Olivia Trinidad Ballesteros Ibarra

Expediente 221/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
221/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2019

Partes del expediente

  • Olivia Trinidad Ballesteros Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto dictado el cuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 30 a 35); consecuentemente, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ****, queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción a partir del tres de mayo de dos mil veinticuatro, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por último, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo general conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    ...procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y lista en una página electrónica al quejoso Olivia Trinidad Ballesteros Ibarra, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso C, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve., que en su parte conducente dice:...se sobresee el presente juicio fuera de audiencia.....

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por Olivia Trinidad Ballesteros Ibarra, contra actos del Titular del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), con sede en esta ciudad, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Federal, 1, fracción I, 107, 108, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. En tal virtud, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 221/2019-1. -Suspensión- La parte quejosa no solicito la suspensión del acto reclamado, en consecuencia no se abre el incidente respectivo. -Informe Justificado- Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el que se debe rendir dentro del término de quince días siguientes, a la fecha en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia legible y certificada de todas las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; apercibida de que, en caso de ser omisa a lo anterior, se presumirá como cierto el acto que se le atribuye; asimismo, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como la actualización de la Unidad de Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. -Audiencia constitucional y apercibimiento- Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del quince de abril de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. De igual manera, con fundamento en el numeral 64 de la misma norma, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal y de ser posible, deben acompañar las constancias que lo acrediten y se les apercibe de que en caso de no informarlo, se harán acreedores a una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." -Pruebas - La parte quejosa anexó a su demanda de amparo el siguiente documento: ? Copia simple de escrito de petición firmado por la quejosa, con sello de recepción de la autoridad responsable en dos de junio de dos mil diecisiete. Probanza que se tiene por ofrecida, y de la cual se hará relación en la audiencia constitucional respectiva, de conformidad con los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Roxana Alejandra Luján Vera y Jeanette Mijangos Robles, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado y únicamente para oír y recibir notificaciones a Moisés Frausto Huerta, por no encontrarse debidamente registrado en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Ministerio Público- Por otra parte, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5 fracción IV de la ley reglamentaria. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva; y en su caso acompañar de la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mi quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. -Transparencia- En cumplimiento a los artículos 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen; hágase saber a la parte quejosa, que hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, los que se suprimirán de la versión impresa o electrónica en que se difundan, en la medida en que no impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, no exime a este órgano jurisdiccional de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente juicio de amparo, incluyendo la presente determinación. Resulta orientador para este juzgador, el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro y texto siguientes: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente; lo anterior, cuando no sea posible practicarlas en días y horas hábiles.

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