Olivia Galindo Arizmendi

Expediente 118/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
118/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Olivia Galindo Arizmendi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que determinó por una parte sobreseer el juicio y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó incidente de suspensión y toda vez que en éste se concedió la medida cautelar de manera definitiva a la quejosa, con apoyo en el artículo 17, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que es susceptible de conservación; por tanto, una vez transcurra la temporalidad señalada en el referido numeral se ordenará su transferencia al lugar que determine la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, mientras ello ocurre glósese dicho cuaderno al expediente principal del que deriva. Finalmente, glósese a los autos el escrito signado por la quejosa; en atención a sus peticiones, hágase de su conocimiento que deberá estarse a lo ordenado en párrafos anteriores. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 118/2023, promovido por Olivia Galindo Arizmendi, contra actos del Congreso del estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad, Olivia Galindo Arizmendi, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Ordenadoras: A. Congreso. B. Gobernador. Ejecutoras: C. Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial. D. Director General de Administración del Poder Judicial. Todos del estado de Morelos. Actos reclamados: "De las autoridades señaladas con los incisos A), B), C), D), se reclama: "1. La omisión a dar el debido cumplimiento. al decreto número 535 publicado en el Periódico Oficial. de 18 de noviembre de 2022, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación. a razón del 85%... de la pensión mensual, del último salario devengado. y. el pago de las cantidades que retroactivamente deben cubrirse. desde el. 1 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre 2022. tomando en cuenta las actualizaciones de la cuantía de acuerdo al aumento porcentual del salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos. "2. La omisión de la responsable (Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado de Morelos) de dar cumplimiento. al decreto número 535. "3. De las autoridades responsables identificadas bajo los incisos A), B). C) Y D). Específicamente en la partida autorizada para el Tribunal Superior de Justicia. en el artículo Décimo Octavo, ya que existe omisión de contemplar rubro alguno por parte de la autoridad legislativa tendiente a que el Tribunal Superior de Justicia. cumpliera con lo que disponen los artículos 55, 56, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil. así como el artículo 131 de la Constitución Política del Estado de Morelos, correlacionado con el artículo 2 del decreto. número 535. "4. Las consecuencias jurídicas y fácticas derivadas de las omisiones y acciones en que han incurrido las autoridades responsables." SEGUNDO. El veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Morelos, con sede en esta ciudad, radicó el asunto con el número de expediente 108/2023, se declaró incompetente por conocimiento previo a este Juzgado Tercero de Distrito. En auto emitido el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el expediente 118/2023, este Juzgado Tercero de Distrito no aceptó la competencia por conocimiento previo y devolvió al asunto al juzgado primigenio. A través del auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, el Juzgado Primero de Distrito insistió en la citada competencia y planteó consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal; además, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, en cumplimiento al oficio SECNO/CT/239/2023, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el Juzgado Primero de Distrito, ordenó remitir el juicio de amparo 108/2023, a este Órgano Jurisdiccional. Mediante auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito se avocó al conocimiento del asunto. La audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. De la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina y del Director General de Administración, ambos del Poder Judicial del estado de Morelos: ? La omisión de dar cumplimiento al decreto 535, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6141, de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que se otorgó pensión por jubilación a la quejosa a razón del 85% del último salario percibido; así como la omisión de pagar las cantidades que retroactivamente deben de cubrirse desde el uno de diciembre de dos mil veintiuno, al treinta de noviembre de dos mil veintidós. 2. Del Congreso y del Gobernador, ambos del estado de Morelos: ? La omisión de incluir la partida presupuestal correspondiente para el pago de la pensión por jubilación que le fue concedida mediante decreto 535, antes citado. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al Gobernador del estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, señalando que es al Poder Judicial del Estado de Morelos, a quien compete cumplir el decreto pensionario. En consecuencia, deben tenerse por inexistentes los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio por cuanto al Gobernador del estado de Morelos. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina y Director General de Administración, ambos del Poder Judicial del estado de Morelos, consistentes en la omisión de cumplir el decreto 535, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6141, de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que se otorgó pensión por jubilación a la quejosa a razón del 85% del último salario percibido; así como la omisión de pagar las cantidades que retroactivamente deben de cubrirse desde el uno de diciembre de dos mil veintiuno, al treinta de noviembre de dos mil veintidós. Por su parte, el Congreso del estado de Morelos, al rendir su informe con justificación, negó el acto que se le reclama, manifestando que aprobó el Decreto número mil ciento cinco, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", por el que aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, aprobándose para el Poder Judicial del Estado de Morelos, la cantidad de $524,034,000.00 (quinientos veinticuatro millones treinta y cuatro mil pesos 00/100); también manifestó que mediante oficios SH/877-GH/2022 y SH/1398-GH/2022, de cuatro de octubre y veintidós de diciembre, ambos meses de dos mil veintidós, la Secretaría de Hacienda de esta entidad federativa, autorizó a favor del Poder Judicial estatal, las cantidades que ahí se precisan, para ser destinadas a la atención de diversos tema en materia de pensiones, controversias constitucionales y juicios de amparo. Sin embargo, el acto que se reclama de la citada autoridad no es la aprobación o no del decreto por el que se publicó el presupuesto de egresos del estado de Morelos, o la emisión de los citados oficios, sino que lo que se le reclama en esta instancia constitucional es la omisión de incluir, oficiosamente, con motivo del procedimiento para la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado que establecen, las disposiciones constitucionales y legales aplicables, los importes correspondientes y suficientes para cubrir el pago del Decreto en los términos en que fue publicado. Por tanto, se desvirtúa su negativa y se tiene como cierto el acto que se le reclama. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o bien, que de oficio se advierta su actualización, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, el Congreso del Estado de Morelos aduce que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico de la parte quejosa para promover el amparo. La causa de improcedencia antes citada, resulta infundada, pues contrario a lo señalado por la responsable, se encuentra demostrado que en el caso, si bien se reclama un perjuicio económico, de igual forma la parte quejosa señala y acredita la afectación a su esfera de derechos fundamentales, relativos a las prerrogativas derivadas de los derechos pensionarios que refiere, razón por la cual, la quejosa sí cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo. Por otra parte, de oficio, por cuanto a los actos reclamados a la autoridad responsable Congreso del Estado, precisados en el considerando segundo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: (.) IV.- Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos." (...)" De los preceptos jurídicos citados, en primer lugar, se observa que las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentran señaladas en forma enunciativa en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, más no de forma limitativa, porque pueden derivar de diverso mandamiento de la propia Ley de Amparo, de la Constitución o de criterio jurisprudencial, lo cual implica que dichas hipótesis no son las únicas. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2ª/J. 175/2013, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". Por otra parte, del artículo 74 constitucional se desprende la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto anual de gastos, pues a ella corresponde discutir primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir aquél, conjuntamente con la Cámara de Senadores, mediante la expedición de la Ley de Ingresos anual relativa; empero, posteriormente y de manera exclusiva y soberana, la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; facultad que se concede de esa manera, al integrarse por los representantes del pueblo en el Congreso de la Unión, siendo quien debe determinar la forma de erogar el gasto público a través del ejercicio de los recursos, con lo cual se reafirma su calidad de representantes del pueblo y su principal encomienda, es decir, representar sus intereses y lograr que el gasto público se ejerza con eficacia, transparencia y honradez. Con ello, el texto constitucional confirma que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo las características de reservada, primordial, básica y originaria. Ahora bien, al equiparar dichos argumentos con la legislación del Estado de Morelos, se desprende que el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone: "Artículo 40. Son facultades del Congreso: (.) V. Fijar los gastos del Estado y establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos. Asimismo, debe autorizar en el Presupuesto de Egresos las erogaciones plurianuales necesarias para cubrir las obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada que se celebren con la previa autorización del Congreso; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Además deberá asignar en cada ejercicio fiscal al Poder Judicial del Estado una partida equivalente al cuatro punto siete por ciento del monto total del gasto programable autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos que anualmente aprueba;..." Así, para efectos del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es facultad del Congreso del Estado el autorizar el Presupuesto de Egresos, dado que le permite incidir en el proyecto que es remitido por el Ejecutivo, lleva a concluir que con dicha aprobación se crea un acto materialmente administrativo que es de observancia general para los poderes del Estado y órganos autónomos, para ejercer el gasto público y atender las obligaciones económicas del Estado, ya que a través de ese acto de aprobación se autoriza la erogación de los ingresos públicos. En ese contexto, si el Congreso del Estado de Morelos, para expedir el Presupuesto de Egresos, hace uso de una facultad exclusiva, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de esa facultad exclusiva, puesto que esa cuestión es una manifestación de la voluntad del Poder Constituyente, por lo cual es un acto cuyo ejercicio reviste características de soberanía y discrecionalidad, respecto del cual no puede tener injerencia un gobernado. En concordancia con lo anterior, al analizar la Acción de Inconstitucionalidad 4/98, la Suprema Corte de Justicia de la Nación valoró la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y determinó su desechamiento, por estimar que ese medio de control constitucional solo es procedente contra nomas de carácter general. Así, en referencia al Presupuesto de Egresos, indicó que su objeto es determinar la aplicación de una norma general (Código Financiero del Distrito Federal), por lo que lejos de considerarlo como una norma de carácter general, indicó que se está en presencia de un acto materialmente administrativo. Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia 24/99, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL. Por "Ley del Presupuesto" se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por "Presupuesto de Egresos" se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado. El "Decreto del Presupuesto de Egresos" constituye un acto de aplicación de la "Ley del Presupuesto", en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están previstos en la ley que se aplica. En el ámbito del Distrito Federal, la distinción entre "Ley del Presupuesto" y "Presupuesto de Egresos" está expresamente contemplada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no otorgan el carácter de ley al Presupuesto de Egresos; en cambio, la "Ley del Presupuesto del Distrito Federal", esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que pudieran estimarse como normas de carácter general, porque aparentemente otorgan competencias; sin embargo, en realidad únicamente se limitan a reiterar, y en ocasiones de manera expresa, las que ya están otorgadas en las leyes respectivas. Por otra parte, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en cuanto a su aspecto material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad que se promueva en su contra resulta improcedente." De lo anterior, se impone concluir que la aprobación del Presupuesto de Egresos también es un acto de administración general y no una ley en sentido estricto. De modo que, el Presupuesto de Egresos no tiene su génesis en un estricto proceso legislativo, sino que materialmente es un acto administrativo de colaboración entre poderes, porque lo crea originariamente el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado lo aprueba anualmente, previo examen y discusión, inclusive modificación, con lo cual los representantes del pueblo electos democráticamente tienen una intervención constitucional exclusiva para determinar o fijar los montos y destinos del gasto público; máxime que al ser elaborado por el Poder Ejecutivo, no se presenta al Congreso del Estado como una iniciativa de ley, sino como acto de administración general, y aunque al final del proceso se aprueba con un Decreto, éste no es una norma jurídica ordinaria que tiene como destino directo regular una situación de la realidad para los gobernados. En conclusión, se trata de un Decreto expedido por los representantes del pueblo electos en un sistema democrático, como una facultad exclusiva que es soberana y discrecional porque no tiene intervención ningún otro órgano, ni poder. De modo que, por tener la naturaleza de una facultad exclusiva reservada expresamente al Congreso del Estado en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos que implica una facultad con ejercicio soberano, el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis I.8° A.4 CS, que en su contenido literal dice lo siguiente: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. CONTRA SU APROBACIÓN (DECRETO) POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el presupuesto está dirigido a regular el ejercicio del gasto público y, en ese sentido, es un acto materialmente administrativo con contenido y finalidad de administración de los recursos públicos, que proviene de una colaboración entre el Poder Ejecutivo Federal que lo proyecta y la Cámara de Diputados que lo aprueba. Así, en la medida en que es una facultad exclusiva, se erige como una potestad soberana y discrecional, porque únicamente puede ser ejercida por la Cámara de Diputados, con exclusión de la de Senadores que, en este rubro, deja de ser colegisladora, porque no participa en la aprobación de una iniciativa que origine una ley en sentido formal y material. En estas condiciones, si la aprobación (decreto) del presupuesto es un acto de colaboración republicana y su ejercicio es exclusivo de la Cámara de Diputados, se trata de un acto soberano, inherente a la representación que ésta ostenta. Por tanto, contra dicho acto el juicio de amparo es improcedente, porque la acción constitucional no puede incidir en el ejercicio de esa facultad exclusiva." Así las cosas, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto precisado atribuido al Congreso del Estado de Morelos; con base en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento jurídico. Al no existir diversa causal de improcedencia que esta autoridad advierta o propuesta por las partes, procede analizar los conceptos de violación. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que resulta innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, son fundados los conceptos de violación, propuestos por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia, en términos de lo establecido en el artículo 79 fracción VII de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 463/2014, sostuvo que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de estas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones. En la inteligencia de que este deber solo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho. Dicha circunstancia quedó plasmada en la tesis 2ª XCV/2014, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables". Asimismo, se invoca como sustento, la jurisprudencia I.3o.A. J/1, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. OPERA EN FAVOR DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CONFORME AL MARCO DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Norma Fundamental y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que se favorezca ampliamente a las personas. En ese sentido, el legislador reformó el juicio de amparo con la intención de convertirlo en un mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos del poder público que lesionan o vulneran los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, para beneficiar notoriamente a determinados sectores de la población que pudieran estar en situación de desventaja o vulnerabilidad social. De ahí que el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que autoriza la suplencia de la queja deficiente en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio, opere respecto de jubilados y pensionados, derivado de la evidente desventaja económica y física que tienen para defenderse, por lo que no es dable otorgarles condiciones de igualdad dentro de un procedimiento judicial, pues sería injusto darles el mismo trato que a quienes poseen recursos económicos suficientes para defenderse por sí mismos, ya que por la carencia de éstos o la imposibilidad física para trasladarse no pueden autodefenderse o pagar una defensa adecuada, tomando en consideración que las cantidades que reciben por concepto de jubilación o pensión, en muchas ocasiones no corresponden al salario que percibían cuando laboraban". La parte quejosa aduce en esencia que le irroga perjuicio y es violatoria de sus derechos, la omisión y negativa de cumplir con el decreto mediante el cual se le otorgó su pensión por jubilación, específicamente por cuanto hace al pago de las cantidades que por ese derecho le corresponden, desde el momento en que debía percibirlas. Se tiene que ofreció como prueba documental, el decreto 535, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6141, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se le concede pensión por jubilación a la quejosa, a razón del ochenta y cinco por ciento del último salario de la quejosa, a partir del día siguiente a aquel en que se separó de sus labores. Dicha documental se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como con la jurisprudencia 2ª/J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "prueba. carga de la misma respecto de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general publicados en el diario oficial de la federación". En el mencionado decreto se determinó que esa prestación sería cubierta por el Poder Judicial estatal, con base en el presupuesto autorizado para tal efecto. También se estableció que el monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos. De este modo, queda demostrado que la quejosa adquirió su derecho de seguridad social a obtener una pensión por jubilación, en términos de lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución general. Ahora bien, en el estado de Morelos, el derecho de pensión de los trabajadores burocráticos, se encuentra previsto en el artículo 131 de la Constitución local, en relación con los diversos 54, fracción VII; 55 y 66 de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, que disponen: Constitución Política del estado de Morelos "Artículo 131. Ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en el presupuesto respectivo o determinado por la ley. Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus Administraciones Paraestatales y Paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: [.] IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado." Ley del Servicio Civil del estado de Morelos "Artículo 54. Los empleados públicos, en materia de seguridad social tendrán derecho a: [.] VII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones legales aplicables.". "Artículo 55. Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que antecede estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, a través de las instituciones que para el caso determinen." "Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumplirse (sic) este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley. La cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos. Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. El trabajador no podrá gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del Estado lo deberá requerir para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, en caso de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, el Congreso concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador." De los preceptos transcritos se advierte que el texto constitucional garantiza, como una de las bases fundamentales que deben regir las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, la seguridad social, otorgando a ésta el carácter de derecho sustantivo derivado de la existencia del vínculo entre patrón y empleado. Dentro de la seguridad social a que tienen derecho los trabajadores burocráticos o, en su caso, sus beneficiarios, se encuentran las prerrogativas inherentes a obtener una pensión por jubilación, supuesto en el que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En el Estado de Morelos, esa prerrogativa se encuentra reglamentada en la Ley del Servicio Civil, cuyos preceptos transcritos disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación. Dicho ordenamiento establece los requisitos y formalidades que deben cumplir los interesados al llevar a cabo la solicitud y tramitación de las pensiones respectivas; señala la manera en que éstas deben ser calculadas, así como su integración y el incremento del monto correspondiente, entre otras particularidades. Las pensiones otorgadas a los funcionarios en esta entidad federativa, deben ser asignadas, entre otras formas, por decreto legislativo y que, por tanto, su pago debe estar comprendido en el Presupuesto de Egresos correspondiente. El sistema normativo en estudio establece la atribución del Congreso del Estado de Morelos para otorgar una pensión, para expedir el decreto pensionario que la concede y para que se establezca su pago en el presupuesto respectivo. Así, un decreto pensionario, aunque formalmente constituye un acto legislativo, porque emana de un congreso local, materialmente es un acto de carácter administrativo, porque crea situaciones jurídicas particulares y concretas, el cual carece de la característica de generalidad, ya que rige una situación concreta; de ahí que no goce de las características legales ni reglamentarias, de las que son sujetas las leyes emitidas por el Congreso del estado de Morelos. Además, el decreto de pensión constituye un acto de naturaleza distinta a la actividad legislativa ya que, el derecho a obtener una pensión deriva de los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución general; 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos. Satisfechos los requisitos previstos en las disposiciones normativas referidas, debe otorgarse la pensión respectiva, con la correlativa previsión presupuestaria para que se materialice dicho derecho. Por tanto, con la emisión del decreto en favor de la parte quejosa, esta adquirió el derecho de percibirla, así como sus incrementos en los términos ahí plasmados. En ese sentido, las autoridades responsables deberán realizar todas las gestiones necesarias para garantizar que la parte quejosa perciba su pensión desde el día que tuvo derecho, ya que de estimarse lo contrario, se impediría que esta última obtuviera un ingreso en sustitución de su salario, para satisfacer sus necesidades personales y familiares; de ahí que se estime procedente conceder el amparo y protección solicitado. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P. XXXVI/2013, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SEGURIDAD SOCIAL. LAS JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO GOZAN DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS DEL SALARIO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADOS A, FRACCIÓN VIII Y B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto, ubicado en el título sexto "Del Trabajo y de la Previsión Social", contiene los derechos de los trabajadores del sector privado (apartado A) y del sector público (apartado B), y sus medidas de protección, en particular, las atinentes al salario (mínimo y en general), con la finalidad de que el trabajador reciba una cantidad que asegure sus necesidades y las de su familia, sin atentar contra su dignidad, decoro y libertad humanas; asimismo, en dichos apartados se establecen las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores a través de diversos seguros, entre ellos, los que dan lugar al pago de las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. Ahora, si bien sobre estos últimos conceptos la Norma Suprema no prevé medidas concretas de protección, lo cierto es que también gozan de aquellas establecidas para el salario que les resulten aplicables, específicamente las contenidas en el artículo 123, apartados A, fracción VIII y B, fracción VI, de la Constitución General de la República, en tanto que los ingresos respectivos son asimilables al ser producto del trabajo, aun cuando el salario es percibido durante la vida activa del trabajador, y las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro derivadas de la seguridad social se obtienen cuando el prestador del servicio por su edad, número de años trabajados o alguna otra circunstancia como la enfermedad o la invalidez, adquiere el derecho a percibirlas. Además, si dichas prestaciones de seguridad social sustituyen al salario cuando el trabajador ya no está laboralmente activo, y los ingresos derivados de todos esos conceptos tienen por objeto satisfacer sus necesidades y las de su familia, por igualdad de razón -en tanto se trata de la protección de los derechos adquiridos por el trabajador, quien posee también el derecho al mínimo vital inherente a todo ser humano-, las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro deben resguardarse en términos del precepto señalado, esto es, por ser equivalentes en cuanto a su naturaleza al salario mínimo, deben exceptuarse de embargo, compensación o descuento (artículo 123, apartado A, fracción VIII), y no pueden ser objeto de retenciones, descuentos, deducciones o embargos no previstos en la ley (artículo 123, apartado B, fracción VI). SÉPTIMO. En las relatadas consideraciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Oliva Galindo Arizmendi, para los siguientes efectos: Las autoridades responsables del Poder Judicial del estado de Morelos, deberán: Acreditar que cumplieron el Decreto 535, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6141, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se le concede pensión por jubilación a la quejosa; específicamente, pagar la pensión en los términos del citado decreto, así como las cantidades que retroactivamente deben cubrirse a la quejosa, desde el día siguiente al en que se separó del cargo. En el entendido de que todas la autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento del presente fallo, con independencia de que hayan sido señaladas o no como responsables, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia, ello con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Olivia Galindo Arizmendi, respecto de las autoridades y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Olivia Galindo Arizmendi, por los motivos y para los efectos establecidos en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy once de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional decretada en auto de diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 108/2023-8, ahora 118/2023, planteado por el ********************, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva aludido, donde además se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, es competente para conocer y decidir el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva a que se ha hecho referencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Por auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda de amparo presentada por ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes: AUTODIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Congreso del Estado de Morelos. La omisión del pago por pensión por jubilación conforme al decreto número quinientos treinta y cinco, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6141 de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Dirección General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. TERCERO. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, planteo returno del juicio de amparo 108/2023, a esta autoridad, quine en una primera instancia no aceptó la competencia planteada, una vez resuelta la consulta al Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que este juzgado debe conocer del asuntó; por tanto, el ocho de marzo del año en curso, validó las actuaciones remitidas, continuo con el tramite del juicio, radicándolo con el expediente 118/2023, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; además, solicitó la remisión del cuaderno incidental respectivo. CUARTO. En auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, en los siguientes términos: ". Por ende, se afirma que con la concesión de la suspensión del acto reclamado no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que la pensión otorgada a la quejosa mediante decreto número quinientos treinta y cinco, publicado en el Periódico Oficial. por parte del Poder Judicial del Estado de Morelos, se levante dicha suspensión y se realicen los pagos correspondientes a la referida pensión desde el momento en que fueron suspendidos y, de ser procedente, se tomen en cuenta las actualizaciones de la cuantía al aumento porcentual del salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos en vigor. . RESUELVE. PRIMERO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ********************, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, y por las razones y fundamentos precisados en dicho considerando. SEGUNDO. Se ACONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ********************, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, y por las razones, fundamentos y para los efectos señalados en el propio considerando de esta interlocutoria. ..." QUINTO. En el escrito registrado con el folio 7613, ********************, por su propio derecho, narró los siguientes hechos en los que sustentó el incidente por exceso o defecto que hoy nos ocupa que los precisa como: "1.- la omisión a dar el debido cumplimiento al decreto número 535 publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 6141 de 18 de noviembre de 2022, mediante el cual se otorgó pensión por jubilación a la suscrita .. Esto por el monto del 85% (.) de la pensión mensual, del último salario devengado como Directora de la Contraloría Interna ., y por ende el pago de las cantidades que retroactivamente deben cubrirse a la suscrita desde el día 01 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre 2022 tomando en cuenta las actualizaciones de la cuantía de acuerdo al aumento porcentual del salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos en vigor, atento a lo anterior se hace del conocimiento a este Juzgado, que la suscrita ya se encuentra dada de alta dentro de la nómina de jubilados, ya que el 14 de diciembre de 2022, me depositaron el primer pago mensual correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 como se advierte en el comprobante de pago (CFDI) generado por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Sin embargo, reclamo de las autoridades responsables: 2.- La omisión de la responsable (Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Estado de Morelos) de dar cumplimiento total al decreto número 535. y la cual la responsable, sin causa justificada, se niegan a dar el debido cumplimiento. Puesto que después de haberse publicado mi decreto en el. presenté un escrito dirigido a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial Estado de Morelos, donde el punto PRIMERO, ya me fue cumplido con fecha 14 de diciembre de 2022, y de los puntos SEGUNDO Y TERCERO, solicité lo siguiente: PRIMERO. Se instruya a quien corresponda, me den de alta con el nuevo carácter de Directora de Contraloría Interna, en la nómina de jubilados. SEGUNDO. Se me realice el pago a partir del día siguiente a aquel en que quedo separada de mis labores, y, TERCERO. Que me sea tomado en cuenta la actualización de la cuantía de acuerdo al aumento porcentual del salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos en vigor, ." Con los antecedentes narrados, ********************, considera que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina y Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, incumplieron la suspensión definitiva concedida en auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, por los siguientes motivos: Las autoridades responsables antes señaladas, han sido omisas en cumplir con el decreto 535 publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 6141 de 18 de noviembre de 2022, ya que si bien fue dada de alta en la nómina de jubilados, y le fue depositado el primer pago correspondiente al periodo de uno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, no han aplicado la cuantía respectiva respecto a las actualizaciones al salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos. SEXTO. INFORMES RENDIDOS CON RELACIÓN AL INCIDENTE. Las autoridades responsables Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina y Director General de Administración ambos del Poder Judicial del Estado de Morelos, al rendir su informe respectivo informó que no ha sido suspendido el pago de la pensión por jubilación de la quejosa, pues a partir de la publicación del decreto pensionario 535, ha cubierto la misma, aclarando que, ********************, estuvo como trabajadora en activo hasta el mes de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que dejó de percibir justificadamente el salario que venía percibiendo y exhibió los recibos de nómina digitales (CFDI), correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo abril y mayo de dos mil veintitrés, a los que se les concede pleno valor probatorio en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEPTIMO. ESTUDIO DEL ASUNTO. En ese orden, se cita el contenido del artículo 206 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo". Conforme al precepto legal transcrito, en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada, se podrá promover el incidente que se resuelve, entre otros supuestos, por el incumplimiento de la suspensión definitiva decretada por el juzgador constitucional. Resulta conveniente mencionar que el cumplimiento del auto de suspensión está regulado mediante dos sistemas, el que ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión, que no tiene tramitación incidental, y otro que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. El segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero, denominado "Cumplimiento y ejecución" de la Ley de Amparo, y regula el incidente por incumplimiento, exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, el cual tiene las siguientes características: a) no es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público; b) es represivo en la medida de que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; c) ante la violación de la suspensión, el juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración. Ello se explica en la tesis I.3o.C.69 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de dos mil quince, tomo III, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SISTEMAS REGULADOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 165/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 637, de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", sostuvo que el cumplimiento del auto de suspensión en materia de amparo está regulado en dos sistemas diferentes que funcionan paralelamente: el primero, previsto en los artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de la anterior Ley de Amparo, que proporciona al juzgador los medios legales para requerir a las autoridades responsables y lograr de ellas el cumplimiento de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, sea provisional o definitiva; y el segundo, contenido en el artículo 206 de dicha ley, que establece la forma y momento en que habrá de sancionarse a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a esa medida; sistemas que pueden aplicarse paralela y simultáneamente. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente consigna preceptos de similar contenido a los que se interpretaron en la aludida jurisprudencia; así, los artículos 143, 104, 105, párrafo primero; 107, 111, 206, 130 y 139 de la Ley de Amparo abrogada, se corresponden esencialmente (en ese orden), con los numerales 158, 192, 193, 194, 211, 136 y 139 de la ley vigente. No obstante existe una notable diferencia, pues mientras el artículo 143 remitía al capítulo que contenía el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que se empleaba analógica y sólo parcialmente en tratándose de la suspensión, el artículo 158 de la Ley de Amparo en vigor remite al título quinto, denominado "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos" y no a las reglas previstas al respecto para lograr a su vez el eficaz cumplimiento de las ejecutorias que conceden la protección constitucional. Sin embargo, con independencia de esto, en la actualidad, con las precisiones legales correspondientes, aún puede afirmarse que el cumplimiento del auto de suspensión está regulado mediante dos sistemas; uno que ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión, que no tiene tramitación incidental y otro que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. Sistemas que el juzgador puede aplicar simultáneamente y que funcionan paralelamente. El primer sistema es el que establece el artículo 158 de la Ley de Amparo, el cual permite al juzgador hacer cumplir la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para su cumplimiento y tiene las siguientes características: a) su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; b) no requiere tramitación incidental; c) es oficioso (orden público), aunque no se excluya la posibilidad de petición de parte; d) es preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión; y, e) ante la violación de la suspensión, el juzgador puede declarar la nulidad del acto infractor para volver las cosas al estado que tenían al momento en que se concedió la medida (siempre que la naturaleza del acto reclamado lo permita). Por su parte, el segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero, denominado "Cumplimiento y ejecución" de la Ley de Amparo, que va del artículo 206 al 209, y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, el cual tiene las siguientes características: a) no es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público, evidente en el otro sistema; b) es represivo en la medida de que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; c) ante la violación de la suspensión, el juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración (aunque si en el otro sistema se hizo, entonces no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión)." De lo que también se obtiene que los sistemas previstos en la Ley de Amparo, para el cumplimiento de la suspensión, participan del objetivo común concerniente de modo primordial, al acatamiento de dicha medida, con independencia de la sanción mediata que pueda ser imputable a las autoridades que sean contumaces en la consecución de dicho cometido. Por su parte, el artículo 158 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento". El precepto legal transcrito, establece los principios fundamentales de las resoluciones suspensionales, las que se rigen por los mismos principios sobre los que descansa la eficacia de las ejecutorias que conceden la protección de la Justicia Federal y que tienden a evitar que tanto las ejecutorias de amparo, así como las resoluciones suspensionales, sean inobservadas por las autoridades responsables. Lo anterior es así, porque cuando la parte quejosa goza de la suspensión otorgada por el Juez de Distrito, las autoridades responsables se encuentran obligadas a respetar la citada medida precautoria, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En ese entendido, a efecto de determinar si existe o no incumplimiento de la suspensión definitiva decretada por el juzgado declinante y convalidada por esta autoridad, como lo sostiene la parte quejosa, es pertinente tener presente el contenido de los artículos 126, 136 y 139 de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. (.)" "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido (.)". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional". Como se advierte de los numerales transcritos, la obligación de las autoridades señaladas como responsables en un juicio de amparo, de cumplir la resolución en que se concede la suspensión del acto reclamado, sea de plano, provisional o definitiva, surge a partir de que se notifica la determinación correspondiente, por lo que es a partir de ese momento que deben realizar todas las diligencias necesarias para suspender, de manera inmediata, la ejecución del acto reclamado, en los términos en los que fue otorgada dicha medida cautelar, ya que no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia a ese mandato judicial. La suspensión surte sus efectos desde el momento en que se pronunció la resolución correspondiente, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es mantener viva la materia del acto reclamado. Así, en términos generales, para determinar el incumplimiento por parte de las autoridades responsables, se debe partir del acreditamiento de los siguientes supuestos: a) Que la medida cautelar se haya concedido por órgano competente. b) Que la resolución donde se otorgó y decidió surtió efectos, es decir, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia; y c) Que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensional concedida, las autoridades responsables ejecutaron los actos materia de la suspensión concedida. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por analogía, la tesis que se aplica por analogía, a instancia de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, página seiscientos ochenta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida." Respecto del tópico señalado en el inciso a), debe decirse que la medida cautelar fue concedida en definitiva por órgano competente, lo anterior es así, pues la otorgó este juzgado mediante interlocutoria de nueve de febrero de dos mil veintitrés. De igual forma, se satisface el requisito señalado en el inciso b), toda vez que en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva concedida mediante la citada interlocutoria, surtió efectos desde luego, es decir, en el mismo momento que se concedió. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de la Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo II, segunda parte-2, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, página quinientos setenta y tres, aplicada a por analogía, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO Y NO HASTA QUE SE NOTIFIQUE EL AUTO EN QUE LA DECRETA. El artículo 139 de la Ley de Amparo, en su parte conducente dice: el auto en que un juez de Distrito concede la suspensión surtirá efectos desde luego. Por tanto, el hecho de que a la autoridad se le haya notificado la resolución que concede la suspensión provisional con posterioridad a la fecha en que ejecutó el acto que se le reclama, no la exime de su cumplimiento si la concesión de la suspensión provisional se decretó con anterioridad, pues lo que determina su obligatoriedad es el haberse concedido y no su notificación." Además, las autoridades responsables quedaron debidamente informadas de la citada medida cautelar, tal como se advierte de las constancias de notificación respectivas. Finalmente, a efecto de determinar si se colma el supuesto previsto en el inciso c), relativo a que debe acreditarse que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados, materia de la suspensión concedida, es menester tener presente que, según se precisó con antelación, mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, concedió la suspensión definitiva para el efecto ". Por ende, se afirma que con la concesión de la suspensión del acto reclamado no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que la pensión otorgada a la quejosa mediante decreto número quinientos treinta y cinco, publicado en el Periódico Oficial. por parte del Poder Judicial del Estado de Morelos, se levante dicha suspensión y se realicen los pagos correspondientes a la referida pensión desde el momento en que fueron suspendidos y, de ser procedente, se tomen en cuenta las actualizaciones de la cuantía al aumento porcentual del salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos en vigor." En tal razón, del informe rendido por las autoridades responsables Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina y Director General de Administración ambos del Poder Judicial del Estado de Morelos, manifestaron que, a partir de la publicación del Decreto 535, -mes de diciembre de dos mil veintidós- ha cubierto el monto por concepto de pensión por jubilación a la quejosa, meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de dos mil veintitrés, y remitió los CFDI digitales respectivos, así, se advierte que, contrario a lo manifestado por la quejosa las responsables si han acatado la suspensión definitiva concedida, pues han estado pagando el monto mensual por concepto de pensión por jubilación a la quejosa. Sin que pase desapercibido, que en la suspensión definitiva se dijo que: ". y, de ser procedente, se tomen en cuenta las actualizaciones de la cuantía al aumento porcentual del salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos en vigor.", sin embargo, al señalarse con el prefijo, "de ser procedente", por tanto, esta cuestión corresponde su análisis al resolverse el fondo del asunto, de estudio del decreto pensionario concedido a la quejosa y, a partir de qué momento deberá cubrirse y los aumentos porcentuales que deban pagarse, por ello, tal reclamo no es de abordarse en este incidente. De ahí que los motivos de inconformidad resultan infundados, tan es así que, la propia quejosa en su escrito incidental señala que a partir del mes de diciembre de dos mil veintidós, recibe su pensión por jubilación exhibiendo los CFDI recibos de nómina de los meses de diciembre de dos mil veintidós, enero, febrero y marzo de dos mil veintitrés, así como que ha sido integrada a la nómina de jubilados o pensionados. Por tanto, si en la demanda la parte quejosa se dolió de la falta de pago de la pensión por jubilación concedida por decreto 535, y las responsables acreditaron estar al corriente en su pago, es evidente, que la omisión reclamada no existe, con independencia del estudio de fondo del asunto, respecto a los incrementos porcentuales que tengan que aplicarse a la pensión y el momento a partir del cuando deba pagarse la misma. Por último, no se pasa por alto que en el escrito por el que se planteó el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva que hoy se resuelve, también se aduce incumplimiento de dicha suspensión por parte del Congreso del Estado de Morelos y Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; sin embargo, no es dable hacer pronunciamiento alguno en esta interlocutoria, toda vez que, por cuanto a dichas autoridades responsables en la resolución de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se les tuvo negando el acto reclamado. Por consiguiente, es procedente pero infundado el incidente por incumplimiento de la suspensión definitiva decretada en auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva decretada en auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, relativo al juicio de amparo 118/2023, planteado por ********************, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón que antecede, con fundamento en los numerales 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de esta última, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por la parte quejosa; mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos; al respecto, ténganse por hechas sus manifestaciones, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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