Olivia Lira Toledo
Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Olivia Lira Toledo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer y negar el amparo y protección constitucional en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Depurable. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida sus pensional definitiva, es susceptible de depuración por tanto se deberá conservar la resolución relativa al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Duplicado del Incidente de suspensión En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de tomos de pruebas. Por otra parte devuélvasele mediante oficio al Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; el expediente relativo al recurso de revocación 37/2020, así como del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad indemnizatoria 63/2019, que obran por separado en tomo de pruebas. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 444/2021-III, promovido por Olivia Lira Toledo, contra el acto atribuido al Diligenciario del OFS, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Olivia Lira Toledo, contra la resolución reclamada, por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, quince de julio de dos mil veintiuno. Se autorizan copias Agréguese el oficio signado por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa las copias que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, autorizando para recibirlas a las personas que indica. Ahora, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de las copias autorizadas, se ponen a su disposición, los datos de contacto de los funcionarios siguientes: Nombre del funcionario Cargo Datos de contacto Librado Antonio Gómez Morales Secretario librado.gomez.morales@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 241 193 4271 Olga Viviana López González Secretaria olga.lopez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 246 457 4955 Lo anterior, una vez que queden debidamente notificados del presente proveído. En el entendido que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corre a cargo de la parte promovente el que, a través del Portal de Servicios en Línea, agende una cita previa, con el fin de que pueda comparecer a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a fin de que le sean entregadas debidamente certificadas las constancias referidas. Por lo que deberá informar previa y oportunamente a este juzgado, sobre el día y hora que el sistema del Portal de Servicios en Línea le hubiera generado, a fin de que el personal que se encuentra laborando presencialmente en el juzgado -cuyo número es limitado- tenga la oportunidad de preparar la documentación solicitada y la atención presencial sea rápida y expedita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Incidental
En Apizaco, Tlaxcala, cinco de julio de dos mil veintiuno. Deja de surtir efectos suspensión definitiva. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no acreditó haber dado cumplimiento a lo ordenado en la interlocutoria de cuatro de junio de dos mil veintiuno; esto es, constituyera ante la autoridad exactora la garantía que corresponde al crédito fiscal impuesto relativo a la sanción contenida en la resolución de dieciséis de octubre de dos mil veinte -por la cantidad de $87,431.96 (ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y un pesos con noventa y seis centavos, moneda nacional)-, que le corresponde pagar de manera subsidiaria a la quejosa Olivia Lira Toledo, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva otorgada a la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa mediante interlocutoria de cuatro de junio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1117, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto literalmente señalan: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE DEJAR SIN EFECTOS LA, POR NO HABERSE OTORGADO LA FIANZA. De acuerdo con el artículo 139 de la Ley de Amparo, el auto en que un Juez de Distrito concede la suspensión definitiva de los actos reclamados, surte efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero deja de surtirlos, si el agraviado no llena dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado; y no por el hecho de dejar de surtir efectos la suspensión, por falta de garantía respectiva, los Jueces de Distrito deben revocar el auto de suspensión, pues únicamente están facultados para comunicar a las autoridades responsables, haber declarado sin efecto la suspensión. Si fuera legal que los Jueces de Distrito tuvieran por revocada la suspensión, no podría la parte quejosa como lo sostiene la jurisprudencia relativa, otorgar su fianza en cualquier momento, siempre que existan actos que suspender, y en tal caso, comenzará a surtir efectos la suspensión, desde la fecha en que se otorga la garantía correspondiente. La tesis sobre que la suspensión debe tenerse por revocada, no puede fundarse en la segunda parte del citado artículo, puesto que prevé un caso distinto, o sea, cuando negada la suspensión por el Juez de Distrito, sea revocada en grado la suspensión por la Suprema Corte; para este caso, expresamente determina que concedida la suspensión por la Corte, los efectos de aquélla se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita. La revocación del auto de suspensión, por virtud de la revisión interpuesta, produce consecuencias distintas según se haya concedido o negado la suspensión. En el primer caso, revocada la suspensión por la Corte, se remueve el obstáculo que la autoridad responsable tenía para ejecutar el acto reclamado; lo cual no significa que queda obligada a esa ejecución, pues la ejecutoria de la Corte no puede producir más efectos que el de dejar expeditas las facultades de aquella autoridad que, por virtud de la suspensión concedida, habían estado restringidas. Si la suspensión ha sido negada y la Corte revoca el auto del Juez de Distrito y la concede, el efecto de la revocación será el de volver las cosas al estado que tenían antes de la fecha del auto revocado; de otro modo la ejecutoria de la Corte retrotraería sus efectos a la fecha en que se pronunció el auto del Juez de Distrito que negó la suspensión. No existe, pues, razón alguna para concluir que dejar de surtir efectos la suspensión, por falta de garantía respectiva, equivalga a revocar la propia suspensión, y, por ende, a que las cosas deban retrotraerse al estado que guardaban al momento en que fue concedida la provisional; pues, como se dijo, la retrotracción sólo tiene lugar en el caso del párrafo II del artículo 139 de la Ley de Amparo." Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. En el entendido de que la disconforme está en aptitud de dar cumplimiento a lo exigido en el presente incidente de suspensión mientras no se ejecute el acto reclamado y no cause ejecutoria la sentencia dictada en el expediente principal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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