Oliver de Jesús Alfaro Ruiz

Expediente 470/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
470/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2018

Partes del expediente

  • Oliver de Jesús Alfaro Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso Oliver de Jesús Alfaro Ruiz, no impugnó el proveído de quince de noviembre del año en curso (fojas 6 a 8), por el que se desechó su demanda de amparo promovida contra actos del Comandante de la Décimo Segunda Zona Naval, con residencia en esta ciudad, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, atendiendo a la certificación de cuenta, y toda vez que en el presente expediente no quedan cuestiones pendientes por acordar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales y el auto que desechó la demanda de amparo, dio por concluido este juicio, sin decidirlo en lo principal; como consecuencia de lo anterior, con fundamento en la fracción I del punto vigésimo primero, del referido acuerdo 1/2009, transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y carátula de este expediente.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por Oliver de Jesús Alfaro Ruiz, contra actos del Comandante de la Décimo Segunda Zona Naval, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, vista la demanda de garantías, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, que establecen:.. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia por contradicción de tesis, publicada a página 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: .. De lo anterior, se advierte que, el juicio de amparo es improcedente cuando así resulta de disposición legal alguna, además de las veintidós fracciones previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la fracción XXIII de dicho ordenamiento; asimismo, que la jurisprudencia que establezcan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Plenos o en Salas, además de los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito, entre otros órganos. Por ello, cuando un particular promueva un juicio de amparo, por una afectación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo, éste es improcedente, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo cual, en el caso, es aplicable la jurisprudencia transcrita con antelación, aunado a que su contenido no contraviene la Ley de Amparo vigente. Ahora, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable en su doble carácter de ordenadora y ejecutora al Comandante de la Décimo Segunda Zona Naval con residencia en esta ciudad. Y como acto reclamado señala la negativa en dar contestación en breve término a su escrito de dos de noviembre de dos mil dieciocho, recepcionado por la autoridad responsable el día cinco del citado mes y año, donde interpuso recurso de revisión y solicita copias certificadas de todo lo actuado, de la resolución que le comunicó el Comandante de la Décimo Segunda Zona Naval mediante oficio C-10C.5.4.309/1008, expediente C-10C.5.4 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Lo anterior, pone de manifiesto que el juicio de amparo promovido por el quejoso, es improcedente, toda vez que el acto controvertido en este juicio de amparo es una violación al artículo 8° Constitucional, dentro de un procedimiento administrativo, esto es, la falta de contestación a un escrito, donde interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el expediente administrativo C-10C.5.4 y solicita copias certificadas de todo lo actuado. De lo que se colige, que no se está ante una violación de carácter sustantivo, sino adjetivo, conforme a lo cual, debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria, para el efecto de obligar a la autoridad responsable a dar respuesta a la petición realizada por el quejoso en su escrito de dos de noviembre del año en curso. En las relatadas consideraciones, al quedar demostrada la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 217, y 113 de la misma legislación, misma que al ser manifiesta e indudable, impone desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. Toda vez que el quejoso no señala domicilio para recibir notificaciones en el lugar en que tiene su residencia este tribunal, como se lo impone el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tales efectos. Asimismo, se tiene por autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que menciona, en razón que no justifica estar legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, circunstancia a la cual estaba obligado en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia administrativa, dado que no se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, como tampoco en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado. Hágase saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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