OLIVER FRIAS MORALES y Otros.
Expediente 300/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- OLIVER FRIAS MORALES y Otros.
- Paula Carola Frías Vásquez
- Oliver Frias Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, mediante el cual envía los autos originales del juicio de amparo número --/2016-III, promovido por----- por sí y en representación de sus menores hijas ----- todas de apellidos ----- así como testimonio del recurso de queja civil número 62/2016, en cuyos puntos resolutivos determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En tales condiciones, acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, mediante el cual acusa recibo del oficio 7714, mediante el cual se le remitieron los autos originales del juicio amparo 300/2016-III; asimismo, téngasele manifestando que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer. Este Juzgado se da por enterado de que el referido medio de defensa, quedó registrado con el número 62/2016.
- Principal
Téngase por recibido el escrito suscrito por el promovente -----; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintiocho de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías. En ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo vigente, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe con justificación que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado, y en apoyo remítanse los autos originales del juicio en que se actúa, además del escrito de expresión de agravios y copia, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en Guanajuato, capital, para la tramitación de la queja interpuesta, ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA. Como está ordenado en proveído de veinticino de abril de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de veintiocho de abril de la presente anualidad, que señala: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ***** por su propio derecho y en representación de -----, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, en contra del acto reclamado del Juzgado Quinto Civil de Partido con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de quince de abril de dos mil dieciséis, emitida al resolverse el recurso de revocación que instó en contra del proveído de veintiocho de marzo de la propia anualidad, en los autos del juicio Oral ordinario ------, en el que esencialmente se confirma la suspensión del procedimiento en la audiencia del juicio y para el efecto de no dictar sentencia, hasta en tanto se resuelvan diversos medios de impugnación, pendientes de resolverse y que fueron instados por ambas partes contendientes en el sumario de origen, lo cual considera que vulnera sus derechos y garantías contenidas en los numerales 1, 4, 8, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías, al advertirse la causa de improcedencia relativa a que los efectos que genera el acto reclamado, no son de imposible reparación, por no afectarse materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así es, en el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se colige que el Juez de Distrito debe desechar de plano una demanda de garantías, cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo que por "manifiesto", debe entenderse lo que se denota en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que lo "indudable", es cuando se tiene la plena convicción de la existencia de una determinada situación que no puede ponerse en duda por lo seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a cualquiera de esas dos promociones. Además de que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera el escrito de demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable causa de improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen o a su escrito aclaratorio, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que están acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rindiera la autoridad responsable, las pruebas, y los alegatos que las demás partes ofrezcan y hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar la causa de improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, escrito aclaratorio o de sus anexos, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En acatamiento a lo establecido en los numerales antes transcritos, quien resuelve considera que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario y ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De lo recién transcrito se advierte que en el artículo 107, fracción V, se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando dentro del juicio se emitan actos cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció sobre el tema y estableció expresamente la interpretación que se debe dar a la invocada fracción V del artículo 107 de la actual Ley de Amparo; lo que se hizo al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que resultó la jurisprudencia 37/2014 aprobada el veintidós de mayo de dos mil catorce y publicada el seis de junio siguiente, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". En dicho criterio, se estableció que la jurisprudencia 4/2001 que anteriormente sostuvo el propio Pleno con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", y en la que determinó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, procedía el juicio de amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las parte en grado predominante o superior, ya no es aplicable en la actualidad a partir de la publicación de la Ley de Amparo de tres de abril de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, ofrece la precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por ellos se entienden "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Ahora, nuestro Máximo Tribunal considera que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra los actos de imposible reparación, ya que mediante una formula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En la jurisprudencia en mención se considera, que tal interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso, para la promoción del juicio de amparo indirecto contra los actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo, debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Toda vez que en aquella jurisprudencia 4/2001, expresamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa o inmediata a un derecho sustantivo"; concepción que resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste, reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables, es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica, es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva, con la que el Tribunal en Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Luego, al consistir el acto reclamado en el presente asunto, en la resolución de quince de abril de dos mil dieciséis, emitida al resolverse el recurso de revocación que instó en contra del proveído de veintiocho de marzo de la propia anualidad, en los autos del juicio Oral ordinario -----, en el que esencialmente se confirma la suspensión del procedimiento en la audiencia del juicio y para el efecto de no dictar sentencia, hasta en tanto se resuelvan diversos medios de impugnación, pendientes de resolverse y que fueron instados por ambas partes contendientes en el sumario de origen. De ello deriva que los efectos de tal acto reclamado, no son de los que conlleven una ejecución de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que por sí mismo no vulnera, en agravio del impetrante de garantías, de manera directa e inmediata, alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, si bien es cierto que la determinación de suspender el procedimiento en la primera instancia, hasta en tanto se resuelven diversos medios de impugnación instados por las partes contendientes en el sumario de origen, es de naturaleza adjetiva y que pudiera estimarse que sus consecuencias afectarían en grado predominante o superior los derechos procesales de la parte quejosa en la contienda en que se pronunció y, con ella, verse afectada la garantía de administración de justicia pronta y expedita, contenida en el artículo 17 constitucional, que no es reparable en cuanto a sus efectos, mediante el dictado de la sentencia definitiva, criterio que como se vio ya quedó superado, aunado a que la reanudación del procedimiento depende de un acto a cargo de la parte agraviada, a saber el medio de impugnación que instó y que se encuentra pendiente de resolverse. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, y 62, en relación con en el diverso numeral 107, fracción V, interpretada ésta en sentido contrario y todos de la Ley de Amparo, en razón de que los efectos que genera el acto reclamado no son de imposible reparación, por no afectarse materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.
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