Olivia Bustillos Bustillos
Expediente 1262/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Olivia Bustillos Bustillos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio ******* signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y solicita se requiera a la parte quejosa exhiba los documentos requeridos para atender su solicitud original. Por tanto, toda vez que el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió el incidente de inejecución de sentencia y se ordenó remitir las constancias al Tribunal Colegiado, una vez, que se resuelva el mismo, acuérdese lo que en derecho corresponda.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio OCC/C17/JDM/1350/2021, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio de del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el copia certificada del auto de radicación y correspondiente emplazamiento en el expediente laboral ************, del índice de dicha autoridad. Ahora, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. En seguida, del examen integral de las constancias que integran el presente contradictorio constitucional, entre las cuales se encuentran las documentales allegadas por la responsable en el oficio señalado líneas arriba, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En la especie, los actos reclamados consisten en la omisión de la autoridad responsable Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio de del Estado, con residencia en esta ciudad, de emplazar a las demandadas Gobierno del Estado de Chihuahua y/o Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua en el expediente laboral 232/2020 de su índice. Ahora, como quedó asentado en párrafos precedentes, la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, el emplazamiento realizado a las demandadas Gobierno del Estado de Chihuahua y/o Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua en el expediente laboral ******** de su índice. En estas condiciones, si el quejoso reclamó, precisamente, la omisión de la autoridad responsable Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio de del Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de emplazar a las demandadas Gobierno del Estado de Chihuahua y/o Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua en el expediente laboral ******** de su índice, y la autoridad procedió en esos términos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la moral inconforme, o habiéndola irrumpido, la cesación no ha dejado ninguna huella. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, se actualiza la causal invocada, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así las cosas, dado el sobreseimiento decretado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las trece horas con veinte minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla porque se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a las autoridades responsables i) Actuario adscrito a la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado y ii) Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, ambos con residencia en esta ciudad, para que rindan su informe justificado. Para dar margen a que las citadas autoridades estén en posibilidad de rendir el informe requerido, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar, se fijan las trece horas con veinte minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.
- Principal
Visto el escrito de aclaración presentado por *************, mediante el cual, da cumplimiento al proveído de veintiocho de julio de este año, y para tal efecto, subsana el requisito formal que debe contener la demanda de amparo, específicamente, el establecido en la fracción III, del artículo 108 de la Ley de Amparo y exhibe las copias correspondientes para correr traslado a las demás partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, III, inciso b), y XV de la Constitución Federal; en relación con el artículo 1º, párrafo segundo, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, 108, 110, 115, 116, 117, y demás disposiciones aplicables de Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por el *************, contra actos del i) Actuario adscrito a la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado y ii) Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, ambos con residencia en esta ciudad. Sin que se forme incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del diez de septiembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el juez y la secretaria en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito sin acudir físicamente a dicho acto.
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