derecho de acceso a la justicia del quejoso, en el sentido de que la determinación reclamada no pueda ser impugnada a través del juicio de amparo indirecto, pues en todo caso las violaciones cometidas en la misma, deben ser reclamadas en conjunto con la resolución final dictada en tal procedimiento, a fin de no entorpecer la ejecución de la sentencia en cuestión. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que conforme al procedimiento establecido en el artículo 705 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, aun cuando se declara fundado el incidente de objeción de documentos, ello sólo produce que se continúe con su trámite con la determinación parcial allí adoptada. Por lo que será cuando se emita la resolución final, que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, que ordene el archivo definitivo del expediente, con la cual se podrá reclamar en su conjunto las violaciones que considere le fueron ocasionadas durante la etapa de cumplimiento. Por ende, se concluye que el juicio de amparo resulta improcedente en contra del acto reclamado, pues de no razonarlo así, se permitiría su promoción en contra de actos relativos a la ejecución, los cuales no se ubican dentro de las hipótesis excepcionales de procedencia establecidas por el legislador ordinario en este tipo de casos, cuando la finalidad de ello, es precisamente evitar el abuso del empleo del juicio de amparo para entorpecer la ejecución de las sentencias, de tal suerte, que en estos supuestos la procedencia del juicio de amparo constituye la excepción y no la regla, en tanto que sólo en casos específicos permitidos por la norma es que se puede promover, y en contraste toda la demás generalidad de casos que no encuadren en dichas hipótesis exclusivas, tornarán improcedente el juicio en cuestión, lo cual fue establecido con la racionalidad funcional de que sólo de forma excepcional se pueda paralizar la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse este juicio de amparo, no cambiarían el hecho de que en el caso el acto fue emitido en ejecución de sentencia, y no aplica dentro de las hipótesis excepcionales de procedencia en esos casos; es decir, no es necesario sustanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de lo narrado en la propia demanda y su escrito aclaratorio por la quejosa -lo que constituye una confesión expresa, que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al ordinal 2º de este última-, y de las copias que allegó -entre las cuales ya se tiene el contenido del acto reclamado y actuaciones que le dieron origen- en conjunto con la normativa y las jurisprudencias aplicables, se obtiene que precisamente no se trata de un acto contra el que proceda el juicio de amparo en etapa de ejecución. Cuestión que incluso no cambiaría de sustanciarse el juicio en cuestión, pues el acto reclamado seguiría siendo el mismo que se analiza en estos momentos, y la normativa aplicable también. Por lo que de admitirse la presente demanda más que un beneficio, se le causaría una afectación a su derecho de acceso a la justicia, al generarle falsas expectativas de que puede reclamar dicha determinación en la vía constitucional aun cuando no se trata de la resolución definitiva, para finalmente dictar en su contra una resolución en similar sentido -sobreseyendo en el juicio al considerarlo improcedente-, lo que incluso podría ocasionar que consienta tales actos -como en el caso en que no reclame la resolución final-, basado en esa ilusoria expectativa de que mediante la promoción del presente juicio de amparo el acto que reclama puede ser anulado, cuando tal determinación ya puede ser adoptada, en estos momentos en que se cuenta con el contenido completo del acto reclamado. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por Omar Adolfo Hernández Guadarrama, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Prevención. Con el objeto de emprender el estudio respecto de la procedencia de la demanda de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones II y V, así como 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, según lo previsto por la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, por escrito, y con las copias necesarias para correr traslado a las partes: 1.- Indique si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial el cual tiene intervención en la ejecución del acto reclamado, al haber emitido la resolución de primera instancia. Asimismo, complete sus antecedentes, y bajo protesta de decir verdad: 2. Indique si la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, del juicio sumario civil 164/2016, quedó firme, o en caso contrario cuál es la sentencia que dio por concluido dicho asunto. 3. Precise cuáles fueron todas las prestaciones a que fue condenado en la sentencia definitiva de dicho sumario, para lo cual, de considerarlo necesario, podrá transcribir o reproducir dicha determinación, o bien anexar copia de la misma. 4. En virtud de que en su antecedente 2, señaló que dio cumplimiento al punto quinto de la sentencia definitiva, y que se resolvió una queja al respecto, precise si actualmente la sentencia definitiva dictada en dicho juicio se encuentra ejecutándose. 5. Señale con que fundamentos motivos se resolvió la sentencia interlocutoria de primera instancia, que dio origen a la sentencia aquí reclamada, así como la sentencia de apelación en cuestión, señalada como acto reclamado, para lo cual podrá transcribirlas, reproducirlas o de considerarlo necesario anexar copias de las mismas. 6. Indique si en virtud de la sentencia reclamada, en el juicio de origen aún continuó ejecutándose el fallo condenatorio. 7. Exponga si en contra de actos derivados del expediente de primera instancia o del toca de apelación, ambos de origen, se han promovido otros juicios de amparo indirecto, y de ser así indique sus datos de identificación (número de expediente y juzgado de distrito que conoció), y su estado procesal. Lo anterior además, porque en el caso, como ya se indicó, no existe imposibilidad para que conozca dicha información, al ser el quejoso parte en el procedimiento de origen, por lo que cuenta acceso a tal expediente, además, de que la mayor parte de los hechos sobre los que se le pide aclaración le resultan propios, de allí que tiene conocimiento directo de los mismos, en el entendido de que las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad se le requieren, tienen que ser expuestas por el representante de la directa moral quejosa, sin que pueda efectuarlo su autorizado, tal como lo establece la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2007285, de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, de rubro "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." La prevención se realiza con el apercibimiento que de no cumplir dentro del plazo indicado, tratándose el punto 1, se tendrá como autoridad responsable únicamente a la señalada en su escrito de demanda y en caso de no cumplir íntegramente con los restantes puntos (del 2 al 7), se tendrá por no presentada la demanda, conforme lo dispone el artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Y de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, siempre y cuando se realice con el usuario que proporciona y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haberlo solicitado expresamente. Se instruye a la actuaría de este juzgado de Distrito que a partir del siguiente acuerdo que se emita en este juicio de amparo, las notificaciones para la parte quejosa, se realicen en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de forma alternativa, o bien, en caso de que dichas notificaciones no puedan realizarse electrónicamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, en el entendido de que bastara con una notificación por alguno de dichos medios -electrónica o en domicilio físico-, para tenerlo por notificado. Y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a David Carrizosa Jiménez, Claudia Yazmin Gómez Ángeles y Abel Cortes Peña, no así a las demás personas que menciona en razón que no se encuentran registradas su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; por tanto, se les tiene por autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la materia Autorización de copias y uso de medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con registro digital 164525, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/3095/2023, ante el secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe.

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