Olimpya Cheyenne Guevara Sánchez
Expediente 1154/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1154/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Olimpya Cheyenne Guevara Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa del auto de fecha 24/agosto/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: Ciudad de México; veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia en la que se sobresee en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, incisos a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, además este Juzgado de Distrito estima que no tienen relevancia documental por la cual deban conservarse. Ahora, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y en caso de que obren agregados documentos originales exhibidos por la parte quejosa ; de conformidad con lo previsto en el artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General citado, se ponen a su disposición dichos documentos por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este juzgado a efecto de que recoja los mismos, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en MateriaAdministrativa en la Ciudad de México, en unión de Leticia Durán Góngora, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
PERSONAL. ...se declara que la citada sentencia en la que se sobresee en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y en caso de que obren agregados documentos originales exhibidos por la parte quejosa; se ponen a su disposición.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa la sentencia de fecha 28/julio/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Sentencia cuyo contenido es: Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo número 1154/2020, promovido por ***, por propio derecho, contra actos de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, *** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se indica: Autoridades Responsables 1. Universidad Nacional Autónoma de México. 2. Director General de ICEL Universidad, sociedad civil. 3. Secretario de Educación Pública. Actos Reclamados a) El Reglamento General de Inscripciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, respecto al plazo de entrega del certificado de estudios de bachillerato y ante la falta de ese requisito la cancelación de inscripción y consecuente baja escolar. b) La falta de entrega del certificado de bachillerado de la quejosa, cursado en ICEL Universidad, sociedad civil. Precisión de los actos reclamados que se realiza de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, luego del análisis en conjunto de la demanda y su escrito aclaratorio, por ser un todo considerado, en relación con las demás constancias allegadas a este sumario. Sirve de apoyo a tal determinación, la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Semanario Judicial y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 55/98, visible a fojas 227, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." SEGUNDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad los antecedentes de los actos reclamados; señaló como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 3, 14 y 16 constitucionales; y, expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. ADMISIÓN. Previo desahogo de las prevenciones formuladas en autos, mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda registrada con el número de expediente 1154/2020; por lo que, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, fijándose hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo de conformidad con el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. CERTEZA DE ACTOS. Son ciertos los actos que se atribuyen a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Director General de ICEL Universidad, sociedad civil, y al Secretario de Educación Pública, consistentes en su orden y conforme a su ámbito de competencia en: a) El Reglamento General de Inscripciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, respecto al plazo de entrega del certificado de estudios de bachillerato y ante la falta de ese requisito la cancelación de inscripción y consecuente baja escolar. b) La falta de entrega del certificado de bachillerado de la quejosa, cursado en ICEL Universidad, sociedad civil. Lo anterior, no obstante que en su informe justificado hayan negado su existencia, argumentando la primera de esas autoridades que corresponde a su Dirección General de Administración Escolar organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración escolar de los alumnos. Mientras que la segunda de dichas responsables refirió haber hecho entrega del original del certificado de bachillerato a la quejosa; y, la última adujó no contar con facultades para actuar en los términos pretendidos por la misma. Puesto que, en primer término, la existencia de esa disposición de carácter general no está sujeta a prueba, al ser un hecho público y notorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA". Además, el reclamo de la quejosa para obtener el certificado de bachillerato se sustenta en los escritos dirigidos al Director General de la Universidad ICEL, al Director Jurídico y/o representante legal de la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría General de la Dirección General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, que refiere haber presentado el ***, extremo que acredita con el original y copia de los acuses relativos a los ocursos dirigidos a las dos primeras de esas autoridades. De ahí que, aun cuando del análisis de las constancias de autos esté probada la entrega de ese documento; sin embargo, queda de manifiesto que tal situación aconteció en una fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (primero de diciembre de dos mil veinte), por lo que debe tenerse por acreditada la existencia del acto reclamado. Es ilustrativa la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, página 273, materia común, cuyo rubro precisa: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO". TERCERO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA FUNDADA. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con la tesis de jurisprudencia número novecientos cuarenta, visible en la página mil quinientos treinta y ocho, de la segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos noventa y ocho, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que está redactada en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" A efecto de justificar tal aserto, conviene reiterar que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la falta de entrega del certificado de bachillerado de la quejosa, cursado en ICEL Universidad, sociedad civil. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso reiterar que la apoderada legal de esa institución educativa exhibió en el juicio los siguientes documentos: - El acuse de entrega del certificado de estudios de bachillerato a ***, fechada el ***. - Copia del acuse de recibo de diversos documentos, consistentes en acta de nacimiento y certificado de secundaria, ambos a nombre de la quejosa, de esa misma fecha. Documentos que al ser valorados de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, merecen valor probatorio pleno; máxime que, por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno - notificado el nueve de abril siguiente-, se ordenó dar vista personal a la quejosa, sin que la misma hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Bajo tales circunstancias, es dable concluir que los efectos del acto reclamado han cesado, lo que significa que las autoridades a quienes se atribuyó el mismo dejaron de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior en virtud de que, como puede observarse, se le hizo entrega del certificado de estudios de bachillerato; sin que, por el contrario, se hubiere acreditado que el retraso en su entrega hubiere afectado su inscripción o actividad escolar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo cual, implica la desaparición total de sus consecuencias, pues con ello se restituye a la quejosa en el pleno goce de sus derechos como si se hubiere concedido el amparo y protección federal. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento, lo procedente es decretar sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Cobra aplicación la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 210 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, febrero de 1998, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sobreseimiento que debe hacerse extensivo al Reglamento General de Inscripciones de la Universidad Nacional Autónoma de México; puesto que, cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley u otra disposición de carácter general, con motivo del que se considera su primer acto de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la norma del que concierne a su aplicación. Resulta aplicable el criterio que impone la tesis jurisprudencial 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, página 235, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." A mayor abundamiento, se debe enfatizar que el estudio de la inconstitucionalidad de la ley o reglamento, debe realizarse conjuntamente con el de la resolución o acto que conlleve su aplicación, y no por sí solos, considerados en abstracto; toda vez que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, no permite examinar uno prescindiendo del otro. En consecuencia, toda vez que se decretó el sobreseimiento por cuanto hace al acto que identifica la parte quejosa como el de aplicación del Reglamento General de Inscripciones de la Universidad Nacional Autónoma de México -en tanto regula un plazo de entrega del certificado de estudios de bachillerato y ante la falta de ese requisito la cancelación de inscripción y consecuente baja escolar-, dicha determinación debe hacerse extensiva en relación con este último ordenamiento. Máxime que, como se precisó, no existe mayor elemento probatorio que pudiera acreditar que la entrega del certificado de estudios de bachillerato hasta el día veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, haya afectado el estatus escolar de la quejosa, menos aún en observancia de ese orden reglamentario. En razón de lo expuesto, resulta innecesario estudiar las diversas causas de improcedencia que invocan las autoridades responsables, ya que el examen de éstas resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de esta resolución. Por su aplicación, es de citarse la tesis de jurisprudencia número 54/98, visible en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, se encuentren gozando de su correspondiente período vacacional y por tal motivo hayan suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanuden, entregue los oficios notificatorios sin necesidad de ulterior acuerdo; mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sean entregados a sus receptores. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, respecto de las autoridades y por los actos que han quedado precisados en el resultando primero, en relación con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por lista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo. Así lo resolvió y firma la licenciada Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la licenciada Leticia Durán Góngora, secretaria de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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PERSONAL. ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.
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