Olman Eduardo Cortes Oviedo

Expediente 616/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 41 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
616/2023
Año
2023
Actuaciones
41
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Olman Eduardo Cortes Oviedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés Visto lo de cuenta, se provee; agréguense a los autos la pieza postal devuelta por la Administración de Correos de México, dirigida al ***********en la cual informa que no se pudo entregar la misma por la razón expuesta en la misma******************** En razón de lo anterior, se ordena reenviar el oficio 22831/2023, con l denominación correcta la autoridad ***************a efecto de que este enterado del auto de uno de agosto de este año. Notifíquese

  2. Principal

    Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el cuatro de julio de la presente anualidad; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por ************, contra actos de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco y otras autoridades. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones y archivo del expediente Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado... Notifíquese.

  3. Incidental

    Villahermosa, Tabasco, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; glósese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio signado por Administrador del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, toda vez que el ocho de junio de este año, se dictó la resolución interlocutoria relativa a la suspensión definitiva de la presente incidencia.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; en atención al estado procesal que guardan los autos, así como de la revisión de las constancias allegadas al informe justificado rendido por la autoridad responsable Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, consistentes en la copia certificada de diversas constancias del expediente administrativo migratorio a nombre del aquí quejoso Olman Eduardo Cortes Oviedo, se advierte que se le otorgó la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas con una temporalidad de cuarenta y cinco días al peticionario del amparo, motivo por el que salió de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Precisado lo anterior, se advierte una causa de improcedencia respecto a los actos reclamados consistentes en: a) La ilegal privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación del quejoso Olman Eduardo Cortes Oviedo. b) El procedimiento administrativo migratorio seguido en contra del quejoso. Asimismo, no pasa desapercibido que la parte quejosa señaló más actos; sin embargo, de un análisis integral de la demanda y sus conceptos de violación, como lo mandata el artículo 74 de la Ley de Amparo, se aprecia que los demás actos que refirió los reclama como consecuencia de la legalidad del alojamiento del que se duele y no por vicios propios; y, por ende, únicamente se tienen como reclamados los señalados en párrafos que anteceden. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Previo a analizar si en el caso, se actualiza la cesación de efectos, es menester citar el contenido de los artículos 11 de la Constitución Federal, así como los diversos 6, 7, 37, 92, 97, 98, 99, 100, 111, 143 y 144 de la Ley de Migración, mismos que a la letra dicen: Preceptos Constitucionales "Artículo. 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. [.]" Ley de Migración "Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria. Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley.Artículo 98. Si con motivo de la revisión migratoria se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se procederá en los términos del artículo 100 de esta Ley." "Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán: I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y b) Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México. Artículo 92. El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento. Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de verificación son los siguientes: I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios; II. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y III. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder. La facultad para realizar visitas de verificación se ejercitará de oficio por tratarse de cuestiones de orden público. La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma, el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones jurídicas aplicables que la fundamenten y la motiven. Artículo 97. Además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros. La orden por la que se disponga la revisión migratoria deberá estar fundada y motivada; ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma; la duración de la revisión y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará. Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno." "Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación..." Artículo 143. La aplicación de las sanciones a las personas físicas y morales se regirá por las disposiciones contenidas en este capítulo y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes. Son de orden público para todos los efectos legales, la deportación de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría conforme a la presente Ley. La deportación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y se determina el período durante el cual no podrá reingresar al mismo, cuando incurra en los supuestos previstos en el artículo 144 de esta Ley. Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia; III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto. En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva. De los artículos antes transcritos, se logra apreciar que el Estado Mexicano garantizara el ejercicio de los derechos de los extranjeros reconocidos constitucionalmente; sin embargo, se especificó que la libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional se fijara conforme a las limitaciones establecidas en la Constitución; es decir, el ejercicio de ese derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. En ese sentido, en relación a dicho aspecto se estableció que los extranjeros que pretendan internarse en el país deben presentar en el filtro de revisión migratoria los siguientes documentos: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y b) Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México. Asimismo, se advierte que el Instituto Nacional de Migración es la autoridad facultada a través de sus delegaciones para llevar a cabo la revisión e inspección de la documentación de las personas que pretendan ingresar al país, mismas que puede llevar a cabo dentro de cualquier punto del territorio nacional y si con motivo de dicha inspección se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular, se le pondrá a disposición del Instituto Nacional de Migración, en tanto se determina su situación; es decir: a) Si acredita su estancia regular en el país, b) Su derecho a reconocerle una condición de refugiado o apátrida, c) Solicitar voluntariamente el retorno asistido, d) la deportación y e) expulsión. En ese contexto, las tres últimas determinaciones implican la devolución al país de origen de los extranjeros; sin embargo, la expulsión es una sanción establecida a los extranjeros que se encuentren en los supuestos que establece el artículo 33 Constitucional; es decir, cuando se inmiscuyan en asuntos de índole político; y, la deportación es una sanción que implica que el foráneo no podrá reingresar a territorio nacional por un lapso de tiempo que determinara la autoridad migratoria conforme a las hipótesis previstas en el artículo 144 de la Ley de Migración; y, finalmente, el retorno asistido es un beneficio que se otorga al extranjero cuando decida voluntariamente abandonar el país y se encuentre en los supuestos previstos en el artículo 118 del ordenamiento legal en cita. De lo anterior podemos advertir que el procedimiento migratorio se inicia en contra de los extranjeros que no acreditaron su regular estancia en el país, o no ostentan la condición de refugiado o no tramitaron dicho derecho; pues, en dichos casos -no acreditar su regular estancia en el país- se tramita el señalado proceso, mismo que deberá determinar el retorno asistido, la deportación o expulsión del extranjero que se encuentra en situación irregular. Establecido lo anterior, tal como se precisó en párrafos que anteceden, del contenido del escrito de demanda se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama la privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación del quejoso Olman Eduardo Cortes Oviedo y, el procedimiento migratorio respectivo, así como la incomunicación y malos tratos. Ahora, del contenido de las documentales que anexó la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, se colige lo siguiente: - Que el quejoso solicito el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado. - Posteriormente, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados remitió el documento de admisión de trámite y en razón a ello se le otorgó documento provisional de visitante con permiso para Realizar Actividades Remuneradas por cuarenta y cinco días. - En razón de lo anterior, se le otorgó la salida de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. De lo antes expuesto, se colige que en el caso han cesado los efectos de los actos reclamados, toda vez que de acuerdo al análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que si bien la autoridad responsable, había privado de la libertad al quejoso al establecer provisionalmente una situación irregular en el país por parte del extranjero, aquí quejoso; posteriormente, con motivo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, se le concedió la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas con una temporalidad de cuarenta y cinco días y, se otorgó su salida de la estación migratoria a efecto de continuar el mencionado tramite en libertad. De ahí que, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que la parte quejosa ya no se encuentra irregularmente en territorio nacional; pues, conforme a la fracción III, inciso d), del artículo 37 de la Ley de migración, el peticionario del amparo acredita su legal estancia en el país, al ser el titular de una condición de estancia autorizada; por tanto, obtuvo su libertad y cesó el trámite de cualquier procedimiento tendente a determinar su retorno asistido, deportación o expulsión del país; y, por ende, como se puntualizó cesó en sus efectos el acto reclamado. Así, una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de sobreseimiento aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y; por ende, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con ocho minutos de la presente data. Asimismo, no pasa desapercibido para este juzgador, que si bien en proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se proveyó respecto a la incomunicación y malos tratos que pudiera ser objeto la directa quejosa; sin embargo, en diligencia actuarial de veintiocho de mayo de este año, se hizo constar que al momento de ratificar la demanda, no había sufrido incomunicación ni maltrato alguno, lo que se robustece con el informe de cuenta rendido por la responsable en tal sentido; de ahí la inexistencia de los actos reclamados antes precisados. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.

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