Olivier Osorio Ordaz
Expediente 1582/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1582/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/08/2021
Partes del expediente
- Olivier Osorio Ordaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa estado. En atención a la cuenta que antecede, el Juez Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, determina que con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado. Archivo. Con apoyo en lo previsto por el numeral 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el expediente en el que se actúa como asunto concluido. Valoración de expediente. En cumplimiento a lo señalado en los numerales 21 y 35 del Acuerdo General aludido, como se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es destruible.. Se considera que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General invocado. De igual forma, se indica que -conforme a la certificación de cuenta- en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del dispositivo 3°, fracción XVIII, del Acuerdo General en cita. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a al precepto 19 del Acuerdo General invocado, este órgano de control constitucional conservará el presente expediente por el plazo de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordenó su archivo como asunto concluido. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de dicho artículo, este órgano jurisdiccional -dentro de los treinta días siguientes- procederá a su destrucción y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En el entendido, que no serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el Acuerdo General.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguense a los autos, para que obren como corresponde, las constancias actuariales practicadas por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, por los motivos expuestos.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica por lista de acuerdos a la parte promovente Ángel David González Camacho, la resolución de quince de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual: Tomando en consideración la reanudación de la actividad jurisdiccional en los términos de la circular CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de veinte de diciembre de dos mil veinte, y de la diversa circular SECNO/1/2021, en el numeral II, puntos 1 y 2, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, de ocho de enero de dos mil veintiuno, en relación con lo dispuesto por el numeral 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; la audiencia constitucional estaba programada para celebrarse dentro del período de suspensión de labores, por tanto se emite la siguiente determinación: Téngase por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, por el que remite el escrito con registro 20098. En atención a su contenido, dígase a Ángel David González Camacho, quien se ostenta como abogado patrono de Olivier Osorio Ordaz que no cumple con la prevención formulada. El siete de diciembre pasado, se requirió al promovente para que exhibiera el documento idóneo y suficiente con el cual demostrara su personalidad para ejercer acción de amparo a nombre del disidente Olivier Osorio Ordaz. En el caso, Ángel David González Camacho aportó copia fotostática del auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente 959/2019 del índice del Juzgado Civil de Chapala, Jalisco, del que se advierte que el aquí inconforme designó al compareciente como abogado patrono; sin embargo, ese documento es insuficiente para acreditar la supuesta representación que el promovente afirma tener para ejercer la acción de amparo a nombre del quejoso Olivier Osorio Ordaz. Esto es, porque esa documental carece de valor probatorio alguno, conforme a lo estatuido por el numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por lo que es insuficiente para demostrar que Ángel David González Camacho, tiene por acreditado el carácter de apoderado del justiciable. En diverso aspecto, en el acuerdo de siete de diciembre pasado, se estableció que la prevención debía ser atendida por el representante legal del agraviado, en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que en el caso esté acreditado que Ángel David González Camacho, tiene la calidad abogado patrono de Olivier Osorio Ordaz. En esos términos, este órgano de control constitucional no puede tener por cumplida la prevención formulada, por lo que el titular de la acción de amparo deberá atender los aspectos señalados en el acuerdo preventivo, en los términos precisados en esa determinación. No pasa inadvertido la manifestación del compareciente en el sentido de que la autoridad responsable se encuentra en periodo vacacional, por tanto, no puede obtener copia autorizada. Las razones expuestas no constituyen impedimento para otorgar cumplimiento a la prevención realizada por este juzgado, si para ello se considera que el directo agraviado está en condiciones de cumplir con la prevención. En lo relativo a que este órgano jurisdiccional requiera a la autoridad responsable para que exhiba el original del auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, para confirmar la personalidad que dice tener; es preciso señalar que para este Juzgado no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio, exigencia que en el caso no quedó acreditado, por lo que se estimó como una irregularidad de la demanda y provocó prevenir al quejoso. En otro aspecto, infórmesele al justiciable que cuenta con tres días para cumplir con el requerimiento, contados a partir del momento siguiente al en que se le notifique esta determinación y que subsiste el apercibimiento contenido en el auto de siete de diciembre pasado. Instrucción para notificar esta determinación. A fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso -quien es la parte agraviada en sentido material- y la persona que suscribe la demanda pueda tener conocimiento del contenido de este acuerdo preventivo, se instruye a un Actuario Judicial de la adscripción para que notifique la presente determinación en el domicilio señalado en la demanda, sin que esa situación implique reconocimiento alguno de ese lugar como domicilio para oír y recibir notificaciones, porque ese señalamiento es un derecho que corresponde de manera exclusiva a las partes en sentido formal o material y hasta este momento no se tiene la plena certeza si quien promueve el juicio constitucional tiene la representación que señala y, por ende, no se puede derivar si está facultado o no para ejercer tal prerrogativa a nombre de la quejosa
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