OLIVIA HERNÁNDEZ MORALES y Otros.

Expediente 1849/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 28 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1849/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Olivia Hernández Morales
  • OLIVIA HERNÁNDEZ MORALES y Otros.
  • Gobernador Constitucional del Estado Libre Y Soberano de Tamaulips, Con Domicilio En el Palacio de Gobierno del Estado, Ciudad
  • Héctor Lira Sosa
  • HÉCTOR LIRA SOSA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar el escrito de cuenta firmado por el autorizado de la quejosa a través del cual solicita la devolución de los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, a lo que se provee: Como lo solicita el promovente devuélvansele los documentos que exhibió con la demanda de amparo, previo desglose y constancia de entrega que se deje en el sumario y se tiene como autorizado para recogerlos a Narahin Torres Pérez. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1849/2022; promovido por Olivia Hernández Morales y Héctor Lira Sosa, contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Delegación de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, Instituto Registral y Catastral del Estado De Tamaulipas, Congreso del Estado de Tamaulipas, Presidente Municipal de Soto la Marina, Tamaulipas, Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas y Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado vía buzón judicial el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, y turnado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, al día siguiente a este Juzgado, se recibió la demanda de amparo promovida por Olivia Hernández Morales y Héctor Lira Sosa, contra las siguientes autoridades: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- El gobernador Constitucional del Estado Libre y soberano de Tamaulipas, con domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado, cito en Calle Benito Juárez entre Manuel González (15) y 5 de mayo (16) C.P. 87000 de esta Ciudad Capital. b).- Delegación de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en Palacio Federal, Calle 8 Morelos y Matamoros, C.P. 87000 de esta Ciudad Capital. c).- Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Centro Esmeralda, 4to piso Avenida Hidalgo No.- 3309, de la Colonia Guadalupe, C.P. 89120, de Tampico, Tamaulipas, México. d).- Instituto Registral y Catastral del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Boulevard prolongación Práxedis Balboa S/N Parque Bicentenario, C.P. 86630 de esta Ciudad Capital. e).- Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, con domicilio en Avenida Naciones Unidas S/N, prolongación Boulevard Práxedis Balboa, Parque Bicentenario C.P. 87020 de esta Ciudad Capital. f).- El presidente Municipal de Soto La Marina, Tamaulipas; México, con domicilio oficial en Calle Benito Juárez entre Miguel Hidalgo y Felipe de la Garza, de la zona centro de Soto la Marina Tamaulipas. Autoridades de las cuales reclamaron los siguientes actos: IV.- ACTO RECLAMADO. LA ILEGAL DETERMINACIÓN TOMADA POR DICHAS AUTORIDADES PARA DESALOJARNOS DE NUESTRA PROPIEDAD SEÑALADA CON ANTELACIÓN, SIN MEDIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O JUDICIAL ALGUNO QUE ASI LO DETERMINE, que habitamos por más de dieciséis años, mismo que poseemos y habitamos de buena fe, con el carácter de pacífica y continua, en carácter de propietarios, sin que ninguna autoridad nos haya notificado a ningún tipo de juicio, sin que hayamos tenido la oportunidad de ser oidos y vencidos en juicio, tratando de hacer valer y ejecutar un ACUERDO expropiatorio mediante el cual se decreta la expropiación por causa de utilidad pública de un inmueble con superficie de 428,117.95 metros cuadrados Ubicado en el poblado La Pesca del Municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, México, publicado en edición vespertina extraordinario número 24 de fecha 13 de septiembre de 2021, mismo que bajo protesta de decir verdad nunca fuimos llamados a juicio y/o notificados de la ilegal disposición y decreto ordenada por el Gobernador del Estado de Tamaulipas, a su conveniencia, tratando de ejecutar en predios de nuestras propiedades, propiedad que refiere el Acuerdo, mismas que el propio decreto son ilegales ya que la ubicación señalada no precisa ni ubica el predio de nuestra propiedad, toda vez que no se encuentra en el polígono que el decreto señala. La ilegal Convocatoria número 002, publicada en el Periódico Oficial del Estado, de Tamaulipas, número 15 de fecha 03 de febrero de 2022, en nuestro perjuicio, mediante el cual se convoca a las personas físicas y morales, nacionales, que poseen los recursos técnicos , económicos, y demás necesarios para participar en la licitación pública nacional para la enajenación de un inmueble propiedad del Estado de Tamaulipas, ubicado en la Playa La Pesca , en el Poblado La Pesca municipio de Soto La Marina, Tamaulipas. En dicha convocatoria, se nos viola nuestras garantías y derechos de propiedad y posesión ya que la misma, no especifica medidas y colindancias en nuestro perjuicio, siendo a todas luces una pretendida venta de bienes inmuebles los cueles no hemos sido oidos ni vencidos en ningún juicio, no hemos sido citados para alguna indemnización y carece de legalidad toda ves que el H. Congreso del Estado de Tamaulipas, no ha emitido Decreto alguno que avale la venta de bienes de nuestra propiedad y que se pretende adjudicar el Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante una compra fraudalenta simulada, en conclusión con la expedición de dicha Convocatoria aludida en nuestro Amparo se convierte en Privatización en beneficio de un grupo selectivo de personas." SEGUNDO. Trámite. Previa aclaración de demanda, por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número de juicio de amparo 1849/2022; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que ampliara su demanda de amparo en cuanto a la participación en los actos reclamados de las diversas autoridades Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales. En desahogo, por auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a los quejosos por ampliando su demanda de amparo, por lo que se procedió a solicitar de las autoridades responsables su informe justificado. Finalmente, previa secuela la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado en el juicio, se atribuye su ejecución a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que en el presente juicio de amparo de las autoridades responsables, se reclama: La determinación de desalojo de los ahora quejosos del predio que refieren como de su propiedad. La emisión de la convocatoria número 002, por la cual se convoca a la partición de licitación pública nacional para enajenación de un inmueble propiedad del Estado de Tamaulipas, ubicado en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, publicada el tres de enero de dos mil veintidós. La emisión del Decreto de Expropiación publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de septiembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Negativa de actos reclamados a autoridades responsables. En sus informes justificados, las autoridades Director Jurídico del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas (foja 64), Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas (fojas 87 a 93), el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, encargo del despacho de asuntos competencia de la Delegación Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Tamaulipas (foja 107 a 113), el Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas (fojas 189 a 210), y el Presidente Municipal de Soto la Marina, Tamaulipas (fojas 215), al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado; lo anterior, sin que la parte quejosa aportara documentos alguno que de manera fehaciente desvirtuara dicha negativa. Por su parte, el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, en representación del Gobernador del Estado de Tamaulipas, negó el acto reclamado, en cuanto a la determinación de desalojo de la propiedad que refieren los imperantes como suya. En consecuencia, tomando en consideración que la parte quejosa no desvirtuó mediante prueba alguna la negativa de inexistencia de los actos reclamados, en cuanto a las autoridades precisadas en líneas precedentes, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, respecto a las potestades que en el presente apartados se mencionaron. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de acto reclamado a autoridad. La autoridad responsable Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, en representación del Gobernador del Estado, manifestó que es cierto el acto reclamado. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por plenamente probados los actos reclamados a la autoridad responsable. Por otro lado, la autoridad responsable Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente emplazada desde el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós (foja 140). Por consiguiente, ante la falta y omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de rendir su informe, se tienen por presuntivamente cierto el acto reclamado en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se invoca a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. QUINTO. Causas de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la hipótesis normativa que señala la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". La citada hipótesis legal, encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 Constitucional, de conformidad con la cual, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta el artículo 1°, con relación al diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, el objeto del juicio de amparo, así como que la parte quejosa será quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, conviene retomar lo conceptuado en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual contempla para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime titular del derecho subjetivo o interés legítimo, lo que ocurre cuando éste acto lesiona su esfera jurídica, produciendo una afectación real y actual, en forma directa, o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior, se obtiene que la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, y por tanto, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse de forma objetiva para que puedan constituir una afectación real y actual, al tener en cuenta que el derecho que se aduce disfrutar, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina la afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de un agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afectan real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. En ese tenor, si bien es verdad la reforma al artículo 107 Constitucional, sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; sin embargo, también lo es, que dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico, mediante el cual se exige al quejoso, que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste, como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Así, el interés legítimo se puede definir, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Bajo estas consideraciones, es de destacarse que en el artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el legislador estableció, en forma específica lo siguiente: "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". De lo anterior, se obtiene que tratándose de este tipo de actos, como los que en la especie se analizan, es menester que el quejoso señale que es titular de un derecho subjetivo, y que con motivo del actuar de la autoridad, se le irroga una afectación de manera personal y directa; debiendo acreditar la última circunstancia para que sea procedente la acción constitucional que vela el juicio de amparo. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de garantías. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Marzo de 2007, página 1695 del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad." Ahora bien, se rememora que en el presente juicio se reclaman también como actos la emisión de la convocatoria número 002, por la cual se convoca a la participación de licitación pública nacional para enajenación de un inmueble propiedad del Estado de Tamaulipas, ubicado en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, publicada el tres de enero de dos mil veintidós, así como el Decreto de Expropiación publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de septiembre de dos mil veintiuno. En ese orden, si bien respecto a las autoridades que se mencionaron el presente considerando se tuvieron como ciertos los actos reclamados, se debe decir que de las probanzas aportadas por los impetrantes no resultan suficientes para acreditar las afectaciones que refieren se están cometiendo en su contra, y con ello demostrar su interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo. En efecto, si bien de las pruebas aportadas se advierte la propiedad que los quejosos ejercen sobre un predio ubicado en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas que ampara la escritura pública número 2083 (dos mil ochenta y tres), las mismas resultan insuficientes para acreditar que los actos reclamados se están realizando sobre el predio o parte del predio que refieren como de su propiedad. En su caso, los quejosos no aportaron prueba que de manera fehaciente acreditara que dentro de su propiedad se haya ejecutado la orden de lanzamiento que refieren, así como que el mismo se encuentre afectado o comprendido dentro del cuadrante que refiere la convocatoria número 002, de partición de licitación pública nacional para enajenación de un inmueble propiedad del Estado de Tamaulipas, ubicado en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, publicada el tres de enero de dos mil veintidós; ni mucho menos, que con la emisión del Decreto de Expropiación publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, se haya afectado la propiedad de su inmueble; y con esto, se afecte su interés, pues en su caso debió oferta la prueba pericial para así demostrar que efectivamente, se había realizado una invasión a su propiedad o que el mismo se encuentra comprendido dentro del polígono de terreno a licitar y dentro del decreto que ordena la expropiación de terrenos. Efectivamente, si bien una de las responsables en su informe acepto los actos reclamados y la otra fue omisa en rendir su informe justificado, por lo que se presumió cierto el acto atribuido, correspondía a la parte quejosa demostrar que efectivamente, se ve afectado con en cuanto a la propiedad y posesión del predio que refiere como suyo, el respecto, se cita la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 217-228, tercera parte, página 139, materia administrativa, séptima época, número de registro digital 818466, la cual en su rubro y texto dispone: "AGRARIO. BIENES COMUNALES. LA AFECTACION A PROPIEDADES PARTICULARES UBICADAS EN EL AREA RECONOCIDA, DEBE ACREDITARSE MEDIANTE PRUEBA PERICIAL. Para demostrar que hay afectación a su interés jurídico, los particulares deben acreditar que los terrenos de su propiedad, controvertidos en amparo, se encuentran dentro del perímetro reconocido en favor de una comunidad, mediante la prueba pericial, de cuyo resultado pueda precisarse si efectivamente los terrenos que amparan sus respectivas escrituras de propiedad se encuentran ubicados dentro del área comunal, ya que ésta es la única prueba idónea para tal función, pues ni la testimonial ni las certificaciones de presidente municipal resultan adecuadas para acreditar ese extremo." (Lo negrita y subrayado es autoría de este Juzgado) En ese orden, tampoco es óbice a lo anterior el hecho de que los impetrantes en su escrito de demanda haya manifestado bajo protesta de decir verdad que se afectaba un bien de su propiedad, toda vez que esa circunstancia (interés jurídico), como se precisó en párrafos precedentes, debió ser acreditada por la parte quejosa con medio de prueba idóneo y al no hacerlo así es que el juicio de amparo resulta improcedente. Resulta aplicable en lo conducente la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen X, Tercera Parte, página 12, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, VALOR DE LA PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA. No porque la recurrente formulara en su demanda de amparo la protesta de conducirse con verdad, debieron de tenerse por ciertos los hechos que expresa en la misma, porque según el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al juicio de garantías de acuerdo con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, estaba obligada a probar los hechos constitutivos de su acción, entre los cuales se encuentra el de acreditar su interés jurídico en el negocio. Además de que la protesta de producirse con verdad, sólo tiene por efecto el de quedar el quejoso sujeto a lo establecido en el artículo 211, fracción I, de la expresada Ley de Amparo." En ese sentido, al no haberse acreditado fehacientemente la afectación que dice sufrir la quejosa con el actuar de la responsable es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y por ende, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. Finalmente, en cuanto a los alegatos que formula la parte tercero interesada dentro del presente juicio de amparo, se le dice que se esté al contenido de la sentencia. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Olivia Hernandez Morales y Héctor Lira valle Reyna, contra los actos que reclamaron de las autoridades responsables, los cuales fueran precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último del presente fallo. Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables, personalmente a los quejosos y mediante correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado.

  3. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LOS QUEJOSOS DE LA SENTENCIA DE LA FECHA EN CITA POR LA CUAL: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1849/2022; promovido por Olivia Hernández Morales y Héctor Lira Sosa, contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Delegación de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, Instituto Registral y Catastral del Estado De Tamaulipas, Congreso del Estado de Tamaulipas, Presidente Municipal de Soto la Marina, Tamaulipas, Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas y Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado vía buzón judicial el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, y turnado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, al día siguiente a este Juzgado, se recibió la demanda de amparo promovida por Olivia Hernández Morales y Héctor Lira Sosa, contra las siguientes autoridades: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- El gobernador Constitucional del Estado Libre y soberano de Tamaulipas, con domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado, cito en Calle Benito Juárez entre Manuel González (15) y 5 de mayo (16) C.P. 87000 de esta Ciudad Capital. b).- Delegación de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en Palacio Federal, Calle 8 Morelos y Matamoros, C.P. 87000 de esta Ciudad Capital. c).- Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Centro Esmeralda, 4to piso Avenida Hidalgo No.- 3309, de la Colonia Guadalupe, C.P. 89120, de Tampico, Tamaulipas, México. d).- Instituto Registral y Catastral del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Boulevard prolongación Práxedis Balboa S/N Parque Bicentenario, C.P. 86630 de esta Ciudad Capital. e).- Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, con domicilio en Avenida Naciones Unidas S/N, prolongación Boulevard Práxedis Balboa, Parque Bicentenario C.P. 87020 de esta Ciudad Capital. f).- El presidente Municipal de Soto La Marina, Tamaulipas; México, con domicilio oficial en Calle Benito Juárez entre Miguel Hidalgo y Felipe de la Garza, de la zona centro de Soto la Marina Tamaulipas. Autoridades de las cuales reclamaron los siguientes actos: IV.- ACTO RECLAMADO. LA ILEGAL DETERMINACIÓN TOMADA POR DICHAS AUTORIDADES PARA DESALOJARNOS DE NUESTRA PROPIEDAD SEÑALADA CON ANTELACIÓN, SIN MEDIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O JUDICIAL ALGUNO QUE ASI LO DETERMINE, que habitamos por más de dieciséis años, mismo que poseemos y habitamos de buena fe, con el carácter de pacífica y continua, en carácter de propietarios, sin que ninguna autoridad nos haya notificado a ningún tipo de juicio, sin que hayamos tenido la oportunidad de ser oidos y vencidos en juicio, tratando de hacer valer y ejecutar un ACUERDO expropiatorio mediante el cual se decreta la expropiación por causa de utilidad pública de un inmueble con superficie de 428,117.95 metros cuadrados Ubicado en el poblado La Pesca del Municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, México, publicado en edición vespertina extraordinario número 24 de fecha 13 de septiembre de 2021, mismo que bajo protesta de decir verdad nunca fuimos llamados a juicio y/o notificados de la ilegal disposición y decreto ordenada por el Gobernador del Estado de Tamaulipas, a su conveniencia, tratando de ejecutar en predios de nuestras propiedades, propiedad que refiere el Acuerdo, mismas que el propio decreto son ilegales ya que la ubicación señalada no precisa ni ubica el predio de nuestra propiedad, toda vez que no se encuentra en el polígono que el decreto señala. La ilegal Convocatoria número 002, publicada en el Periódico Oficial del Estado, de Tamaulipas, número 15 de fecha 03 de febrero de 2022, en nuestro perjuicio, mediante el cual se convoca a las personas físicas y morales, nacionales, que poseen los recursos técnicos , económicos, y demás necesarios para participar en la licitación pública nacional para la enajenación de un inmueble propiedad del Estado de Tamaulipas, ubicado en la Playa La Pesca , en el Poblado La Pesca municipio de Soto La Marina, Tamaulipas. En dicha convocatoria, se nos viola nuestras garantías y derechos de propiedad y posesión ya que la misma, no especifica medidas y colindancias en nuestro perjuicio, siendo a todas luces una pretendida venta de bienes inmuebles los cueles no hemos sido oidos ni vencidos en ningún juicio, no hemos sido citados para alguna indemnización y carece de legalidad toda ves que el H. Congreso del Estado de Tamaulipas, no ha emitido Decreto alguno que avale la venta de bienes de nuestra propiedad y que se pretende adjudicar el Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante una compra fraudalenta simulada, en conclusión con la expedición de dicha Convocatoria aludida en nuestro Amparo se convierte en Privatización en beneficio de un grupo selectivo de personas." SEGUNDO. Trámite. Previa aclaración de demanda, por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número de juicio de amparo 1849/2022; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que ampliara su demanda de amparo en cuanto a la participación en los actos reclamados de las diversas autoridades Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales. En desahogo, por auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a los quejosos por ampliando su demanda de amparo, por lo que se procedió a solicitar de las autoridades responsables su informe justificado. Finalmente, previa secuela la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado en el juicio, se atribuye su ejecución a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que en el presente juicio de amparo de las autoridades responsables, se reclama: La determinación de desalojo de los ahora quejosos del predio que refieren como de su propiedad. La emisión de la convocatoria número 002, por la cual se convoca a la partición de licitación pública nacional para enajenación de un inmueble propiedad del Estado de Tamaulipas, ubicado en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, publicada el tres de enero de dos mil veintidós. La emisión del Decreto de Expropiación publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de septiembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Negativa de actos reclamados a autoridades responsables. En sus informes justificados, las autoridades Director Jurídico del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas (foja 64), Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas (fojas 87 a 93), el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, encargo del despacho de asuntos competencia de la Delegación Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Tamaulipas (foja 107 a 113), el Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas (fojas 189 a 210), y el Presidente Municipal de Soto la Marina, Tamaulipas (fojas 215), al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado; lo anterior, sin que la parte quejosa aportara documentos alguno que de manera fehaciente desvirtuara dicha negativa. Por su parte, el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, en representación del Gobernador del Estado de Tamaulipas, negó el acto reclamado, en cuanto a la determinación de desalojo de la propiedad que refieren los imperantes como suya. En consecuencia, tomando en consideración que la parte quejosa no desvirtuó mediante prueba alguna la negativa de inexistencia de los actos reclamados, en cuanto a las autoridades precisadas en líneas precedentes, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, respecto a las potestades que en el presente apartados se mencionaron. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de acto reclamado a autoridad. La autoridad responsable Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, en representación del Gobernador del Estado, manifestó que es cierto el acto reclamado. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por plenamente probados los actos reclamados a la autoridad responsable. Por otro lado, la autoridad responsable Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente emplazada desde el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós (foja 140). Por consiguiente, ante la falta y omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de rendir su informe, se tienen por presuntivamente cierto el acto reclamado en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se invoca a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías. QUINTO. Causas de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la hipótesis normativa que señala la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". La citada hipótesis legal, encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 Constitucional, de conformidad con la cual, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta el artículo 1°, con relación al diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, el objeto del juicio de amparo, así como que la parte quejosa será quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, conviene retomar lo conceptuado en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual contempla para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime titular del derecho subjetivo o interés legítimo, lo que ocurre cuando éste acto lesiona su esfera jurídica, produciendo una afectación real y actual, en forma directa, o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior, se obtiene que la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, y por tanto, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse de forma objetiva para que puedan constituir una afectación real y actual, al tener en cuenta que el derecho que se aduce disfrutar, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina la afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de un agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afectan real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. En ese tenor, si bien es verdad la reforma al artículo 107 Constitucional, sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; sin embargo, también lo es, que dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico, mediante el cual se exige al quejoso, que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste, como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Así, el interés legítimo se puede definir, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Bajo estas consideraciones, es de destacarse que en el artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el legislador estableció, en forma específica lo siguiente: "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". De lo anterior, se obtiene que tratándose de este tipo de actos, como los que en la especie se analizan, es menester que el quejoso señale que es titular de un derecho subjetivo, y que con motivo del actuar de la autoridad, se le irroga una afectación de manera personal y directa; debiendo acreditar la última circunstancia para que sea procedente la acción constitucional que vela el juicio de amparo. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de garantías. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Marzo de 2007, página 1695 del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad." Ahora bien, se rememora que en el presente juicio se reclaman también como actos la emisión de la convocatoria número 002, por la cual se convoca a la participación de licitación pública nacional para enajenación de un inmueble propiedad del Estado de Tamaulipas, ubicado en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, publicada el tres de enero de dos mil veintidós, así como el Decreto de Expropiación publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de septiembre de dos mil veintiuno. En ese orden, si bien respecto a las autoridades que se mencionaron el presente considerando se tuvieron como ciertos los actos reclamados, se debe decir que de las probanzas aportadas por los impetrantes no resultan suficientes para acreditar las afectaciones que refieren se están cometiendo en su contra, y con ello demostrar su interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo. En efecto, si bien de las pruebas aportadas se advierte la propiedad que los quejosos ejercen sobre un predio ubicado en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas que ampara la escritura pública número 2083 (dos mil ochenta y tres), las mismas resultan insuficientes para acreditar que los actos reclamados se están realizando sobre el predio o parte del predio que refieren como de su propiedad. En su caso, los quejosos no aportaron prueba que de manera fehaciente acreditara que dentro de su propiedad se haya ejecutado la orden de lanzamiento que refieren, así como que el mismo se encuentre afectado o comprendido dentro del cuadrante que refiere la convocatoria número 002, de partición de licitación pública nacional para enajenación de un inmueble propiedad del Estado de Tamaulipas, ubicado en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, publicada el tres de enero de dos mil veintidós; ni mucho menos, que con la emisión del Decreto de Expropiación publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, se haya afectado la propiedad de su inmueble; y con esto, se afecte su interés, pues en su caso debió oferta la prueba pericial para así demostrar que efectivamente, se había realizado una invasión a su propiedad o que el mismo se encuentra comprendido dentro del polígono de terreno a licitar y dentro del decreto que ordena la expropiación de terrenos. Efectivamente, si bien una de las responsables en su informe acepto los actos reclamados y la otra fue omisa en rendir su informe justificado, por lo que se presumió cierto el acto atribuido, correspondía a la parte quejosa demostrar que efectivamente, se ve afectado con en cuanto a la propiedad y posesión del predio que refiere como suyo, el respecto, se cita la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 217-228, tercera parte, página 139, materia administrativa, séptima época, número de registro digital 818466, la cual en su rubro y texto dispone: "AGRARIO. BIENES COMUNALES. LA AFECTACION A PROPIEDADES PARTICULARES UBICADAS EN EL AREA RECONOCIDA, DEBE ACREDITARSE MEDIANTE PRUEBA PERICIAL. Para demostrar que hay afectación a su interés jurídico, los particulares deben acreditar que los terrenos de su propiedad, controvertidos en amparo, se encuentran dentro del perímetro reconocido en favor de una comunidad, mediante la prueba pericial, de cuyo resultado pueda precisarse si efectivamente los terrenos que amparan sus respectivas escrituras de propiedad se encuentran ubicados dentro del área comunal, ya que ésta es la única prueba idónea para tal función, pues ni la testimonial ni las certificaciones de presidente municipal resultan adecuadas para acreditar ese extremo." (Lo negrita y subrayado es autoría de este Juzgado) En ese orden, tampoco es óbice a lo anterior el hecho de que los impetrantes en su escrito de demanda haya manifestado bajo protesta de decir verdad que se afectaba un bien de su propiedad, toda vez que esa circunstancia (interés jurídico), como se precisó en párrafos precedentes, debió ser acreditada por la parte quejosa con medio de prueba idóneo y al no hacerlo así es que el juicio de amparo resulta improcedente. Resulta aplicable en lo conducente la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen X, Tercera Parte, página 12, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, VALOR DE LA PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA. No porque la recurrente formulara en su demanda de amparo la protesta de conducirse con verdad, debieron de tenerse por ciertos los hechos que expresa en la misma, porque según el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al juicio de garantías de acuerdo con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, estaba obligada a probar los hechos constitutivos de su acción, entre los cuales se encuentra el de acreditar su interés jurídico en el negocio. Además de que la protesta de producirse con verdad, sólo tiene por efecto el de quedar el quejoso sujeto a lo establecido en el artículo 211, fracción I, de la expresada Ley de Amparo." En ese sentido, al no haberse acreditado fehacientemente la afectación que dice sufrir la quejosa con el actuar de la responsable es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y por ende, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. Finalmente, en cuanto a los alegatos que formula la parte tercero interesada dentro del presente juicio de amparo, se le dice que se esté al contenido de la sentencia. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Olivia Hernandez Morales y Héctor Lira valle Reyna, contra los actos que reclamaron de las autoridades responsables, los cuales fueran precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último del presente fallo. Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables, personalmente a los quejosos y mediante correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado."

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, toda vez que la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1849/2022, se celebró a las diez horas con cuarenta minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés, fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, por el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 1/2023, número de orden 17/2023, del índice de este juzgado, por el cual se solicitó la notificación de la autoridad responsable Presidente Municipal de Soto la Marina, Tamaulipas. En consecuencia, hágase las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente y dese de baja el despacho de referencia en la estadística de este juzgado. Finalmente, una vez dictada la resolución constitucional, sin posterior acuerdo, glósese el presente cuadernillo de antecedentes al expediente del que deriva. Notifíquese.

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