Olivia Paredes Paredes
Expediente 1136/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Olivia Paredes Paredes
- Juan Carlos Rico Paredes
- Tesorero Municipal de Celaya, Guanajuato.
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio del secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución emitida el tres de marzo pasado, en el recurso de queja administrativo 2/2023, de la estadística de dicho órgano colegiado, cuyo único punto resolutivo dice: "[.] ÚNICO. Es infundado el recurso de queja, por lo que se confirma el acuerdo pronunciado por la Jueza Octava de Distrito en el Estado, el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 1136/2022, promovido por **********. [.]" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental,
- Principal
Téngase por recibido el oficio del actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el que obra insertó el proveído dictado el cuatro de enero de dos mil veintitrés, de donde se advierte que el presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de desechamiento de ocho de diciembre pasado, registrado bajo el número ********************de la estadística del citado Tribunal.
- Principal
Parte quejosa interpone queja Se tiene por recibido el escrito electrónico del quejoso **********, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de ocho de diciembre del año en curso, a través del cual se desechó su demanda de amparo. Remisión al tribunal Colegiado De conformidad con los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, el escrito de expresión de agravios para la substanciación del recurso interpuesto; asimismo, ríndase por separado el informe justificado. De igual modo, en virtud de que, conforme al sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre pasado, el expediente físico se integra de lo presentado de esa forma, hágase visible el cuaderno electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que la superioridad que conozca del asunto, tenga acceso a las constancias y actuaciones. En el entendido de que para el caso de que la superioridad requiera las constancias físicas integradas en el cuaderno respectivo, le serán remitidas de inmediato.
- Principal
Recepción de oficio. Por recibido el oficio signado por el juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, al que adjunta copia certificada de diversas constancias emanadas de su juicio de amparo ********************/2022-II, con motivo de que el seis de diciembre determinó que procedía separa los autos del mismo, en virtud de que se encontraban desvinculados unos de otros. Así, de lo allegado, se desprende que, tras el cumplimiento de la prevención formulada, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda formulada por ********************, en la que reclamaron de la Tesorera Municipal de Celaya, Guanajuato: "El omitir aplicar a los quejosos lo establecido en el artículo 60 y el tercer párrafo del ordinal 49.- respecto de las contribuciones omitidas, y recargos, toda vez que reza: 49. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, deberán cubrirse recargos en concepto de indemnización a la Tesorería Municipal por falta de pago oportuno, conforme a la tasa que señale anualmente la ley de ingresos para cada Municipio. Fracción III.- Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, en los términos del artículo 67 de esta Ley, el importe de los recargos que se determinen, no deberá exceder de los causados durante un año y Así como el ordinal; 67.- Fracción IX, ambos de la ley de hacienda para los municipios del estado de guanajuato." IX. Las autoridades fiscales, no impondrán sanciones cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. No se considerará que el entero es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquiera otra gestión efectuada por las mismas. Lo anterior respecto de las cuentas prediales: 1.-) ********************, 2.-) ******************** 3.-) ******************** 4.-) ******************** A nombre de ********************. 5.- Cuenta Predial ********************, CLAVE CATASTRAL ******************** propiedad del quejosa ********************" Seguido el trámite del juicio, por determinación de seis de diciembre pasado, el homólogo consideró que resultaba procedente la separación de los actos que se tildan de inconstitucionales, al señalar, en esencia, que los procedimientos administrativos de ejecución, son totalmente autónomos, ya que derivan de diversas cuentas prediales relativas a diversos inmuebles, lo que los hace totalmente independientes al no tener estrecha relación. Para tal efecto, señaló que en ese controversial conocería únicamente lo relativo a la cuenta predial ********************, clave catastral ******************** relativa la quejosa ********************; y respecto a las tres diversas cuentas prediales, remitió sendas copias certificadas a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, a efecto de que se registraran como asuntos nuevos y se turnaran. En ese tenor, acorde con el contenido de la papeleta de turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional el acto reclamado pero únicamente respecto a la cuenta ********************, a nombre del quejoso ******************** Ante ello, este juzgado federal, sin pronunciarse en cuanto a la competencia, esta operadora jurisdiccional se avoca al conocimiento planteado. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 1136/2022-VII. Acúsese recibo. Integración del expediente. En términos del artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se instruye a todo el personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de esos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que sean debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación. Determinación de no convalidación de actuaciones. No obstante que esta potestad se avoca al conocimiento de un segmento de la demanda de que se trata, no se convalidan las actuaciones hechas por el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato; ello, debido a que quien resuelve considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, la Ley de Amparo, dado que esta potestad, en el diverso juicio de amparo ********************, ya se pronunció en cuanto a que el ocurso constitucional resultaba improcedente al no haberse agotado previamente el principio de definitividad (auto de data veintiuno de junio de dos mil veintidós), y al no haber sido recurrida esa determinación, causó firmeza el uno de julio siguiente, con valor de cosa juzgada. Clasificación de cosa juzgada que encuentra sustento en la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), con número de registro digital IUS 2018597, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada. Desechamiento de demanda. Una vez sentado lo anterior, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación a la jueza de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En esa vertiente, al tener a la vista en original lo actuado en el diverso juicio de garantías ********************del índice de este juzgado, mismo que se invoca como hecho notorio, con fundamento en lo establecido por el artículo con fundamento en los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda, debido a que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XI, en relación con los diversos 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". La causal de improcedencia que opera indefectiblemente en el caso, es conocida en el ámbito procesal como cosa juzgada. De acuerdo con la institución de la cosa juzgada, es contrario a la eficacia del sistema judicial, permitir que una cuestión que ya ha sido analizada y decidida hasta la última instancia, pueda ser reexaminada, habida cuenta que esa posibilidad conlleva el menosprecio y final desconocimiento de la jurisdicción de los tribunales que en principio resolvieron el asunto, lo que franquea la posibilidad de que, a su vez, el fallo emitido en la segunda ocasión pueda ser igualmente desestimado. Así, además de mermar perniciosamente la potestad de las instituciones judiciales establecidas, se propicia el entretejido eventualmente interminable de unos juicios con otros, lo que desde luego hace nugatorio el afán de seguridad que es uno de los fines últimos de la organización jurídica contemporánea. El principio en cuestión se encuentra enunciado en el aforismo latino "non bis in ídem", que literalmente forma idea de que no puede volverse dos veces sobre lo mismo. En la Ley de Amparo, la figura jurídica de la cosa juzgada se refleja en la imposibilidad de examinar en la vía constitucional una situación ya decidida definitivamente en diverso juicio de garantías. Sobre el tema, conviene citar la jurisprudencia I.1o.T. J/28, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 565, del Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la figura jurídica de cosa juzgada, por regla general, opera cuando existe una sentencia definitiva que resolvió la constitucionalidad o no del asunto planteado, esto es, que se negara o concediera el amparo, no así el sobreseimiento en el juicio; sin embargo, prevé como excepción a ello, cuando la resolución que puso fin a la litis atendió a razones o circunstancias que hacían inerjercitable la acción de amparo de modo absoluto. Entonces, la institución de cosa juzgada se actualiza ante una sentencia de fondo y también, de forma excepcional, cuando las condiciones o particularidades del caso que generaron la resolución final en que no se practicó el examen de constitucionalidad, son insuperables. Sustenta lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 524, con registro digital: 2002272; de rubro y texto: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Sentada la premisa normativa, resulta oportuno destacar que del diverso juicio de amparo ********************del índice de este juzgado, se advierte que ******************** reclamaron de la Tesorera Municipal de Celaya, Guanajuato: "El omitir aplicar a los quejosos lo establecido en el artículo 60 y el tercer párrafo del ordinal 49.- respecto de las contribuciones omitidas, y recargos, toda vez que reza: 49. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, deberán cubrirse recargos en concepto de indemnización a la Tesorería Municipal por falta de pago oportuno, conforme a la tasa que señale anualmente la ley de ingresos para cada Municipio. Fracción III.- Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones omitidas, en los términos del artículo 67 de esta Ley, el importe de los recargos que se determinen, no deberá exceder de los causados durante un año y Así como el ordinal; 67.- Fracción IX, ambos de la ley de hacienda para los municipios del estado de guanajuato." IX. Las autoridades fiscales, no impondrán sanciones cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. No se considerará que el entero es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquiera otra gestión efectuada por las mismas. Lo anterior respecto de las cuentas prediales: 1.-) ********************, 2.-) ******************** 3.-) ******************** 4.- ) ******************** A nombre de ********************. 5.- Cuenta Predial ********************, CLAVE CATASTRAL ******************** propiedad del quejosa ********************" En tanto que del análisis minucioso de la copia certificada de la demanda que ahora se recibe, se advierte que es idéntica a la atendida en el juicio de amparo ********************del índice de este juzgado, salvo que la aquí proveída fue presentada vía electrónica con la firma digital únicamente del varón quejoso y la que conoció inicialmente el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, fue física con firmas autógrafas. De tal guisa que, aun cuando el homólogo oficiante consideró oportuno separar los actos ante la diferencia de cuentas de predial, y correspondió conocer en este controversial lo relativo a la cuenta ********************, a nombre del quejoso ********************; se surte de manera manifiesta e indudable el motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional previsto en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que contra el mismo, la parte quejosa anteriormente promovió el diverso juicio de amparo ********************del índice de este Juzgado -invocado como hecho notorio-, en el cual, por lo que toca a esa cuenta predial, el veintiuno de junio del año en curso, se desechó por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad, y al no haber sido recurrida por las partes, quedó firme el uno de julio del año que trascurre. Entonces, se advierte que el juicio de amparo ********************, que se tramitó ante este órgano de control constitucional, y que fue resuelto en la fecha indicada en el párrafo que antecede, se promovió por el mismo quejoso que ahora se atiende, contra la misma autoridad responsable y por los mismos actos, lo que evidencia, que sobre ellos, ya se realizó pronunciamiento y se llegó al convencimiento de la improcedencia de la acción constitucional en su contra. Como corolario de lo anterior se obtiene que la resolución que puso fin al juicio de amparo ********************del índice de este tribunal, lo constituye el proveído de veintiuno de julio de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda intentada, en lo que aquí interesa, en virtud que la parte quejosa no impugnó el acto reclamado mediante del recurso de inconformidad o bien, a través del juicio contencioso administrativo. El recurso de inconformidad se encuentra previsto en el artículo 226 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, mientras que el numeral 234 de la citada codificación prevé la suspensión del acto o resolución impugnada, cuyos requisitos no son mayores a los exigidos en la Ley de Amparo en los artículos 128, 129, 132 y 133, para el otorgamiento de la medida cautelar. Por su parte, el artículo 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo, el cual de conformidad con el ordinal 268 también contempla la suspensión del acto reclamado, la cual podrá solicitarla en su demanda por escrito o en juicio en línea, o en cualquier momento del proceso. De modo que, como se indicó en el citado acuerdo de veintiuno de julio pasado, la parte quejosa debió agotar previo al juicio de amparo los medios de impugnación de los que disponía para controvertir la materia de reclamo; dicha circunstancia se estima que hace inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, puesto que es requisito necesario que la parte actora constitucional cumpliera con el principio de definitividad, lo que en el caso no aconteció. Por tanto, aun cuando la resolución que puso fin al juicio ********************del índice de este tribunal, no dirimió la constitucionalidad o no de la litis planteada por el quejoso, lo cierto es que la causa de improcedencia por la que se desechó la demanda primigenia es insuperable. De ahí que encuadre en el supuesto de excepción previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) mencionada con antelación, para establecer que en el presente juicio se actualiza la cosa juzgada conforme a lo resuelto en el multicitado juicio de amparo ********************. De tal modo que, si se analizara el acto reclamado en este juicio de amparo, se examinarían indirectamente de nueva cuenta los actos que ya fueron materia de estudio en otra sentencia, y ante tales circunstancias se estaría soslayando de igual forma el principio de cosa juzgada que inspira la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que la ratio legis de dicho precepto es precisamente que no se vulnere la verdad legal a que se llegó en el juicio de amparo más antiguo, con la promoción de amparos subsecuentes en los que en esencia se reclame lo mismo. De ahí que debe considerarse que sobre el mismo ya existe cosa juzgada en amparo, términos del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia, máxime que el desechamiento de la instancias en ese juicio se decretó por una causa imputable al peticionario, pues aceptar lo contrario, es tanto como permitir que una cuestión que ya ha sido materia de otro juicio, pueda ser reclamada por el gobernado cuantas veces lo considere, lo que conllevaría el menosprecio y final desconocimiento de la jurisdicción de los tribunales que en principio resolvieron el asunto. Es por ello que al haber quedado firme el desechamiento en el diverso juicio de garantías ********************del índice de este Juzgado, por no haber sido recurrido por la parte quejosa y en virtud que la razón que lo generó es absoluta y, por tanto, insuperable, opera de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer, de conformidad con el diverso numeral 63, de la ley de la materia. Finalmente, se ordena agregar al expediente digital las constancias relativas al diverso juicio de amparo ********************de la estadística de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Sitio para recibir notificaciones y autorizado. Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "********************", el cual, desde ahora se tiene como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado el promovente. Consecuentemente, la oficial judicial "A" de este juzgado deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o información proporcionada no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo, y las notificaciones se le practicaran por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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