Olivia Vargas Sanchez
Expediente 686/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Olivia Vargas Sanchez
- Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio firmado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California "1" del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual devuelve los oficios de once de marzo, cinco de agosto y uno de septiembre, todos de dos mil veinte, relativos a la imposición de multa a diversos servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California; ello, debido a que no existe información suficiente respecto a los sancionados. De lo anterior se toma conocimiento, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en virtud de que en el presente asunto se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y el diez de marzo de dos mil veintiuno se ordenó el archivo definitivo del mismo.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa, previsto en los artículos 201 y 202 de la ley de Amparo, para inconformarse con la resolución de diez de febrero de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo sin que se interpusiera dicha inconformidad; por tanto, con fundamento en el numeral antes invocado, se tiene por consentido el cumplimiento dado al fallo protector en el juicio constitucional en el que se actúa. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la ley de la materia, previa revisión por el Secretario encargado del trámite, de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 18, inciso b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, quince de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito que firma Pajmiris Sa am Razo Salcedo, autorizado legal de la parte quejosa en el presente asunto, a través del cual solicita la reanudación de los plazos y términos en el presente asunto y se requiera a las autoridades responsables a efecto de que cumplan con la ejecutoria dictada en el presente asunto. En atención a lo anterior, dígasele al promovente que por auto de diez de febrero del año que transcurre, se continuó con el estado procesal de los presentes autos y se proveyó respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, y este juzgado procede a pronunciarse al respecto. Antecedentes En el caso, Olivia Vargas Sánchez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en esencia en contra de la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a su petición formulada mediante solicitud presentada el dos de julio de dos mil diecinueve. Efectos de la sentencia de amparo En dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia constitucional en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa de referencia, para que las autoridades responsables de inmediato iniciaran el trámite correspondiente y, con libertad de jurisdicción, dieran respuesta por escrito en el ámbito de sus facultades, a la solicitud de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio formulada por la quejosa; asimismo, la determinación que emitieran al respecto la notificaran de inmediato. Luego, mediante auto cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la delegada de las autoridades responsables Junta Directiva, Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones y Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia en mención. Derivado de ello, el dieciocho de febrero de dos mil veinte, se agregó la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante la cual por una parte modificó la sentencia recurrida, resolviendo sobreseer en respecto del acto que reclamó de la autoridad responsable Junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; y por otra, confirmó la concesión del amparo en contra del acto que se reclamó de las autoridades responsables Dirección de Pensiones y Jubilaciones y Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de la sentencia impugnada Actos relativos al cumplimiento del fallo Tras varios requerimientos, e informes de las responsables de los actos realizados por su parte tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada en autos, fue hasta el diez de diciembre de la pasada anualidad, se tuvo a la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, remitiendo lo siguiente: Copia certificada del acuerdo SE/135/19-03-20 de diecinueve de marzo de la pasada anualidad y del diverso SE/304/27-08- 2020 de veintisiete de agosto de dos mil veinte, mismos que se advierte fueron emitidos como resultado de lo que resolvió la Junta Directiva del citado instituto, respecto la solicitud de pensión realizada por la aquí quejosa. Asimismo, se le tuvo haciendo la aclaración que el acuerdo SE/135/19-03-20, es el que debe ser tomado en cuenta como respuesta a la solicitud de pensión, en virtud de que con posterioridad al dictado del mismo, emitió el diverso que se señala en el párrafo supra, sin embargo, en este último se omitió hacer referencia a la fecha de la solicitud que se resolvió Documentos que cuentan con valor demostrativo pleno al tratarse de actuaciones certificadas por autoridad en ejercicio de sus facultades, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Calificación de los actos relativos al cumplimiento En tales condiciones, de conformidad con lo constatado a través de los medios de prueba descritos, es posible establecer que la autoridad responsable efectivamente acató los extremos de la concesión de amparo, pues en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este Juzgado, dio respuesta a la petición formulada por escrito por la quejosa Olivia Vargas Sánchez, presentada ante la misma en dos de julio de dos mil diecinueve, de la cual se desprende que determinó negar la solicitud de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, toda vez que le subsisten periodos de omisiones por conceptos de cuotas y aportaciones al fondo de pensiones. Asimismo, notificó a la parte quejosa dicha resolución. Lo anterior, permite colegir que en relación con los efectos de la sentencia, se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos, tal como lo exige el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Manifestaciones de la parte quejosa No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones que realizó el autorizado de la quejosa, mediante escrito agregado a los autos el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el que indicó su inconformidad respecto a las actuaciones efectuadas por la autoridad responsable, al considerar que la respuesta emitida no es completa, definitiva, ni tampoco congruente; argumentando que la responsable con su actuación no satisface los lineamientos señalados en la ejecutoria que nos ocupa. Lo anterior se aduce, ya que la concesión del amparo en el presente juicio, fue únicamente para que las autoridades señaladas como responsables, con libertad de jurisdicción, dieran respuesta a la petición formulada en dos de julio de dos mil diecinueve, de ahí que, de entrar al estudio de lo que aduce la parte quejosa sería abordar tópicos que no son parte de los lineamientos de la sentencia de amparo. Esto es, de analizase por el suscrito juzgador si las razones expuestas por las responsables fueron o no adecuadas y si la normatividad que invocaron fue aplicada correctamente, ello se traduciría en analizar la legalidad del acuerdo de mérito; lo cual, es incompatible con el objeto de la protección constitucional concedida por la violación al derecho de petición. En ese contexto, toda vez que el amparo concedido u´nicamente obliga a la autoridad responsable a emitir una respuesta congruente y completa, no es el caso analizar de manera destacada la legalidad de las gestiones realizadas por la autoridad responsable para integrar el expediente ni la respuesta otorgada, al no ser del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, se considera que la sentencia de amparo está cumplida en su totalidad y que no existe defecto o exceso en el cumplimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
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