Oliva Zecua Zecua
Expediente 370/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Oliva Zecua Zecua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de dictar el quince de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original, para constancia. Notifíquese.
- Principal
PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, y turnado el veintiséis siguiente a este órgano jurisdiccional, OLIVIA ZECUA ZECUA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro social, Delegación Tlaxcala, Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional y Titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes les reclama lo siguiente: "III.- ACTOS RECLAMADOS.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA DELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA.- Le reclamo y le atribuyo la ilegal suspensión del pago de mensualidades de la PENSIÓN POR VIUDEZ; sin que se me haya notificado formalmente el inicio del procedimiento de cancelación de Pensión o en su caso se me haya informado los motivos por los cuales me fue suspendida la referida prestación de Seguridad Social, ya que de forma infundada e inmotivada he dejado de percibir dicho pago, por omisión atribuible a la Autoridad Señalada como Responsable, Acto reclamado que me fue notificado de forma verbal el día veintidós de abril del año dos mil diecinueve por parte del personal que labora para la responsable, en el sentido de que aún no existe pago alguno respecto de lo que se me adeuda desde el mes de diciembre del año dos mil dieciocho. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL Y TITULAR DE LA JEFATURA DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN EL ESTADO DE TLAXCALA.- Les reclamo y les atribuyo la ilegal suspensión del pago de mensualidades de la PENSIÓN POR VIUDEZ; sin que exista procedimiento de cancelación de Pensión por parte del funcionario público que tenga dichas facultades para ello, ya que de forma infundada e inmotivada he dejado de percibir dicho pago, por omisión atribuible a las Autoridades Señaladas como Responsables y con dicha omisión vulneran mis garantías de seguridad jurídica y debido proceso legal tutelados por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Acto reclamado que me fue notificado de forma verbal el día veintidós de abril del año dos mil diecinueve por parte del personal que labora para la responsable, en el sentido de que aún no existe pago alguno respecto de lo que se me adeuda desde el mes de diciembre del año dos mil dieciocho; notificación verbal que me fuera realizada en el domicilio de la autoridad señaladas como responsables ordenadoras por encontrarme presente en la fecha antes indicada.". Lo anterior por estimar que tales actos son violatorios de las garantías previstas en los artículos 14, 16, 17 y 123, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes lo rindieron con más de ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, se dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el autorizado de la parte quejosa formuló ampliación de demanda en el que señaló como autoridad responsable a la Jefa de Afiliación Vigencia y Clasificación de empresas Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien le atribuye el siguiente acto: ".vengo como lo hago a señalar como Autoridad Responsable a la JEFA DE AFILIACIÓN VIGENCIA Y CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SUBDELEGACIONAL DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN EL ESTADO DE TLAXCALA; quien ha violentado las garantías de la Quejosa concernientes al debido proceso legal en el goce y disfrute de la PENSIÓN POR VIUDEZ, al realizar la suspensión del pago de las mensualidades correspondientes a la referida pensión que por derecho le corresponden, y que de forma infundada e inmotivada ha dejado de percibir, por omisión atribuible a la Autoridad Señalada como Responsable y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías." Ampliación de demanda que se admitió por auto del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en el que se solicitó el informe justificado, mismo que se rindió con más de ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, del veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. En acatamiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a hacer la fijación precisa de los actos realmente reclamados. En principio, debe indicarse que en el juicio de amparo la demanda debe ser interpretada en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, a fin de determinar con exactitud la intención de la promovente, y de esta forma armonizar los datos y elementos que la conforman, con el objeto de impartir una recta administración de justicia, al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o acto reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; incluso, de ser necesario, se pueden armonizar los datos que emanen tanto de la integridad de la demanda, como de la totalidad de las constancias que conformen el expediente de amparo, todo ello, desde luego, en función del pensamiento e intencionalidad objetiva del quejoso, sin tomar en cuenta las expresiones que generen oscuridad o confusión, por tanto, para fijar los actos reclamados, se debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En consecuencia, de las constancias que integran el juicio de amparo que ahora se resuelve y de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito de demanda, se precisa que el acto reclamado en esta instancia constitucional, es: La orden de suspender el pago de mensualidades de la Pensión por Viudez, sin que se le haya notificado formalmente el inicio del procedimiento de cancelación de pensión o los motivos por los cuales le fue suspendida la referida prestación de seguridad social. TERCERO. Las autoridades responsables Titular de la Delegación Estatal Tlaxcala y Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación Estatal en Tlaxcala, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su denominación correcta, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna de su parte tendente a desvirtuar tales negativas; por tanto, se infiere que no existe el acto reclamado por la quejosa, siendo procedente por lo mismo sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Las autoridades responsables Jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Estatal en Tlaxcala y Jefa del Departamento de Afiliación Vigencia de la Subdelegación, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su denominación correcta, al rendir su informe en vía de justificación, confesaron parcialmente la certeza del acto reclamado, adjuntando a su informe de mérito, la última de las nombradas, copia certificada de las constancias que tienen relación con el acto reclamado; en virtud de lo anterior, se tiene por acreditada su existencia conforme a la jurisprudencia número 305, visible en la página 206, tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE. Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, debe decirse que a las personas jurídicas oficiales señaladas en el considerando que antecede no les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Luego entonces, se surte la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I, y 5º, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo XIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a noviembre de 2001, bajo el rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De conformidad con el criterio precedente es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, con excepción de aquellos actos que en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, provengan de particulares que tengan la calidad de autoridades, al haber realizado actos equivalentes a los de autoridad, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, porque la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Bajo esa tesitura, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; en este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese sentido, la parte quejosa señala en el numeral III de su demanda de amparo como autoridades responsables al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala, Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional y Titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social; y en su escrito de ampliación de demanda señala como autoridad responsable a la Jefa de Afiliación Vigencia y Clasificación de Empresas Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de Tlaxcala; a quienes les reclama la orden de suspender el pago de las mensualidades correspondientes a la pensión por viudez; lo anterior, derivado de la relación de la prestación de seguridad social que existe entre la parte quejosa y las citadas autoridades responsables. Luego entonces, los actos que reclama la parte quejosa no constituyen actos de autoridad, sino son derivados del resultado de la referida relación que tiene con las autoridades, es decir, no corresponden a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral. Al respecto, debe decirse que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, dispone lo siguiente: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Del precepto transcrito se desprende la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios; pues en relación con los primeros determina que las controversias que existan entre ellos serán presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en tanto que los segundos, tienen que acudir ante los Tribunales Federales en materia laboral, esto es, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esa distinción tiene su justificación en la medida en que la naturaleza jurídica del mencionado Instituto Mexicano del Seguro Social no es similar cuando actúa frente a los patrones y demás sujetos obligados, que cuando lo hace con los asegurados o sus beneficiarios. Para mayor comprensión del asunto es conveniente citar los artículos 5°, 270 y 271 de la Ley del Seguro Social, que establecen: "Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo." "Artículo 270. El Instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, se sujetará al régimen establecido en esta Ley, ejerciendo las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con autonomía de gestión y técnica, en los ámbitos regulados en la presente Ley." "Artículo 271. En materia de recaudación y administración de las contribuciones que conforme a esta Ley le corresponden, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o., fracción II y penúltimo párrafo, del Código, tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social, el Instituto recaudará, administrará y, en su caso, determinará y liquidará, las cuotas correspondientes a los seguros establecidos en esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la misma y en lo no previsto expresamente en ella, el Código, contando respecto de ambas disposiciones con todas las facultades que ese Código confiere a las autoridades fiscales en él previstas, las que serán ejercidas de manera ejecutiva por el Instituto, sin la participación de ninguna otra autoridad fiscal." Ahora bien, de los preceptos transcritos se puede apreciar que la organización y administración del Seguro Social está a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, al que concurren los sectores público, social y privado, teniendo también el carácter de organismo fiscal autónomo; y por lo que respecta en materia de recaudación y administración de las contribuciones que conforme a la referida ley le corresponden, las cuales tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social, dicho Instituto recaudará, administrará, determinará y liquidará las cuotas correspondientes a los seguros establecidos en la mencionada legislación. Asimismo, el artículo 15, fracción III, de la citada Ley del Seguro Social, impone a los patrones la obligación de determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto Mexicano del Seguro Social; de ahí que éste se erige como órgano fiscal autónomo siempre que, en ejercicio de sus facultades, despliegue su potestad jurídica para exigir el cumplimiento a los patrones y demás sujetos obligados de sus obligaciones en materia de seguridad social, ya que dicho dispositivo legal dispone: "Artículo 15. Los patrones están obligados a: (.) III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto; (.) De ahí que, la relación jurídica que une al mencionado Instituto Mexicano del Seguro Social con los asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. Por su parte, los artículos 2, 4, 5ª, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 fracción I, de la Ley del Seguro Social, estatuyen lo siguiente: "Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado." "Artículo 3. La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos legales sobre la materia." "Artículo 4. El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos." "Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: (.) IX. Sujetos o sujeto de aseguramiento: los señalados en los artículos 12, 13, 241 y 250 A, de la Ley; (.) XI. Asegurados o asegurado: el trabajador o sujeto de aseguramiento inscrito ante el Instituto, en los términos de la Ley; XII. Beneficiarios: el cónyuge del asegurado o pensionado y a falta de éste, la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes del asegurado o pensionado señalados en la Ley; XIII. Derechohabientes o derechohabiente: el asegurado, el pensionado y los beneficiarios de ambos, que en los términos de la Ley tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del Instituto; XIV. Pensionados o pensionado: el asegurado que por resolución del Instituto tiene otorgada pensión por: incapacidad permanente total; incapacidad permanente parcial superior al cincuenta por ciento o en su caso incapacidad permanente parcial entre el veinticinco y el cincuenta por ciento; invalidez; cesantía en edad avanzada y vejez, así como los beneficiarios de aquél cuando por resolución del Instituto tengan otorgada pensión de viudez, orfandad, o de ascendencia; (.) "Artículo 6. El Seguro Social comprende: I. El régimen obligatorio, y II. El régimen voluntario." "Artículo 7. El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta Ley y sus reglamentos." "Artículo 8. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos. Para tal efecto el Instituto expedirá a todos los derechohabientes, un documento de identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que la Ley les confiere, según el caso. "Artículo 10. Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el cincuenta por ciento de su monto." "Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermedades y maternidad; III. Invalidez y vida; IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y V. Guarderías y prestaciones sociales." "Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;" (.) De dichos preceptos legales se puede afirmar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso, y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Luego, la seguridad social prevista en tal legislación y que se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, está dirigida, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de ley deberán satisfacer los requisitos previstos por la misma y sus reglamentos. De ahí que, cuando un asegurado o sus beneficiarios solicitan al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre el particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. De lo anterior, se pone de manifiesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, y como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. Esto es, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa frente a un patrón, lo hace en su carácter de organismo fiscal autónomo en cuyo caso, se erige en autoridad con plena potestad de decisión; en cambio, en lo relativo a las prestaciones de seguridad social, relativas a un asegurado o beneficiario, como en el caso de la pensión de viudez, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación). Incluso, debe destacarse que el precitado artículo 295 de la Ley del Seguro Social, dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia ley le otorga, sean resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En conclusión, se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. En tal virtud, se considera que la determinación reclamada (suspensión de pago de pensión) emitida por las autoridades responsables, no tiene el carácter de haberse emitido por una autoridad; porque si bien cuentan con facultades para determinar dicha suspensión, ello no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al determinar sobre si se otorga o no dicha pensión, solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la misma. Por tanto, como el artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el Instituto no puede acudir como autoridad, sino como persona del derecho privado. En ese contexto jurídico, este órgano de control constitucional arriba a la convicción de que el acto atribuido a la autoridad responsable (suspensión de pago de pensión de viudez) no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que la naturaleza de ese acto es de carácter laboral, con los que se guarda un plano de coordinación que caracteriza esas relaciones y, por ende, cualquier cuestión de esa índole se debe dilucidar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, el acto aquí reclamado no puede ser objeto de estudio en el amparo, en virtud de que el juicio de amparo tiene, entre otros propósitos, resolver las controversias que se susciten por actos de autoridad, que violen derechos humanos de los gobernados, sin que pueda considerarse acto de autoridad del que se duele el promovente, pues las autoridades señaladas como responsables no actuaron con imperio sino en un plano de igualdad (coordinación), toda vez que solo están verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del pago de pensión por viudez, por ende, el referido juicio resulta improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, visible en la página 2032, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. De igual manera, se cita la Tesis I.6o.T.175 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1132, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA REDUCCIÓN QUE EFECTÚE A UNA PENSIÓN OTORGADA CONFORME A LA LEY QUE LO RIGE, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Si en el juicio de amparo se impugna como acto reclamado la reducción de una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a la ley que lo rige, debe considerarse que el mismo no fue dictado en ejercicio de una potestad pública, pues se trata de un acto emanado de la relación entre trabajador y órgano asegurador y no de autoridad alguna para los efectos del juicio constitucional pues, en la especie, el citado Instituto Mexicano del Seguro Social no está investido con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa; y por ello, no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva ya que, en el caso, se trata de una decisión particular como organismo asegurador, es decir, en tal hipótesis el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa como órgano asegurador y tanto es así, que el artículo 275 de la anterior Ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de 1997 establece que este tipo de controversias podrán dirimirse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que sea necesario agotar previamente el recurso de inconformidad ante el consejo técnico." Asimismo, por su contenido se cita la Tesis: V.2o.46 A, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, página 816, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO NO ACTÚA COMO PERSONA REVESTIDA DE IMPERIO FRENTE AL PARTICULAR. En las controversias surgidas entre el asegurado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de prestaciones otorgadas por la ley que regula a este organismo público descentralizado, la actuación de éste no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, dado que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social establece que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que la referida ley otorga, podrán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que si el citado artículo le da el carácter de particular al Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que puede ser demandado como tal ante la autoridad del trabajo, luego, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetársele al juicio de garantías, reclamándole actos que, en todo caso, podrían ser demandados ante otra instancia, como lo es el otorgamiento de una pensión o la falta de acuerdo al respecto." Al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la Tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Se hace innecesario el estudio de las causas de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables respecto de los actos señalados en párrafos precedentes, pues basta el de una sola; ya que si operara alguna otra, no cambiaría el sentido de la presente sentencia. En las relatadas condiciones, no puede estimarse que las personas jurídicas oficiales señaladas como responsables Jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Estatal en Tlaxcala y Jefa del Departamento de Afiliación Vigencia de la Subdelegación, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su denominación correcta, se les pueda atribuir actos u omisiones como autoridad, por lo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5º, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo respecto de dichas autoridades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por OLIVIA ZECUA ZECUA. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACION DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA, con anexo que al mismo acompaña en copia certificada; en atención a su contenido, se le tiene a la misma dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiuno de octubre del año en curso, para los efectos legales procedentes; por tanto, se deja sin efecto el apercibimiento decretado. Asimismo, agréguese el oficio de cuenta, signado por la JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AFILACIÓN Y VIGENCIA, mediante el cual manifiesta su imposibilidad para remitir las constancias solicitadas mediante proveído de fecha veintiuno del actual. En consecuencia, con el contenido de los oficios de cuenta y anexo que se acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho importe, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN EL ESTADO, mediante oficio 309001410100/DIV/0469 del veinticinco de julio del año en curso, manifestó las razones que tuvo para no remitir las constancias de notificación a la quejosa; y toda vez que han transcurrido más de tres meses sin que a la fecha las haya remitido; en consecuencia, requiérasele nuevamente para que remita las mencionadas constancias; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este auto, remita a este tribunal federal copia certificada legible de las notificaciones realizadas a la aquí quejosa del acuerdo donde se solicita la suspensión de la pensión de viudez y la cancelación definitiva de la misma; pues son necesarias para resolver el mismo; o manifiesten el impedimento legal que tenga para ello, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del término fijado, se sancionará con una multa por la cantidad que resulte equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintiocho de enero. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contracción de tesis P./J. 17/97, visible en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, a fin de que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese por lista a las partes.
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