Olivia Denisee Ramirez Barcenas
Expediente 20/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Olivia Denisee Ramirez Barcenas
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de signado por el Presidente de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, a través del cual acusa recibo de las copias certificadas del toca civil 413/2022-III, así como del expediente 1062/2021; circunstancia de la cual se toma nota. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de ******************** dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho y en representación de ******************** para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 151. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Hágase la devolución de las copias certificadas del expediente ******************** en dos tomos y el toca civil ********************-III, a la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo signada por *por propio derecho, y en representación de A.E.R.R., en la que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Magistrados que integran la Tercera Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, toda vez que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva por que no resuelve el fondo del asunto, ni es una resolución que ponga fin al juicio, dado que esta se encuentra concluida emitida después de concluido el juicio de origen. En atención a lo antes expuesto, este órgano de control constitucional asume la competencia planteada. Acúsese de recibo, del juicio de amparo directo 1160/2022, toca civil 413/2022 y juicio escrito familiar 1062/2021. Dado el volumen de los anexos, se ordena abrir un anexo respetando el entresello y folio original. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 20/2023-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172 fracción X, todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." De acuerdo con lo transcrito, el juicio de amparo procede ante Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, además que sus efectos no se puedan subsanar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, ni aún con el dictado de una sentencia favorable. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En ese sentido, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuando afectan derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y, en todo caso a través del amparo directo o del amparo adhesivo. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 413/2022 por la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, en la que declaró improcedente y no probada la recusación con causa, que hizo valer la promovente del amparo ante el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del juicio escrito familiar 1062/2020. Es importante señalar que si bien el acto reclamado entraña el análisis de una cuestión que atañe a la competencia subjetiva del juzgador; sin embargo, no se actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y" En primer lugar, debe destacarse que la fracción VIII en cita, no está acotada a la naturaleza de la autoridad o procedimiento en que se emita la resolución, sino a los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, ya sea tanto a los emitidos en juicio, propiamente dicho, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Lo anterior adquiere relevancia, en razón de lo siguiente: El artículo 171 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. "Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior se desprende, en lo que interesa al caso a estudio, que al reclamarse en amparo directo la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deben hacerse valer las infracciones habidas durante la secuela del procedimiento correspondiente, siempre que éstas hayan afectado las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Lo cual se encuentra íntimamente relacionado con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos como los que afectan materialmente derechos sustantivos. Por su parte, los mismos principios se advierten tratándose de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, pues en la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, se establece la procedencia del juicio siempre que se trate de: a) la resolución definitiva, en que se podrá reclamar la violaciones cometidas en la propia resolución o durante el procedimiento si en virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y, b) se traten de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, esto es, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. La razón de ser de estas reglas de procedencia, fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer el dictado o la ejecución de un fallo definitivo. Con eso en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados dentro de un juicio o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio a la resolución definitiva que pusiera fin a ese juicio o procedimiento, pudiéndose reclamar ahí las demás violaciones cometidas durante el sumario que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa; así, en virtud de un principio de economía, cualquier alegación referida al procedimiento podrá hacerse valer en este momento. En ese orden de ideas, en el artículo 172 de la Ley de Amparo, el legislador estableció un catálogo orientador en cuanto a los tipos de actos u omisiones por los que deben estimarse como violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, que deberán reclamarse en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, entre los que destaca, para el caso, el que una autoridad impedida o recusada continúe conociendo del juicio. Así se desprende del artículo 172, fracción X, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello;" En relación con la resolución que no aprueba la recusación con causa planteada a un Juez y su trascendencia jurídica en el procedimiento, únicamente produce efectos formales o intraprocesales que no afectan en grado predominante o superior a las partes, porque si bien la recusación atiende un aspecto subjetivo que puede afectar la imparcialidad del juzgador, ello no necesariamente habrá de materializarse, en tanto que si el afectado obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios causados con la aludida resolución. Conforme a lo expuesto, cuando la autoridad a la que se estima impedida o haya sido recusada continúe conociendo de un juicio, o casos análogos a este supuesto, ello constituye una violación procesal que debe ser impugnada como tal, al interponer amparo directo contra la sentencia definitiva que dirime el juicio, ya que así se encuentra prevista en el artículo 172, fracción X, de la Ley de Amparo. Como se ve, en relación con el tema de las resoluciones relativas al conocimiento de un asunto, únicamente se estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto para cuando se traten de resoluciones en que la autoridad determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. Disposición que no puede interpretarse de manera extensiva al supuesto contrario, esto es, cuando la autoridad niegue recusar el conocimiento del asunto, porque esta hipótesis ya se encuentra prevista en la ley como una violación procesal que debe ser reclamada junto con la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, que si bien se refiere al juicio de amparo directo, es orientador sobre lo que debe interpretarse respecto de la disposición contenida en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, disposición que, ya se ha dicho, no hace distinción en cuanto al tipo de procedimiento en que se hubiere emitido la determinación que se alega violatoria de derechos humanos. Así, lo anterior conduce a estimar que la fracción VIII del artículo 107 de la ley de la materia, no puede aplicarse, ni por analogía, a los supuestos en que una autoridad determine no aprobar la recusación con causa del conocimiento de un asunto; porque, en todo caso, tal determinación se trata de una violación del procedimiento que, de trascender al resultado, debe reclamarse al impugnarse la resolución definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR." Asimismo, resulta aplicable como orientación la jurisprudencia de texto: "AMPARO INDIRECTO. EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO NO ES APLICABLE RESPECTO DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE DETERMINEN IMPROCEDENTE EXCUSARSE DE CONOCER DE UN ASUNTO." Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de los promoventes, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; esto es, al resolverse en definitiva el juicio escrito familiar 1062/2020; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso al interés de la aquí quejosa, de manera que mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. Resulta aplicable la tesis asilado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro e: "RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYA IMPUGNACIÓN DEBE HACERSE EN AMPARO DIRECTO." En ese orden de ideas, se concluye que la resolución reclamada no causa de momento una ejecución de imposible reparación, actualizándose la causa de improcedencia que resulta de los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia; por ello, con fundamento en el artículo 113 del aludido ordenamiento, se impone desechar la presente demanda por notoriamente improcedente. NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase la vía electrónica para oír y recibir notificaciones, a través del usuario "jOswaldo". Se toma nota del domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, para el caso de que sea necesario se ordenen notificaciones en dicho inmueble. AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Christian Godínez González, José Alberto González, Gustavo Alfredo Yáñez Burgos, Mario López Ortega, Horacio Pérez Guerra y Oscar Mora Herrera, toda vez que se encontró el registro de las células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta; y en términos restringidos del artículo 12 de la citada ley a José Francisco Díaz Cravioto, Gloria Sabina Hernández Alatorre, Gerardo Octavio Vela Y Del Río, Richard Uriel Camargo Nájera, Sarita Egleydi Granados González, Julián Oswaldo Hernández Martínez, Monserrat Díaz Rubio, Felipe De Jesús Díaz Rubio, Lilia Arroyo Escamilla, Víctor Ángel García Estévez, Ana Lucero Aguilar Ponce, Jacqueline Sánchez Zaragoza, Karla Janet Cruz Cruz, Leydi Diana Bautista Cortés, Amairany Aracely Torres Hernández y Nadia Sánchez Roldán, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional en el Módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente.
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