Oliver Flores Amador
Expediente 264/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Oliver Flores Amador
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el tres de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Oliver Flores Amador; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase al Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, la copia certificada del expediente 428/2019, de su índice, en dos tomos, que remitió como apoyo a su informe justificado, los cuales se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
mesa 3 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con diez minutos del tres de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 264/2021-3, promovido por Oliver Flores Amador. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informó de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las rendidas por la parte quejosa: Original de la cédula notificación de la resolución interlocutoria de dos de febrero de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de reconsideración relativo al expediente 428/2019 del índice de la Juez responsable. Fojas 39 a 46 Por su parte, la autoridad responsable Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco al rendir su informe justificado, acompañó copia certificada del expediente 428/2019 de su índice, en Tomo I y II. Tomos que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 264/2021-3, promovido por Oliver Flores Amador, contra actos que reclamó de la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, que estima violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete siguiente, el Oliver Flores Amador solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de el acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La sentencia interlocutoria dictada (.), el dos de febrero de dos mil veintiuno, notificada a mi autorizado el día veinticuatro de febrero de este año 2021, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración, promovido dentro de la causa familiar con número de expediente 428/2019 (...)" AUTORIDAD RESPONSABLE Juzgado Quinto de lo Familiar del Fuero Común. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda y admitió a trámite con el expediente 264/2021-3; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reconoció carácter de tercera interesada a Melida Patricia Priego Rodríguez y se instruyó su emplazamiento; se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERA INTERESADA. Mediante constancia de notificación de veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el emplazamiento de la tercera interesada Melida Patricia Priego Rodríguez. Foja 55 CUARTO. AUDIENCIA. La udiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como acto reclamado: La resolución interlocutoria de dos de febrero de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de los puntos segundo y segundo bis del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio de divorcio incausado 428/2019 del índice del Juzgado responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, dado que así lo manifestó la Juez Familiar responsable, al rendir el informe justificado respectivo [Foja 60]; lo cual se corrobora con la copia certificada del expediente laboral 428/2019 que obran por cuerda separada como Tomo I y II. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por ser expedida por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias citadas en considerando que precede que se acompañaron al informe justificado en original. Visto lo anterior, resulta necesario referir los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: 1. Mediante proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, Tabasco dio entrada a la demanda interpuesta por Melida Patricia Priego Rodríguez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Valeria y Oliver, ambos de apellidos Flores Priego, en la vía del juicio ordinario civil de divorcio necesario (incausado), pensión alimenticia y controversia del orden familiar en contra de Oliver Flores Amador -aquí quejoso- bajo el expediente 428/2019, por lo que decretó como pensión alimenticia provisional de trecientos días de salario mínimo general vigente en la entidad mensual en favor de la actora y sus menores hijos y ordenó emplazar al demandado. [Foja 40 a 50 del Tomo I] 2. En auto de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, la juez natural entre otras cuestiones, requirió al demandado Oliver Flores Amador -aquí quejoso- para que justificase estar al corriente con la pensión fijada en el auto inicial. Fojas 283 a 285 del Tomo I 3. Por acuerdo de seis de enero de dos mil veinte, se tuvo por interpuesto el Incidente de Reducción y/o Modificación de la Pensión Alimenticia como medida provisional, iniciado por el demandado Oliver Flores Amador -aquí quejoso- Foja 760 del Tomo I 4. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, se dictó proveído en el cual se requirió nuevamente al demandado en el juicio natural para que justificase estar al corriente con el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de inicio. [Fojas 1196 y 1197 del Tomo II] 5. En auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la juez familiar responsable, en los puntos SEGUNDO y SEGUNDO (BIS), ordenó hacer efectiva la medida de apremio, consistente en multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, dado que no había cumplido con el pago de la pensión alimenticia fijada el nueve de mayo de dos mil diecinueve; además requirió de nueva cuenta el cumplimiento de dicha pensión provisional. [Fojas 1349 y 1350 del Tomo II] 6. Inconforme con lo anterior, el demandado Oliver Flores Amador -aquí quejoso- interpuso recurso de reconsideración en contra del auto citado en el punto precedente [Fojas 1376 a 1385 del Tomo II], el cual la juez familiar responsable admitió a trámite en auto de quince de octubre de dos mil veinte. Fojas 1388 y 1389 del Tomo II 7. Mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la juez familiar responsable, en el punto SEGUNDO requirió de nueva cuenta a la parte demandada el cumplimiento del punto sexto de auto de quince de octubre de dos mil veinte, consistente en acreditar estar al corriente con la pensión alimenticia ordenada. Fojas 1435 y 1436 del Tomo II 8. El siete de diciembre de dos mil veinte, la juez responsable en auto dictado en esa fecha, decretó el divorcio sin causa entre el aquí quejoso y la tercera interesada; dejó fuera de la disolución antes decretada lo relacionado con los alimentos, bienes y su liquidación. Fojas 1444 y 1448 del Tomo II 9. Finalmente, mediante resolución interlocutoria dos de febrero de dos mil veintiuno [Fojas 1459 a 1470 del Tomo II], la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, resolvió el recurso de reconsideración dentro del sumario 428/2019 planteado contra los puntos SEGUNDO y SEGUNDO BIS del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en el cual determinó: Segundo. se declaran parcialmente fundados los agravios expuestos por Oliver Flores Amador, en contra del punto segundo del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en lo que respecta al monto de la multa impuesta, de conformidad con los artículos 347 y 438 del Código de Procedimientos Civiles en vigor Luego entonces, no obstante que al momento de requerir al hoy recurrente se estableció como medida de apremio multa de CINCUENTA (50) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) al momento de la infracción, empero, al ponderarse las circunstancias antes descritas relativas a lo excesivo de la medida, la conducta atribuida al ciudadano Oliver Flores Amador, en correlación a su capacidad económica y los hechos que motivan en este acto su implicación por incumplimiento a una medida cautelar, justipreciadas entre si, conducen a determinar que se reduzca la medida de apremio con la que se apercibió al recurrente en el punto noveno del auto de inicio de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, reiterada en el punto quinto del acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte a una multa mínima de 20 (veinte) veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $1,737.6 (mil setecientos treinta y siete 6/100 m.n.) al momento de infracción, la que resulta de multiplicar con la cantidad de $86.88), valor de la Unidad de Medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía vigente al momento de comisión de la infracción en términos del artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos Civiles en vigor y con ello no se vean violentados sus derechos humanos de legalidad y audiencia. Tercero.se declara procedente el recurso de reconsideración interpuesto por Oliver Flores Amador en contra del punto segundo bis del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, aclarado en el sexto punto del acuerdo de quince de octubre del año pasado y se reconsidera para quedar como sigue: En esa secuencia, requiérase al demandado Oliver Flores Amador para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de este proveído, de cumplimiento a lo ordenado en el punto noveno del auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, debiendo acreditar estar al corriente en el pago de la pensión alimenticia decretada a favor de la ciudadana Melida Patricia Priego Rodríguez y de sus menores hijos de identidad reservada, incluyendo los adeudos correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del dos mil diecinueve, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de dos mil veinte; apercibido de que no hacerlo, se le aplicara en su contra una medida de apremio, consistente en multa de treinta (25) veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $2,172.00 (dos mil ciento setenta y dos pesos 00/100 m.n.), que resulta de multiplicar por veinticinco (25) la cantidad de de $86.88, valor de la Unidad de Medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía vigente al momento de comisión de la infracción en términos del artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Ahora, la citada resolución constituye el acto reclamado en esta vía constitucional, de la cual se advierte que la Juez responsable soportó, en lo que interesa, sus razonamientos en lo siguiente: En el considerando IV se avocó al estudio de los agravios presentados por el aquí quejoso- en contra del punto segundo del acuerdo recurrido, mediante el análisis de los antecedentes del caso y la valoración de los medios de convicción ofrecidos por el apelante. Determinó declarar parcialmente fundados los motivos de disenso, ya que si bien obran constancias en el sumario que acreditan diversas consignaciones parciales, de parte del recurrente, por la cantidad de $3,200.00 (tres mil doscientos pesos 00/100 m.n.) y además exhibió recibos, facturas, notas de compra y tickets para acreditar que alimentos, educación y salud en favor de sus menores hijos, tales cantidades son insuficientes para tener por cubierto el pago total de la pensión alimenticia provisional fijada de 300 veces el valor del salario mínimo, máxime que tales documentales no son idóneas para acreditar que tales gastos se destinaron al sustento de la actora y sus menores hijos. Por lo cual, la responsable sostuvo que los agravios primero y segundo del recurrente son inoperantes, pues ha incumplido con la pensión alimenticia provisional. Por otra parte, indicó que en atención a la conducta del demandado, la gravedad de la infracción y su capacidad económica, resultó excesiva la multa impuesta en el punto segundo del auto combatido, por lo que determinó reducirla a la mínima de 20 (veinte), veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $1,737.6 (mil setecientos treinta y siete pesos 6/100 m.n.). Luego, en el considerando V, previo estudio de los agravios presentados por el recurrente en contra del punto segundo bis del auto materia del recurso estimó que, conforme a lo previsto en el artículo 16 constitucional corre por obligación de esa responsable fundamentar y motivar toda actuación. Explicó que el artículo 129 de la codificación adjetiva civil le dota de facultades para imponer medidas de apremio necesarias para hacer cumplir el orden y respeto a ese órgano judicial. Sostuvo que, la omisión del recurrente de cumplir con la pensión alimenticia provisional ha sido evidente, y por tanto el requerimiento de cumplimiento es procedente y con arreglo en lo resuelto en esa misma interlocutoria, estimó que la medida de apremio impuesta en el auto recurrido es excesiva. Por lo que tras analizar la conducta de incumplimiento, establecer la necesidad y obligación de los alimentos en favor de los acreedores alimentarios, con fundamento en los artículos 313 del Código Civil y los numerales 196, 197 y 129, fracción I del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Tabasco, requirió de nueva cuenta al demandado Oliver Flores Amador -aquí quejoso- para que acreditase haber cumplido con el pago de la pensión alimenticia decretada en auto de inicio de nueve de mayo de dos mil diecinueve, con el apercibimiento de multa de 25 (veinticinco) veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. El amparista en su primer concepto de violación indica que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio el principio de igualdad procesal tutelado en el artículo 17 constitucional, lo anterior dado que la Juez responsable analiza más allá de la causa que dio origen al recurso, pues entra al análisis y estudio de situaciones que son materia de la sentencia definitiva. Afirma que el motivo originario de su inconformidad es que los puntos recurridos carecen de fundamentación y motivación para decretar la multa impuesta, además de ser improcedentes, pues no son aquellos con los que fue apercibido en el auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve. Aduce que la Juez responsable no valoró ni tomó en consideración todas las actuaciones que obran en autos, pues con dichas constancias se acredita que ha cumplido a cabalidad con la obligación alimentaria. Sostiene que, aunque la resolución si bien, tomó en consideración parcialmente sus agravios, no los valoró plenamente, pues insiste que sí ha cumplido con proveer a la actora y a sus hijos con todas sus necesidades básicas y no básicas. Invocó al respecto la tesis aislada X.2o.1 C (10a.) de rubro: PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO SE AJUSTE SU PORCENTAJE, CONSIDERANDO QUE EL OBLIGADO ALIMENTARIO OTORGA, ADEMÁS EN ESPECIE, OTROS CONCEPTOS (SALUD Y EDUCACIÓN), EL JUZGADOR DEBE ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO Y, EN CASO CONTRARIO, DEJAR SIN EFECTOS AQUÉL, SIN NECESIDAD DE APERTURAR INCIDENTE (LEGISLACIÓN ESTADO DE VERACRUZ). y la tesis aislada I.7o.1 C 122 C de rubro: ALIMENTOS. A FIN DE OBSERVAR LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD E IGUALDAD ENTRE DEUDOR Y ACREEDOR ALIMENTARIOS, ASÍ COMO LOGRAR EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN, LA FIJACIÓN DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE PUEDE HACERSE EN EFECTIVO, EN ESPECIE O INCLUSO, DE MANERA COMBINADA. Además, sostiene que la Juez Familiar responsable, al resolver la interlocutoria materia de la presente controversia, realiza una valoración de las pruebas, al razonar que las constancias exhibidas por el demandado -aquí quejoso- son insuficientes para acreditar el pago de la pensión alimenticia provisional, lo cual es violatorio del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Tabasco. Asegura que ha cubierto en especie y una porción en efectivo sus obligaciones alimentarias, lo cual ha acreditado con los documentos idóneos como son pagos de colegiaturas, notas de comprar domiciliadas a sus hijos, pago de medicamentos, entre otros, por lo que de ejecutarse la sentencia recurrida se estarían aplicando un doble cobro de los mismos. En su segundo concepto de violación, el quejoso afirma que la sentencia combatida es irregular y parte de un análisis erróneo de los medios de prueba que obran en autos, además de una incorrecta apreciación de los agravios hechos valer en el medio de impugnación. Discurre que lo anterior es así, ya que por un lado sostiene que el quejoso es suficientemente solvente para cubrir la pensión alimenticia provisional fijada en el auto de inicio y por el otro lado determina una reducción de la multa impuesta por no cumplir con dicha pensión, argumentando que imponer una multa elevado merma su economía. Devienen infundados los argumentos vertidos en el primer y segundo concepto de violación esgrimido por la parte quejosa; sin que en el caso, a criterio de este juzgador, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, como ya quedó asentado, el acto reclamado lo constituye la sentencia interlocutoria de dos de febrero de dos mil veintiuno que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de los puntos segundo y segundo bis del auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en los autos de expediente 428/2019, relativo al juicio ordinario civil de divorcio incausado, pensión alimenticia y convivencia del orden familiar del registro de la Juez Familiar responsable. Al respecto del principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 131/2011, estableció que es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Pormenorizó que, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: Subjetiva: relativa a las condiciones personales de la persona juzgadora, que se traduce en los impedimentos existentes relativos a los negocios de que conozca, y Objetiva: respeto de las condiciones normativas de las cuales debe resolver la persona juzgadora, esto es, los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar cada caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma no prevé supuesto que imponga a la persona juzgadora una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, ni tampoco impone obligación alguna para que actúe en un determinado sentido -como sucede en la especie-, deviene lógico afirmar que no se vulnera el principio de imparcialidad garantizado constitucionalmente. Sustenta el análisis anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 460, décima época, materia constitucional, registro 160309, de rubro y texto: IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal. Ahora, conforme a lo establecido en el artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Tabasco, el recurso de reconsideración únicamente establece como reglas para su sustanciación las siguientes: ARTÍCULO 348.- Substanciación. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I.- El recurso deberá hacerse valer dentro de los tres días siguientes al en que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II.- El recurso deberá interponerse mediante escrito que deberá contener la expresión de los agravios; III.- No se concederá periodo de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al interponerla; y IV.- La reconsideración no suspenderá el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el plazo de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible. De lo anterior se advierte que la prosecución del medio de impugnación no plantea condiciones especiales que el órgano jurisdiccional deba analizar para garantizar el ejercicio de su imparcialidad, además únicamente establece como regla de análisis el tomar en cuenta los documentos señalados en el momento de la interposición del propio medio de impugnación. En ese sentido, del contenido del escrito por medio del cual el demandado Oliver Flores Amador -aquí quejoso- [Fojas 1376 a 1385 del Tomo II] interpuso el recurso de reconsideración que generó la sentencia reclamada, se advierte que señaló sus escritos de quince de julio, cinco de septiembre, once de octubre, seis de noviembre y doce de diciembre de dos mil diecinueve, veintiuno de febrero, diecisiete de marzo y dos de septiembre de dos mil veinte, juntos con sus respectivos anexos como sustento para acreditar que ha cumplido con el pago de la pensión alimenticia provisional fijada en el auto de inicio del procedimiento, con lo cual argumentó que no existía motivo para imponerle multa ni para solicitar el requerimiento de cumplimiento de la pensión. Ahora, contrario a lo sostenido por el peticionario de amparo, la sentencia recurrida no vulnera el principio establecido en el artículo 17 constitucional, toda vez que como se advierte del apartado de antecedentes la Juez responsable sí analizó los aspectos sometidos a su jurisdicción y las condiciones que generaron el auto a reconsiderar, planteando como base los motivos y razones que estableció el propio recurrente para ello. De tal suerte, que en los puntos considerandos IV y V de la sentencia reclamada, se advierte estudio de los antecedentes relativos al cumplimiento de la medida cautelar de pensión alimenticia provisional, dentro de los cuales se encuentran los escritos que señaló el propio recurrente -aquí quejoso- para el desarrollo del recurso. Así, con base en el análisis de dichas constancias la Juez responsable estimó que no se había cubierto en su totalidad la pensión alimenticia provisional fijada en el punto noveno del acuerdo de inicio del juicio natural. [Foja 44 y 44 vuelta del Tomo I] Para mejor proveer se reproduce el citado a continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En esa guisa, inverso al argumento de disenso del peticionario de amparo, la sentencia reclamada en su considerando IV, si expuso las razones y circunstancias por las cuales estimó que no se ha acreditado el cumplimiento de pensión alimenticia provisional fijada en favor de la actora y sus menores hijos. Detalló que si bien, el recurrente allegó diversos escritos y acompaño anexos con los que pretendió dar por cumplida esa obligación, lo cierto es que la pensión alimenticia provisional se fijó por una cantidad de TRECIENTOS días de salario mínimo y con las constancias que obran en autos no se advierte que tal obligación se haya cubierto. Además, puntualizó que todas las cuestiones inherentes a la reducción o modificación del monto de la medida provisional de pensión alimenticia, en términos del artículo 197 del código adjetivo aplicable, deben de substanciarse en vía incidental; consideración que este juzgador federal comparte. Dichos argumentos se reproducen a continuación para mejor proveer: Fojas 1461 vuelta y 1462 vuelta del Tomo II --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tales razonamientos, efectivamente se corroboran con las constancias que obran en los autos del juicio natural, de las cuales se advierten diversos requerimientos de la Juez responsable al quejoso para que acreditase estar al corriente con la obligación alimentaria provisional fijada mediante auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, la cual no se fijó en especie sino en una cantidad líquida mensual -trecientos días de salario mínimo-, cantidad que no ha sido acreditada ante la jurisdicción natural en los términos que fueron establecidos, de ahí que no le asista ninguna razón al quejoso al afirmar que ha cubierto tal obligación. Lo anterior sin que sea obvie a este órgano de amparo las manifestaciones del quejoso en el sentido que ha cubierto en especie la totalidad de necesidades básicas y no básicas, tanto de la actora como de sus menores hijos -aquí terceros interesados-, empero tales afirmaciones no fueron suficientes para que la Juez responsable estimara que se cubrió en tiempo y en la forma establecida la pensión alimenticia provisional impuesta. Esto fue así, ya que adecuadamente, la Juez natural estimó que del sumario natural se desprenden únicamente consignaciones por las cantidades inferiores al monto fijado, así como diversas facturas, notas de compra y tickets de alimentos, con los cuales no le fue posible asegurar fuera de toda duda que hayan sido erogadas para gastos relacionados a su obligación alimentaria. Por otro lado, tampoco es cierto el argumento de la parte quejosa respecto a que la multa es improcedente dado que no fue apercibido en el auto admisorio de nueve de mayo de dos mil diecinueve; ya que del análisis de constancias se advierte que efectivamente en el citado acuerdo de inicio en su punto noveno se fijó pensión alimenticia provisional y se le previno que en caso de incumplimiento, se le impondría una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Ahora, respecto del razonamiento expuesto por el quejoso tocante a que la sentencia es irregular, ya que por un lado sostiene que el quejoso es solvente para cumplir con el monto establecido como pensión alimenticia provisional y por otro, determina reducción la multa por incumplimiento al mínimo, tal consideración es incorrecta, ya que la imposición de una multa no solo reclama el análisis de la capacidad económica del sujeto infractor, sino también las consideraciones particulares del caso en concreto y la reincidencia. Argumentos que en su conjunto motivan la imposición de la multa en el caso que nos ocupa, máxime que al final, la Juez responsable fijó como monto de multa la mínima establecida en la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Tabasco, por lo que incluso en el caso de no estar motivada, tampoco sería motivo de concesión de amparo. Es aplicable en conducente la tesis de jurisprudencia 2a./J. 127/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, página 219, novena época, materia administrativa, registro 192796, de rubro y texto: MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo, dado lo infundado de sus conceptos de violación. Resulta imporante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por la parte quejosa, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente. Ahora, este juzgador considera que, en atención a la argumentación que soporta la presente ejecutoria, donde se sostiene que la sentencia interlocutoria reclamada se encuentra ajustada a derecho y por tanto no transgredió los preceptos constitucionales que aduce la parte quejosa, es que los postulados en los que se basan los criterios judiciales invocados a continuación enlistados no resultan procedentes ni aplicables para conceder la protección solicitada, a saber: PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO SE AJUSTE SU PORCENTAJE, CONSIDERANDO QUE EL OBLIGADO ALIMENTARIO OTORGA, ADEMÁS EN ESPECIE, OTROS CONCEPTOS SALUD Y EDUCACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO Y, EN CASO CONTRARIO, DEJAR SIN EFECTOS AQUÉL, SIN NECESIDAD DE APERTURAR INCIDENTE EGISLACIÓN ESTADO DE VERACRUZ ALIMENTOS. A FIN DE OBSERVAR LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD E IGUALDAD ENTRE DEUDOR Y ACREEDOR ALIMENTARIOS, ASÍ COMO LOGRAR EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN, LA FIJACIÓN DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE PUEDE HACERSE EN EFECTIVO, EN ESPECIE O INCLUSO, DE MANERA COMBINADA. Máxime que, como ya se afirmó la materia del recurso de reconsideración que generó la sentencia interlocutoria reclamada versaban sobre un auto que impuso una multa por incumplimiento de pago de pensión y requirió de nueva cuenta al demandado para acreditar el pago, por lo que, si los argumentos de las tesis invocadas versan sobre el ajuste y modificación de la pensión, es evidente que no resulten procedentes, pues versan sobre la materia de la vía incidental de modificación y reducción respectiva. En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los argumentos de disenso propuestos por el quejoso, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- La justicia de la unión no ampara ni protege a Oliver Flores Amador, en contra del acto reclamado a la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable Juez Quinto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, residente en esta ciudad, rinde informe justificado, anexando las siguientes documentales consistentes en: 1.- copias certificadas del Tomo I y II, relativos al expediente 428/2019, en un total de (1,764) mil setecientos sesenta y cuatro fojas, según folio de la autoridad ocursante. En tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, los tomos de pruebas que anexó, de los que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la voluminosidad de los dos tomos de pruebas remitidos, manéjense éstos por cuerda separada. Notifíquese.
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