Omar Adolfo Borjas Jaramillo
Expediente 361/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Omar Adolfo Borjas Jaramillo
Actuaciones
- Principal
El doce de enero de la presente anualidad se reanudaron las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Se advierte que la parte legitima no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo; Se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena el archivo del expediente como asunto concluido. Se ordena Destruir el expediente principal, ya que se desechó la demanda, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha...
- Principal
Notificación vía electrónica parte quejosa- La demanda de amparo promovida por ******, quien se ostenta abogado patrono autorizado en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por el directo quejoso *******, contra actos del Juez Cuarto de Primera Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. RADICACIÓN JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en los artículos 3 y 112 de la Ley de Amparo tramítese la demanda bajo el esquema de juicio en línea; intégrense los expedientes impreso y electrónico bajo el número 361/2020 y realícense los registros correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CONSIDERACIÓN PREVIA. En atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de la demanda, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Cabe señalar que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. En el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (principio de instancia de parte agraviada). Se explica: El Pleno del Séptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2013, estableció que el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que establece la posibilidad de que las partes autoricen a uno o varios abogados para encontrarse facultados para realizar lo siguiente: a) Interponer los recursos que procedan; b) Ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas; y, c) Alegar en las audiencias; Asimismo, se señala que las actuaciones de los abogados autorizados en los términos referidos serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice. De tal manera, se advierte que mediante la disposición en cuestión se está ante un mandato que tiene por objeto que el autorizado comparezca en nombre y representación del autorizante ante los tribunales, sustituyéndose únicamente en la actividad procesal que originalmente le correspondía a aquél. En ese orden de ideas, se advierte que la norma en estudio regula la forma y requisitos que deben regir para el otorgamiento de un mandato a los abogados autorizados, mediante el escrito de demanda o contestación de demanda. Establecido lo anterior, se debe acudir a la definición de acción en el ámbito procesal, entendida como el derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido. Entre las condiciones de la acción se encuentra la legitimación en la causa, que consiste en la calidad en virtud de la que una acción o derecho puede ser ejercido por o contra una persona en nombre propio; bajo esa condición una pretensión de acción será exigible únicamente al titular del derecho de acción o a su representante legal. Para tal efecto resulta indispensable acudir al principio de instancia de parte agraviada, el cual se encuentra previsto en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, como requisito de procedencia del juicio de amparo, el cual debe concebirse como la intención del justiciable de inconformarse con un acto específico de autoridad que califica como transgresor de sus derechos y pretende dejarlo sin efecto, sin importar la vía, que pervive la finalidad de controvertir el acto que le perjudica y lograr un fallo favorable. Asimismo, se acude al texto del artículo 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De cuya interpretación sistemática se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; mientras que el artículo 6 de la Ley de Amparo transcrito prevé que el juicio de garantías sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Lo anterior significa que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, ya que tal como lo ha definido nuestro Alto Tribunal, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen, aun a pesar de que el promovente ostente la designación de abogado patrono en el juicio ordinario. En efecto, el análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo. Destacándose el hecho de que el razonamiento expresado en la ejecutoria toma como elemento fundamental lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 97/2013 (10a.), pronunciada con motivo de la contradicción de tesis 135/2013, entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, en apoyo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. La acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado. Tal criterio, aplicado al juicio de amparo, implica que para formular la demanda sea exigible que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la ley vigente, se advierte que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, ya que el alcance de las facultades de 'defensa de los derechos del autorizante', no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil. En consecuencia, en el juicio de amparo directo en esta materia, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio." Razonamiento de que sentó las bases sobre las cuales el Pleno de Circuito analizó la naturaleza del abogado patrono consignado en la legislación ordinaria y los alcances de sus facultades a efecto de la promoción de un medio extraordinario de defensa como lo es el juicio de amparo. Sumado a lo anterior, se estableció que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió resolución en la solicitud de modificación de jurisprudencia 33/2010, en la cual determinó modificar el criterio contenido en la tesis 1a./J. 31/2002, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA." Modificación en la cual, la Primera Sala se sustentó en aspectos que el Pleno del Séptimo Circuito retomó, consistentes en: 1. El autorizado con poderes amplios no puede realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación debe ser congruente con las demás reglas que rigen el juicio de garantías, en especial, con el principio de instancia de parte agraviada. 2. Previamente a la realización de actos por parte del autorizado, debe concurrir la exigencia que establecen los artículos 107 de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, es decir, que haya habido instancia de parte agraviada. 3. La promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por ello, su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, en tanto que constituye el ejercicio de una nueva acción que por cuestiones relativas al principio de economía procesal, se incorpora a la litis constitucional, afectando de ese modo su configuración a través del señalamiento de autoridades responsables y actos reclamados novedosos, así como la formulación de conceptos de violación diferentes a aquellos expresados cuando fue ejercida por primera vez la acción de amparo; lo cual a su vez origina la obligación de rendir informes justificados o previos. 4. En consecuencia, si la persona directamente agraviada por mandato de la ley es quien debe solicitar el amparo, consiguientemente, también deberá ocuparse de ampliar la demanda de garantías. De ahí que el autorizado no está en posibilidad de efectuar ese acto procesal, sino solamente aquellos subsiguientes a la promoción de la demanda de garantías o, en su caso, de su ampliación, que no incidan con cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. 5. Concluyó que tratándose del juicio de amparo, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, pues lo contrario equivaldría a que el autorizado en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, promoviera nuevos juicios adoptando el papel de agraviado. Por tanto, este estimó innecesario desentrañar la similitud entre mandatario judicial y abogado patrono, puesto que como ya fue determinado por la Primera Sala del Máximo Tribunal, para determinar si el abogado patrono tiene facultades para promover el juicio de amparo no basta acudir a la legislación ordinaria sino para ellos se debe analizar el principio de instancia de parte agraviada establecido tanto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las disposiciones relativas de la Ley de Amparo. En ese contexto, si la demanda de amparo fue promovida por ***** en su carácter de abogado patrono del actor *****, quien promovió juicio de disolución del vínculo matrimonial en contra de ******, resulta inconcuso que carece de facultades para promover el juicio de amparo en materia civil, ya que este juicio sólo puede ser promovido por el directo quejoso, atendiendo especialmente al principio de instancia de parte agraviada que rige la materia extraordinaria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos se desecha de plano la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.VII. J/1 C (10a.) del Pleno del Sétimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 1177, con número de registro digital 2006435, de rubro y texto: "ABOGADO PATRONO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO A NOMBRE DEL QUEJOSO. Partiendo de la base del análisis al principio de instancia de parte agraviada que rige la materia del juicio de amparo, se puede establecer que tratándose de esta clase de juicios, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, lo anterior ya que el análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo." NOTIFICACIONES Y CONSULTA ELECTRÓNICAS. De conformidad con el artículo 26, fracción IV, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa practíquense sus notificaciones de manera electrónica a través del usuario "****". Se instruye a la Analista Jurídico adscrita para que habilite a dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al que, además, se deberá dar acceso al expediente electrónico, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual, con fundamento en los artículo 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, prorrogado por el diverso 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, téngase como medio de contacto a efecto de entablar comunicaciones no procesales, el correo que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes. De igual manera, en términos del artículo 21, del citado acuerdo general 21/2020, modificado por el diverso 25/2020, se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizaran únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse, consultar expedientes, desahogar comparecencias o requerimientos, será el comprendido de las nueve a las catorce horas, que es el horario de atención al público, previa generación de la cita correspondiente a través de la Agenda "OJ", disponible en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente vía electrónica.
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