Olivia Maldonado Martínez
Expediente 535/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Olivia Maldonado Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el cinco de julio de la presente anualidad, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, se obtiene de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa que deben ser devueltos, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Visto; el escrito presentado por la quejosa ********************, por el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el veintiséis de junio de dos mil diecinueve y manifiesta que únicamente reclama la resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revocación intentado contra el auto de ocho de abril del año en curso; se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos e intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Los preceptos jurídicos transcritos con anterioridad disponen que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo en forma directa sobre un derecho subjetivo del cual sea titular; el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente la existencia de esa afectación personal y directa a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este Órgano Jurisdiccional Federal determina que el acto combatido deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, y esto es así, en virtud de que se pone de manifiesto que del estudio de la demanda y de las constancias que anexa no se advierte que exista algún acto que produzca un agravio personal y directo, y sobre todo actual, en relación a la promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del gobernado, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que se reitera que la citada demanda resulta improcedente. Ello en atención a que la quejosa señala como acto reclamado: ". que violenta mis derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Derechos Humanos, únicamente reclamo la resolución de fecha cuatro de junio del año en curso, dictada por la autoridad que señalo como Responsable." Y, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que: ******************** promovió juicio de divorcio incausado contra ******************** del que correspondió conocer al Juzgado Quinto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, mismo que registró bajo el número 233/2017. El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, ********************, promovió dentro del juicio de divorcio incausado 233/2017 en la vía incidental, la acción de mutación o modificación respecto del ejercicio de la guarda y custodia de ********************, ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital. El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, dicta acuerdo y ordena correr traslado con éste a ********************. El cuatro de abril de dos mil diecinueve, ********************, presenta un escrito ante el Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, en el cual manifiesta su deseo de vivir con su padre ******************** solicitando que sea éste quien ahora ejerza la guarda y custodia de su persona. El ocho de abril de dos mil diecinueve, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, dictó un auto en el cual reserva proveer sobre la petición de la menor para una vez que ésta, ante la presencia judicial así como del Ministerio Público y de su tutor ratifique el contenido de su escrito. Inconforme con tal determinación ********************, promovió el recurso de revocación; mismo que fue admitido en tiempo y forma por el juez natural. El cuatro de junio de dos mil diecinueve, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, dictó resolución dentro del recurso de revisión en el cual declara improcedente el recurso de revocación intentado por ******************** y declaró firme el auto de ocho de abril del año en curso; lo que constituye el acto reclamado. De lo anterior, se desprende que el acto que el quejoso pretende impugnar a través de la presente instancia constitucional no causa ni podrá irrogar un agravio personal y directo y sobre todo actual en la esfera de derechos de la promovente, toda vez que la mera confirmación de la determinación que reserva dictar el acuerdo correspondiente al escrito presentado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, por ********************, en el que manifiesta su deseo de vivir con su padre ******************** y solicita que sea éste quien ahora ejerza la guarda y custodia de su persona, hasta una vez que la citada menor ratifique ante la presencia judicial, así como ante el Ministerio Público y su tutor, no le causa agravio jurídico, aunque le ocasione alguno de diversa naturaleza, como pudiera ser, por ejemplo, la molestia por la decisión que en su momento pudiera externar su menor hija de vivir con su padre; por tanto, con el dictado de la resolución que constituye el acto reclamado, no se considera la existencia de un agravio personal y directo sobre la esfera de derechos de la hoy promovente para establecer la procedencia de amparo indirecto. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por ******************** contra el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En esta determinación, no se pasa por alto que las cuestiones de interés jurídico deben atenderse al dictar la sentencia correspondiente; sin embargo, en el presente caso, se desecha la demanda, por una razón diversa, pues como ya se razonó, en la especie el acto que se señaló como reclamado, hace inexistente la afectación de manera personal y directa de derecho subjetivo alguno.
- Principal
Vista; la demanda de amparo presentada por Olivia Maldonado Martínez, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 535/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se obtiene que presenta irregularidades, pues en el mismo se señala, como acto reclamado: "A) Le reclamo el AUTO DE FECHA CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, auto que resuelve el Recurso de Revocación interpuesto por la suscrita, que me fuera notificado con fecha siete de junio del presente año por conducto de mi abogado patrono Lic Manuel Sergio González Márquez." Sin embargo señala como consecuencia del acto reclamado diversos actos los que clasifica con los incisos del B) al G). Consecuentemente, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, párrafos primero y penúltimo, en relación con el artículo 108, fracciones III, IV y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 1. Cuál es el acto reclamado, precisando, si lo que reclama es únicamente el auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, además deberá señalar que fue lo que se determinó en la resolución reclamada, ya sea con transcripción de ésta o bien exhibiendo una copia simple de la misma, pues del contexto de la demanda se asume la insuficiencia de datos para dilucidar la naturaleza y consecuencias del acto que reclama, ya que se abstuvo de narrar, el contenido de la determinación que combate, lo cual es de esencial importancia para determinar la procedencia del juicio en que se actúa. 2. Precise si señala como actos reclamados destacados los citados en los incisos del B) al G), o bien, si los hace depender en su caso de la posible concesión del amparo del auto de cuatro de junio del año en curso. Se apercibe al promovente del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado se tendrá por no presentada su demanda de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Manuel Sergio González Márquez; y como domicilio para tales efectos el ubicado en calle Constitución, número quinientos cinco (505), colonia Lomas de la Soledad, Zacatecas, Zacatecas.
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