Oliva Juárez Mireles
Expediente 43/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 43/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Oliva Juárez Mireles
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. CAMBIO TITULAR. Vista la certificación de cuenta, se desprende que mediante oficio SEADS/093/2019, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, fue designado como titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, al suscrito Juez José Rivas González; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja trescientos doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, que, se intitula: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido el auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído en el que sobreseyó fuera de audiencia en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS AL QUEJOSO Por otra parte, hágase la devolución del documento original exhibido anexo a la demanda que presentó la parte quejosa, apercibida que de no comparecer a recogerlas dentro del plazo de noventa días, en su oportunidad serán destruidos los documentos de mérito, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Dimas Adrián Leyva Aguiar, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite la Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, por medio del cual se desprende que se dio respuesta mediante oficio SC-0141-19, folio 325172, de uno de febrero de dos mil diecinueve, a la solicitud planteada por la quejosa el nueve de marzo de dos mil dieciocho; en consecuencia, este Juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, por lo que es procedente DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Esto es así, toda vez que la lectura de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: "V. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. Se reclama de la responsable la omisión y falta de cumplimiento a la petición por escrito, respetuosamente que hizo el suscrito el día 09 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, consistente en la solicitud de determinación de crédito fiscal del servicio de agua potable a nombre del suscrito quejoso, con número de cuenta 01-5342-0089-00 efecto de conocer el adeudo y poder cumplir con la obligación o en su defecto poder estar en tiempo y forma para inconformarme conforme a la ley." Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante el oficio de cuenta, se desprende lo siguiente: El uno de febrero de dos mil diecinueve, se dio respuesta mediante oficio SC-0141-19, a la solicitud planteada por la quejosa el nueve de marzo de dos mil dieciocho, mismo que fue notificado el seis de febrero del presente año, por conducto de su autorizada Jiovanna Jisell Beltrán Ibarra. A las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, pone de manifiesto, que los efectos negativos que producía el acto reclamado a la fecha, han cesado y, por ende, dejó de prevalecer la actitud de abstención de la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali; por tanto, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional. Por lo que, este juzgador estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Se insiste, la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, dio respuesta mediante oficio SC-0141-19, de uno de febrero de dos mil diecinueve, a la solicitud planteada por la quejosa el nueve de marzo de dos mil dieciocho, mismo que fue notificado el seis de febrero del presente año, por conducto de su autorizada Jiovanna Jisell Beltrán Ibarra. Por ello, resulta incuestionable, que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la quejosa, de modo tal que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la violación constitucional, produciéndose el resultado que la sentencia protectora asigna, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo que, como se anticipó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es aplicable, también, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, que, a la letra, dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que haya lugar a dar vista a la parte quejosa con la contestación del escrito correspondiente, toda vez que conforme al resolutivo segundo de uno de febrero de dos mil diecinueve, se advierte que la misma es impugnable ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, mediante recurso de revocación o juicio contencioso administrativo federal. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para a las once horas del catorce de febrero del año en curso. Finalmente, se tiene a la autoridad informante, designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere en su comunicado; y por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en el mismo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario Ramón Horta Herrera, quien autoriza y da fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de enero de dos mil diecinueve. ADMISIÓNVisto el escrito presentado por Oliva Juárez Mireles, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en los artículos 1º, 35, 37, 112, 107 fracción IV, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; al no existir motivo para prevenir a la parte quejosa o desechar por notoriamente improcedente; se admite contra actos de la autoridad señalada como responsable que a continuación se menciona: Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, regístrese en el Libro Uno de Juzgado con el número 43/2019-7A. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, mismo que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, deberá acompañar copia certificada de las constancias necesarias que justifiquen la constitucionalidad del mismo, las cuales tendrán que ser completas, legibles, firmadas, selladas, rubricadas y ordenadas en forma secuencial; apercibida que de no rendir dicho informe o en su caso, de no acompañar las constancias precisadas, se le impondrá una multa de cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (80.60 UMA), equivalente a $8,060.00 pesos (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, se señalan las ONCE HORAS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, mismas que podrán ser consultadas directamente por dicha autoridad o por sus respectivos delegados o autorizados. DOMICILIO QUEJOSO Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, de igual forma, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos a las personas que refiere. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. NO SE FORMA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que sea el caso, formar el incidente de suspensión relativo, toda vez que el mismo no fue solicitado. REQUERIMIENTO SOBRE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las partes en el sentido de que si durante la tramitación de este juicio, tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, y de ser posible, deberán acompañar las constancias legibles que acrediten tal situación; apercibidas que en caso de no hacerlo, se les impondrá de manera individual una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (80.60 UMA), equivalente a $2,418.00 pesos (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley invocada. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la ley de amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que refiere la promovente de amparo, misma que se relacionara en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tienen por ofrecidas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, que refiere en su ocurso, sin perjuicio de hacer relación de las pruebas en cuestión en la audiencia constitucional respectiva. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que "En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y, PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO EN MATERIA DE AMPARO. Así lo acuerda y firma Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/123/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario Ramón Horta Herrera, que autoriza y da fe.
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