Oliver Pomar de la Luz

Expediente 618/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
618/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Oliver Pomar de la Luz

Actuaciones

  1. Principal

    pral 618/2023 mesa 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de julio de dos mil veintitrés. 1. Acepta competencia. Agréguese el oficio firmado por el secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, mediante el cual transcribe el acuerdo de cinco de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 534/2023-VI, de su índice; al respecto, se provee: a) Se le tiene comunicando que se aceptó la competencia declinada por este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo promovida por Oliver Pomar de la Luz, para los efectos legales procedentes. b) Ante ello, se ordena la vinculación del expediente electrónico de este juicio 618/2023 al diverso 534/2023-VI del índice del Juzgado oficiante, de forma permanente; por lo que se instruye a la oficial judicial "a" de este órgano jurisdiccional realice los movimientos relativos en el sistema integral de seguimiento de expedientes. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución relativa haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Archivo y destino del expediente. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, archívese este expediente como definitivamente concluido; y, conforme con lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, vigente en términos del artículo noveno transitorio del referido acuerdo general, al haberse dictado auto de incompetencia, sin que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, este expediente es DESTRUIBLE; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contado a partir de la fecha en que se emite este acuerdo, una vez cumplido ese plazo, se procederá a su destrucción, y el acta de baja documental se remitirá dentro de los treinta días naturales siguientes, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    P 618/2023, mesa 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del juez de Ejecución Penal, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, presentada el veintitrés de junio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio y turnada el veintiséis de junio siguiente a este órgano jurisdiccional, fórmese expediente con el registro ********************. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(la) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, a) haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3. Competencia. Por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza, en primer término, el relativo a la competencia. Como antecedentes de esos actos, la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que: 1. Ante el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral ********************, con fecha ********************se le formuló imputación por hechos que constituían los delitos de ********************, ********************, ******************** y ********************, imponiéndosele la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 2. Estando interno en el Centro de Readaptación Social ********************, en la Congregación ********************, ********************, ********************, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número ********************, ********************. 3. El ********************se le dictó sentencia a siete años de prisión por el delito ********************, en el juicio oral ********************, antes causa penal ********************, por parte de la juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral ********************, misma que fue impugnada. 4. El ********************promovió solicitud de traslado voluntario ante el juez de Ejecución Penal de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por encontrarse en ese lugar, el centro penitenciario más cercano a su domicilio. 5. El ******************** el juez de Ejecución Penal no aceptó ser competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario. 6. Que a partir de la notificación de esa resolución se encuentra en estado de zozobra y le ha causado ansiedad, toda vez que el juez dilató el proceso de traslado de diversa persona, quien es padre de su co-sentenciado, y al no aceptar el traslado, se inició un conflicto entre dos autoridades, determinándose que sí era competente; y que, aun cuando un juez de Distrito le ordenó trasladar a dicha persona al centro penitenciario de ********************, se estuvo negando a realizarlo, lo que le causa miedo y desesperación, toda vez que el juez está haciendo lo mismo con el quejoso. Ahora, de lectura a la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: 1º Actos de posible tortura psicológica cometidos en su contra, por parte de la responsable. 2º Acuerdo de ********************, por el cual niega conocer de la solicitud de traslado voluntario que promovió, al declararse incompetente legalmente para ello, en el cuaderno de antecedentes ********************. Así planteados los actos reclamados, se advierte que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, al señalar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De conformidad con lo ahí dispuesto, cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia por razón de territorio se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando o d) se haya ejecutado el acto reclamado. Con ello, el legislador pretendió determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, criterios relacionados, entre otros, con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En el caso, se reclama la resolución por la que el juez responsable determina que no es legalmente competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario que el quejoso le planteó, con lo que, dice, se traduce en posible tortura psicológica al saber que continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Cps-********************, Michoacán. Respecto al tema, en la jurisprudencia 1a./J.10/2021 (11a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocerla deberá resolverse en atención al que corresponda al centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como serían el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación; aspectos que no se relacionan ni impactan con el régimen de imposición o modificación de penas. Que el traslado tiene la naturaleza de condición de internamiento y, por ello, el juez de Ejecución competente para conocer del traslado voluntario de una persona privada de la libertad en un centro federal debe ser el juez de Distrito que vigila ese centro de internamiento. Considerar lo contrario, sostuvo, trastocaría el principio de concentración, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales, que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros y entidades federativas, lo que generaría incertidumbre jurídica para la persona en reclusión respecto de la autoridad a la que le corresponde acudir, toda vez que uno de los objetivos por los cuales fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal es la transformación del sistema penitenciario a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, quienes requieren de tutela judicial efectiva reforzada. Así, los actos reclamados tienen relación con las condiciones de internamiento en un centro penitenciario y, por tanto, se están ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso y donde continuará privado de su libertad, compurgando la sentencia condenatoria dictada en su contra, ya que el juez responsable declaró que no es legalmente competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario que le fue planteada; es claro, entonces, que este órgano jurisdiccional no es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo, sino el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica el centro de reclusión. En consecuencia, la competencia para conocer de la demanda de amparo, conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso Acuerdo General 30/2022, se surte a favor del juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, que ejerce jurisdicción sobre el Centro Federal de Readaptación Social número ********************, que se encuentra en ******************** ********************. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, declinándola a favor del juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, al que se ordena remitirle la demanda de amparo y copias, a fin de proceda conforme a sus facultades legales. 4. Cuaderno de antecedentes. Con la boleta de turno y copia de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes. 5. Personas autorizadas. a) Con apoyo en el numeral 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizada con las facultades amplias a la licenciada ********************, de quien se exhibió la impresión de la cédula profesional electrónica ********************a su nombre, misma que también aparece en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. b) Y únicamente para recibir notificaciones, conforme a lo dispuesto por el precepto 24 de la ley invocada, a las diversas personas que menciona, por haberlo solicitado expresamente así la parte quejosa. 6. Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en los artículos 16, 19, 35, 36, 38 a 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se autoriza a) el acceso al expediente electrónico ******************** y b) la notificación vía electrónica, a través del usuario "********************". En el entendido de que únicamente los autos que deban ser notificados personalmente conforme a lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, serán los que ameritarán el envío de la notificación electrónica, los demás se llevarán a cabo por lista de acuerdos, en términos del mismo numeral 26, en su fracción III. Se invoca en apoyo la jurisprudencia de datos de localización y rubro siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2026122 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 8/2023 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, página 2405 Tipo: Jurisprudencia NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL". 8. Canales de comunicación alternos proporcionados. Se tiene a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico y número telefónico para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 9. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a la parte quejosa que a partir del siete de noviembre del dos mil veintidós este órgano jurisdiccional tramitará este asunto mediante medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 1******************** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución relativa, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/********************/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 11. Instrucción al(a) actuario(a). Se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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