Olivia Monreal Martínez
Expediente 458/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Olivia Monreal Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a doce de junio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia veintidós de mayo de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo (el cual se ordena glosar al presente asunto), SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento; y por cuanto hace al segundo, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, éste Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Asimismo, el duplicado del mencionado incidente, guárdese por separado para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, dentro del término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado, Jorge Martín Zamora González Secretario que autoriza y da fe. *AMCi
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 458/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Olivia Monreal Martínez por propio derecho formuló demanda de amparo indirecto, contra actos de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad y otra autoridad, que a continuación se precisan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE ZACATECAS. DELEGADO ESTATAL ZACATECAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD". IV.- ACTO RECLAMADO: Consistente en la solicitud de información de documentación de fecha 12 de marzo de 2015, emitido por SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE ZACATECAS. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró bajo expediente 458/2015; por lo que, su Titular el treinta de marzo de dos mil quince, ordenó la admisión de la demanda; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: - Solicitud de información de documentación de doce de marzo de dos mil quince. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1 Inexistencia: La autoridad señalada como responsable Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negó expresamente la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II. 2. 2. Certeza: Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, toda vez que así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, su existencia se corrobora con la copia fotostática certificada del reporte de captación de Obras y carátula del Acta de Fallo de la licitación número IO-832024983-N4-2013, relativa a la obra asignada por el municipio de Loreto, Zacatecas a la quejosa para la ejecución de la obra consistente en cancha de usos múltiples, segunda etapa en El Lobo, Loreto, Zacatecas por el importe de $799.414.05; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en término de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Como bien lo considera la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo vigente. Luego, es oportuno traer al contexto los numerales 61, fracción XX y 62, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. El texto de los preceptos trascritos se consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que cobre actualidad la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes cuatro requisitos: a). Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b). Que el acto impugnado sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c). Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; y d). No se esté en el caso de excepción. Precisado lo anterior, procede verificar si en el caso se encuentran reunidos los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio. Respecto al requisito marcado con el inciso a), consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues el acto reclamado que se reprocha del Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Zacatecas; evidentemente es distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que hace al inciso b), se actualiza la condición relativa a que contra el acto reclamado proceda algún medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, en la medida que el oficio reclamado, puede ser analizado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en términos del artículo 14, fracción IV, de su ley orgánica. Es conveniente señalar que el artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, prevé el juicio contencioso administrativo federal como medio de defensa contra el acto administrativo que en esta vía se reclama, como se advierte de la transcripción siguiente: ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] Fracción IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. Asimismo, es necesario precisar lo que determina el artículo 295 de la Ley del Seguro Social: "Artículo 295- Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." De igual forma, del contenido del oficio número 349101950200/AUD/0608/2015 del doce de marzo de dos mil quince, emitido por la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad de Zacatecas, dirigido a Olivia Monreal Martínez, se advierte lo siguiente: "Esta subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Ciudad de Zacatecas, Órgano, Operativo de la Delegación Estatal Zacatecas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, con fundamento en los artículos 16, 31, fracción IV, 90 y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, 4, 5, 5-A, 9, 11, 12, fracciones I y II, 15, fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII y IX, 38, 39, 39-B, 39-C, 39-D, 167, 168, 251, primer párrafo, fracciones I, VII, X, XV, XVI, XIX, XXVIII, segundo párrafo, y XXXVII, 251-A, 252, 270, 271, 287, 288 y 289, de la Ley del Seguro Social; 2, 4, 12, 13, 14, 16 y 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; 1, 2, fracción II, 6, 10, 28, 30, 38, 40 y 50 del Código Fiscal de la Federación; 1, fracciones I, III, IV, VI y VII, 2, 3. 4. 8, 9, 12, fracción I, 13, 16, 18, 21, 57 y 111 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas Recaudación y Fiscalización; 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 16 y en ejercicio de la facultades de comprobación conforme al artículo 18, del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; 1, 2, primer párrafo, fracción VI, VIII, XII, XXIII, misma que se transcribe ". requerir a los patrones, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, sin que medie vista domiciliaria, para que exhiban, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran." y XXVIII, 154, 155, primer párrafo, fracción XXXIII, inciso a), 159 y Séptimo Transitorio, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con el punto Primero, fracción I, del Acuerdo número 534/2006, aprobado por H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión celebrada del 29 de noviembre de 2006 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del mismo año, así como el Acuerdo AS1.HCT.270208/34.R.DIR aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2008 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de maro de 2008; se dirige a Usted para solicitarle los datos, informes y documentos que a continuación se señalan, para llevar a cabo la revisión del cumplimiento de sus obligaciones respecto de la obra en construcción publicada consistente en Construcción de Cancha de Usos Múltiples Segunda Etapa, Ubicada en Construcción de Cancha de Usos Múltiples Segunda Etapa en el Lobo, Loreto, Zacatecas, Código Postal 98800, por el periodo de ejecución de la referida obra de construcción, comprendido del 20 de septiembre de 2013 al 25 de septiembre de 2013, ya que de la revisión del expediente del patrón Olivia Monreal Martínez, abierto en este Instituto Mexicano del Seguro Social, se conoció que se ubica en el supuesto del artículo 5, fracción II y III como contratista, de acuerdo al contrato, celebrado entre Obras Públicas del municipio de Loreto Zacatecas, "Contratante" y Olivia Monreal Martínez "Contratista". Listas de raya de los trabajadores que contrato para la ejecución de los trabajos en la obra de construcción. Contratos y recibos de honorarios y de honorarios asimilables a sueldos y salarios, de las personas físicas (personal técnico) que participaron directamente en la obra de construcción de que se trata. Control de asistencia, así como las tarjetas de control de asistencia y de control de tiempo laborado de los trabajadores que participaron directamente en la obra de construcción, así como nóminas semanal, quincenal o mensual, según corresponda a todos los trabajadores. Sistemas y registros de contabilidad: Libros de contabilidad: Diario y Mayor; Registros auxiliares; Balanzas mensuales de comprobación a tercer nivel y Pólizas de registro: de diario, de ingresos y de egresos. Declaraciones mensuales del impuesto sobre nóminas o su equivalente. Declaración anual, normal y complementarias, presentadas para efectos del Impuesto Sobre la Renta con sus anexos, y acuse de prestación de la misma ante el Servicio de Administración Tributaria, por el ejercicio fiscal de 2013 y 2014. Declaración Informativa Múltiple, (Forma fiscal número 30 DIM), y acuse de presentación de la misma ante el servicio de Administración Tributaria, así como los Anexos 1, y 2, de la citada forma fiscal, por el ejercicio fiscal de 2013 y 2014. Declaración informativa anual de operaciones con clientes y proveedores de bienes y servicios, (forma fiscal número 42, y anexos 1 y 2, o a través del programa "DIMM") y acuse de presentación de la misma ante el Servicio de Administración Tributaria, por el ejercicio fiscal de 2013 y 2014. Los avisos que a la fecha hayan sido presentados ante el Registro Federal de Contribuyentes (De inscripción y cambio de situación fiscal, formas R-1 y R2; forma RU Formato Único de solicitud de inscripción y avisos al Registro Federal de Contribuyentes). Contrato a precios unitarios o precio alzado celebrado con el propietario o contratante para la ejecución de la obra de construcción y los anexos que forman parte del contrato: Presupuesto (contiene la descripción de los conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición); Listado de insumos (materiales, mano de obra, maquinaria, equipo); Análisis, cálculo, e integración del factor de salario por categoría; Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de salarios. Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado mensualmente de utilización de personal obrero; Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, por partida, calendarizado y cuantificado mensualmente, y Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado mensualmente de utilización de personal técnico. Facturas expedidas y pagadas con sus respectivas estimaciones, mismas que avalan los trabajos ejecutados. Subcontratos celebrados para la ejecución de una parte o fase de la obra de construcción de que se trata y facturas recibos o comprobantes fiscales emitidos por subcontratistas o destajistas que intervinieron en la obra en construcción por concepto de mano de obra pagada Croquis o plano arquitectónico de la obra de construcción autorizados por el municipio para expedir el permiso o licencia de construcción, así como los permisos y sus ampliaciones. Movimientos afiliatorios e alta, baja y modificaciones de salario de sus trabajadores, presentados al Instituto del Seguro Social, en papel o en dispositivo magnético. Dispositivo magnético que contenga el archivo individualizado del pago de cuotas obrero patronales mensuales, de Seguros de Enfermedades y Maternidad, de Invalidez y Vida, de Riesgos de Trabajo, de Guarderías y Prestaciones Sociales; y bimestrales de Seguros de Retiro y , Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, mediante el Sistema Único de Autodeterminación (SUA). Aviso de inscripción patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social del centro de trabajo correspondiente al domicilio de la obra en construcción, así como el del domicilio fiscal, o en su caso, registro único. Aviso de registro de obra del propietario o contratista, Aviso de registro de fase de obra de subcontratista, Aviso de Incidencia de Obra, según corresponda. Relación mensual de trabajadores de la construcción presentada en términos del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado. Identificación oficial con fotografía y firma de la persona física contratada para llevar a cabo la ejecución de los trabajos y contratación de los trabajadores. Aviso de Registro Federal de Contribuyentes de la persona física ante el SAT. Los datos, informes y documentos que se requieren son los elementos necesarios para conocer la mano de obra del personal obrero, así como del personal técnico que participó en la ejecución de la obra de construcción, el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones mismos que permitirán a la Autoridad fiscal comprobar el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la Ley del Seguro Social, Reglamento de la Ley de Seguro Social, Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y en el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra y Tiempo Determinado, a que está afecto el patrón citado al rubro, como sujeto directo y retenedor, en materia de aportaciones de seguridad social dentro del régimen obligatorio del Seguro Social que comprende los seguros de Riesgos de trabajo; Enfermedades y maternidad; Invalidez y vida; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y Guarderías y prestaciones sociales; relativas a la obra de construcción señalada en el primer párrafo de este oficio, y por el período de ejecución de la citada obra comprendido del 20 de septiembre de 2013 al 25 de septiembre de 2013. La Información y documentación que deberá proporcionar es la siguiente: Los datos, informes y documentos que requieren deberán presentarse y proporcionarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos tantos, firmado por el patrón sujeto obligado C. Olivia Monreal Martínez, debidamente acreditado, haciendo referencia al número de este oficio, en esta Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Ciudad Zacatecas, con domicilio en Calzada Solidaridad número 2, Colonia Militar, Guadalupe, Zacatecas, Código Postal 98617, dentro del plazo de cinco días hábiles computados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo señalado en el artículo 18, primer párrafo, del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado. Se hace de su conocimiento que él no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos, y documentos que se requieren en el presente oficio, para ejercer las facultades de comprobación que han sido señaladas, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en términos el artículo 304 A, fracción IX, de la Ley del Seguro Social , la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 304 B, fracción III, de la propia Ley del Seguro Social, así mismo no proporciona los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados, y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas, conforme a lo previsto en los artículos 39 C de la Ley del Seguro Social, 16, segundo párrafo y 18, segundo párrafo del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, está Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Ciudad Zacatecas, Órgano Operativo de la Delegación Estatal Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo fiscal autónomo, procederá en el caso de que no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes deban aplicar, por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en la Ley y sus reglamentos, en ejercicio de sus facultades , fijara la cantidad líquida de los créditos cuyo pago se haya omitido, aplicando en su caso, los datos con los que cuente, con los proporcionados por responsables solidarios, terceros relacionados u otras autoridades, y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables, siguiendo a tal efecto, el procedimiento que se establece en el artículo 18, fracciones I, II, III, IV y V del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, relativas a las del Seguro Social, respecto de la obra de construcción pública consistente en Construcción de Cancha de Usos Múltiples Segunda Etapa, ubicada en Construcción de Cancha de Usos Múltiples Segunda Etapa en el Lobo, Loreto, Zacatecas, Código Postal 98800, realizada en el periodo de ejecución comprendido del 20 de septiembre de 2013 al 25 de septiembre de 2013..." [.]" La transcripción anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado está relacionado con la obligación de la quejosa, en su carácter de patrón, de proporcionar información y documentación de sus trabajadores ante la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social que le corresponda, la cual en su carácter de órgano autónomo fiscal revisa el cumplimiento administrativo de las obligaciones patronales, en consecuencia, los actos que aquí se reclaman, se ubican en el segundo supuesto del artículo 295 de la Ley del Seguro Social, motivo por el cual la parte quejosa debió impugnarlos a través del juicio de nulidad a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En relación con el inciso c), consistente en que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, de un estudio comparativo entre la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley de Amparo se advierte lo siguiente: El artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé que la solicitud de la suspensión puede ser formulada en la demanda o en diverso escrito, en cualquier momento mientras no se dicte sentencia firme; por otra parte, el artículo 130 de la Ley de Amparo, dispone que la parte quejosa podrá solicitar la medida suspensiva en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. La explicación anterior demuestra que ambas disposiciones permiten al interesado solicitar la medida cautelar sin límite temporal procesal, más que el dictado de una sentencia firme; en consecuencia, este requisito en el juicio contencioso administrativo no es mayor que en el amparo. Por lo que hace a la autoridad que resuelve la suspensión, se advierte que el referido artículo 28, fracción III, inciso b), en estudio, prevé que la suspensión se tramitará por cuerda separada y que su conocimiento corresponde al Magistrado Instructor de la Sala fiscal, quien resolverá a más tardar al día hábil siguiente de la presentación de la solicitud sobre la referida medida cautelar; requiriendo un informe relativo a la suspensión definitiva en el término de tres días y resolverá lo correspondiente a ésta dentro de los tres días siguientes; en tanto que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolverla es aquél que conoce del expediente principal, atento a lo señalado en los artículos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito y éste resolverá dentro de los cinco días siguientes en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de la suspensión o lo que fuere conducente. Consecuentemente, en este rubro, el requisito previsto en el juicio de nulidad no es mayor al señalado en la Ley de Amparo, puesto que la autoridad que conoce del juicio es la que resuelve la suspensión. La medida suspensiva, de acuerdo por el citado artículo 28, puede ser solicitada por el actor o su representante legal; en cambio, el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone expresamente que la suspensión se decretará siempre que se solicite por la parte quejosa (agraviado). Lo anterior refleja que en ambos ordenamientos, para que se otorgue la suspensión basta que el interesado la solicite, de manera que el requisito es idéntico. Tanto el artículo 28, fracción I, inciso a), en estudio, como el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, exigen como requisito de procedencia para el otorgamiento de suspensión, que su concesión no cause perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público; por consiguiente, el requisito en este rubro es idéntico en ambas figuras cautelares. El artículo 28, inciso b), en comento, señala que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado, lo que implica que el actor en el juicio de nulidad debe acreditar la existencia de un derecho susceptible de ser tutelado con el otorgamiento de la medida suspensiva. Por su parte, el artículo 139 de la Ley de Amparo, expresamente dispone que la suspensión será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca daños y perjuicios de difícil reparación, lo que se traduce en la demostración del derecho legalmente tutelado a favor de la quejosa. Como se advierte, los requisitos en este rubro son similares. En ambos ordenamientos se prevé la autoridad competente puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, siempre que ocurra un hecho superveniente. En este tópico, el requisito es idéntico. Ambos ordenamientos medularmente señalan que si el otorgamiento de la medida cautelar causa daños a terceros, se concederá condicionada a una garantía ofrecida por el demandante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que con ella se cause, en caso que no se obtenga resolución favorable. Ahora bien, en lo referente al plazo en este supuesto, el citado artículo 28, no prevé la vigencia de la suspensión en los casos en que haya tercero, lo que significa que sus efectos surten desde su emisión; en cambio, la Ley de Amparo establece un lapso de cinco días para ese efecto, conforme al artículo 136 de esa ley, plazo que vencido, sin que se exhiba la garantía, retira la eficacia de los efectos de la medida suspensiva. En consecuencia, el requisito de la suspensión en el juicio de nulidad relativo al tercero no es mayor que en el juicio de amparo. El aludido artículo 28, fracción II, inciso a), dispone que en las demandas de nulidad que involucren contribuciones, aprovechamientos y créditos fiscales, se concederá la suspensión, condicionada a que se garantice su importe ante la autoridad ejecutora, por cualquiera de los medios permitidos en las leyes fiscales, previendo, además, la reducción de la garantía en caso de que el monto de los créditos exceda la capacidad económica del solicitante y cuando se trate de persona distinta al sujeto obligado directa o solidariamente al pago del crédito. Por su parte, el artículo 135 de la Ley de Amparo establece que si el amparo se insta contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión, si el quejoso ha constituido o constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Como se aprecia en ambos casos, para que surta la suspensión respecto del cobro de créditos fiscales, el interesado debe garantizar el interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes aplicables. En ese sentido, en el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se prevé que el Magistrado instructor deberá conceder o negar la referida medida cautelar de manera provisional, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud relativa, término que es coincidente con el señalado en el artículo 112 de la Ley de Amparo, de ahí que el ordenamiento que rige el acto reclamado no prevé un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional y, en tal virtud, dicho requisito tampoco es mayor. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Entonces, tampoco se actualiza esa excepción al principio de definitividad y, por tales razones, debió agotarse el juicio ante el mencionado órgano antes de promoverse el juicio de amparo. Ahora, en relación al requisito marcando con el inciso d), conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales, como se expone en la tesis 2a. LVI/2000, sustentada en por la Segunda Sala de a Suprema Cortes de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, página 156, del rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." A continuación se verificará si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. 1.- Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el juez de distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En el caso, la parte quejosa no reclamó ley alguna 2.- Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, al respecto debe tomarse en cuenta que la quejosa considera preponderantemente que los actos reclamados infringen derechos de legalidad por las razones expuestas en sus conceptos de violación; y, 3. - Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, debe destacarse que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño. 4. - Los que carecen de fundamentación. Cabe precisar que de la lectura de los actos reclamados, se aprecia que los mismos contienen diversos fundamentos y motivos que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que este juzgado concluya que las mismas no carecen de fundamentación, lo que únicamente haría procedente la excepción de que se trata. 5.- En aquellos que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Tampoco se actualiza dicha excepción al principio de definitividad, en razón que el juicio de nulidad que se refiere, se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y no así en algún reglamento. En virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que debió promoverse el juicio contencioso administrativo federal antes de acudir a la instancia constitucional. Por tanto, es menester precisar que el contenido del artículo 14, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con el artículo 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deben interpretarse de manera sistemática, mas no como una antinomia, ya que tiende a que el particular tenga un acceso efectivo a la justicia contenciosa administrativa, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. En tales circunstancias, debe concluirse que en la especie no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues los actos que aquí se reclaman, no tienen carácter de definitivos, ya que son susceptibles de modificarse, revocarse o nulificarse a través del medio de defensa precisado con antelación, el cual el peticionario de garantías se encuentra en aptitud de promover, a fin de que sean respetadas las garantías de previa audiencia y legalidad que se consignan en los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, por tratarse de determinaciones que se encuentran dirigidas a su persona. Sirven de apoyo de lo anterior por analogía, la Jurisprudencia XV.4o. J/6, emitida por el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, visible en la página 1514, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL.- Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado". En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada contemplada en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo promovido por OLIVIA MONREAL MARTÍNEZ. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por OLIVIA MONREAL MARTÍNEZ, por su propio derecho, contra las autoridades responsables y en cuanto al acto precisado en el considerando segundo, puntos II. 2, 1 y II. 2, 2, de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintidós de mayo de dos mil quince que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de abril de dos mil quince. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta para que obren como corresponda y con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de las autoridades responsables Delegado Estatal y Subdelegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, residentes en esta ciudad; con su contenido y anexos que acompaña la segunda de las mencionadas a su informe, dese vista a la parte quejosa para que en término de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo, se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la Materia vigente, téngase por ofrecidas las pruebas que acompaña el Subdelegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad a su informe, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
PRIMERO. Por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución, se NIEGA a Olivia Monreal Martínez, la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada en ese considerando como responsable. SEGUNDO. SE CONCEDE a Olivia Monreal Martínez, la suspensión definitiva solicitada, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta interlocutoria.
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