Olivia Ignacio Cruz
Expediente 1207/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1207/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Olivia Ignacio Cruz
- Olivia Ignacio Cruz y Otros.
- Reyna Samara Peralta Ignacio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Asimismo, en términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el incidente de suspensión (original y duplicado) debe destruirse porque se negó la medida cautelar; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo referido procédase a la destrucción del incidente respectivo. Luego, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica. Asimismo, existen documentos originales que devolver a la quejosa, así como copias certificadas que exhibió el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo (foja 84), de acuerdo a la certificación que antecede. En consecuencia, como se dijo anteriormente, en autos obran documentos en originales y en copia certificada exhibidas por la quejosa adjuntas a su demanda de amparo; por tanto, notifíquesele personalmente el presente proveído, para que dentro del plazo de noventa días se apersone debidamente identificada ante este órgano jurisdiccional a recoger las mismas, previo acuse de recibo que se deje en autos; apercibido, que de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados, las constancias referidas podrán ser destruidas juntas con el presente juicio. Así también, existen copias certificadas del expediente 266/2019, exhibidas por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen. En el entendido que el sello de recibido del oficio respectivo, se tomará como acuse de recibo.
- Principal
En principio, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad; visto su contenido, téngasele desahogando el requerimiento de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (foja 53), para lo cual remite copias certificadas de las actuaciones que obran en el expediente 266/2019. Sin embargo, no ha lugar a otorgar vista a las partes en razón de que el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo (fojas 70-73); por tanto, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, las constancias que remite la autoridad de referencia, se encuentran debidamente escaneadas a fin de ir acorde con el expediente electrónico, sin embargo en razón de su volumen y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado un legajo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado para su consulta. En otro orden, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra en autos la constancia de notificación de la parte quejosa y tercera interesada del auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 70-73), tal y como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta. En consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado federal, encargado el trámite del presente asunto, para que de forma inmediata agregue a los presentes autos las constancias de notificación de la parte quejosa y tercera interesada del auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Además, se le requiere para que en lo subsecuente notifique en los términos que se encuentran indicados en autos, debiendo ajustarse en lo subsecuente a los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir el fedatario judicial en cita, conforme a la legislación aplicable en caso de desacato a esta instrucción.
- Principal
Agréguese a los autos el pedimento ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, para que obre únicamente como corresponda, en razón de por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 70-73), se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. No obstante lo anterior, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de la Materia, expídanse las copias fotostáticas que refiere.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guerrero de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado en representación del Director Local Guerrero de la Comisión Nacional del Agua, del Jefe de Proyecto "C" y del Jefe de Personal, todos de la Dirección Local Guerrero de la Comisión Nacional del Agua, remitiendo para ello diversas copias certificadas relativas al acto reclamado. Sin que haya lugar a otorgar vista a las partes en razón de lo acordado a continuación. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remitió, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que es inexistente del acto reclamado, como se aprecia en el estudio siguiente. Por escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 2 a 12), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Olivia Ignacio Cruz, por su propio derecho y en representación de su hija Reyna Samara Peralta Ignacio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridad: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: a).- DIRECTOR LOCAL GUERRERO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. b).- VÍCTOR HUGO CARBAJAL CABRERA, JEFE DE PROYECTO "C", DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN LOCAL GUERRERO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. c).- JEFE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN LOCAL GUERRERO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. "IV.- ACTO RECLAMADO: Lo omisión de dar cumplimiento al oficio número 280/2019, de fecha trece de agosto del año en curso, mediante el cual la Licenciada LEONOR OLIVIA RUVALCABA VARGAS, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, le ordena ejecutar el descuento del cuarenta por ciento (40%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado JESÚS MARTÍN PERALTA HESIQUIO, como empleado de la dependencia a su cargo de la responsable, y de la cantidad que resulte sea entregada a la suscrita en las oficinas pagadoras los días y horarios que tenga para ello; dicho mandato judicial deriva del Juicio Especial de Alimentos número 266/2019-III, promovido por la suscrita quejosa, y en representación de mi menor hija, en contra del demandado JESÚS MARTÍN PERALTA HESIQUIO, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama de las autoridades responsables la omisión de dar contestación y cumplimiento al oficio 280/2019 signado por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad capital. Por lo que hace, al acto reclamado se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclama la omisión de dar contestación y cumplimiento al oficio 280/2019 signado por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, dentro del juicio especial de alimentos 266/2019-III. De las constancias que adjuntó las autoridades responsables a su informe justificado, se conoce que el Jefe de Proyecto "C" de Administración, mediante oficio número B00.911.07.-225 de quince de agosto de dos mil diecinueve, dio contestación al diverso oficio 280/2019 signado por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, quien lo recibió el dieciséis de agosto del mismo año, y en donde le informó que una vez aplicado el cálculo en el sistema de nómina, este arrojó un saldo negativo en la primera quincena de cada mes, por lo que de acuerdo a la normatividad vigente que rige el pago de sueldos y salarios, no le permite tener casos con saldo negativo, razón por la cual no le fue posible aplicar el descuento indicado por la juzgadora de referencia. Además, si bien el presente asunto tiene como origen un juicio especial de alimentos para un menor de edad (razón por la cual en la suspensión del acto reclamado solicitada por la quejosa se realizó un estudio a fin de proteger el interés superior del niño); sin embargo, en actualidad las circunstancias han cambiado, ello porque las autoridades responsables justificaron ante el Juez de origen, el impedimento legal para cumplir con lo requerido mediante oficio 280/2019 de trece de agosto de dos mil diecinueve. Por lo que en su caso, será el Juez de origen quien deba pronunciarse al respecto; sin que sea óbice el hecho que haya enviado un nuevo oficio a las autoridades responsables para realizar el descuento de la pensión alimenticia respectiva, en razón que de su contenido, se advierte que el juez de origen exige exactamente lo mismo que en el diverso 280/2019, cuando lo correcto será que provea la respuesta que le dio la Dirección Local Guerrero de la Comisión Nacional del Agua, mediante oficio número B00.911.07-249, situación que, como se dijo, es jurisdicción exclusiva de dicha juzgadora, al ser competente para conocer de dicho asunto. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la presente fecha, las autoridades responsables ya habían atendido el oficio 280/2019 de trece de agosto de dos mil diecinueve. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas del siete de octubre de dos mil diecinueve (foja 18). Notifíquese personalmente.
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