Olivia Arguillez Castro

Expediente 548/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
548/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Olivia Arguillez Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Incidente. No fue solicitado. Anotaciones y archivo. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el pedimento ministerial que remite el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado Federal, únicamente para efectos de control, toda vez que por acuerdo de veintidós de agosto del año actual, el presente Juicio de Amparo sobreseyó fuera de audiencia.

  3. Principal

    Y TODA VEZ QUE LOS TERCEROS INTERESADOS *******, NO ATENDIERON EL CITATORIO QUE LES FUE DEJADO EL 27 DE AGOSTO DE 2019, SE LES HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LES NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE A LA LETRA DICE: Mexicali, Baja California, a veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Informe Justificado. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación y anexo, remitidos por las autoridades responsables, Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Mexicali y el Actuario adscrito a la junta en cita (lo anterior en atención a los oficios 20355/2019 y 20356/2019 del índice de este Juzgado federal), por lo cual, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda; informe del que se advierte que dichas responsables precisan que, es parcialmente cierto el acto reclamado, pero que no deviene inconstitucional y, que ha dejado de causar perjuicio a la hoy quejosa, ya que, mediante acuerdo datado el diecisiete de abril de dos mil diecinueve, mismo que le fue notificado, en seis de agosto de la anualidad en cita, a la accionante constitucional por conducto de su apoderado legal, se fijaron día y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, lo cual soportan tales responsables, con la prueba documental que adjuntan a su informe con justificación, las cuales, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo, se tienen por ofertadas y desahogadas para todos los efectos legales conducentes. Domicilio. Las autoridades responsables, al rendir su informe con justificación no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones. Delegados. De igual forma, las responsables de trato, no designaron como delegados de su parte a ninguna persona. Causal de improcedencia. Ahora bien, las autoridades antes señaladas como responsables, tal cual se estableció, precisan que es parcialmente cierto el acto reclamado, pero que no deviene inconstitucional, dado que ha dejado de causar perjuicio a la hoy quejosa, ya que el diecisiete de abril de la presente anualidad, se dictó acuerdo de radicación en el juicio de origen ******, en el cual se fijaron día y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones y que ese acuerdo le fue notificado a la quejosa de referencia, por conducto de su apoderado legal, el día seis de agosto del año en curso (folio 28 de autos). Sobreseimiento fuera de audiencia. En virtud de que las citadas autoridades acompañan a su informe justificado copia certificada del auto de radicación de diecisiete de abril de dos mil diecinueve (folio 27, ídem), dictado en el expediente ******, de su índice, con ello se demuestra que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa contempladas en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61, ambos de la Ley de Amparo en vigor, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Ahora, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es aplicable al caso en particular, dado que no contraviene lo dispuesto por el artículo 6° transitorio de la Nueva Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, misma que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la quejosa reclama la omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables de dictar y notificarle el auto que señale fecha para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, dentro de los quince días posteriores a la presentación de su demanda y tal cual lo ordena el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral ******. Por tanto, dado que el acto reclamado versa sobre la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en el expediente ******* promovido por la parte quejosa, cuya emisión ya se realizó de acuerdo a lo comunicado por las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe justificado y, lo cual quedó demostrado con el anexo de cuenta, atiente a la prueba documental, que en copia certificada allegaron dichas responsables, continentes del auto de diecisiete de abril del año en curso y su respectiva notificación a la aquí quejosa, dada el seis de agosto de la anualidad en curso y, por conducto de su apoderado legal. En consecuencia, es inconcuso que ante lo reseñado en el apartado precedente, se está en presencia de una situación que destruyó los efectos del acto negativo que motivó la promoción de este juicio de amparo, dado que mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Dos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, dictó acuerdo de radicación en el juicio de origen *******, en el cual señaló día y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones y que, se reitera, le fue notificado el seis de agosto de esa anualidad. En ese orden de ideas y, dado que no es posible comprender las etapas procesales subsecuentes a la señalada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, sea razón suficiente para concluir que el juicio de amparo debe delimitarse a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento, lo cual en el caso concreto es la fase de admisión de la demanda y, el señalamiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Al respecto es aplicable por analogía la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2005150, de epígrafe siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por todo lo anterior, es indiscutible que con la emisión del acuerdo de radicación en el juicio de origen *******, en el cual señaló día y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla omisión, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, de ahí que proceda sobreseer en el juicio fuera de audiencia. Se invoca a ese respecto, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003, Página: 386, Materia: Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del seis de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.

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