OLIVIA HURTADO HURTADO y Otros.

Expediente 1360/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1360/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
05/09/2019

Partes del expediente

  • OLIVIA HURTADO HURTADO y Otros.
  • Olivia Hurtado Hurtado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Director General Jurídico del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, con el que en atención al requerimiento de once de julio pasado, realiza diversas manifestaciones con relación a la autoridad que cuenta con el documento original del oficio de notificación solicitado, glósese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo; y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, requiérase a la Fiscalía del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días remita el original del oficio CESP/CEECC/RI/NA/2494/2013, con la cual se dio inicio al procedimiento de separación al quejoso, bajo apercibimiento que de ser omisa se le impondrá una multa a su titular, como lo prevé la fracción IV del artículo 260 de la ley de la materia.

  4. Principal

    Visto el oficio del apoderado legal de Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo informa que carece de suficiencia presupuestal para acatar el fallo protector; no obstante, remite el acuse de recibo del oficio dirigido al Tesorero de dicha dependencia, por el que le ordena realizar el pago a la parte quejosa por aquellos conceptos a que tiene derecho; glósese a los autos para que obre como corresponda y téngase a la responsable realizando gestiones para acatar la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, se vincula a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco; en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos del artículo 197 de la ley de la materia, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por la razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución. Es aplicable la jurisprudencia 236, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 1003229, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO". Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días posteriores a su notificación, den cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello, esto es, acrediten haber realizado el pago a la parte quejosa, por concepto de indemnización y aquellos conceptos a que tiene derecho por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación del servicio de carrera policial, remitiendo constancia fehaciente de que lo hicieron. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien a mil días de Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que proceda requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables adscritas al Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, en atención a que no lo tienen, conforme al artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que pase inadvertido para este Juzgado de Distrito que la autoridad manifiesta la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector por las razones que expresa, no obstante, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo corresponde a la autoridad oficiante, por tanto, deberá realizar las gestiones conducentes para obtener los recursos necesarios para ello. Lo anterior, tomando en consideración la autonomía financiera y libre disposición en el presupuesto, además que en la sentencia de amparo cuyo cumplimiento implica una obligación de pago a favor del quejoso por parte de las autoridades, como en el presente caso, debe tomarse en cuenta que si alguna de éstas goza de las atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que permitan efectuar el pago respectivo, aun cuando los recursos no estén destinados específicamente para tal fin, deberá realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que ello implique violación alguna al precepto 126 de la Constitución General de la República. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional". (Incidente de inejecución 493/2001, Época: Novena Época, Registro: 187083, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. XX/2002, Página: 12) En ese orden de ideas, es menester establecer, si bien las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente la ampliación del presupuesto respectivo, ello no obsta para que válidamente y con el objeto de acatar el mandato constitucional dentro del plazo fijado por este órgano jurisdiccional, deban necesariamente acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo.

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