Olivia Zamudio de la Herrán de Valenzuela
Expediente 1266/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Olivia Zamudio de la Herrán de Valenzuela
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, quince de diciembre de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. Olivia Zamudio de la Herrán de Valenzuela. II. formación del expediente. Fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente físico. III. Desechamiento de la demanda. Del estudio al escrito inicial de demanda, se puede advertir que la parte promovente reclama la omisión de la Sala responsable de acordar la solicitud presentada el diez de octubre del año en curso, en el expediente 304/2020-IV. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. En el presente caso, la demanda se desecha al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, los dos de la Ley de Amparo que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] De la interpretación conjunta de las anteriores normas legales (la segunda de ellas en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de garantías es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Entonces el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues solo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En el caso concreto, la omisión de la Sala responsable de acordar la solicitud presentada el diez de octubre del año en curso, en el expediente 304/2020-IV, no puede considerarse acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales. Es decir, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Por tanto, la determinación que se impugna no es de aquéllas que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no causa agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ello, dado que no existe abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2011580, visible a página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Asimismo, la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, registro 2019400, Materia(s): (Común, Laboral), Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, en la que se señaló: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Se concluye así, virtud que si el diez de octubre del año en curso, presentó el escrito la parte quejosa, el plazo de cuarenta y cinco días que dispone la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes citada para que exista abierta dilación del procedimiento o su paralización total, vence el día veinticinco de noviembre próximo. De ahí que, al presentarse la demanda de amparo el diecisiete del mes y año en curso, el juicio de amparo resulta improcedente. En las relacionadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Roberto Martínez Soto y Carlos Armando Olivas Bejarano y para el sólo efecto de recibir notificaciones a las demás personas que menciona, por no tener registro ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones electrónicas a la parte quejosa a través del usuario carlosolivasb. Se instruye a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que se realicen las actuaciones en el referido sistema. Se comisiona al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente sean notificadas a la parte quejosa por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. Ahora, si bien es cierto que la parte quejosa señaló domicilio físico para recibir notificaciones, lo cierto es que también solicita de manera expresa se le notifique todo lo relativo a este expediente a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, a efecto de evitar la duplicidad de notificaciones y privilegiando los medios de notificación electrónicos es que se tiene como único medio para recibir notificaciones de carácter personal a la parte quejosa el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En relación al correo electrónico proporcionado, con fundamento el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; por lo que las notificaciones que en derecho le correspondan serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. V. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de José Alejandro Bringas Aquino, Secretario que autoriza y da fe.
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