Olivia Ramirez Lamadrid

Expediente 328/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
328/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Olivia Ramirez Lamadrid

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de junio de dos mil veintiuno.... se declara que el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, por medio del cual este Juzgado de Distrito tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar.... archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.... Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la parte quejosa no subsanó la prevención que se le formuló mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil veintiuno, y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que se le concedió para que diera cumplimiento al requerimiento de mérito, en consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y, por ende, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente; prefiriendo el uso de medios electrónicos.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho y quien se ostenta como Presidenta Municipal de Zacatepec, Morelos, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 328/2021-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Prevención de la demanda Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido de la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones III y V, en relación con el numeral 108, de la Ley de Amparo, se previene a la promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Deberá exhibir un documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta, en virtud de que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional está obligada a admitir la personalidad de la promovente, siempre que ésta compruebe tal circunstancia con la constancia respectiva, lo que en el caso no ocurre pues si bien es cierto que exhibe constancia de mayoría de cuatro de julio de dos mil dieciocho, también resulta verdad que la misma fue expedida a nombre de otra persona, a saber, el síndico de Zacatepec ********************. Lo anterior es así, pues la única excepción a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentra referida a la materia penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Amparo, ya que en términos del citado numeral, bastará que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al Juez o Tribunal la certificación correspondiente. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien careciera de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte de este Juzgado en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes en el proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, abril de dos mil nueve, página 7, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato". SEGUNDO. Deberá exhibir DOS copias más de su escrito inicial de demanda y (doce copias) del documento donde acredite la personalidad, toda vez que únicamente anexó diez de su escrito inicial y son necesarias doce, las cuales son para distribuirse de la siguiente manera: Una para cada una de las autoridades señaladas como responsables (ocho); Una para el tercero interesado; Dos para el incidente de suspensión; y; Una para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, En ese sentido, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, abril de dos mil uno, página 79, registro 189977, que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro 36, noviembre de dos mil dieciséis, tomo II, página 1449, registro 2012992, cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". TERCERO. Por otra parte, la promovente, en el apartado de acto reclamado, señala: "Se reclama el ilegal acuerdo de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, solicitando la invalidez del mismo en consecuencia a que se funda en la aplicación de una multa señalada en el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual carece de validez por haber emanado de un ordenamiento que resultó ilegal por la omisión del secretario del ramo al que corresponde la ley controvertida de refrendar la norma en comento, toda vez que no cumplió con el requisito establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en particular con la orden de refrendar por el Secretario por el Secretario del ramo al que corresponda la norma legislada". Asimismo, en el apartado de autoridades responsables, señala: "5. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. 6. Secretario de Gobierno del Estado de Morelos. 7. Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos. 8. Congreso del Estado de Morelos". Finalmente, en el apartado de conceptos de violación, manifiesta: "PRIMERO. INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL. En sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tres de julio de dos mil dieciocho se declaró, en votación unánime, la invalidez del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil porque el proceso legislativo del que emanó dicho ordenamiento resultó ilegal por la omisión del secretario del ramo al que corresponda la ley controvertida de refrendar la norma en comento, por no se cumplió con el requisito del refrendo del secretario del ramo, adicionalmente el secretario de gobierno que exige la legislación del Estado de Morelos y, como consecuencia de esta invalidez del artículo 124, fracción I, por lo que resultaría procedente declarar también la invalidez del acto concreto emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de este Estado". Por lo tanto, la promovente deberá indicar en forma concreta, cuál es el acto que pretende impugnar en el presente juicio; es decir: El artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, o; Como acto de aplicación, el auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente********************. CUARTO. Además, deberá exhibir doce copias de su escrito aclaratorio, las cuales son para distribuirse de la siguiente manera: a).- Una para las autoridades señaladas como responsables (en este caso ocho); b).- Una para el tercero interesado; c).- Una para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, d).- Dos para el incidente de suspensión. En ese sentido, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, abril de dos mil uno, página 79, registro 189977, que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Con el apercibimiento a la parte quejosa que, de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Correo electrónico De igual manera, se toma del conocimiento el correo electrónico que proporciona la parte quejosa, a fin de tener contacto con dicha parte procesal en caso de ser necesario. Autorización de consulta de expediente electrónico Así también, tal y como lo establece el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la citada parte, así como la práctica de notificaciones, siempre y cuando se realice con base en el usuario "********************", toda vez que se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Uso de medios electrónicos Ahora bien, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, materia(s): común, página: 1830, registro: 2008986, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra sub júdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Es también aplicable la tesis aislada I.1o.A.22 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, materia(s): común, página: 1831, registro: 2008987, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente". Domicilio procesal y autorizados En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. También, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere así como a ******************** y con facultades amplias a ********************en razón de que son los únicos que acreditaron tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente; prefiriendo el uso de medios electrónicos.

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