Olivia Palula Castro
Expediente 155/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Olivia Palula Castro
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; en específico en su artículo 35. Orden de archivo, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años después de ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional, una vez destruido deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 155/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************por su propio derecho, mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto atribuido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, consistente en: "ACTO RECLAMADO: La negativa de acordar el escrito presentado ante la responsable el dieciséis de noviembre de dos mil veinte." Que estimó violatorio del derecho humano contenido en el artículo 8° de la Constitución Federal. SEGUNDO. En proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de mérito, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. El Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanznas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, manifestó que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en el Sistema de Gestión Documental y Archivo, correspondiente a los documentos recibidos en el mes de noviembre de dos mil veinte, no encontró escrito alguno a nombre de********************. Ahora, para configurarse la abstención reclamada y por ende una violación al derecho de petición es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada fue recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, a efecto de estar jurídicamente en posibilidad de exigirle su respuesta. En el caso concreto,******************** no acreditó en el presente juicio de amparo, haber presentado su petición el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, ante la Secretaría de Finanzas. Es así, porque la quejosa no ofreció probanza alguna para demostrar que presentó tal solicitud ante la autoridad responsbales. Luego, al no acreditarse la recepción del documento que contiene la solicitud, se tiene por inexistente la omisión reclamada a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; por consiguiente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 351, Tomo VII, Junio de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E : ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías 155/2021, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexos de cuenta, suscrito el director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga; asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental de la responsable, las constancias remitidas, mismas que se tienen por desahogadas en este acto, en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva. Con apoyo en el artículo 9° de la ley de la materia, se tiene a la responsable señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando como delegados a las personas que menciona; así también, proporcionando los correos electrónicos sigda@finanzasoaxaca.gob.mx, sefin.amparos@gmail.com y el número telefónico ******************** extensión ******************** para contacto con este Juzgado. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Olivia Palula Castro, contra actos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; con registro de este Juzgado 155/2021; Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado; pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, lo que deberá hacer por la vía ordinaria o electrónica, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia de este juicio de garantías; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se les impondrá multa al dictar sentencia en este juicio de amparo de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, moneda nacional ($8,962.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Dígase a la autoridad responsable que deberá rendir su informe justificado una sola vez, ya sea al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx o por la vía portal ordinaria. En atención al artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, en la siguiente promoción que realicen deberán proporcionar número celular de contacto a efecto de entablar comunicación con este órgano jurisdiccional, así como un correo electrónico (con excepción de la parte quejosa, toda vez que lo realiza en la demanda de amparo). Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100, moneda nacional ($2,688.6), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional ($4,481.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista electrónica, para lo cual deberán ingresar al presente expediente en línea; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios electrónicos para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través del Portal de juicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, autorizando para esos efectos a las personas que menciona, sin gozar de los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten con cédula profesional que a efecto proporcionen, se encuentren debidamente registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.
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