Oliver Cauich Calderon
Expediente 95/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Oliver Cauich Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
NOT. ELECT Mérida, Yucatán, treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de marzo del año actual, se dio vista a la parte quejosa de lo informado por la autoridad responsable, sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Asimismo, en el referido auto se le apercibió que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se le concedió, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se realizó electrónicamente al quejoso el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; sin que a la fecha hubiera hecho manifestación al respecto. Por tanto, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que se le otorgó, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema CORTE DE Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO. DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE UATOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En ese sentido, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en este asunto, en la cual, en su primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Congreso, Gobernador Constitucional y Director del Registro Civil, todos del Estado de Yucatán y con residencia en esta ciudad, para el efecto siguiente: "El Director del Registro Civil del Estado, deje sin efecto el oficio CJ-DRC-JUR-0101-0093-2022, de siete de enero de dos mil veintidós; y hecho ello, emita otro en el que se abstenga de aplicar al quejoso el numeral 18 de la Ley del Registro Público del Estado, en el presente ni en el futuro, en la parte relativa a que no permite el cambio de reasignación sexo genérica en sede administrativa, ante la autoridad del Registro Civil." Posteriormente, por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento al Director responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, mediante oficio CJ-DRC-JUR-1517-1402-0379-2022, agregado por auto de veintitrés de marzo siguiente, el Director del Registro Civil del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de quince de marzo del presente año, del que se advierte, que dejó sin efectos el oficio reclamado, en lo relativo a la aplicación del párrafo tercero del artículo 18 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán; inscribió el acta de nacimiento del quejoso Oliver Cauich Calderón, ordenó restringir la expedición del acta con su anterior nombre. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la sentencia constitucional, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto que se le atribuyó y, por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el citado numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio CJ-DRC-JUR-1517-1402-0379-2022, signado por el Director del Registro Civil del Estado, con sede en esta ciudad, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia constitucional. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia constitucional. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Erik Jiménez Contreras, asesor jurídico federal, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el que manifiesta que la autoridad responsable ha efectuado la rectificación del acta de nacimiento para que el sexo registrado sea congruente con la identidad de género con la que se percibe el quejoso, lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECT Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada el veintiuno de febrero pasado, que concedió el amparo a la parte quejosa, se realizó el veintidós de febrero siguiente; y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión alguno. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa injustificada, en el término señalado, o de no manifestar el impedimento que tiene para ello, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que las autoridades responsables Congreso del Estado de Yucatán y Gobernador Constitucional del Estado, con sede en esta ciudad, no tienen que ejecutar acto alguno, pues su intervención en el acto reclamado no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por tanto, resultaría ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria correspondiente en cuanto a los actos que constituyen el proceso legislativo de la ley reclamada, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efecto sus actos. Notifíquese y cúmplase.
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