Olivia Morfin Gonzáles

Expediente 110/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
110/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Olivia Morfin Gonzáles
  • Jefe de Departamento de Jubilaciones Y Pensiones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán
  • Elsa Maribel Novelo Arjona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el número de folio 6255. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; en atención a su contenido, acusan recibo de la resolución dictada dentro del juicio de amparo 2023/2022-IV, del consecutivo del referido juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. ARCHIVO. Toda vez que en el presente cuaderno auxiliar, no existen determinaciones pendientes, se ordena el archivo definitivo. VALORACIÓN. Sin necesidad de realizar valoración, toda vez que por ser un cuaderno de antecedentes, tramitado de forma electrónica, no va ser susceptible de destrucción. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En nueve de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con el oficio número 66/2022, de nueve de diciembre de dos mil veintidós, signado electrónicamente por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, registrado bajo el número 114, por el que otorgó el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 2023/2022 de su índice. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número 66/2022, de nueve de diciembre de dos mil veintidós, signado electrónicamente por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por el que otorgó el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 2023/2022 a este órgano jurisdiccional que actuará como auxiliar en la resolución de los asuntos ahí descritos. Al respecto, téngase a la autoridad oficiante relacionando las constancias electrónicas que integran el juicio de amparo 2023/2022 de su índice, promovido por Elsa Maribel Novelo Arjona. Acúsese recibo de estilo correspondiente. En razón de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y lo aprobado en el punto de acuerdo 14/2022, relativo a la propuesta de equilibrio de los asuntos de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al numeral 7° del Acuerdo General; y auxilio en el dictado de sentencias a los referidos Juzgados de Distrito, así como a la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integraran, modalidad de resolución y reenvío; y, lo dispuesto en el oficio SECNO/STCCNO/1294/2022, de dos de diciembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche; y, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, remitan una remesa de 14, 55 y 22 asuntos respectivamente, a este órgano jurisdiccional para su resolución; se acuerda: Regístrese el expediente con el número auxiliar 110/2022, en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Como de los autos que integran el juicio de amparo de que se trata, se advierte que la audiencia constitucional se celebró el diecisiete de octubre de dos mil veintidós y, además, a criterio del juzgador auxiliado, cumple con el requisito establecido en el oficio SECNO/STCCNO/1294/2022, de dos de diciembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a ser uno de los expedientes con audiencia constitucional pendientes de emitir resolución, se actualiza la hipótesis para conocer del presente asunto; por tanto, en continuación de dicha audiencia, díctese la sentencia que en derecho corresponda con las constancias que integran el expediente electrónico puesto a disposición por el órgano auxiliado, con la identificación de información reservada, confidencial o datos personales, para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Iván Paredes Escobar, con quien actúa y autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de abril de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial de cuenta y toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto, que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En los autos del cuaderno incidental se aprecia que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE depuración. En esa virtud, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, así como el original del incidente de suspensión, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Toda vez que no se glosarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, se ordena la devolución de las constancias remitidas que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, como justificante de su informe solicitado en autos, dado que resulta innecesaria la permanencia, previa copia certificada del acto reclamado se deje en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 110/2022, promovido por Olivia Morfín González contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante folio electrónico con número 3158237, mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, Olivia Morfín González, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto de las siguiente autoridad: "III. Señalo como autoridad responsable ordenadora C. Juez Primero de Primera Instancia en esta Ciudad y Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. IV.- De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo la sentencia emitida de fecha 11 once de febrero del año 2022, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 732/2012, que sobre pago de pesos promueve la señora MA. GUADALUPE BUSTOS SÁNCHEZ, por conducto de sus endosatarios en procuración y como ejecutora el Ministro Ejecutor de ese H. Juzgado, ambos con domicilio bien conocido en esta ciudad". SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; y en auto de esa data (fojas 31 a 35), el titular de este juzgado ordenó registrarla con el expediente 110/2022; admitió a trámite la demanda, solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se reconoció el carácter de tercero interesada a Ma. Guadalupe Bustos Sánchez., por lo que se ordenó su emplazamiento; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento, se desarrolló en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto con ejecución en la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa Olivia Morfín González, reclama: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo: La resolución interlocutoria de once de febrero de dos mil veintidós, que resolvió parcialmente procedente el incidente sobre ampliación de liquidación de sentencia derivado del juicio ejecutivo mercantil 737/2012, promovido por Ma. Guadalupe Bustos Sánchez contra la parte quejosa. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 47). Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 737/2012, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Ma. Guadalupe Bustos Sánchez contra la parte quejosa; de los que se desprende la existencia de la determinación reclamada (fojas 13 a 19 del cuaderno 3 de pruebas), documentales que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. - Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución reclamada se notificó personalmente al autorizado de la quejosa el catorce de febrero de dos mil veintidós (foja 19 del cuaderno 3 de pruebas), notificación que surtió efectos al día siguiente de conformidad con el numeral 1075 del Código de Comercio; por lo que en términos del numeral 18 de la ley de la materia, el plazo para la presentación del escrito constitucional inició a partir del día hábil siguiente. Luego, el plazo para la promoción del juicio de amparo inició del dieciséis de febrero al diez de marzo de dos mil veintidós, con exclusión de: - Los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero; así como cinco y seis de Marzo, todos de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos; y por tanto, inhábiles en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo. - El diecisiete de febrero, por corresponder al día en que se rindió el informe anual de actividades del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo; y, - El dieciocho de febrero, por ser inhábil para la autoridad responsable, al ser suspensión oficial conforme al artículo 28, fracción Xl, de las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Lo anterior, en atención a que a efecto de contabilizar el plazo para la presentación de la demanda de amparo, deben descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación de la demanda los días en los que la autoridad responsable suspenda sus labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor. Ello, en respeto al derecho de defensa adecuada de acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos, tal y como lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 2ª./J. 9/2018 (10a), que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO. Con base en el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, así como de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, se advierte que es parte esencial del derecho a la defensa adecuada el acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos, por lo que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio, deben descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación de la demanda los días en los que la autoridad responsable suspenda sus labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor y, en estos casos, para resolver sobre su admisión, los juzgadores de amparo podrán apoyarse en boletines judiciales o en publicaciones de acuerdos o resoluciones en periódicos oficiales, sin que esta situación impida que el Juez -de estimarlo necesario y con fundamento en las facultades que le otorga la ley- requiera a las autoridades para que manifiesten si durante el plazo para presentar la demanda de amparo suspendieron sus labores". En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad (foja 1), es inconcuso que se promovió dentro del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a realizar pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe aclararse si en el caso se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En razón de lo anterior, este órgano de amparo no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia; además que tampoco fueron invocadas por las partes, de modo que se procede a resolver la litis constitucional, sin necesidad de abordar expresamente el estudio de cada una de las causales, pues el precepto aludido no obliga a ello. Sirve de apoyo, por identidad jurídica, la jurisprudencia 268 emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento". SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previo el análisis de los conceptos de violación, es preciso traer a colación los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden del expediente juicio ejecutivo mercantil 737/2012, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Ma. Guadalupe Bustos Sánchez, a saber: Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil doce, ante la Oficialía de Partes y Turno en Materia Civil de Uruapan, Michoacán de Ocampo, Ma. Guadalupe Bustos Sánchez, promovió por conducto de sus endosatarios en procuración demanda en la vía ejecutiva mercantil sobre pago de pesos, entre otro, contra Olivia Morfín González, a quienes les reclamó: el pago de la cantidad de ciento cincuenta mil pesos, por conceptos de suerte principal, respecto del pagaré base de la acción; el pago de los intereses moratorios a razón del cinco por ciento mensual; y los gastos y costas judiciales que se eroguen con motivo de la tramitación del juicio (fojas 1 y 2 del cuaderno 1 de pruebas). En dieciocho de junio de dos mil doce, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, a quien correspondió conocer del juicio, la registro con número de expediente juicio ejecutivo mercantil 737/2012; la admitió a trámite; despachó auto con efectos de mandamiento de ejecución, por lo que comisionario al actuario se constituyera en cuanto ministro ejecutor en el domicilio señalado como de los demandados, les requiriera el pago de las prestaciones reclamadas, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería al embargo de bienes suficientes para garantizar el pago; y los emplazara para que dentro del plazo de ocho días comparecieran a dar contestación a la demanda entablada en su contra (fojas 4 y 5 del cuaderno 1 de pruebas). Seguido el juicio por sus cauces legales, el veintiuno de marzo de dos mil trece (fojas 68 a 73 del cuaderno 3 de pruebas), dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la acción ejecutiva mercantil ejercida; y se condenó a los demandados al pago de ciento cincuenta mil pesos por concepto de suerte principal; así como el pago de los intereses moratorios pactados a razón del cinco por ciento mensual, generados desde la constitución en mora y hasta la total liquidación del adeudo; y al pago de los gastos y costas del juicio. En proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 86 del cuaderno 1 de pruebas), se declaró ejecutoriada para todos los efectos legales la sentencia definitiva dictada en autos, elevándose a la categoría de cosa juzgada, condenándose a las partes a estar y pasar por ella, en todos tiempo y lugar, por ser verdad legal. Asimismo, se requirió a la parte demandada, para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento voluntario a la ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa. Por auto de veinticinco de abril de dos mil dieciséis (foja 122 del cuaderno 1 de pruebas), entre otras cosas, se autorizó a la actuaria para que se constituyera en el domicilio de la demandada y le embargara bienes suficientes para garantizar el pago de las prestaciones condenadas en autos. Seguido el procedimiento de ejecución por sus cauces legales, el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 185 a 192 del cuaderno 2 de pruebas), se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente sobre liquidación de sentencia, promovido por Ma. Guadalupe Bustos Sánchez¸ en el que se declaró procedente en parte el incidente referido, y se condenó a los demandados a cubrir en favor de la parte actora, la cantidad de quinientos un mil ciento treinta y dos pesos, por concepto de intereses moratorios y honorarios profesionales. Posteriormente, el once de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 204 a 214 del cuaderno 2 de pruebas), se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente sobre liquidación de sentencia, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, dentro de juicio 312/2018 y su acumulado 314/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se declaró procedente en parte el incidente referido, y se condenó a los demandados a cubrir en favor de la parte actora, la cantidad de seiscientos diecinueve mil quinientos pesos, por concepto de honorarios profesionales e intereses moratorios, generado hasta el dos de abril de dos mil dieciocho. El once de enero de dos mil veintidós, Ma. Guadalupe Bustos Sánchez, por conducto de sus endosatarios en procuración, formuló ampliación de planilla de liquidación, y solicitó el pago de la suma de trescientos setenta y ocho mil novecientos treinta pesos, por concepto de honorarios profesionales e intereses generados desde el dos de abril de dos mil dieciocho hasta el once de enero de dos mil veintidós (fojas 1 y 2 del cuaderno 3 de pruebas). En proveído de trece de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite el incidente indicado y se ordenó dar vista al aquí quejosa para que dentro del plazo de tres días, compareciera a manifestar lo que a su interés conviniera (foja 3 del cuaderno 3 de pruebas); y, en proveído de veinte siguiente (foja 8 del cuaderno 3 de pruebas), se tuvo al aquí quejosa desahogando la vista. Seguida que fue la incidente por su cauce legal, el once de febrero de dos mil veintidós (fojas 13 a 19 del cuaderno 3 de pruebas), se dictó sentencia interlocutoria que declaró parcialmente procedente el incidente, por lo que condenó a la demanda -aquí quejosa- al pago de trescientos treinta y nueve mil quinientos pesos, por concepto de intereses por el periodo comprendido del tres de abril del dos mil dieciocho hasta el once de enero del año dos mil veitnidós. La resolución dictada en último término constituye el acto reclamado dentro de la presente instancia constitucional. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN La quejosa aduce, que la autoridad responsable trasgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; toda vez que las autoridades en el ámbito de su competencia deben examinar y proteger los derechos humanos consagrados en la constitución. Refiere que, los tratados internacionales tienen como fundamento la protección a la propiedad privada y sobre todo la modalidad y la existencia de la usura. Indica que, es obligación de los jueces analizar de oficio si los intereses constituyen usura, y cuando la autoridad omita el estudio oficioso de dichos ordenamientos constitucionales se violentan los derechos humanos, tal y como sucedió en el presente caso. Alega que, es claro que en la resolución reclamada el juez responsable omitió señalar que la parte actora dejo de actuar de manera deliberada con el propósito de ir aumentando los intereses pactados e inclusive como se advierte de autos se desistieron de un embargo para garantizar la deuda y con ello incrementar los intereses. En otra parte de los conceptos de violación, refiere que es claro que el artículo 1083 del Código de Comercio, al igual que el 3° de la Ley de Arancel del Abogado delimita para el cobro de honorarios de abogados y notarios, a los incidentes de liquidación, ya que el monto económico (arancel), de la condena de costas, es una norma de carácter sustantivo y en esos casos la ley aplicable debe ser la vigente en el momento en que se generó el derecho a reclama dicha prestación, es decir, la fecha en que se dictó la sentencia de condena, con independencia de que la tramitación para el ejercicio de dicho derecho no incluyendo los intereses pactos después de pasado un tiempo, por lo que era obvio que dicho cobro era excesivo. Aduce que, es sentido común que lo que se pretende es realizar el cobro inmediato y obtener el pago de lo reclamado por la actora y no realizar con el paso del tiempo un cobro excesivo de los intereses y con ello acrecentar un desequilibrio entre las partes, pues era ahí donde existía la explotación del hombre por el hombre y la frase de que nadie está obligado a lo imposible. Precisa que, el pago de los intereses condenado por un lado se considera una tasa usuraria y excesiva atendiendo a que será una tasa anual del sesenta por ciento, la cual es considerada desproporcional, ya que la usura puede definirse como el cobro de un interés excesivo de un préstamo por consiguiente las normas que regulan los réditos, señalan que los actos mercantiles se rigen por la voluntad contractual; sin embargo, dicho precepto se limita en su numeral 77 del Código de Comercio, que dispone que la libertad de pactar intereses debe versar sobre operaciones licitas, ya que las ilícitas no producen consecuencias jurídicas. Aunando a lo anterior, el numeral 1556 del Código de Comercio, dispone que un interés usurario es el que excede del dos por ciento mensual, por lo tanto, el haber pactado un interés del cinco por ciento mensual contraviene los derechos humanos plasmados en el numeral 1° constitucional. Los conceptos de violación son inoperantes porque no atacan las consideraciones en que la responsable sustenta la determinación reclamada. En efecto, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Cobra aplicación, la jurisprudencia VII.1º.C.J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, en su texto vigente, se advierte que reitera la misma técnica de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que la ley anterior, conforme a la cual, dicho examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, excepto en aquellos casos en que procede suplir la queja deficiente, previstos por el artículo 79 de ese ordenamiento. En consecuencia, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Como también ocurre cuando éstos sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior; introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable en la litis del juicio natural o bien en el recurso que originó la emisión del acto reclamado; o se basan en postulados no verídicos; entre otros supuestos, que deberán atenderse caso por caso." En el caso, los argumentos expuestos por la quejosa resultan inoperantes, porque soslayó combatir las consideraciones expuestas por el Juez responsable para sostener la procedencia parcial de la ampliación de planilla de liquidación presentada por la aquí tercera interesada, según se expondrá: La quejosa en su escrito de contestación al incidente de ampliación de planilla de liquidación presentado el dieciséis de enero de dos mil veintidós, (fojas 5 a 7 del cuaderno 3 de pruebas), expuso lo siguiente: "..SEGUNDO: Con relación al segundo de los hechos mencionados por el promovente resulta incongruente su pedimento su señoría, por concepto de intereses hasta la suma de 45 cuarenta y cinco meses y 09 nueve días, este pedimento resulta de manera ilegal ya que si de la sentencia emitida de fecha 11 de diciembre del año 2018 y derivado de la misma el Juez señalo que todas las autoridades en su ámbito de competencia deben de examinar y proteger los derechos humanos consagrado en nuestra constitución, de igual manera los tratados internacionales donde participa México y uno de los derechos fundamentales es proteger la propiedad privada y sobre todo la modalidad y la existencia a la explotación el hombre por hombre en su modalidad de usura, y es obligación que los jueces en su jurisdicción tienen que realizarlo en sus parámetros objetivos y subjetivos ya que como se ha mencionado deben de analizarse de oficio constituyendo si los intereses fueron o no fueron constitutivos de usura, y cuando la autoridad omita el estudio oficioso de dichos ordenamientos constitucionales se encuentra violentando sus derechos humanos tal como aconteció con el pedimento de la actora en dejar de pasar el tiempo ya que el presente juicio de manera dolosa se dejó de actuar por más de un año, con el propósito exclusivamente de ir incrementando los intereses pactados e inclusive y con ello, violentar los derechos el hombre por el hombre, si bien es cierto nadie está obligado a lo imposible es dable de recordar que también lo es el derecho que tienen los seres humano ya que primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y origina lista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a Io que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. Asimismo, no hay duda de que la usura incide gravemente en la dignidad de la persona porque afecta ruinosamente a su patrimonio y es una forma de explotación del hombre por el hombre. La característica del derecho humano es, precisamente, que surge y es inherente a la dignidad humana, por lo que no se extingue mientras permanezca viva la persona e, incluso, por afectar el patrimonio trascienda a su muerte y continúa el efecto sobre el patrimonio de la sucesión. Por esa subsistencia o permanencia del derecho humano, inherente a la dignidad de la persona, es absoluta e indisponible. Y en la usura, Io que se sanciona con nulidad es la tasa en los puntos del porcentaje que excedan a una racional y equitativa. La afectación al patrimonio del deudor se produce tanto respecto del periodo anterior a la existencia de la cosa juzgada, como en el periodo posterior. Sin embargo, el principio de seguridad jurídica también es de gran entidad, lo que imposibilita eliminar los efectos de la sentencia en cuanto a los hechos anteriores a la cosa juzgada, pero sí permite la anulación de los intereses usurarios generados después de ésta, para reducirlos a una tasa equitativa; con lo cual se logra un equilibrio entre los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y de prohibición de la usura. Con esta solución que implica elegir la aplicación de normas y principios jurídicos ya reseñados, se privilegia el principio de interpretación establecido en el artículo 1º. Constitucional, que obliga a elegir la norma o principio que otorga a la persona afectada la protección más amplia, ante la posibilidad de interpretar y aplicar ambos principios de la manera más favorable a la persona. La firmeza de la cosa juzgada no puede ni debe prevalecer sobre el derecho derivado de la prohibición de la usura, respecto de los intereses generados con posterioridad a la cosa juzgada y procederá la reducción a una tasa equitativa. Por otra parte, los derechos humanos o fundamentales constituyen una serie de derechos inherentes a la dignidad humana que son reconocidos en el citado artículo 1o., lo que implica que previamente existan y el Estado solamente los reconoce. De ahí que en la jurisprudencia invocada se protege un derecho fundamental relativo a conservar el derecho de propiedad o el patrimonio frente a la usura que es una forma de explotación del hombre por el hombre. Resultando indigno la cantidad de intereses moratorios en la Cantidad de $ 339,750.00 TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENClENTOS CINCUENTA PESOS por dicho concepto. En cuanto al tercero de los hechos vertidos por la actora como son el pago de costas y gastos del juicio no están apegados a derechos ya que como se ha mencionado el pago de los honorarios profesionales que conforme a lo dispuesto en su artículo 6° de la Ley Arancel de los Abogados tiene derecho y se fijan a 8% de la negociación del asunto incluido mismo que este no se encuentra terminado y sobre todo acumulado de la totalidad de una cantidad de la cual no ha sido condenada la que suscribe es de decir suma la cantidad de $802,500.00 OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS Moneda Nacional sobre 8% por ciento dando la cantidad de $39,180.00 TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS Moneda Nacional. Ahora bien, desde una perspectiva legal resulta que se trata de un derecho fuera de todo marco legal del cual no puede disponerse por voluntad de la persona ni por resolución judicial, esto es, un verdadero derecho humano es absoluto y permanece inherente a la personalidad jurídica de la persona, en su patrimonio material e inmaterial como el patrimonio; por tanto, si se trata de un derecho humano que es absoluto y no se extingue, mientras la ejecución no está consumada y consentida, cabe establecer una solución equitativa que armonice ambos derechos, por lo que la resolución determinara total respetabilidad a la cosa juzgada respecto de los hechos juzgados hasta el momento en que tal sentencia o convenio adquirió la calidad de cosa juzgada; y que el derecho humano correlativo de la prohibición de la usura sea protegido, respetado y garantizado respecto de la usura generada después de ese momento y que pretenda liquidarse en ejecución de sentencia. Así oficiosamente no podrá reducirse el interés usurario generado después de que causo estado, pero no podría alterarse la cosa juzgada respecto del hecho materia de la Litis que fue resuelto y sobre interés que sean anteriores al momento en que causo estado, se declaró que causo o ya han sido pagados. La solución propuesta a la disyuntiva planteada tiene en cuenta que la cosa juzgada y la prohibición de volver a seguir un juicio por el mismo hecho, tiene su fundamento en los artículos 14, 17 y 22 constitucionales, mientras que la prohibición de la usura lo tiene en los artículos 2395 del Código Civil Federal y 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos humanos. Resultando una incongruencia lo planteado por la actora en la ampliación de su Planilla de Liquidación. Pues en cuestión de los honorarios, costas y gastos que regula el primario a favor de la actora POR CONDUCTO DE LOS SEÑORES LICENCIADOS carece de toda índole jurídica, pues es bien cierto que existe una sentencia favorable condenando a la promovente sobre el pago de la cantidad y DEMAS PRESTACIONES, pues resulta evidente que el artículo 3 de la Ley Arancel del Abogado delimita para el Cobro de Honorarios de Abogados y Notarios, publicada el 8 de marzo de 1953 en el Periódico Oficial del Estado a los incidentes de liquidación de; ya que el monto económico (arancel) de la condena en costas, es una norma de carácter sustantivo, y en esos casos, la ley aplicable debe ser la vigente en el momento en que se generó el derecho a reclamar dicha prestación, es decir, la fecha en que se dictó la sentencia de condena; con independencia de que la tramitación para el ejercicio de dicho derecho no incluyendo los intereses pactados después de pasado el tiempo pues obvio que dicho cobro es excesivo pues es sentido común que lo que se pretende es realizar el cobro inmediato y obtener el pago de lo reclamado por la actora y no realizar con el paso del tiempo un cobro excesivo de los intereses y con ello acrecentar un desequilibrio entre las partes pues es ahí donde existe la explotación del hombre por el hombre y la frase quien nadie está obligado a lo imposible. Con referente al Cuarto de los puntos es carente de la cantidad mencionada de $378,930.OO TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE PLANILLA DE LIQUIDACION; por los conceptos invocados ya que ninguno tiene sustento pues es evidente que las partes como lo es la actora esta fue evidente en dejar pasar el tiempo pues como ya se menciono es explotación del hombre por el hombre y está fuera de todo marco jurídico y protegido por nuestra Legislación Federal.". El Juez responsable estimó infundados dichos argumentos (fojas 13 a 19 del cuaderno 3 de pruebas), por las siguientes razones: ".Debe decirse al respecto que la inconformidad planteada por la incidentada deviene infundada, en razón de que, como ya quedó determinado mediante sentencia interlocutoria emitida en época 11 once de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, si bien el juzgador está obligado a analizar de oficio la posible configuración de la usura lo cierto es que, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada, por lo que lo contrario a lo que afirma la demandada Olivia Morfín González, si el juicio en el que fue condenada ya se encuentra firme, al igual que la diversa interlocutoria emitida con anterioridad dentro de la etapa de ejecución de sentencia, es inconcuso, que el juzgador ya no pueda efectuar, ni aun de oficio, el probable estudio sobre si la condena de intereses moratorios a la que condenada es usurera o no, atento a la seguridad y certeza jurídica, así como a la firmeza de los respectivos fallos, por ser una decisión inmutable, porque si bien, el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia, virtud a que constituyen cosa juzgada; por ello, la determinación que condeno al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. Sirviendo de aplicación y sustento a la anterior determinación la Jurisprudencia obligatoria cuyo rubro y texto a la letra reza: "URURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.". Sin que pase inadvertido para el suscrito Juez -como también ya se dijo-, que el artículo 1° Constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 diez de junio de 2011 dos mil once, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de tal forma que deberán interpretar las normas relativas a los derechos humanos conforme a Constitución Federal y a los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; esto no quiere decir o implica, que los órganos jurisdiccionales nacionales están facultados para dejar de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, si no que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que esto signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igual, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Lo anterior atento a la Jurisprudencia que en sus términos estatuye: "PRINCIPIO DE INTERPRETACION MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.SU CUMPLIMIENTO NO IUMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Debiéndose tomar en cuenta también que, los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propio, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligados las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalle que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no puede modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del procedo, como los de invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el Juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio. En ese contexto, no existe criterio jurisprudencia previo emitido por alguna de las Salas del Alto Tribunal respecto del tema resuelto por la jurisprudencia 1ª./J. 28/2017 (10a), relativo a que en la etapa de ejecución de sentencia el juzgado ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia y que, por ende, constituyen cosa juzgada. Es aplicable en lo particular la diversa jurisprudencia cuyo rubro y texto determina: "JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a), EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA. (.)." Por todo lo anteriormente referido es que no le asiste la razón a la demandada al contestar los hechos planteados en su contra dentro del incidente que nos ocupa, respecto a que en el caso deba desestimarse lo pactado en el título de crédito accionado; porque como ya se ha dicho -que valga decir, el análisis y argumentos ya vertidos en la referida interlocutoria, aquí se da por reproducidos en atención al principio de economía procesal-, no es posible examinar en ejecución de sentencia, la presunta usura de los intereses moratorios pactados dada la existencia de una condena en calidad de cosa juzgada.". Consideraciones las anteriores que la peticionaria de amparo no combatió a través de un razonamiento jurídico concreto, pues lo sintetizado de sus conceptos de violación ponen de manifiesto la deficiencia que los aqueja, ya que no van dirigidos a atacar las consideraciones del Juez responsable, por las que los declaró infundadas sus manifestaciones, sino que en los mismos insiste en señalar que el pacto de los intereses en el documento base de la acción es usurero, que el Juez de oficio tiene la obligación de atender dicho aspecto, ya que constituye una forma de explotación del hombre por el hombre; que se debió observar que en el juicio de manera dolosa se dejó de actuar por más de un año, con la finalidad de que aumentaran los intereses.. Es decir, la quejosa, en sus conceptos de violación se limitó a reiterar en esencia lo aducido en su escrito de agravios, pues insiste en el tópico de que el Juez de oficio estaba obligado a reducir los intereses ante la taza usuraria pactada. Sin embargo, tales argumentos no pueden considerarse susceptibles de ser analizados en el juicio de garantías, pues como se dijo, no tienden a controvertir las afirmaciones realizadas por el Juez responsable antes señaladas, y al no demostrarse su ilegalidad deben continuar rigiendo. Asimismo, la solicitante de amparo no formuló ningún concepto de violación relativo a combatir la cuantificación de los intereses y honorarios realizada por la autoridad responsable; pues se reitera, los argumentos expuestos por la quejosa versaron únicamente respecto a la usura. De ahí que, el contenido de la resolución combatida debe continúan rigiendo el sentido de la misma, máxime que no se está en ninguno de los casos que deba suplirse la queja deficiente en favor del peticionario de amparo. Es por ello que, se pone de manifiesto la inoperancia de las manifestaciones formuladas por el solicitante de amparo. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia número I.6o.C. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que textualmente señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Así como, la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son aquellos en que no se atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo." Y, la Jurisprudencia número III.2º.C. J/13, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que a continuación se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada". Criterios éstos que cobran aplicación por identidad jurídica entre el artículo 76 bis de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 79 de la Ley de Amparo Vigente. No se soslaya que en la primera parte de los conceptos de violación, la quejosa aduce que se trasgreden en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, transcribe los citados numerales y expone una serie de premisas. Empero, no explica el por qué la resolución impugnada trasgrede los preceptuado en dichos numerales; tampoco, por qué la resolución no se dictó siguiente con las formalidades legales del procedimiento, por lo que al no poner de manifiesto la ilegalidad de la sentencia recurrida, ni constituir verdaderos argumentos que expresen razonamientos jurídicos concretos que pongan en evidencia que los que sustentan la resolución reclamada sean contrarios a la ley o a su interpretación, ya sea porque siendo aplicables determinadas disposiciones legales no se aplicaron, o porque se aplicaron sin ser aplicables, o bien, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley o, porque la sentencia combatida no se apoyó en principios generales del derecho cuando no hay ley, esta se mantiene firme. Además, el hecho que para que proceda el estudio de los conceptos de violación basta con que se exprese la causa de pedir, pero ello en manera alguna implica que el peticionario del amparo se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." En consecuencia, ante lo inoperante de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado por la quejosa Olivia Morfín González. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Olivia Morfín González, contra el acto reclamado de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo; por los motivos expresados en el considerando séptimo del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.

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