Olivia Hortensia Chávez Fuentes
Expediente 1474/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1474/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Olivia Hortensia Chávez Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
TÉNGASE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, Y DE CONFORMIDAD CON LO dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívense los autos como asunto totalmente concluido.
- Principal
*****Agréguese en autos el oficio y anexo de cuenta, que remite el Juez Octavo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, mediante el cual comunica a este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo. Ahora bien, con el contenido de dicho oficio y anexo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, a fin de que manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio, y con las manifestaciones que en su caso se hagan, o una vez transcurrido dicho término sin que se formulen, se resolverá si ya está o no debidamente cumplido el referido fallo protector, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese en autos el escrito de cuenta firmado por el autorizado del quejoso en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa, las copias que solicita. Téngase como autorizado para recibir dichas copias a los profesionistas que menciona, previa razón de recibo que se deje en autos para constancia.
- Principal
VISTO, para resolver, el juicio de amparo indirecto número 1474/2015, promovido por Olivia Hortensia Chávez Fuentes, contra actos del juez Octavo de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, los cuales estima violatorios de sus derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y recibido el mismo día en la Oficialía de Partes de este Juzgado, cuyo conocimiento correspondió por razón de turno, Olivia Hortensia Chávez Fuentes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se trascriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES Lo es el H. Juez Octavo de Control, integrante del H. Tribunal de Control del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad capital,. ACTO RECLAMADO De la autoridad responsable H. Juez Octavo de Control, integrante del H. Tribunal de Control del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad capital, reclamo su auto de vinculación a proceso, de fecha 4 de diciembre del 2015, dictado en autos de la causa penal número 1887/2015, que se instruye en contra de la suscrita quejosa OLIVIA HORTENSIA CHAVEZ FUENTES, como probable responsable en orden a la comisión del supuesto hecho que la ley señala como delito de FRAUDE GENERICO, previsto y sancionado por los Artículos 210 y 212 Fracción IV del Código Penal vigente en el primer distrito judicial, hechos supuestamente cometidos en supuesto agravio del OLIVIA CARBAJAL PALACIOS, resolución o auto de vinculación a proceso que desde luego deviene como violatorio de garantías y desde luego de mis derechos humanos, por ser a todas luces infundado e inmotivado, pues en autos de la causa penal en que fue dictado el auto de vinculación a proceso que hoy se tilda de inconstitucional, no se encuentran acreditados ni aún de manera presuntiva, en lo atinente a la persona de la suscrita hoy quejosa OLIVIA HORTENSIA CHAVEZ FUENTES, los elementos que integran el tipo penal del delito de FRAUDE GENERICO, previsto por el artículo 210 del ordenamiento legal en cita, ni mucho menos existen datos que hagan probable la participación de la suscrita en orden a la supuesta comisión del injusto a que me vengo refiriendo, y tanto más cuanto que, no obstante que la suscrita no he cometido el injusto que indebidamente se me imputa, en la resolución de término constitucional que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías, se dice, no obstante ello, el Juez Octavo de Control, integrante del H. Tribunal de control de este primer distrito judicial, refiere en la precitada resolución, que como ya antes dije, ostenta fecha del 4 de diciembre del 2015, que la suscrita hoy quejosa OLIVIA HORTENSIA CHAVEZ FUENTES, supuestamente ejecute de manera dolosa los hechos que la ley señala como delito de FRAUDE GENERICO, previsto y sancionado por los Artículos 210 y 212 Fracción IV del Código Penal vigente en el primer distrito judicial, hechos supuestamente cometidos en supuesto agravio de OLIVIA CARBAJAL PALACIOS, conducta que se actualiza, según el tipo penal a que me vengo refiriendo y al que alude el precitado Artículo 210 del Código Penal vigente en esta entidad federativa, como a continuación señala: ARTÍCULO 210.- Comete el delito de Fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que este se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido. ARTÍCULO 212.- A quienes Cometan el delito de Fraude, se les impondrán las penas siguientes: FRACCIÓN IV.- De cuatro a ocho de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a quinientos setenta y seis días de salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de seiscientos, pero no de tres mil quinientas veces el salario mínimo; se dice, según lo resuelto por el H. Juez Octavo de Control, integrante del H. Tribunal de Control del Primer Distrito Judicial con residencia en eta ciudad capital, de los datos que obran en la causa penal en que fue dictada la resolución de término constitucional que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías, supuestamente se desprende que la forma de intervención supuestamente delictiva que se atribuye a la suscrita, deviene como "dolosa" en términos de lo dispuesto por el Artículo 17 Fracción I del Código Penal vigente, atribuyéndose a la suscrita hoy quejosa, una forma de intervención como coautora, en términos de lo dispuesto por el Artículo 21 Fracción III del precitado cuerpo de leyes, lo que se niega por ser falso de toda falsedad. Desde luego que no soy responsable de haber cometido el hecho que se investiga en la causa penal en que se ha dictado el auto de vinculación a proceso cuya constitucionalidad se cuestiona en este juicio de garantías, y no obstante ello, indebida e irregularmente se ha prefabricado una carpeta de investigación, en la que se han falseado de manera evidente los hechos que se contienen en la causa penal antes anotada y que falsamente le atribuye a la suscrita hoy quejosa OLIVIA HORTENSIA CHAVEZ FUENTES la representación social especializada en delitos contra el patrimonio, de ahí que, derivado de ello, injusta e ilegalmente se me hace aparecer como presunta responsable de hechos que desde luego no he cometido y los cuales resulta evidente, que no sucedieron de forma alguna, es decir, que no ocurrieron en la forma y términos que los refiere el auto de vinculación a proceso que hoy se tilda de inconstitucional, acusación que ha sido enderezada en contra de la suscrita hoy quejosa y que ha motivado el pronunciamiento del auto de vinculación a proceso que se combate a través de este juicio de garantías, supuesto que afirmo, porque como ya antes lo he dicho, de los datos de prueba que se contienen en la carpeta administrativa relativa a la causa penal 1887/2015, del índice del Tribunal de Control de este Primer Distrito Judicial, no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de FRAUDE GENERICO, previsto y sancionado en términos de lo dispuesto por los Artículos 210 y 212 Fracción IV del Código Penal vigente en este Estado de Durango, ni mucho menos la probable participación de la suscrita en orden a la comisión de dichos hechos, los que falsamente se aduce fueron cometidos en supuesto agravio de OLIVIA CARBAJAL PALACIOS. De la autoridad responsable H. Juez Octavo de Control, integrante del H. Tribunal de Control del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad capital, reclamo todas y cada una de las consecuencias derivadas del pronunciamiento del auto de vinculación a proceso de fecha 4 de diciembre del 2015, dictado por el tribunal antes mencionado y que se deriven de la continuación de la causa penal número 1887/2015." SEGUNDO. En proveído de veintidós de diciembre de dos mil quince se admitió a trámite la demanda, por lo que se formó el juicio de amparo 1474/2015, se solicitó a la autoridad señalada como responsable rindiera su informe con justificación, se ordenó el emplazamiento de las partes terceras interesadas y dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; seguido el juicio de amparo, tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes, al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente dictar sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, es competente para resolver este asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, párrafo primero, y 114 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que tiene su domicilio dentro de los límites territoriales en los que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, específicamente en esta capital. SEGUNDO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben entre otras cosas contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.", así como, ".Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer."; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente, sirve de fundamento para la interpretación y delimitación del acto reclamado, la tesis número P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo interpretada en su conjunto, como un todo, y relacionada con la totalidad de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el juez Octavo de Control del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cuatro de diciembre de dos mil quince, en la causa penal 1887/2015 C.N., por considerarla probable autor del delito de fraude, previsto y sancionado en los artículos 210 y 212 fracción IV, del Código Penal vigente en este Primer Distrito Judicial, cometido en perjuicio de Olivia Carvajal Palacios. TERCERO. La autoridad señalada como responsable juez Octavo de Control del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias relativas a la causa penal 1887/2015 C.N., así como con los dos discos ópticos que contienen las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso, que en copia certificada anexó a su informe; medios de convicción que tienen valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de este ultimo ordenamiento legal, para acreditar los hechos afirmados por la autoridad de la que provienen, lo que basta para demostrar la existencia de la resolución reclamada. CUARTO. Este tribunal de la federación, al no advertir que se actualice alguna causal de improcedencia, considera procedente entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en la demanda de garantías, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras de la economía procesal, toda vez que es innecesaria su trascripción, en virtud de que no existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este juzgado federal a transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente al mes de Mayo de 2010, de la Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria de garantías, aunque para arribar a esa determinación se deba suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que existe una violación a los derechos de defensa y debido proceso en perjuicio de la imputada ahora quejosa, que amerita concederle la protección federal que se solicita. En el caso, se considera que en perjuicio de la imputada, se trasgredió el derecho fundamental de defensa y el de debido proceso legal, ya que, por una parte, se omitió propiciar la oralidad que contempla el artículo 20 de la Constitución General de la República y, por otro, la solicitud de vinculación a proceso se realizó en un momento no autorizado por la ley. Se explica. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 412/2010, al analizar el sistema penal acusatorio y oral contemplado en el artículo 20 de la Constitución Federal, estableció lo siguiente: "OCTAVO.- Previamente a resolver el problema de contradicción, es pertinente precisar que por Decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Constituyente Permanente determinó reformar, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir el sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Es entonces, el artículo 20 el eje toral del nuevo proceso penal mexicano, en cuyo primer párrafo establece: "ARTÍCULO 20 El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. .". En principio se tiene que la oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios de contradicción, inmediación y publicidad (énfasis añadido). La publicidad se traduce en el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. De acuerdo a lo establecido en la fracción V del apartado B del citado precepto constitucional, ésta sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. El principio de contradicción consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta o legajo de investigación y los que sean ofrecidos en su contra, este principio indudablemente permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. La concentración tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. La continuidad se refiere a limitar las interrupciones del proceso, mientras que la inmediación implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. La reforma procesal penal tiene como finalidad que con la aplicación de dichos principios se cumpla con los objetivos del Sistema Penal Acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, lograr el esclarecimiento de los hechos, resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune, lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. [.] DÉCIMO SEGUNDO.- Precisado lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las siguientes consideraciones. En efecto, el tema de la presente contradicción consiste en: Determinar, de acuerdo al principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio y oral, qué aspectos pueden examinarse por los tribunales federales, al analizar la constitucionalidad de un auto de vinculación a proceso a la luz de los artículos 78 y 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, en el caso de que el imputado y su defensor se hubieran reservado el derecho a realizar manifestación alguna en la audiencia de imputación o se hubieran controvertido deficientemente los datos de investigación ofrecidos y desahogados en dicha audiencia. Cabe señalar que en los asuntos que dieron origen a la presente contradicción de criterios, los tribunales contendientes conocieron de procesos penales tramitados bajo el sistema penal acusatorio y oral, en los que en la audiencia de formulación de la imputación, tanto el acusado como su defensor no controvirtieron o lo hicieron de manera deficiente, los datos de investigación en que el Ministerio Público apoyó la imputación respectiva y que dio origen al dictado del auto de vinculación a proceso que constituyó el acto reclamado. Por tanto, previamente a dilucidar lo anterior, resulta necesario hacer una breve exposición de las características y fundamentos del sistema procesal penal acusatorio y oral que establece el artículo 20, Apartado A, de la Constitución Federal, a partir de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho y que es del siguiente tenor literal: (énfasis añadido). "ARTÍCULO 20 El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.". De la redacción del transcrito precepto constitucional se deriva que uno de los principales objetivos de la citada reforma, consiste en lograr que la decisión de un procedimiento penal sea imparcial y completamente informada, partiendo en principio de que el encargado de tomar tales decisiones sea neutral y pasivo, al tener solamente la responsabilidad de considerar los argumentos en que se sustente la hipótesis a demostrar y los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los datos que ofrezca el imputado y su defensor, con los que pretendan hacerlo; y con base en ello, resolver el caso; dejando a las partes contendientes en el proceso el desarrollo de un papel más activo, al ser éstos los encargados de explicar y sacar las conclusiones de sus posturas, apoyados en los elementos en los que se va a basar la teoría del caso; ello a través de un procedimiento concentrado, ininterrumpido y diseñado para poner énfasis en los argumentos y en el choque de pruebas contrarias presentados por las partes en la audiencia respectiva, por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo) y exista la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. Esto es, se privilegia la preferencia de los argumentos orales y datos de investigación "inmediatos", en vez de argumentos escritos y pruebas "mediatos", pues el hecho de que las partes tengan la responsabilidad de presentar y examinar la evidencia, también aumenta la inmediatez del choque de puntos de vista opuestos. El nuevo procedimiento penal delega la carga de la investigación y la presentación de los datos en que se apoye la imputación o acusación y la defensa, en las partes procesales, restableciendo la imparcialidad del juzgador (énfasis añadido). El principio constitucional de la inmediación que consagra la fracción II del artículo 20, Apartado A, de la Carta Magna, exige que toda audiencia se desarrolle en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; esto es, el juzgador debe tener conocimiento directo del desarrollo de las audiencias y en consecuencia formar su convicción, tanto de la razonabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social y la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, en relación con los datos de la investigación o en su caso, de los datos que se reproduzcan en la audiencia (énfasis añadido). En este aspecto, la oralidad se constituye en instrumento de relevancia primordial que obliga a todas las partes procesales a estar presentes en las audiencias, pues el juzgador debe escuchar en forma directa, sin delegación y sin solución de continuidad, todos los argumentos que en ese momento se le expongan para sostener la imputación o la defensa, así como recibir los datos ofrecidos y cuyo desahogo sea aceptado; es decir, el juez tendrá conocimiento simultáneamente y con igual fuerza, de teorías de un caso, que podrán ser completamente contradictorias, cuyo debate permitirá el acceso directo a los medios de convicción; es de precisar que la oralidad no se limita únicamente a la argumentación y contra-argumentación que se realiza en torno a los datos en que aquéllos se sustenten, pues de igual forma se celebran en audiencia pública diversas diligencias y actuaciones procesales, en las que las partes tienen la misma oportunidad de intervención (énfasis añadido). Esto es, el nuevo sistema procesal penal, garantiza a través del principio de contradicción, la igualdad procesal de las partes que consagra la fracción V del artículo 20, Apartado A, en la medida en que a las partes procesales se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria, para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio la manera cómo formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Esto es, tanto el Ministerio Público, como el imputado y su defensor deben exponer al juzgador su versión de los hechos, con base en los datos que cada uno de ellos aporte a fin lograr convencerlo de su versión, la cual ha sido denominada en la literatura comparada como "teoría del caso", definida en el libro Trial Techniques de Mauet Thomas A; Aspen Law & Business, Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, New York 5ª. Edición 2000, página 24, como una clara y simple historia sobre lo que "realmente sucedió" desde su propio punto de vista. Debe ser consistente con la evidencia no controvertida y con su propia versión de la evidencia controvertida y la aplicación del derecho sustantivo. No sólo debe demostrar qué ocurrió, sino que además debe explicar por qué las personas en la historia actuaron de la manera como lo hicieron. Debe ser una historia persuasiva que será la base de su evidencia y argumentos durante el juicio (énfasis añadido). La teoría del caso se constituye así, en la idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada parte a fin de explicarlos y determinar su relevancia, dotándolos de consistencia argumentativa, para establecer la hipótesis procesal que pretende demostrarse y que sustentará la decisión del juzgador, la cual tendrá que vincularse con los datos que se aporten para desvirtuar aquéllos en que se apoyen las afirmaciones de su contraparte; esta intervención de las partes procesales puede resumirse de la siguiente manera: presentación, argumentación y demostración. La teoría del caso precisamente se basa en la capacidad narrativa de las partes para dar contexto a su teoría jurídica, ya sea ésta la de acreditar un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, o bien, alguna excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se realice en contra del imputado, desvirtuando las evidencias en que ésta se apoya (énfasis añadido). Todo lo anterior, tendrá que persuadir al juez -quien actúa como un tercero imparcial-, al analizar las teorías del caso y que constituyen lo que realmente sucedió -de acuerdo al punto de vista de quien las planteó- y los datos en que se apoya cada una de éstas, con el objeto de establecer la verdad formal o procesal, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, cobrando con ello plena vigencia el principio de legalidad en materia penal. De igual forma, de acuerdo al principio de contradicción el ofrecimiento, presentación y desahogo de los datos de investigación o los datos ofrecidos por el imputado y su defensor, según sea el caso, queda bajo el control de todos los sujetos procesales (Ministerio Público, imputado y su defensor, ofendido o víctima del delito y demás partes intervinientes), con el fin de que tengan la oportunidad de intervenir en la audiencia donde se lleve a cabo la recepción de aquéllos, verificando la forma en que se introducen al proceso; haciendo toda clase de preguntas y observaciones, siempre y cuando sean pertinentes y conducentes con el fin que se pretende con tal intervención, de modo tal que tanto el Ministerio Público, como el imputado y su defensor, pueden participar activamente, inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso (peritos, testigos, etc.); solicitando y realizando aclaraciones y apreciando la manera en que su contraparte realiza esa misma labor, pudiendo controvertirlas para apoyar su teoría del caso (énfasis añadido). En tal virtud, las partes también se encuentran obligadas desde la etapa de investigación a proporcionar la fuente de origen de los referidos datos, a fin de que tanto su contraparte, como el juez de control o juez de garantía puedan verificar la legalidad de las actuaciones. Esto es, el principio de contradicción adquiere mayor relevancia, habida cuenta que desde el inicio de la investigación, el imputado y su defensa podrán tener acceso a los registros de investigación y el Ministerio Público se encuentra obligado, por el deber de lealtad, a proporcionarles la información que necesiten, a no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, e inclusive informarles si decide no incorporar algún elemento al proceso que pudiera favorecerles; así como también al solicitar una orden de aprehensión, el órgano investigador debe señalar las razones que sustenten su pretensión, precisando cuáles fueron los datos de investigación que sirvieron de fundamento a la misma, de tal suerte que tanto el imputado como su defensor, cuenten con la información suficiente para desvirtuar oportunamente los hechos que se le atribuyen. Con lo anterior, el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, permite que desde la etapa preliminar o de investigación no formalizada la defensa pueda tener acceso a los datos de investigación de los cuales el Ministerio Público ha establecido que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, para que de esa forma, de acuerdo con el imputado, puedan preparar y presentar, al momento de realizarse la formulación de la imputación, aquéllos datos que puedan confrontarlos en la audiencia que se celebre ante el juez de control o juez de garantía, a fin de sostener su teoría del caso y éste pueda contar con la mayor información para, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción I, lograr el esclarecimiento de los hechos la protección del inocente, así como evitar que el culpable quede impune. De lo antes reseñado, se obtiene que el sistema procesal penal acusatorio y oral, se sustenta de los principios de inmediación y contradicción, al consagrar en favor de las partes procesales el derecho a tener, desde el inicio de la investigación, acceso directo a todos las datos que obran en el legajo o carpeta la investigación que lleva el Ministerio Público (exceptuándose los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública -la que se desarrollará en presencia del juez de control o juez de garantía- en que se incorporen y desahoguen los mismos, presentando en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; controvertirlos o bien hacer las aclaraciones que estimen pertinentes. Dichos principios se reflejan a su vez en la garantía de igualdad procesal de las partes para sostener la acusación o la defensa, respectivamente, consagrada por la fracción V del artículo 20 Apartado A, de la Constitución Federal, la cual se encuentra prevista en los artículos 15 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca y 13 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que respetan, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos y facultades de las partes, previstos en las constituciones federal y local, así como en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Todo lo cual cumple con lo dispuesto por la fracción X del Artículo 20, Apartado A, de la Constitución Federal, que establece que los principios previstos en este artículo (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación), se observarán también en las audiencias preliminares al juicio". De lo expuesto se obtiene que el proceso penal acusatorio y oral contemplado en el artículo 20 de la Constitución Federal se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Los principios citados tienen como propósito y objetivo lo siguiente: Publicidad: principio que se traduce en el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. Contradicción: en él se consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el ministerio público o el juez de control, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezcan en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta o legajo de investigación, así como los que sean ofrecidos en su contra. Concentración: este tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: principio que tiene por objeto limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: que implica que todas las audiencias se desarrollen en presencia del mismo juez, sin que pueda delegarse en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Así mismo, en dicho sistema penal la oralidad constituye un instrumento de relevancia primordial que marca una estructura general en el procedimiento para dar consecución a los principios de contradicción, inmediación y publicidad. En el procedimiento acusatorio, adversarial y oral se privilegia la preferencia de los argumentos orales y datos de investigación inmediatos, en vez de argumentos escritos y pruebas mediatos, pues el hecho de que las partes tengan la responsabilidad de presentar y examinar la evidencia, también aumenta la inmediatez del choque de puntos de vista opuestos. Este nuevo proceso delega la carga de la investigación y la presentación de los datos en que se apoya la imputación o acusación y la defensa, en las partes procesales, estableciendo la imparcialidad del juzgador. La oralidad como instrumento rector obliga a todas las partes procesales a estar presentes en las audiencias, pues el juzgador debe escuchar en forma directa y continua, sin delegación alguna, todos los argumentos que en ese momento le sean expuestos para sostener la imputación o la defensa. De tal forma que la oralidad debe imperar en dicho proceso penal por mandato constitucional para privilegiar los argumentos de manera verbal, no solo por su diferencia con el sistema tradicional basado en lo escrito, sino porque en esa característica está basada la estructura general del procedimiento, constituyendo una herramienta indispensable para el desarrollo de los principios de inmediación, publicidad y contradicción. Por tanto, se deduce que la oralidad no solo rige la etapa de juicio oral, sino las actuaciones preliminares como el momento en que se da a conocer la imputación y al establecer los datos en que se apoya la solicitud de vinculación a proceso, donde la exposición de las partes debe hacerse bajo argumentos o explicaciones orales para lograr la efectividad de los citados principios. Es oportuno destacar que en la exposición de motivos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de diecinueve de diciembre de dos mil seis, relativa a la reforma y adición del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señaló: "No se considera prudente ni apropiado que la Constitución explique los alcances de cada uno de estos principios. Para que no existan dudas sobre su significado se propone en uno de los artículos transitorios del presente proyecto de reforma, que el Congreso de la Unión emita en un plazo máximo de un año la "Ley del Debido Proceso Legal", en la cual se detallarán éstos y otros conceptos incluidos en el artículo 20. De esta manera se respeta la idea de que la Constitución debe contener solamente las líneas maestras que rigen al Estado, las determinaciones más importantes para una sociedad, sin convertirse en un diccionario de términos jurídicos o en una norma de carácter reglamentario. Luego del párrafo mencionado en el que se explicitan los principios generales, se propone la inclusión de diversas fracciones en las que se enumeran los derechos de las personas vinculadas a un proceso penal y los derechos de las víctimas u ofendidos por la comisión de un delito". Acorde con ello, el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al que se desarrolló el procedimiento en la causa penal de origen, en sus artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 44 establece: "Artículo 4o. Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. Artículo 5o. Principio de publicidad. Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución, este Código y los acuerdos generales que emita el Consejo. Artículo 6º. Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código. Artículo 7o. Principio de continuidad. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este Código. Artículo 8o. Principio de concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este Código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este Código. Artículo 9o. Principio de inmediación. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes. Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen. Artículo 12. Principio de juicio previo y debido proceso. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un Órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen. Artículo 13. Principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código". "Artículo 44. Oralidad de las actuaciones procesales. Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. El Órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Sólo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones; la parte interesada en dar lectura a algún documento o registro, solicitará al juzgador que presida la audiencia, autorización para proceder a ello indicando específicamente el motivo de su solicitud conforme lo establece este artículo, sin que ello sea motivo de que se reemplace la argumentación oral". De los preceptos legales trascritos se tiene que los principios contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales son: publicidad, contradicción, continuidad, concentración, inmediación, igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso y presunción de inocencia. En cuanto a la formalidad que debe observase en los actos procedimentales se estableció que las audiencias se desarrollaran de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio para ello. Para cumplir con la oralidad en cita, el juez de control deberá propiciar que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto; sin embargo, podrán leerse solamente registros de la investigación para apoyo de memoria, o bien, para demostrar o superar contradicciones. En tal virtud, la parte interesada en dar lectura a algún tipo de documento o registro, deberá hacer la solicitud al juez de control, con indicación del motivo de tal petición, para que éste, en su caso, emita la autorización correspondiente, sin que con ello se remplace la argumentación oral a la que están obligadas las partes. Ahora, de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento acusatorio y oral 1887/2015 C.N., contenidas en archivos informáticos almacenados en los discos versátiles digitales (DVD) remitidos por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado; las que son valoradas de conformidad con la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL"; se desprende lo siguiente: I. En la audiencia inicial donde se formuló imputación, el representante social al exponer los hechos que se atribuyen a la imputada, aquí quejosa, fecha, lugar y modo de comisión, así como la forma de intervención, lo hizo con base en la lectura total a un documento que obra en la carpeta de investigación. II. Al solicitar oportunidad para vincular a proceso, expuso como antecedentes diversos datos de prueba de la carpeta de investigación dando lectura íntegra a los mismos. En efecto, el agente del Ministerio Público al formular imputación y establecer los antecedentes en que apoya la solicitud de vinculación a proceso, se limitó a leer los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, sin exponer al juez, como debía, de manera oral, no leída, las circunstancias en que debe basar la imputación y la solicitud de vinculación, es decir, la representación social no expuso de suyo algún argumento, explicación o narración con respecto a los hechos materia de debate. En tal sentido, la falta de argumentación o explicación que debió efectuar el representante social después de que indebidamente leyó los documentos en que apoyó su imputación y solicitud de vinculación a proceso, permite concluir que desconoce los pormenores del asunto, con lo que se demerita la efectividad de los principios de contradicción e inmediación en perjuicio de la imputada. Además, si bien es cierto que la ley permite leer algún documento o registro para refrescar la memoria, demostrar o superar una contradicción, también lo es que no debe llegarse al extremo de leer todos los antecedentes que obran en la carpeta de investigación ni pensar que dicha lectura sustituye la argumentación o explicación que debe realizarse con respecto a esos antecedentes de prueba, pues se reitera, ello solamente refleja desconocimiento del caso que se expone, contrariando en todo sentido los principios del nuevo proceso penal. En ese contexto, se considera vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, pues tanto en la audiencia inicial como en su continuación, al formularse vinculación, se incumplió con una formalidad primordial y relevante como la oralidad a que deben sujetarse las partes en el procedimiento para lograr la efectividad de cada uno de los principios rectores de ese nuevo sistema penal. Luego, tal infracción impide que los datos en que se apoya la imputación y la solicitud de vinculación a proceso, se expongan con base en argumentos, narrativas y explicaciones orales, siendo que dicha oralidad es esencialmente importante para el cumplimiento efectivo en los principios de contradicción, inmediación y publicidad. Así pues, se deduce que se inobservaron los artículos 20, párrafo primero, de la Constitución Federal y 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que, por una parte, el representante social fue omiso en cumplir con la oralidad, y por la otra, el juez de control no propició que se abstuviera de leer documentos completos de la carpeta de investigación tanto en la audiencia inicial en que se formuló imputación, como en la de continuación a ésta en que se informaron los antecedentes que sustentan la solicitud de vinculación a proceso. Esto es, se vulneró el derecho fundamental de debido proceso en contra del aquí quejoso, que amerita sea subsanado, pues el agente del Ministerio Público sin pedir autorización al juez de control, dio lectura total a los documentos que obran en la carpeta de investigación en dos momentos, al formular imputación y exponer los antecedentes que sostienen la vinculación a proceso. Como sustento de lo anterior, se cita la tesis que sostiene el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que comparte este Tribunal, visible en la página 1289 del libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA EVENTUAL INFRACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO AL PRINCIPIO DE ORALIDAD EN ÉSTA NO VULNERA DIRECTA E INMEDIATAMENTE DERECHOS FUNDAMENTALES SUSTANTIVOS, NO OBSTANTE, DICHA VIOLACIÓN PROCESAL DEBE REPARARSE POR EL JUEZ A FIN DE CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS). Los artículos 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como eje toral del nuevo proceso penal mexicano, y 3 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, establecen que el sistema penal de corte acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, de los cuales se advierte que su observancia se desarrolla bajo una oralidad, esto es, un instrumento de expresión verbal en el que se basan dichos principios. Así, en el nuevo sistema penal acusatorio, la oralidad constituye un instrumento de relevancia primordial, pues marca una estructura general del procedimiento, que estrictamente se refiere a una norma de comunicación -referencia verbal-, lo que debe entenderse como la obligación de que las partes estén presentes en las audiencias, para que se comuniquen de forma hablada (no escrita), de manera tal que el juzgador escuche directamente todos los argumentos que en ese momento se le expongan para sostener la imputación o la defensa, así como recibir los datos que se ofrezcan. Ahora bien, la eventual infracción del Ministerio Público al principio de oralidad en la audiencia de vinculación a proceso, como norma de comunicación del sistema penal acusatorio, no vulnera directa e inmediatamente derechos fundamentales sustantivos, pero sí adjetivos o procesales, los que junto con el cumplimiento de los principios rectores de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, constituyen la forma en que debe regirse dicho sistema, cuyo incumplimiento debe repararse por el Juez para otorgar al imputado un debido proceso y la oportunidad de defensa previamente al acto privativo, ya que el respeto a éste impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior, porque aun cuando la oralidad tiene una previsión constitucional, ello no cambia su naturaleza procesal, cuya nota distintiva consiste en regular una determinada fase jurisdiccional, cuya infracción es reparable por la autoridad de instancia". Por otra parte, los artículos 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 y 315, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público solicite la procedencia de prisión preventiva dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte el auto de vinculación a proceso. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia. Artículo 308. Control de legalidad de la detención Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código. Ratificada la detención en flagrancia o caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a prisión preventiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor. En el caso de que, como medida cautelar, el Ministerio Público solicite la prisión preventiva y el imputado se haya acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia. El imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirijan con respecto a ésta y se le exhortará para que se conduzca con verdad. Se le preguntará al imputado si es su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefiere que éstos sean anotados por separado y preservados en reserva. Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus derechos procesales relacionados con este acto y que lo que declare puede ser utilizado en su contra, se le cuestionará si ha sido asesorado por su Defensor y si su decisión es libre. Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el Asesor jurídico de la víctima u ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa podrán dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a responder las que puedan ser en su contra. En lo conducente se observarán las reglas previstas en este Código para el desahogo de los medios de prueba. Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código. Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Artículo 312. Oportunidad para declarar Formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad. Artículo 314. Incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, en el plazo constitucional o su ampliación, solicitar el desahogo de medios de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado" (énfasis añadido). De la trascripción de los anteriores preceptos se advierte que la audiencia inicial se desarrollará en la forma siguiente: Se informarán al imputado sus derechos constitucionales si con anterioridad no se le hubieren informado; Se realizará el control de legalidad de la detención (en su caso); Se formulará imputación; Se dará la oportunidad de declarar al imputado; Se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares; y Se definirá el plazo para el cierre de investigación. La formulación de imputación es la comunicación que el agente del Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de control, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. El representante social podrá formular imputación a una persona en libertad cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado que fue citado con motivo de una orden de aprehensión o comparecencia. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia o ejecución de una orden de aprehensión en su contra, después de haber ratificado de legal la detención (en su caso) y hecho del conocimiento los derechos fundamentales de que goza dentro del procedimiento, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido, así como el nombre de su acusador. Formulada la imputación el juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo; si decide guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra, y si manifiesta su deseo de declarar, su declaración deberá rendirla conforme a lo que dispone la ley para ese efecto. Así mismo, el representante social podrá formular imputación a una persona detenida en flagrancia o caso urgente, después de que el juez de control califique de legal la detención, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su defensor. En caso de que el Ministerio Público solicite como medida cautelar la prisión preventiva y el imputado se haya acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares se realizará previó a la suspensión de la audiencia. Ya en particular, para hacer efectivo el derecho de defensa constitucionalmente salvaguardado, se estima conducente determinar el momento procesal en que el ministerio público debe solicitar la vinculación a proceso. Al respecto, el citado artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que después de que el imputado haya emitido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso; previo a explicar al imputado los momentos en que puede resolverse la solicitud que desea plantear el representante social, lo cuestionará si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo constitucional o si solicita la ampliación de éste. Asimismo, dicho numeral previene que en caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad de éste, el Ministerio Público en ese momento deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, por su parte, el juez de control resolverá lo conducente (sobre la vinculación o no) después de escuchar al imputado. En cambio, si el imputado manifiesta su deseo de que se resuelva su vinculación a proceso dentro del plazo señalado en el artículo 19 constitucional, o solicita la ampliación de éste, el juez de control deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro del plazo solicitado por el imputado. Por tanto, la audiencia de vinculación a proceso debe celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a disposición o que compareció a la audiencia de formulación de la imputación. En este punto, se considera pertinente reiterar el contenido del segundo párrafo del mencionado artículo 313 que textualmente dice: ".En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad de la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado". Es cierto que de lo transcrito se lee que cuando el imputado no se acoja al plazo constitucional ni a su duplicidad, el Ministerio Público debe solicitar y motivar en ese momento la vinculación del imputado a proceso. De manera que en este supuesto no existe duda alguna en cuanto al momento procesal en que el ministerio público debe solicitar la vinculación a proceso, ya que la ley es clara al respecto y no admite alguna otra interpretación, pues expresamente señala cuándo debe realizar esa petición el fiscal. Ahora, el problema se presenta cuando el imputado sí se acoge al plazo constitucional o a su ampliación, ya que de una primera lectura en sentido contrario de ese mismo precepto en la parte que dice "En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso.", pudiera dar pauta para pensar que cuando se acoge al plazo o duplicidad, el Ministerio Público puede solicitar la vinculación a proceso en la nueva fecha que señale el juez de control para la continuación de la audiencia inicial, esto es, una vez trascurrida la prórroga solicitada por el imputado. Sin embargo, esa interpretación no es la más favorable para el imputado ni es acorde con la secuela procesal que establece el propio código y tampoco asegura una adecuada y efectiva defensa, por lo que esa disposición debe analizarse con base en una interpretación pro persona conforme al sistema de normas que rigen en esa etapa al proceso penal acusatorio y oral, como enseguida se explica. En principio, uno de los requisitos para vincular a proceso al imputado es que éste haya tenido oportunidad de declarar. El momento donde surge esa posibilidad es una vez formulada la imputación y cuando existe la certeza que el destinatario la comprendió, pues es en ese momento cuando el juez le pregunta si es su deseo contestar los cargos rindiendo, si así fuere, en ese acto su declaración. Tan luego como el imputado haya emitido su declaración o manifestado el derecho de no hacerlo, en lo que importa, el juez se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el ministerio público, hecho lo cual, le cuestionará si desea que se resuelva sobre su vinculación en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. Con base en lo anterior, se pueden apreciar cuatro prerrogativas defensivas del inculpado una vez que conoce de la investigación que la representación social desarrolla en su contra (imputación), que son: su derecho a declarar, a no hacerlo, a que se resuelva de inmediato su situación jurídica o bien a gozar del beneficio del plazo constitucional o de su ampliación. Como dato singular se apunta que hasta ese momento las disposiciones procesales no han dado espacio para la solicitud de vinculación a proceso, o sea, el Ministerio Público no ha expuesto los antecedentes de la investigación de los que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Independientemente de lo anterior, destaca de manera importante que haya o no el imputado rendido su declaración, o haya o no decidido sobre el momento en que debe decidirse sobre su situación, la legislación contempla el término "plazo constitucional". En ese sentido, en este sistema el beneficio de acogerse al plazo constitucional conforme al artículo 19 de la Carta Magna está íntimamente vinculado con el derecho de defensa adecuada del imputado contemplado en el artículo 20, apartado B, fracción IV, también de la Ley Suprema, que se traduce en la posibilidad real de ofrecer los datos de prueba durante ese periodo que estime pertinentes para apoyar su defensa, esto es, esos datos de convicción tienen como finalidad tanto desvirtuar el hecho considerado como delito, como desvirtuar la probabilidad de que cometió o participó en su comisión imputada por el representante social. De ahí que se vulnera el derecho de defensa del imputado cuando después de trascurrido el plazo constitucional o su ampliación, el Ministerio Público solicita la vinculación a proceso y expone los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, así como que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior es así, debido a que a fin de que el imputado tenga la posibilidad real de desvirtuar durante el plazo constitucional o su ampliación los antecedentes de la investigación aportados en su contra, debe conocer previamente la exposición del Ministerio Público en la que funda la solicitud de vinculación a proceso, esto es, los motivos y los datos de prueba con los que se considera que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión, ya que sólo en esas circunstancias podrá ser efectivo su derecho de defensa, es decir, sólo así podrá aportar datos de prueba para desvirtuar esos antecedentes. No pasa por alto que podría estimarse que el imputado adquiere esa posibilidad de defensa desde el momento en que el Ministerio Público formula la imputación, pero lo cierto es que no ocurre así, debido a que conforme al artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como parte de la comunicación al imputado en presencia del juez de control de que se desarrolla una investigación en su contra, al formular la imputación el Ministerio Público únicamente tiene la obligación de informarle verbalmente el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que se le atribuye, así como el nombre de su acusador; empero, el representante social no tiene el deber de informar en ese momento los motivos ni los datos de prueba con los que considera que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que esa exigencia surge hasta que solicita la vinculación a proceso y frente a esa petición, conforme al tercer párrafo del artículo 19 constitucional, el imputado tiene del derecho de solicitar el beneficio del plazo previsto para que el juez resuelva su situación jurídica, esto, con el fin de que pueda oponer las defensas que estime convenientes para destruir los antecedentes en los que se funda esa pretensión del fiscal, como ha quedado expuesto. Entonces, para que sea efectivo el derecho de defensa del imputado cuando solicita el beneficio del plazo constitucional o su ampliación, previamente, el Ministerio Público debe solicitar la vinculación a proceso y exponer en la misma audiencia los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, habida cuenta que solamente de esa manera el imputado cuenta con la oportunidad real de recabar los medios de prueba durante dicha ampliación para desvirtuar los señalamientos que en su contra realiza el Ministerio Público para vincularlo a proceso. Estimar lo contrario, esto es, que el Ministerio Público puede solicitar la vinculación a proceso y exponer los antecedentes de la investigación después de transcurrido el plazo constitucional o su prórroga, solicitada por el imputado, haría nugatoria la posibilidad de ofrecer datos de prueba para desvirtuarlos y, por ende, nulo el derecho de defensa que le otorgan al imputado los artículos 19 y el 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución General de la República. Además, lo anterior es acorde con el propio sistema establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para la continuación de la audiencia cuando el imputado solicita acogerse al beneficio del término constitucional o su ampliación. En efecto, el artículo 315 del mismo código adjetivo penal, establece "La continuación de la audiencia inicial.", esto es, la que se suspendió por la solicitud del imputado, ".comenzará, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso". Como se ve, la continuación de la audiencia en la que el imputado se acoge al beneficio del plazo constitucional o su ampliación, conforme al citado artículo 315 inicia con el desahogo de los medios de prueba que el imputado haya ofrecido o presentado durante ese lapso, en caso de existir pruebas para desahogar, para lo cual se deben seguir las reglas establecidas para la audiencia de debate de juicio oral. En otras palabras, la audiencia que fija el juez de control una vez que trascurre el plazo constitucional, inicia con el desahogo de las pruebas que el imputado haya recabado durante ese lapso, pero posterior a ello no le otorga expresamente la oportunidad procesal al Ministerio Público de hacer la solicitud formal de vinculación a proceso ni la exposición de los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En este punto, conviene reiterar que si bien el artículo 315 prevé el uso de la palabra a favor del Ministerio Público en la audiencia que se celebra una vez trascurrido el plazo constitucional o su ampliación, la verdad es que esa intervención es con el único fin de que, con base en el principio de contradicción, pero sobre todo privilegiando la unidad y coherencia del proceso, participe exponiendo lo que considere conveniente en el debate relacionado con la eficacia demostrativa de los datos de prueba, ya que luego con la misma finalidad se le otorga el uso de la voz al imputado, pero, se reitera, no contempla una oportunidad para solicitar la vinculación a proceso y, tampoco, para exponer los antecedentes de la investigación, pues conforme a lo expuesto esos actos debe realizarlos antes de la suspensión de la audiencia, esto es, inmediatamente después de que el imputado decide si se acoge al plazo constitucional o su ampliación, en términos del segundo párrafo del artículo 313. Es cierto, que el principio de contradicción que rige en este sistema permite el ejercicio efectivo del derecho de defensa, pues con él se otorga a la fiscalía y a la defensa la misma oportunidad para conocer y comentar las observaciones documentadas y evidenciadas aducidas por la otra parte; es aquí donde surge el control horizontal de este proceso en que aquéllas refutan las pruebas que cada una ofrece para demostrar la existencia o no del hecho delictivo o la participación o no participación del imputado en su comisión. Sin embargo, la forma de interpretar y definir el momento adecuado de la solicitud de vinculación cuando el imputado se acogió al beneficio del plazo constitucional o su ampliación no riñe con ese principio horizontal de control, en principio, porque el derecho de defensa que deriva del artículo 19 de la Constitución, también es de rango fundamental y de cuidado prioritario y, por lo demás, porque no obstante que la carpeta de investigación está al alcance de la defensa y que de ahí se puede advertir su contenido, no debe olvidarse que la solicitud de vinculación implica un ejercicio argumentativo en donde se entrelazan datos de prueba, su alcance, su relación con los hechos materia del proceso, la relación causal existente, etcétera, con el fin de poner de manifiesto un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión. De esta suerte, para privilegiar el derecho de defensa, no es lo mismo conocer cómo se desplegó una solicitud de vinculación, que lisa y llanamente el contenido de la carpeta de investigación, pues por más que se extraigan los principios del nuevo modelo procesal penal, de simples datos y documentos no es posible conocer cómo la fiscalía los va a engarzar para armar una teoría del caso. Entonces, más bien lo que se busca es privilegiar un estatus con armonía y coherencia en las reglas procesales. Finalmente, tampoco es el caso de verificar si existió o no trascendencia del momento de solicitud de vinculación, para efecto del dictado de la propia resolución en tal sentido. Lo anterior es así ya que es factible advertir que la legislación no prevé expresamente la posibilidad de solicitar la vinculación una vez que venció el término constitucional, de manera que si se ve de esa forma tendrá que concluirse que la trascendencia o no va a depender siempre de una infracción a la ley, lo cual es inadmisible. Pero además, la integración de la ley procesal conjuntamente con los principios de defensa dan pauta a establecer un momento adecuado para solicitar la vinculación a proceso cuando el imputado se acogió al beneficio del artículo 19 constitucional, lo cual es, precisamente, la labor de los tribunales, no para oponer trabas, sino para privilegiar armónicamente los fines de un sistema. Precisado lo anterior, cabe señalar que en las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento acusatorio y oral 1887/2015 C.N., contenidas en archivos informáticos almacenados en los discos versátiles digitales (DVD) remitidos por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, cuya valoración se realizó anteriormente, se desprende lo siguiente: 1. La audiencia inicial se desarrolló con la formulación de imputación y se llevó a cabo a partir de las nueve horas treinta minutos del dos de diciembre de dos mil quince, por el Juez Enrique Guerrero Huizar. Es decir, se actualizó el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 309 del aludido código nacional adjetivo penal, en el sentido de que el Ministerio Público tenía la obligación de formular la imputación, solicitar la vinculación a proceso, así como la aplicación de las medidas cautelares en la misma audiencia, o sea en la audiencia inicial, que convocó una vez que compareció el imputado, conforme a la hipótesis analizada en el presente fallo. Iniciada la audiencia y, en esencia, el juez del conocimiento interrogó a la imputada, aquí quejosa, si le habían dado a conocer sus derechos constitucionales, a lo que respondió que sí; luego, procedió a recabar los datos personales de la antes mencionada, y se le designó defensor para que la asistiera. Luego, el juez del proceso preguntó al Ministerio Público si tenía alguna solicitud, a lo que ésta manifestó que solicitaba oportunidad para formular imputación; enseguida, dicho representante social procedió a la formulación de imputación (9:35). Seguida la audiencia, previo cuestionamiento del juez la imputada Olivia Hortensia Chávez Fuentes, indicó su deseo de guardar silencio (9:45); luego, el Ministerio Público solicitó del juez de control oportunidad para vincular a proceso a la imputada (9:45), en ese momento el juzgador le informó a la imputada que para resolver la petición del Ministerio Público se le otorga un plazo a su favor que es de tres días, mismo que puede ampliar a seis días, plazo durante el cual se le pueden admitir las pruebas que estime pertinentes, o bien puede renunciar a esos plazos y en esa audiencia se resolverá si se le vincula o no a proceso, que lo comentara con su defensor, en respuesta, la imputada pidió la duplicidad del término constitucional (9:46), para ese efecto el juez de control señaló el las trece horas del cuatro de diciembre del dos mil quince (9:47), lo anterior según lo dispuesto en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por otra parte, en atención a la petición del Ministerio Público, el juez de control decretó como medida cautelar, la de prisión preventiva (9:52); y, finalmente, se declaró cerrada la audiencia (9:55). 2. A las quince horas diez minutos del cuatro de diciembre del dos mil quince, continuó la audiencia inicial (vinculación a proceso) presidida por el propio Juez Enrique Guerrero Huizar, la cual inició de manera extemporánea en virtud que la imputada se encontraba en otra audiencia; luego, en la cual después de individualizar a las partes comparecientes, cuestionó a la defensa de la imputada si tenía pruebas por desahogar, quien señaló que no tenía diversas pruebas que ofrecer (15:35); luego, el juez otorgó el uso de la voz a la Ministerio Público, quien en ese momento efectúo la exposición de los antecedentes de la investigación con los que consideró que existen datos que establecen que se cometió el hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (15:37); posteriormente, el juez de control decretó vinculación a proceso, a la imputada aquí quejosa Olivia Hortensia Chávez Fuentes, por su probable participación en la comisión de los mencionados hechos señalados por la ley como delito (18:26). Así pues, con los antecedentes expuestos, se pone de manifiesto que en el caso particular, el Ministerio Público debió formular la imputación y, enseguida solicitar la vinculación a proceso y exponer los motivos, así como los datos (antecedentes) de prueba con los que consideró que se cometió el hecho atribuido a la imputada y que existe la probabilidad de que el imputado de referencia lo cometió o participó en su comisión conforme al artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inmediatamente después de que la imputada manifestó que no era su deseo rendir declaración y solicitó el plazo constitucional ampliado, es decir, desde la misma audiencia inicial de dos de diciembre de dos mil quince. De manera que se vulneró el derecho de defensa de la imputada Olivia Hortensia Chávez Fuentes, así como el debido proceso, en términos de los artículos 19 y 20, apartado B, fracción IV, constitucionales, al igual que los numerales 313 y 315 del código adjetivo penal invocado, en virtud de que la ministerio público solicitó la vinculación a proceso y expuso los antecedentes de la investigación con los que consideró que existen datos que establecen que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito que se le reprocha y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en un momento no autorizado por la ley, en concreto, en la continuación de la audiencia inicial verificada el cuatro de diciembre de dos mil quince, esto es, en un momento procesal que, de acuerdo con una interpretación asociada con el efectivo derecho de defensa, no está permitido conforme al artículo 313 de la legislación nacional procesal penal citada, ya que en esa secuela sucesiva de la audiencia sólo se autoriza la intervención del Ministerio Público en el debate probatorio, mas no para solicitar la vinculación a proceso ni para introducir los datos de prueba en los que la sustenta, lo que se traduce en la inobservancia al debido proceso, puesto que se obstaculizó la posibilidad de la imputada a ejercer una adecuada defensa, dado que no tuvo la oportunidad de desvirtuar esos antecedentes el término constitucional, desnaturalizando con ello la finalidad de la prórroga establecida para tal efecto como un derecho constitucional. En consecuencia, debe concederse el Amparo y la Protección de la Justicia Federal solicitados, para los efectos siguientes: Que el juez de control responsable deje insubsistente tanto la audiencia inicial como la continuación de ésta verificadas el dos de noviembre de dos mil quince y el cinco del mismo mes y año y en su lugar, reponga el procedimiento conforme a lo siguiente: a).- Ordene la reposición del procedimiento a partir del inicio de la audiencia de formulación de imputación de dos de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que el agente del Ministerio Público formule de forma oral la imputación, y en caso de que el imputado se acoja al plazo constitucional o su ampliación, para que dicha representación social en ese momento solicite y funde la vinculación a proceso, exponiendo oralmente (argumentos y explicaciones) los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión, en términos del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, luego se señale la fecha y la hora en la que deberá continuar la audiencia. b).- En el entendido de que el juez de control, en observancia a lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución Federal y 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá propiciar que la representación social sin perjuicio de las prerrogativas previstas en la ley, se abstenga de dar lectura a documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestran falta de argumentación y desconocimiento del asunto, a efecto de salvaguardar la oralidad del procedimiento, y con ello, el derecho de defensa y el de debido proceso del imputado aquí quejoso. c).- Hecho lo anterior, la autoridad judicial responsable deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado, con base en los lineamientos arriba referidos. Cabe precisar que el presente fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito ni sobre la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implica un obstáculo para emprender dicho análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del juez de control que presida la audiencia para decidir lo que en derecho corresponda. Cabe mencionar que similar criterio fue sostenido por el Segundo Tribunal Colegido del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 26/2015, interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 662/2015 del índice de este Juzgado Federal. SEXTO. Finalmente, en tanto que las partes contendientes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en el que se les hizo de su conocimiento tal circunstancia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental en relación con los diversos numerales 6, 7, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; se suprimirán los datos sensibles que pueda contener tal fallo, sin que tal supresión impida conocer el criterio de este tribunal. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Olivia Hortensia Chávez Fuentes, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, juez Sexto de Control del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, en los términos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta determinación. SEGUNDO. Cúmplase lo establecido en el considerando sexto de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Ruperto Triana Martínez Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango, ante el licenciado Víctor Fermín González Valenzuela, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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