Olivia Bueno Uribe
Expediente 806/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2022
Partes del expediente
- Olivia Bueno Uribe
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, signado por GIL ABAD ROSALES SANTOS, en su carácter de endosatario en procuración de OLIVIA BUENO URIBE, por medio de cual solicita sea remitida copia certificada del auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó el presente juicio de amparo indirecto al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Acaponeta, Nayarit; luego, al advertirse que el presente asunto se inició como amparo directo; en esas condiciones, mediante oficio con auto inserto, remítase al Juzgado de referencia copia de dicho proveído, así como del auto que lo declaró firme, para los efectos legales conducentes dentro del juicio mercantil 318/2018. Por otra parte, en atención a lo diverso peticionado, en el sentido en que cause estado dicho proveído, dígasele que se esté a lo acordado en el auto de doce de agosto de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que el promovente GIL ABAD ROSALES SANTOS, en su carácter de endosatario en procuración de OLIVIA BUENO URIBE, dentro del término legal concedido, no se inconformaron en contra del proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó por su notoria e indudable improcedencia su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, remite a este Juzgado la demanda de amparo promovida por GIL ABAD ROSALES SANTOS, en su carácter de endosatario en procuración de OLIVIA BUENO URIBE, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Acaponeta, Nayarit; luego, en virtud de que el Tribunal Colegiado de referencia, mediante acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno en el juicio de amparo directo 314/2021 de su índice, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por el citado quejoso, por considerar que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno dictada en el juicio ejecutivo mercantil 318/2018 por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Acaponeta, Nayarit; por tanto, dicho Tribunal Colegiado determinó que carece de competencia para resolver la demanda de amparo incoada por la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado no es una resolución que ponga fin al juicio sin decidirlo en lo principal, ni sentencia definitiva, y que por ello no se ubica en los supuestos legales previstos en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que por tanto, corresponde conocer de la demanda de amparo a un Juez de Distrito y no a un Tribunal Colegiado de Circuito; en consecuencia, por las razones expuestas este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, acepta la competencia declinada. Comuníquese lo anterior a dicho Tribunal Federal, para los efectos legales procedentes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por GIL ABAD ROSALES SANTOS, en su carácter de endosatario en procuración de OLIVIA BUENO URIBE, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Acaponeta, Nayarit; por tanto, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 806/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de la demanda de amparo este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En efecto, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, IV, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Conforme el 2° numeral citado, el amparo indirecto procede en los casos siguientes: 1). Contra actos ejecutados fuera de juicio, como lo son los actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; 2). Contra actos ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que realizados con posterioridad a la sentencia ejecutoria están encaminados a hacer posible o a preparar la ejecución; supuesto del que se derivan las hipótesis siguientes: a). Cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto contra la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución, en el que pueden reclamarse todas las violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento; y b). Tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ahora, la parte quejosa se duele del acto que hace consistir en: "LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA EN EL EXPEDIENTE EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO.- 318/2018, POR EL C JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUICIAL (SIC) DE ACAPONETA, NAYARIT". Asimismo, en el capítulo de conceptos de violación, señala lo siguiente: "1.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN- Al resolver EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE ACAPONETA, NAYARIT, la sentencia de fecha 22 de febrero del 2021, RESUELVE DECLARANDO IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACION QUE HICE VALER EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020, EL QUE ADMITIÓ EL INCIDENTE DE OPOSICION PORQUE DICHO DEMANDADO MARTIN HERNANDEZ REYES, OPONE LA EXCEPCION DE PAGO.- DESPUES DE LOS 180 DIAS DE HABERSE DICTADO LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019, BASANDOSE EXCLUSIVAMENTE EN UN CONVENIO, QUE NO REUNE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1397, EN SU PARTE FINAL DEL CÓDIGO DE COMERCIO." Lo expuesto por el promovente constituye una confesión expresa a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, de la que se advierte que el juicio de donde emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución. Asimismo, destaca que el acto que reclama la parte quejosa es la sentencia interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ejecutivo mercantil 318/2018 por el Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Acaponeta, Nayarit, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de diez de diciembre de dos mil veinte, en el que se admitió el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia, después de haberse dictado la sentencia definitiva el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno; acto que, dada su naturaleza, no constituye la última resolución dentro de ese procedimiento incidental, sino que se trata de una providencia que inicia su trámite; de ahí que evidentemente no proceda el juicio de amparo contra ese tipo de acto, sino únicamente -como ya se dijo- contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que se dilucida en el periodo de ejecución de sentencia. Ciertamente, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio constitucional sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución; cuestión que desde luego, cobra aplicación con los incidentes promovidos en ese periodo. Máxime que la exigencia como presupuesto de procedencia de la vía biinstancial, de que para impugnar los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, se realice a través de la última resolución, emitida en dicho procedimiento, tiene como finalidad evitar que se abuse del juicio de amparo. De esta manera se determina que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia en virtud de que el acto reclamado evidentemente no constituye la última determinación practicada en el procedimiento incidental presentado como incidente de oposición a la ejecución de la sentencia, tramitado en el periodo de ejecución, entendiéndose por ésta, la que resuelve el incidente de oposición. Es aplicable a lo considerado, por las razones jurídicas que la sustentan la tesis XVII.1o.C.T.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página mil setecientos cinco, Libro XX, mayo de dos mil trece, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, PROMOVIDO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de levantamiento del embargo, llevado a cabo dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de levantamiento de embargo, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio." Asimismo, es aplicable por analogía el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página mil novecientos cuarenta y siete, Tomo XXIII, Marzo de dos mil seis, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." Bajo esa condición, si el acto que en esta vía se tilda de inconstitucional no se trata de la última resolución dictada dentro del incidente de oposición a la ejecución de la sentencia, entendida como la que resuelve de manera definitiva dicha incidencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En las condiciones anotadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los numerales invocados, se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA, NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA la demanda de amparo promovida por GIL ABAD ROSALES SANTOS, en su carácter de endosatario en procuración de OLIVIA BUENO URIBE, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, por autorizado en términos amplios de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Beatriz Adriana Peña Barbosa, y en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo de referencia, en relación con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de la Materia, a la restante persona que menciona en su escrito de demanda, toda vez que dicho autorizado no tiene registrada cédula alguna que lo faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho, en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EN TÉRMINO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, remite a este Juzgado la demanda de amparo promovida por GIL ABAD ROSALES SANTOS, en su carácter de endosatario en procuración de OLIVIA BUENO URIBE, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Acaponeta, Nayarit; luego, en virtud de que el Tribunal Colegiado de referencia, mediante acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno en el juicio de amparo directo 314/2021 de su índice, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por el citado quejoso, por considerar que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintiuno dictada en el juicio ejecutivo mercantil 318/2018 por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Acaponeta, Nayarit; por tanto, dicho Tribunal Colegiado determinó que carece de competencia para resolver la demanda de amparo incoada por la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado no es una resolución que ponga fin al juicio sin decidirlo en lo principal, ni sentencia definitiva, y que por ello no se ubica en los supuestos legales previstos en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que por tanto, corresponde conocer de la demanda de amparo a un Juez de Distrito y no a un Tribunal Colegiado de Circuito; en consecuencia, por las razones expuestas este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, acepta la competencia declinada. Comuníquese lo anterior a dicho Tribunal Federal, para los efectos legales procedentes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por GIL ABAD ROSALES SANTOS, en su carácter de endosatario en procuración de OLIVIA BUENO URIBE, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Acaponeta, Nayarit; por tanto, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 806/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de la demanda de amparo este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En efecto, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, IV, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente:"ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Conforme el 2° numeral citado, el amparo indirecto procede en los casos siguientes: 1). Contra actos ejecutados fuera de juicio, como lo son los actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; 2). Contra actos ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que realizados con posterioridad a la sentencia ejecutoria están encaminados a hacer posible o a preparar la ejecución; supuesto del que se derivan las hipótesis siguientes: a). Cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto contra la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución, en el que pueden reclamarse todas las violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento; y b). Tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ahora, la parte quejosa se duele del acto que hace consistir en: "LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA EN EL EXPEDIENTE EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO.- 318/2018, POR EL C JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUICIAL (SIC) DE ACAPONETA, NAYARIT". Asimismo, en el capítulo de conceptos de violación, señala lo siguiente: "1.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN- Al resolver EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL DE ACAPONETA, NAYARIT, la sentencia de fecha 22 de febrero del 2021, RESUELVE DECLARANDO IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACION QUE HICE VALER EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020, EL QUE ADMITIÓ EL INCIDENTE DE OPOSICION PORQUE DICHO DEMANDADO MARTIN HERNANDEZ REYES, OPONE LA EXCEPCION DE PAGO.- DESPUES DE LOS 180 DIAS DE HABERSE DICTADO LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2019, BASANDOSE EXCLUSIVAMENTE EN UN CONVENIO, QUE NO REUNE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1397, EN SU PARTE FINAL DEL CÓDIGO DE COMERCIO." Lo expuesto por el promovente constituye una confesión expresa a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, de la que se advierte que el juicio de donde emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución. Asimismo, destaca que el acto que reclama la parte quejosa es la sentencia interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ejecutivo mercantil 318/2018 por el Juez Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Acaponeta, Nayarit, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de diez de diciembre de dos mil veinte, en el que se admitió el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia, después de haberse dictado la sentencia definitiva el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno; acto que, dada su naturaleza, no constituye la última resolución dentro de ese procedimiento incidental, sino que se trata de una providencia que inicia su trámite; de ahí que evidentemente no proceda el juicio de amparo contra ese tipo de acto, sino únicamente -como ya se dijo- contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que se dilucida en el periodo de ejecución de sentencia. Ciertamente, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio constitucional sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución; cuestión que desde luego, cobra aplicación con los incidentes promovidos en ese periodo. Máxime que la exigencia como presupuesto de procedencia de la vía biinstancial, de que para impugnar los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, se realice a través de la última resolución, emitida en dicho procedimiento, tiene como finalidad evitar que se abuse del juicio de amparo. De esta manera se determina que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia en virtud de que el acto reclamado evidentemente no constituye la última determinación practicada en el procedimiento incidental presentado como incidente de oposición a la ejecución de la sentencia, tramitado en el periodo de ejecución, entendiéndose por ésta, la que resuelve el incidente de oposición. Es aplicable a lo considerado, por las razones jurídicas que la sustentan la tesis XVII.1o.C.T.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página mil setecientos cinco, Libro XX, mayo de dos mil trece, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:"AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, PROMOVIDO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de levantamiento del embargo, llevado a cabo dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de levantamiento de embargo, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio." Asimismo, es aplicable por analogía el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página mil novecientos cuarenta y siete, Tomo XXIII, Marzo de dos mil seis, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." Bajo esa condición, si el acto que en esta vía se tilda de inconstitucional no se trata de la última resolución dictada dentro del incidente de oposición a la ejecución de la sentencia, entendida como la que resuelve de manera definitiva dicha incidencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En las condiciones anotadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los numerales invocados, se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA, NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA la demanda de amparo promovida por GIL ABAD ROSALES SANTOS, en su carácter de endosatario en procuración de OLIVIA BUENO URIBE, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, por autorizado en términos amplios de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Beatriz Adriana Peña Barbosa, y en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo de referencia, en relación con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de la Materia, a la restante persona que menciona en su escrito de demanda, toda vez que dicho autorizado no tiene registrada cédula alguna que lo faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho, en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 14,980 expedientes
- Olger Adali Rodríguez González1558/2019
- Olimpia de los Ángeles Hernández Alcántar183/2017
- Olimpia de los Ángeles Hernández Alcantar1422/2015
- Olimpia de los Ángeles Hernández Alcantar76/2016
- Olivia Aranda Caro1890/2017
- Olivia Bastos Rosales520/2021
- Olivia Carolina Molina Ruiz1018/2019
- Olivia Carrión García2338/2022
- Olivia Carrión García1510/2022
- Olivia Carrión García105/2018
- Olivia Concepción Jáuregui Medina16/2017
- Olivia Livier Bueno Tello332/2023