Oliverio Rodulfo Alvarez

Expediente 877/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
877/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
23/12/2016

Partes del expediente

  • Oliverio Rodulfo Alvarez
  • Juez Segundo de lo Penal de la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dos de diciembre al veintidós de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA BLANCA TERESITA DOMINGUEZ GALINDO LA RESOLUCION DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, lo que hizo mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en la oficialía de partes de este juzgado federal. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 109 a 131), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Oliverio Rodulfo Álvarez, como sigue: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá analizar los elementos del cuerpo del delito de feminicidio en grado de tentativa y determine si los elementos de prueba son suficientes para acreditarlo en esta etapa procesa; debiendo exponer los motivos, circunstancias y razones que revelen que el actuar delictivo del sujeto activo tuvo su origen en el odio hacia el género femenino, atento a lo establecido en la presente sentencia. b) Respecto del delito de robo, deberá realizar una debida valoración de las declaraciones de la agraviada Blanca Teresita Domínguez Galindo, así como de los testimonios de cargo de María Elena Téllez Pérez y César Iván Ayala y Porras, que obran en la causa penal en estudio, de manera individual o circunstancial y concederles el valor que merezcan de acuerdo con las disposiciones que al efecto prevé el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, tanto en el estudio del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad, todo de manera fundada y motivada. c) Deberá precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito de robo. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, en la que se incluye el acto de ejecución, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." En proveído de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 211 a 215). Mediante oficio 6143 de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (foja 223), la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada del auto de término constitucional de esa misma fecha emitido en el proceso 130/2016, con el que dijo dar cumplimiento a la ejecutoria amparadora, y en el que se advierte que, el citado juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de término constitucional de trece de mayo de dos mil dieciséis (foja 224); Pronunció un nuevo auto de término constitucional, en el que, consideró lo siguiente: ".Antes de continuar con el estudio de los elementos de configuración del ilícito, advierto que si bien el ministerio público ejercitó acción penal en contra del indiciado como probable responsable en la comisión del delito de Feminicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 388, fracción VI, 388 Bis, 20 y 94, fracción en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado, tal consideración resulta incorrecta, pues del análisis de los medios probatorios recabados durante la investigación ministerial en su fase A, nos llevan a la convicción de que el delito probado y por el cual deberá continuarse la causa lo es el de homicidio en grado de tentativa." (foja 225 vuelta). Con base en lo anterior, reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa que se le imputara al inculpado, aquí quejoso, y decretó auto de formal prisión en contra de Oliverio Rodulfo Álvarez por el diverso delito de homicidio en grado de tentativa previsto y sancionado por los artículos 312, 20, 94, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla cometido en agravio de Blanca Teresita Domínguez Galindo; Consideró que en autos no se encontraba acreditado el cuerpo del delito de robo previsto y sancionado por los artículos 373 y 374, fracción I del Código Penal para el Estado, que también se le atribuyera al indiciado, aquí quejoso; y, Y, respecto de dicho ilícito dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor del indiciado Oliverio Rodulfo Álvarez, aquí quejoso. Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Ahora bien, el hecho de haber reclasificado el delito el juez de origen resulta suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo en ese aspecto, tomando en consideración que en el presente caso la concesión de amparo fue por irregularidades formales, y tal situación no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores sino que dicho efecto consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban o en sentido diverso, o bien reclasificando el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 constitucional. En efecto, conforme al mencionado artículo 19 constitucional, al reservarse plenitud de jurisdicción al juez responsable en la sentencia que se cumplimenta éste podrá, en su caso, reclasificar el delito por el cual se ejerció la acción penal y de esta manera continuará con la instrucción, máxime que dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis 103/2007-PS. siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL. Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delitos configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Es decir, la Norma Fundamental prohíbe la modificación de la sustancia de los hechos, pero no su apreciación técnica o su denominación legal. Ahora bien, la concesión del amparo contra el auto de formal prisión, por no haberse acreditado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado, trae consigo la declaratoria de invalidez de dicho auto, por lo que, formalmente, ya no estará sujeto a la etapa procedimental de la instrucción y será indispensable que la autoridad responsable defina su situación jurídica, pudiendo presentarse dos hipótesis: que aquélla reclasifique el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 mencionado, o bien, que no esté en condiciones de hacerlo porque ello implicaría variar los hechos materia de la consignación, en cuyo caso podrá dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley. Por tanto, en la sentencia que concede el amparo contra el auto de formal prisión dictado incorrectamente el juzgador puede reservar plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que, en su caso, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal y se continúe la instrucción, pues dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional; sin que con ello se agrave la situación del inculpado, porque la autoridad de amparo no vincula a la responsable a dictar un nuevo auto de formal prisión, debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la posibilidad de reclasificar el delito." Luego, al haber reclasificado el juez responsable el delito de feminicidio en grado de tentativa, por el diverso ilícito de homicidio en grado de tentativa, es inconcuso que, en ese aspecto, cumplió en sus términos la sentencia de amparo. De ahí que se consideren infundadas las manifestaciones del quejoso, donde refiere que el juez responsable al haber decretado auto de formal prisión en su contra por el delito de homicidio en grado de tentativa, viola en su perjuicio las garantías individuales previstas en los artículos 14, 16, 19, 20 y 22, pues a su decir existe defecto y exceso en el cumplimiento de la sentencia amparadora. En efecto, como quedó precisado en líneas anteriores en la sentencia de amparo se otorgó plenitud de jurisdicción al juez responsable del cumplimiento, por ende el hecho de reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa, por el diverso ilícito de homicidio en grado de tentativa no le irroga perjuicio a sus garantías individuales a la parte quejosa pues conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delito o delitos se configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Así, el hecho de reclasificar el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, conforme a la facultad que le concede al juez responsable del cumplimiento el artículo 19 constitucional no es violatorio de las garantías a que alude el inconforme en su escrito de desahogo de la vista que le fuera ordenada mediante proveído de custro de noviembre de dos mil dieciséis. Por su parte, las tesis que al efecto cita el inconforme en el escrito donde desahogó la vista que le fue otorgada, no confirman sus pretensiones, pues se insiste, la reclasificación del delito es una facultad que le otorga el artículo 19 constitucional al juzgador de origen. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, lo que hizo mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en la oficialía de partes de este juzgado federal. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 109 a 131), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Oliverio Rodulfo Álvarez, como sigue: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá analizar los elementos del cuerpo del delito de feminicidio en grado de tentativa y determine si los elementos de prueba son suficientes para acreditarlo en esta etapa procesa; debiendo exponer los motivos, circunstancias y razones que revelen que el actuar delictivo del sujeto activo tuvo su origen en el odio hacia el género femenino, atento a lo establecido en la presente sentencia. b) Respecto del delito de robo, deberá realizar una debida valoración de las declaraciones de la agraviada Blanca Teresita Domínguez Galindo, así como de los testimonios de cargo de María Elena Téllez Pérez y César Iván Ayala y Porras, que obran en la causa penal en estudio, de manera individual o circunstancial y concederles el valor que merezcan de acuerdo con las disposiciones que al efecto prevé el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, tanto en el estudio del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad, todo de manera fundada y motivada. c) Deberá precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito de robo. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, en la que se incluye el acto de ejecución, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." En proveído de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 211 a 215). Mediante oficio 6143 de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (foja 223), la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada del auto de término constitucional de esa misma fecha emitido en el proceso 130/2016, con el que dijo dar cumplimiento a la ejecutoria amparadora, y en el que se advierte que, el citado juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de término constitucional de trece de mayo de dos mil dieciséis (foja 224); Pronunció un nuevo auto de término constitucional, en el que, consideró lo siguiente: ".Antes de continuar con el estudio de los elementos de configuración del ilícito, advierto que si bien el ministerio público ejercitó acción penal en contra del indiciado como probable responsable en la comisión del delito de Feminicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 388, fracción VI, 388 Bis, 20 y 94, fracción en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado, tal consideración resulta incorrecta, pues del análisis de los medios probatorios recabados durante la investigación ministerial en su fase A, nos llevan a la convicción de que el delito probado y por el cual deberá continuarse la causa lo es el de homicidio en grado de tentativa." (foja 225 vuelta). Con base en lo anterior, reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa que se le imputara al inculpado, aquí quejoso, y decretó auto de formal prisión en contra de Oliverio Rodulfo Álvarez por el diverso delito de homicidio en grado de tentativa previsto y sancionado por los artículos 312, 20, 94, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla cometido en agravio de Blanca Teresita Domínguez Galindo; Consideró que en autos no se encontraba acreditado el cuerpo del delito de robo previsto y sancionado por los artículos 373 y 374, fracción I del Código Penal para el Estado, que también se le atribuyera al indiciado, aquí quejoso; y, Y, respecto de dicho ilícito dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, a favor del indiciado Oliverio Rodulfo Álvarez, aquí quejoso. Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Ahora bien, el hecho de haber reclasificado el delito el juez de origen resulta suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo en ese aspecto, tomando en consideración que en el presente caso la concesión de amparo fue por irregularidades formales, y tal situación no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores sino que dicho efecto consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban o en sentido diverso, o bien reclasificando el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 constitucional. En efecto, conforme al mencionado artículo 19 constitucional, al reservarse plenitud de jurisdicción al juez responsable en la sentencia que se cumplimenta éste podrá, en su caso, reclasificar el delito por el cual se ejerció la acción penal y de esta manera continuará con la instrucción, máxime que dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis 103/2007-PS. siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL. Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delitos configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Es decir, la Norma Fundamental prohíbe la modificación de la sustancia de los hechos, pero no su apreciación técnica o su denominación legal. Ahora bien, la concesión del amparo contra el auto de formal prisión, por no haberse acreditado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado, trae consigo la declaratoria de invalidez de dicho auto, por lo que, formalmente, ya no estará sujeto a la etapa procedimental de la instrucción y será indispensable que la autoridad responsable defina su situación jurídica, pudiendo presentarse dos hipótesis: que aquélla reclasifique el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 mencionado, o bien, que no esté en condiciones de hacerlo porque ello implicaría variar los hechos materia de la consignación, en cuyo caso podrá dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley. Por tanto, en la sentencia que concede el amparo contra el auto de formal prisión dictado incorrectamente el juzgador puede reservar plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que, en su caso, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal y se continúe la instrucción, pues dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional; sin que con ello se agrave la situación del inculpado, porque la autoridad de amparo no vincula a la responsable a dictar un nuevo auto de formal prisión, debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la posibilidad de reclasificar el delito." Luego, al haber reclasificado el juez responsable el delito de feminicidio en grado de tentativa, por el diverso ilícito de homicidio en grado de tentativa, es inconcuso que, en ese aspecto, cumplió en sus términos la sentencia de amparo. De ahí que se consideren infundadas las manifestaciones del quejoso, donde refiere que el juez responsable al haber decretado auto de formal prisión en su contra por el delito de homicidio en grado de tentativa, viola en su perjuicio las garantías individuales previstas en los artículos 14, 16, 19, 20 y 22, pues a su decir existe defecto y exceso en el cumplimiento de la sentencia amparadora. En efecto, como quedó precisado en líneas anteriores en la sentencia de amparo se otorgó plenitud de jurisdicción al juez responsable del cumplimiento, por ende el hecho de reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa, por el diverso ilícito de homicidio en grado de tentativa no le irroga perjuicio a sus garantías individuales a la parte quejosa pues conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delito o delitos se configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujetar a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Así, el hecho de reclasificar el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, conforme a la facultad que le concede al juez responsable del cumplimiento el artículo 19 constitucional no es violatorio de las garantías a que alude el inconforme en su escrito de desahogo de la vista que le fuera ordenada mediante proveído de custro de noviembre de dos mil dieciséis. Por su parte, las tesis que al efecto cita el inconforme en el escrito donde desahogó la vista que le fue otorgada, no confirman sus pretensiones, pues se insiste, la reclasificación del delito es una facultad que le otorga el artículo 19 constitucional al juzgador de origen. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Oliverio Rodulfo Álvarez, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Téngasele desahogando la vista otorgada por auto de cuatro de noviembre del presente año y, haciendo diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Lo que será tomado en consideración al momento de resolver respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, una vez que transcurra la vista otorgada en dicho auto al citado quejoso, lo cual se le notificó el once de noviembre del actual, y transcurrirá del quince al diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.

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