Olivia Yamilie Martínez Montañez
Expediente 1330/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1330/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Olivia Yamilie Martínez Montañez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a través del cual informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, de lo que el suscrito toma conocimiento. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, toda vez que se trata de un expediente en el que declinó la competencia para conocer del asunto; por lo que se establece como fecha probable el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de derechos fundamentales presentada por Olivia Yamile Martínez Montañez; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1330/2021-IX que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer la competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral, así como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. Establecido lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Boca del Río, es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; como enseguida se explica. Para comprender tal aserto, es necesario establecer en principio, que la parte quejosa se duele de: ".a. (.) desde la perspectiva heteroaplicativa considerando como acto de aplicación las normas generales secundarias que enseguida se identifican, las cuales a su vez, reclama desde la modalidad autoaplicativa dado que integran un sistema normativo complejo, toda vez que aglutinan disposiciones que desde su vigencia inciden en la esfera jurídica de los quejosos en su calidad de personal de carrera judicial al servicio del Poder Judicial de la Federación. Respecto del artículo 100, párrafos décimo y décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, señaló como autoridades responsables: La Cámara de Senadores; La Cámara de Diputados; Las Legislaturas de los Estados de .Veracruz, (.); y, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito competencial en el procedimiento legislativo, les atribuye la discusión y aprobación de las normas, en tanto que al poder ejecutivo el correlativo refrendo. b. El Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ésta se reclama en concreto los artículos 33, 86, fracción XXIV, y 161, párrafo segundo. c. El Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, por el que se expiden la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. De esa ley se reclama en concreto los artículos 7 fracción VII, 8, 10, 20, 11 a 14, 23 a 25, 34 a 39, 40, fracción IV, 44, fracción II, 46 al 49, del 74 al 78. Así como la omisión legislativa de cumplir con el mandato emanado de la reforma al artículo 100 de la CPEUM, conforme al artículo segundo transitorio de la mencionada reforma, el cual establece que el Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes, deberá aprobar la legislación secundaria a través del cual, se desarrolle con medidas concretas el principio de paridad de género incorporado en el art. 100 de la CPEUM como rector de la carrera judicial. Para lo cual, resulta necesario incluir normas que aglutinen acciones afirmas concretas imperativas -no potestativas-, cualitativas y cuantitativas dirigidas a cerrar la brecha prevaleciente en los altos cargos de la carrera judicial -personas Juezas y Magistradas-. Respecto de los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, señaló como autoridades responsables: La Cámara de Diputados; La Cámara de Senadores del Congreso General El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito competencial en el procedimiento legislativo, les atribuye la discusión y aprobación de las normas, en tanto que al poder ejecutivo el correlativo refrendo. d. El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 tres de noviembre de 2021, junto con la declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial. Del citado Acuerdo se reclaman en concreto los artículos 8, 16 a 52 y 57 a 64, 67 y 69, artículo 70, primer párrafo artículo 72, 136 a 139, 142 a 151, 217. En relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 tres de noviembre de 2021, junto con la declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial , señala como autoridad responsable: Pleno del Consejo de la Judicatura Federal." Asimismo, la impetrante de amparo en el escrito de demanda específicamente en el número romano "VII. Naturaleza de las normas reclamadas" (páginas 8 y 9 del escrito de demanda), entre otras cosas, señaló que es procedente el juicio de amparo, en virtud de que la sola entrada en vigor de la CPEUM, LOPJF, LCJPJF y el subsecuente Acuerdo que la reglamenta, provoca una afectación inmediata a los derechos adquiridos como trabajadores del Poder Judicial de la Federación, protegidos por el artículo 123, apartado "B", inciso IV, de la Constitución Política Mexicana -existencia de un derecho subjetivo. Además, con su entrada en vigor provoca una afectación a la garantía de independencia del Poder Judicial de la Federación que como persona tenemos derecho a que exista -como se demostrara en líneas siguientes- lo cual hacemos con un interés legítimo; interés que nos asiste, además como potenciales justiciables interesados en que la función jurisdiccional de nuestro país se desenvuelva con apego a los principios constitucionales y convencionales que le rigen. Y después en diverso apartado de la demanda, señala: "Asimismo, la naturaleza del reclamo omisivo en cuanto a la legislación secundaria en materia de acciones afirmativas concretas que incorporen cualitativa y cuantitativamente el principio Constitucional de paridad de género en la integración de altos rangos en la carrera judicial -Juezas y Magistradas- de manera imperativa y no maeramente potestativa, constituye un reclamo que impacta en el derecho fundamental de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, a raíz de un rezago estructural de las mujeres en nuestro país, el cual, es un padecimiento en la esfera jurídica de las y los servidores públicos real y actual -interés jurídicamente relevante-. En otras palabras, el trato discriminatorio subsiste actualmente y lo padecemos todos los servidores públicos y los justiciables, de ahí la naturaleza AUTOAPLICATIVA del presente reclamo -inmerso además en un sistema normativo complejo-, en tanto el legislador secundario no cumpla con el mandato constitucional de incorporar con rango de ley acciones afirmativas específicas obligatorias -no potestativas-. Siendo esa la tarea que encomendó el constituyente permanente al legislador ordinario, esto es, concretar medidas específicas obligatorias que verdaderamente ese encaminen a transformar la realidad social discriminatoria prevaleciente en nuestro país y que afecta el interés jurídico de hombres y mujeres al servicio del PJF, pues desarrollan su actividad profesional -al servicio del PJF- inmersos en estructuras que agudizan el "techo de cristal" o "sueldo pegajoso" que enfrentan las mujeres y que es indispensable -por mandato del constituyente permanente- revertir con medidas que aceleren esa condiciones de discriminación prevaleciente". (página 13 escrito de demanda) Lo anterior, resulta relevante porque de ello se evidencia el lugar en donde se ejecuta el acto que reclama en cuanto a la legislación secundaria en materia de acciones afirmativas, para que el Juez Federal que ejerza jurisdicción en ese ámbito territorial sea el que en todo caso esté en condiciones de proveer sobre la admisión o no de la demanda, lo cual se afirma de esa manera, toda vez que dicha quejosa tiene el cargo de secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, Xalapa, Veracruz, como se advierte de los recibos de pago que adjuntó a su demanda, correspondientes a la quincena veinticuatro del presente año (quince de diciembre de dos mil veintiuno). Documental a la que se le concede valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. Lo expuesto se apoya en la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo IV, Parte SCJN del Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROTATORIO. Tienen el carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Asimismo, por su contenido, resulta aplicable: Registro digital: 2016199 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Laboral Tesis: XVII.3o.C.T.3 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1535 Tipo: Aislada RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL. AUN CUANDO CAREZCAN DE LA FIRMA DEL TRABAJADOR, TIENEN VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO LABORAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 99, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Las impresiones de los recibos de nómina aportados en el juicio laboral, no pueden valorarse como documentales públicas o privadas si carecen de firma autógrafa para su reconocimiento; sin embargo, deben analizarse en términos del artículo 776, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, como aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, tales como documentos digitales o medios electrónicos, donde habrá de atenderse a la fiabilidad del método en que fueron generados, como es la cadena de caracteres generada con motivo de la transacción electrónica, el sello digital o cualquiera que permita autenticar el contenido de dicho documento digital, así como que se encuentre disponible para su ulterior consulta. Por ello, las impresiones de los recibos de nómina, aun cuando carezcan de la firma del trabajador, siempre que cuenten con el sello digital generado, correspondiente a la cadena de caracteres que permite autentificar la operación realizada, tienen valor probatorio en el juicio laboral, conforme al artículo 99, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señala que quienes hagan pagos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, deberán expedir y entregar comprobantes fiscales en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los que podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de los numerales 132, fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal del Trabajo". Adicionalmente, se precisa que la calidad de la quejosa se corrobora, debido a que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, que en la página relativa al Directorio Biográfico de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación se aprecia que la ahora quejosa figura como secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda, establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la primera regla se advierte que el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Conforme a este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado el lugar en donde deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, para que el Juez Federal que ejerza jurisdicción en ese ámbito territorial sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. En ese tenor, es importante señalar que la parte quejosa refiere que "la sola entrada en vigor de la CPEUM, LOPJF, LCJPJF y el subsecuente Acuerdo que la reglamenta provoca una afectación inmediata a los derechos adquiridos como trabajadores del Poder Judicial de la Federación"; lo que implica que se duele básicamente de que tales normas generales producen una afectación en su esfera jurídica como trabajadora adscrita al Poder Judicial de la Federación. Incluso, en la página treinta y siete de la demanda, se duele de la regulación de la categoría de funcionarios denominada Secretario o Secretaria Proyectista, tanto de Juzgado de Distrito como de Tribunal. Además, refiere que actualmente existe un trato discriminatorio que padecen todos los servidores públicos, de los cuales ella forma parte; calidad que, se insiste, acreditó con los documentos anexos a su demanda, al tener el cargo de secretaria de tribunal adscrita al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz. También reclama el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Carrera Judicial que prevé como causa de separación de las servidoras y los servidores públicos pertenecientes a la carrera judicial, no aprobar las evaluaciones de desempeño a que se refiere dicha ley. Así, se considera que, en todo caso, la ejecución de dichas normas tendría lugar en donde la parte quejosa se desempeña como trabajadora adscrita al Poder Judicial de la Federación, esto es, en la ciudad de Xalapa, Veracruz; puesto que en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es el que tiene jurisdicción en el lugar donde se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. De esta manera, se concluye que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, como ya se dijo, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, si se tiene en cuenta que conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, esa competencia corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, por ser el órgano de control constitucional que ejerce jurisdicción en la ciudad en donde se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo anterior conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo y al punto cuarto, fracción VII, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo expuesto, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Xalapa, en turno, el expediente en que se actúa; solicitando comedidamente informe si admite la competencia que le es declinada. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Ahora bien, toda vez que la directa quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en lo que establece el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, el presente proveído, así como los subsecuentes, aún las de carácter personal se realizarán por lista de acuerdos hasta en tanto subsane tal omisión. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS. Se tiene por hecha la manifestación de la parte quejosa, en el sentido de que se opone a cualquier acto de publicación de los datos personales de su menor hija, en las determinaciones dictadas dentro del presente sumario constitucional. Al respecto, es pertinente señalar que en un ejercicio de ponderación entre el principio de legalidad -que impone como requisito en el artículo 29 de la Ley de Amparo que la lista de acuerdos contenga el nombre del quejoso-, y su derecho humano a la protección de datos personales que contempla el párrafo segundo del artículo 16 constitucional; se decanta darle valor preponderante a esa protección. Por tanto, en términos del referido artículo 16, los diversos 1, párrafo quinto, 2, fracción V, y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el numeral 113, fracción I, y el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda publicación que se realice en dichos medios -tanto impreso como electrónico-relativa al presente asunto deberá realizarse con la supresión del nombre de la parte quejosa. Sin que pueda considerarse que esta disposición violente algún derecho de las partes, ya que ellas contarán con el debido conocimiento del nombre de la parte impetrante al ser emplazadas a juicio, así como cuando se impongan del mismo en su calidad de partes. Hágase lo anterior del conocimiento de los actuarios adscritos a este órgano, así como a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes y debido cumplimiento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL ADSCRITO AL JUZGADO: Se autoriza a los Secretarios del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para librar oficios derivados de este asunto. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juárez Rivas, secretaria con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y las personas en situación de vulnerabilidad, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe.YNJR*tmaa
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