Olivia Guzmán Martínez
Expediente 919/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Director General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
- Olivia Guzmán Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa; por lo que, una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Además, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de quince días que se le concedió a la parte quejosa en proveído de veintiocho de octubre pasado, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a las cuestiones derivadas del informe justificado rendido por las autoridades responsables Subdirector de Recursos Humanos, Oficial Mayor y Secretario Particular, todos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, transcurrió del cinco al veintisiete de noviembre del año en curso, toda vez que fue notificada por lista de acuerdos el treinta y uno de octubre de la presente anualidad, sin que la promovente lo haya hecho valer; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito y se continúa la secuela procesal únicamente por cuanto hace al acto reclamado señalado en su escrito inicial de demanda. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo que les dio origen, se advierte que la quejosa Olivia Guzmán Martínez, por propio derecho y en representación de su hija con iniciales Z.I.C.G., señaló como acto reclamado lo siguiente: "Se reclama de los responsables la omisión o falta de contestación al escrito de fecha dieciséis de mayo de dos mi diecinueve, presentado en oficialía de partes de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado el diez de junio de dos mil diecinueve y remitida a oficialía mayor con copia al Subdirector de Recursos Humanos y al Director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado mediante oficio de fecha 12 de junio de esta anualidad." De la anterior transcripción y del contenido íntegro del informe justificado rendido por las autoridades responsables, así como de las constancias allegadas al mismo, se puede precisar que en esta vía constitucional la quejosa reclama: La omisión de dar contestación al escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, signado por Olivia Guzmán Martínez, y presentado en la oficialía de partes de la Subdirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad, el diez de junio de la presente anualidad. Ahora, de las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables, se advierte que el once de octubre de dos mil diecinueve, la Encargada de Despacho de la Subdirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través del oficio FGE/DGA/SRH/1685/2019, dio contestación al escrito en comento, en el que determinó lo siguiente: ". Sea la presente el medio oportuno para dar atención y seguimiento a su solicitud hecha mediante escrito sin número de fecha 16 de mayo de la presente anualidad, recibido en esta Subdirección de Recursos Humanos el día 12 de junio de los corrientes, a través del diverso FGE/OF/7051/2019, signado por el entonces Secretario Particular del Fiscal General del Estado, relativa, a lo siguiente: [.] De conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, establece serias restricciones en lo referente al capítulo de servicios personales, en el caso concreto, es nuestra obligación dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 40, del ordenamiento en cita, en el que claramente se establece que en el presente ejercicio fiscal, no se podrán crear plazas nuevas. Es importante mencionar, que gracias al decreto por el que se nos constituyó como un Organismo Autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, se ha impulsado nuestra búsqueda de mayores recursos, sin embargo, como es de su conocimiento, nuestro presupuesto es autorizado por el Congreso Local, es decir, dependemos del Presupuesto Estatal y que el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 presentó un decreto considerable en los recursos presupuestales autorizados a esta Fiscalía General el Estado de Veracruz. En esa razón, no es posible otorgar un incremento de personal, sino por el contrario debe darse cumplimiento a las metas de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz. Aunado a ello se logre cumplir con las exigencias que nos impone el nuevo modelo de justicia. Además, como se ha reiterado con antelación, actualmente nos encontramos en un escenario complicado en materia financiera que lamentablemente nos ha venido coartando un poco más en la toma de decisiones. De conformidad con lo expuesto, sin menoscabo al principio de respecto que debe imperar en cuanto a nuestra personalidad jurídica, estamos obligados a observar y cumplir con las reglas y restricciones que en este sentido se encuentra establecidas el Código Financiero y el Decreto de Presupuesto de Egresos, ambos para el Estado de Veracruz. No obstante, debemos significarle que compartimos su preocupación, sobre todo al considerar que en los casos como el que Usted enfrenta es de suma importancia exista el personal necesario para el eficaz desarrollo de las investigaciones correspondientes por lo que en un esfuerzo conjunto y derivado de la reingeniería que venimos realizando en el capítulo de servicios personales, se analizará dicha situación a fin de encontrar solución al problema planteado por su conducto, a la brevedad posible." En ese orden de ideas, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Cabe destacar que por cesación de efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia la omisión de dar contestación al escrito de dieciséis de mayo de la presente anualidad, signado por Olivia Guzmán Martínez, y presentado en la oficialía de partes de la Subdirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad, el diez de junio de la presente anualidad, y de las constancias que obran en autos se advierte que en el oficio FGE/DGA/SRH/1685/2019, de once de octubre de dos mil diecinueve, la Encargada de Despacho de la Subdirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, dio contestación al ocurso en comento, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Cabe destacar que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate; o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). Aunado a ello, el oficio por el cual la autoridad responsable precitada dio contestación al escrito señalado en el apartado de acto reclamado en la demanda de amparo que dio origen a este asunto, fue notificado a Olivia Guzmán Martínez, el catorce de octubre de la presente anualidad, según se advierte de la constancia del mensaje vía correo electrónico en el que le fue adjuntado el oficio antes referido; cabe precisar que ese medio de notificación fue solicitado por la impetrante de amparo en su escrito objeto de la omisión reclamada. En ese tenor, si el escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en el que la quejosa solicitó que se asignara personal para ocupar los puestos de peritos en trabajo social y médico en la Fiscalía Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas del Estado de Veracruz, con sede en Misantla, Veracruz, fue contestado mediante el oficio FGE/DGA/SRH/1685/2019, signado Encargada de Despacho de la Subdirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y que dicha respuesta le fue notificada el catorce de octubre de la presente anualidad, a través del correo electrónico proporcionado, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consistente en la omisión de darle contestación, ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, pues la esfera jurídica de la quejosa volvió al estado que tenía antes de la violación constitucional. Ahora, al haberse analizado de oficio la actualización de la causal de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el suscrito considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las nueve horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no empieza a transcurrir el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de octubre pasado, a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, en virtud de que aún no se advierte de autos que se encuentre notificada de dicho auto. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Ahora, vista la razón actuarial de veintinueve de octubre de la presente anualidad, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de veintiocho de octubre pasado, en virtud de que la persona que atendió su llamado en el domicilio que fue señalado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, le manifestó que desconoce por completo a la quejosa y a su autorizado, y por tal motivo no podía recibir el citatorio correspondiente; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 en relación con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Subdirector de Recursos Humanos, Oficial Mayor y Secretario Particular, todos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, a través del Subdirector de Amparo, Civil y Penal de dicho organismo público; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes. Además, como lo solicita el representante de las autoridades responsables, ténganse como domicilio y delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de las autoridades responsables las documentales que anexaron a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa Olivia Guzmán Martínez, por propio derecho y en representación de su hija con iniciales Z.I.C.G., por el cual se substancia el presente asunto, señaló dentro del capítulo del acto reclamado, lo siguiente: "Se reclama de los responsables la omisión o falta de contestación al escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, presentado en oficialía de partes de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado el diez de junio de dos mil diecinueve y remitida a la oficialía mayor con copia al Subdirector de Recursos Humanos y al Director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado mediante oficio de fecha 12 de junio de esta anualidad." De la anterior transcripción se puede precisar que en esta vía constitucional la parte quejosa reclama: La omisión de dar contestación al escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, signado por Olivia Guzmán Martínez, y presentado en la oficialía de partes de la Subdirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el diez de junio de la presente anualidad. Ahora, es de considerar que del contenido del informe justificado acordado en esta fecha, se advierte que el día once de octubre de dos mil diecinueve, la Encargada de Despacho de la Subdirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través del oficio FGE/DGA/SRH/1685/2019, dio contestación al escrito en comento, en el que determinó lo siguiente: ". Sea la presente el medio oportuno para dar atención y seguimiento a su solicitud hecha mediante escrito sin número de fecha 16 de mayo de la presente anualidad, recibido en esta Subdirección de Recursos Humanos el día 12 de junio de los corrientes, a través del diverso FGE/OF/7051/2019, signado por el entonces Secretario Particular del Fiscal General del Estado, relativa, a lo siguiente: [.] De conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, establece serias restricciones en lo referente al capítulo de servicios personales, en el caso concreto, es nuestra obligación dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 40, del ordenamiento en cita, en el que claramente se establece que en el presente ejercicio fiscal, no se podrán crear plazas nuevas. Es importante mencionar, que gracias al decreto por el que se nos constituyó como un Organismo Autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, se ha impulsado nuestra búsqueda de mayores recursos, sin embargo, como es de su conocimiento, nuestro presupuesto es autorizado por el Congreso Local, es decir, dependemos del Presupuesto Estatal y que el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 presentó un decreto considerable en los recursos presupuestales autorizados a esta Fiscalía General el Estado de Veracruz. En esa razón, no es posible otorgar un incremento de personal, sino por el contrario debe darse cumplimiento a las metas de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz. Aunado a ello se logre cumplir con las exigencias que nos impone el nuevo modelo de justicia. Además, como se ha reiterado con antelación, actualmente nos encontramos en un escenario complicado en materia financiera que lamentablemente nos ha venido coartando un poco más en la toma de decisiones. De conformidad con lo expuesto, sin menoscabo al principio de respecto que debe imperar en cuanto a nuestra personalidad jurídica, estamos obligados a observar y cumplir con las reglas y restricciones que en este sentido se encuentra establecidas el Código Financiero y el Decreto de Presupuesto de Egresos, ambos para el Estado de Veracruz. No obstante, debemos significarle que compartimos su preocupación, sobre todo al considerar que en los casos como el que Usted enfrenta es de suma importancia exista el personal necesario para el eficaz desarrollo de las investigaciones correspondientes por lo que en un esfuerzo conjunto y derivado de la reingeniería que venimos realizando en el capítulo de servicios personales, se analizará dicha situación a fin de encontrar solución al problema planteado por su conducto, a la brevedad posible." En consecuencia, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el término de quince días, a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado el oficio FGE/DGA/SRH/1685/2019, de once de octubre de dos mil diecinueve, el cual fue notificado a Olivia Guzmán Martínez, a través del correo electrónico institucional que señaló en dicho ocurso, el cual dio contestación su escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve; con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna, se seguirá con la secuela procesal únicamente por cuanto hace a los actos señalados en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia 2a./J.149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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