Oliver Miranda Herrera

Expediente 569/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
569/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/01/2022

Partes del expediente

  • Oliver Miranda Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio y su anexo, signado de manera electrónica por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido en línea; y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Se tiene a la superioridad remitiendo testimonio de la resolución dictada en el expediente 225/2021, de donde se advierte que dicho Tribunal DECLARÓ INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por el aquí quejoso ********************, en contra del auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido en línea; y en virtud de que éste cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Téngase a la Superioridad acusando recibo del oficio 19123 de tres de agosto pasado, e informando que en dicho tribunal se admitió el recurso de queja interpuesto por el aquí quejoso ********************, radicándose en consecuencia el expediente Q. 225/2021 en su índice, lo anterior para los efectos legales procedentes; en tal virtud, estese a la espera de lo que resuelva el Tribunal de Alzada. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por el quejoso recibido en línea; y en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de julio del año en curso, en el que se desechó de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este Juzgado Federal emitió el proveído de veintiocho de julio del año en curso, en el que se desechó de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por tanto, una vez notificado el presente proveído, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, a través de su Oficina de Correspondencia Común, el original y copia del escrito del recurso de queja; copia certificada del proveído recurrido, así como de las demás constancias que se estimen pertinentes para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del referido medio de impugnación, para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad que deba resolver el mismo, puesto que el recurso de queja se promueve precisamente en contra del proveído que tuvo por desechada la demanda de amparo, y por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Oliver Miranda Herrera, contra actos del 1. Juez Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz. Fórmese expediente bajo el número 569/2021. Ahora, en atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto, este juzgador procede a determinar, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, que en el caso se actualiza una causa de improcedencia y, por ende, se impone desechar de plano la demanda de amparo. La causal que concurre a este asunto, se configuran los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." En relación a ello, mediante jurisprudencia IV.2º.C. J/2 (10ª), el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuatro Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539, estableció: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Conforme al tema, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, emitió la tesis I.8º.C.22 C (10ª.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, Materia Civil, página 2674, dijo: DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. El primero de los citados preceptos establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar, y en su caso tener por actualizada, alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. En relación con el segundo de los numerales reproducidos, es oportuno traer a colación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Precisado lo anterior, si en el caso concreto, el acto reclamado es el acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil 128/2021 de la estadística de la ya citada autoridad responsable por el cual se determinó que no ha lugar modificar o revocar el auto que dejó sin efectos la medida cautelar solicitada en el citado juicio. Esto pone de manifiesto que las posibles infracciones cometidas por la autoridad judicial al emitir el citado acuerdo, sólo es susceptible de afectar derechos procesales, ya que esto no se traduce por sí en la afectación de un valor substancial, pues no afecta ni pone en peligro de manera directa e inmediata la vida del afectado, su patrimonio, su familia, etcétera. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SU PREVISIÓN CONSTITUCIONAL NO CAMBIA SU CARÁCTER DE DERECHOS PROCESALES. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los primeros, y de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y otros". Lo anterior, pone de manifiesto que una eventual afectación a la quejosa no es de imposible reparación, pues el hecho de que se hubiere dejado sin efectos la medida cautelar otorgada al actor del juicio natural, únicamente trasciende a un aspecto adjetivo, pero sin transgredir derechos de naturaleza sustantiva y sin que ello implique que, necesariamente, dentro de dicho expediente se emitirá sentencia contraria a sus intereses. Por tanto, si eventualmente la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de origen es contraria a las pretensiones de la parte quejosa, será en el amparo directo que, en su caso, promueva en su contra en el que habrá de inconformarse contra todas aquellas violaciones adjetivas intraprocesales que trascendieron a su sentido y no durante la substanciación del procedimiento mediante la promoción de múltiples frentes constitucionales de carácter biinstancial, pues ello atentaría contra la expeditez en la administración de justicia. Lo que encuentra apoyo en la tesis P.LVIII/2004 de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Atendiendo a su solicitud, se le autoriza la consulta vía internet, con el nombre de usuario "oliver_atom4", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

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