Oliverio Villagrana Montalvo

Expediente 655/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
655/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Oliverio Villagrana Montalvo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: ....Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ponen a su disposición dichos documentos por el término de noventa días naturales, a fin de que los recoja; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Finalmente, devuélvase al Juez Primero del Ramo Civil de la capital, el expediente 256/2002, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obra por separado. Notifíquese; personalmente al quejoso....

  2. Principal

    El veintiséis de abril de dos mil veintidós, Jaime Santillán Chávez, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: a) Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. b) Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintitrés de marzo al cinco de abril de dos mil veintiuno, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de derechos en que se actúa. c) Que no se tramitó incidente de suspensión. d) Sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ponen a su disposición dichos documentos por el término de noventa días naturales, a fin de que los recoja; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Finalmente, devuélvase al Juez Primero del Ramo Civil de la capital, el expediente 256/2002, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obra por separado. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jaime Santillán Chávez, secretario que autoriza y da fe. Bere En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintisiete de abril de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  3. Principal

    tres de marzo de dos mil veintidós V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 655/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Oliverio Villagrana Montalvo, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Civil del distrito judicial de la capital Acto reclamado: La falta de emplazamiento y/o citación dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria marcado con el número 256/2002 relativo a las diligencias de información ad perpetuam promovido por Jesús Villagrana Montalvo, a fin de acreditar la posesión de un bien inmueble ubicado en la Comunidad de El Tepetate, municipio de Genaro Codina, Zacatecas Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 14, 16 y 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda fue turnada a este Juzgado y mediante auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno; se registró el juicio con el número de expediente 655/2021; se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe con justificación, se ordenó dar intervención a la agente del Ministerio Público Adscrita y se emplazó a Jesús Villagrana Montalvo en su carácter de tercero interesado. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución en el territorio en donde éste juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que se desprende de la demanda de amparo, mismo que consiste en: La falta de emplazamiento y/o citación dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria marcado con el número 256/2002 relativo a las diligencias de información ad perpetuam promovido por Jesús Villagrana Montalvo, a fin de acreditar la posesión de un bien inmueble ubicado en la Comunidad de El Tepetate, municipio de Genaro Codina, Zacatecas. Esto, en virtud de que el quejoso aduce tener carácter de colindante de dicho predio y como heredero, pues asevera que tal inmueble era propiedad de sus abuelos Severiano Villagrana Campos y Nicanora Campos Belmontes. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable juez Primero del Ramo Civil del distrito judicial de la capital, aceptó la existencia del acto reclamado, en el sentido de que en ese juzgado se encuentra radicado el expediente marcado con el número 256/2002, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por J. Jesús Villagrana Montalvo y Enedina Alanís López a fin de acreditar un contrato verbal de compraventa que celebraron con José de Jesús Pinedo Hernández, respecto de un bien inmueble ubicado en calle 3era de Matamoros sin número, en el Orito, Zacatecas. Sin embargo, el juez responsable manifestó que el bien afecto a tal procedimiento es distinto al que reclama el quejoso en su demanda de amparo. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 133, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado en el presente juicio biinstancial. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que la invoquen las partes, o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la Jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.". En el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los artículos antes citados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos que se reclaman de las autoridades responsables no afecten los intereses del quejoso; luego, sólo podrán promoverlo aquellos gobernados que resientan perjuicio en su esfera jurídica con motivo de una ley, acto u omisión, que vulnere sus derechos fundamentales que se consagran en el artículo primero constitucional, y con ello se produzca una afectación en su esfera jurídica. Al respecto, el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Del cual se desprende que, tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, constriñe a la demostración en dicho procedimiento del derecho subjetivo que se dice afectado. Así, para que prospere la acción constitucional en esos supuestos, es indispensable que la lesión de la que se duele la parte quejosa, vulnere de forma personal y directa su esfera jurídica (es decir, un bien o un derecho que se tiene en razón de una norma jurídica); por lo que cuando una persona aduce tener la posesión o propiedad sobre un bien, es necesario que lo acredite con el título jurídico que lo sustente, de manera que la petición del inconforme tenga una base jurídica, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que le asiste el derecho que dice tener. En ese sentido, el quejoso debe acreditar una afectación a su esfera jurídica por parte de los actos de autoridad que reclama, es decir, que el acto reclamado al derivar de un procedimiento seguido en forma de juicio, afectó un derecho legítimamente tutelado. En el particular, el derecho de propiedad que aduce tener el quejoso como colindante del bien inmueble materia de las diligencias de jurisdicción voluntaria 256/2002, debe ser demostrado plenamente y no inferirse en base a presunciones, pues así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Máxime que el interés jurídico no depende de la existencia del acto reclamado, ni de los vicios que se atribuyan a éste, ni de la conveniencia económica o personal que tenga la parte quejosa en que ese acto no subsista, sino de que acredite que lo reclamado en el juicio constitucional afecta su esfera jurídica, entendido esto como el derecho legítimamente tutelado en su favor por la legislación. Por consiguiente, existe interés jurídico cuando la parte quejosa tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Orienta a lo anterior la jurisprudencia I. 1o. A. J/3, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 923, con registro 229368, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Ahora bien, el quejoso solicita la protección de la Justicia Federal, manifestando que la autoridad responsable vulneró sus derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aplicó erróneamente los numerales 2516, 2519 y demás relativos del Código Civil del estado de Zacatecas, pues al tener carácter de colindante, se le debió notificar el procedimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 256/2002 promovidas por Jesús Villagrana Montalvo, a fin de salvaguardar sus derechos. El quejoso con el propósito de acreditar su interés jurídico que dice le asiste para promover el presente juicio de amparo, anexó a su escrito de demanda, las siguientes documentales: Pago de recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad de fecha cuatro de julio de dos mil veintiuno, a nombre de Oliverio Villagrana Montalvo, número de servicio 123130658363 RMU 98655 13-06-12 XAXX-010101 002 CFE, del que se desprende que dicho contrato lo es respecto del bien inmueble ubicado en calle Felipe Ángeles número quince, avenida de la Cruz y pasando el Puente en el Tepetate, municipio de Genaro Codina, Zacatecas. Recibos de pago del impuesto predial rustico con números 63766 y 63767 de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, relativos a los bienes inmuebles ubicados en el Tepetate a nombre de Ma. Nicarona Campos Belmontes y Severiano Villagrana Campos, con claves catastrales 12-037-000061 y 13-037-000012, respectivamente. Acta de nacimiento expedida por el director general del Registro Civil de Zacatecas a nombre del Oliverio Villagrana Montalvo, con identificador electrónico 32012000120200003787, con clave única de Registro de Población VIMO680525HZSLNL19. Copia del testimonio de la escritura de compraventa de una finca urbana otorgada por José Félix Córdova a favor de Severiano Villagrana de diecisiete de marzo de mil novecientos seis, respecto de un bien inmueble situado en el rancho del Tepetate, municipio de Genaro Codina, Zacatecas. Medios de convicción que aun cuando se les otorgara valor probatorio para demostrar la propiedad con la que se ostenta el quejoso; no acreditan la circunstancia de que Oliverio Villagrana Montalvo ostente la propiedad o posesión de un bien inmueble colindante al diverso relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria 256/2002 del índice de la autoridad responsable, el cual se sitúa en el Orito, Zacatecas y no en la comunidad del Tepetate, municipio de Genaro Codina, Zacatecas, como refiere en su demanda. Asimismo, de las constancias que remitió la responsable, se advierta los promoventes Jesús Villagrana Montalvo y Enedina Alanís López intentaron esa vía para acreditar la posesión en virtud de que en el mes de enero de mil novecientos ochenta y nueve (1989) celebraron contrato verbal de compraventa con José de Jesús Pineda Hernández respecto del bien inmueble, cuyas características se describen a continuación: "(.) PREDIO URBANO UBICADO CALLE 3ra. DE MATAMOROS SIN NÚMERO, EN EL ORITO, ZACATECAS MISMO QUE CONSTA DE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 577.35 M2, TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 33.00 METROS, Y COLINDA CON CALLE SIN NOMBRE; AL SUR MIDE 35.06 MTS., Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ DE JESÚS PINEDO TORRES; AL ORIENTE MIDE 11.00 MTS., Y COLINDA CON CALLE 3era, DE MATAMOROS, Y AL PONIENTE MIDE 23.50 METROS Y COLINDA CON ARROYO." (.) Además, existan diversos documentos relativos a la propiedad que los promoventes Jesús Villagrana Montalvo y Enedina Alanís López acreditaron la posesión, tales como el plano de localización y certificado número 047710 expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público en el que se constatan tales características. De lo que se concluye, que dicho bien inmueble motivo de las diligencias ad perpetuam, está ubicado en el Orito, Zacatecas, y no como señala el quejoso en su demanda, quien exhibió constancias respecto a dos bienes situados en la Comunidad el Tepetate, municipio de Genaro Codina, Zacatecas. De ahí que las documentales exhibidas, sin prejuzgar sobre su valor probatorio, no favorecen su pretensión para acreditar la propiedad o posesión, o bien, ser colindante o heredero respecto un inmueble colindante al diverso por el que Jesús Villagrana Montalvo y Enedina Alanís López promovieron procedimiento de jurisdicción voluntaria ante la autoridad responsable, mismo que está ubicado en el Orito, Zacatecas. Por tanto, no acredita el interés jurídico para promover el juicio biinstancial, pues no demuestra la afectación de un derecho legítimamente tutelado, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5°, ambos de la Ley de Amparo. En relatadas consideraciones, al no haber acreditado el quejoso ser propietario o poseedor, o bien, ser colindante o heredero del bien inmueble afecto a las diligencias de jurisdicción voluntaria 256/2002 del índice de la autoridad responsable, se concluye que no hay afectación a su esfera de derechos, actualizándose con ello, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el presente juicio constitucional en términos de lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. En virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis de fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia con número de registro 239006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, en Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, 63, fracción V, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Oliverio Villagrana Montalvo, contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada en considerando tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, en unión de Diana Jaimes Villanueva, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy catorce de marzo de dos mil veintidós, en el que lo permitieron las labores de este juzgado. L´EMVG/SENT.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOPSA LA SENTENCIA DE 14 DE MARZO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. " Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, 63, fracción V, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Oliverio Villagrana Montalvo, contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada en considerando tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, en unión de Diana Jaimes Villanueva, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy catorce de marzo de dos mil veintidós, en el que lo permitieron las labores de este juzgado. L´EMVG/SENT.

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