Olivia Consuelo Cota Murillo

Expediente 492/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
492/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Olivia Consuelo Cota Murillo

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente;

  2. Principal

    RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ensenada, Baja California, para los efectos siguientes: La Junta responsable emita el laudo relativo en el juicio especial ***, de su índice, respetando los plazos y términos establecidos para ello por la Ley Federal del Trabajo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, mediante proveído de veintidós de septiembre del año en curso, se ordenó el emplazamiento al presente asunto de la autoridad tercero interesada Instituto Mexicano del Seguro, con sede en esta ciudad, lo que se encuentra en vías de diligenciación. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda que promueve Olivia Consuelo Cota Murillo, contra actos del Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California; fórmese el expediente respectivo, previo registro en el libro del Juzgado correspondiente bajo el número 492/2022-IV. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no es el caso tener a la citada autoridad responsable no obstante de haber sido señalado con tal carácter por la parte quejosa, ya que de los capítulos respectivo a los actos reclamados y antecedentes del acto reclamado, se desprende que reclama de manera destacada la abstención y restricción de dictar laudo, por lo que a la referida responsable no le reclama un acto autónomo, sino como integrante de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de ahí que se corrija el error contenido en la demanda de amparo y se tenga únicamente como autoridad responsable a la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 57/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 226, del tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 200702, que en lo conducente dice: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado" Seguidamente, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, en contra de la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad. Sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión de los actos reclamados, en virtud de no haber sido solicitado. Se señalan las diez horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $$9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita el informe justificado a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad responsable, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcione una dirección de correo electrónico oficial a fin de establecer comunicación en los casos que se estime necesario. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de 2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene por señalado el domicilio procesal que indica y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Ángel Medina Pérez y Edgar Fernando Romero Arballo, ya que de la certificación secretarial se advierte que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir a Luis Alfredo López Lizárraga y Belén Carolina Ramírez Medina, por así solicitarlo en su escrito de demanda. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en el este asunto. Se autoriza al secretario de este juzgado a efecto de que firme los oficios derivados en el presente sumario constitucional y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica; asimismo, proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.

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