Olianda López Rodríguez
Expediente 1873/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1873/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Olianda López Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
se declara que el proveído mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad.Atento a su contenido, se tiene a la oficiante informando que, por auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó el archivo y depuración del expediente 19/2016, formado con motivo de la queja planteada en este juicio de amparo.Al respecto, téngase por hecha la comunicación de mérito para todos los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LE CONFIRIÓ EN EL AVISO DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AÑO EN CURSO, LE NOTIFICO EL AUTO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL LOCAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- DOY FE. En veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con domicilio en esta ciudad y anexo adjunto, registrado en Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito con el folio 18284. Conste. Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, con el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con domicilio en esta ciudad. Al respecto, se tiene a la autoridad oficiante remitiendo copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, pronunciada por el referido órgano colegiado dentro del recurso de queja 19/2016, antes 231/2015, interpuesto por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, en contra del proveído de cuatro de noviembre de dos mil quince, a través del cual se admitió la demanda de amparo. Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente; y hágase del conocimiento de las partes que por unanimidad de votos el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta sede judicial, resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- Es fundado el recurso de queja interpuesto por Rigoberto Trujillo Ocampo, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, contra el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil quince, emitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos,dentro del juicio de amparo 1873/2015.." En consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento ordenada en estos autos, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo y en estricto cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, que revocó el auto recurrido, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que se consientan tácitamente en razón de no promover el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En efecto, la citada norma señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos "tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que "no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos "previstos. De igual manera, cabe destacar que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; --- II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; --- III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; --- IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los artículos antes transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el párrafo del numeral 17 de la Ley de Amparo precisa como regla general que el juicio de amparo indirecto debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o en su caso, al día siguiente en que el peticionario de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito artículo 17, prevén las excepciones a la regla general, esto es: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. En la especie, el acto reclamado que se analiza en el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito numeral 17 de la Ley de Amparo, por ende, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del citado artículo. Precisado lo anterior, si la parte quejosa en el presente asunto tuvo conocimiento de la afectación patrimonial respectiva y, por ende, del perjuicio generado en su esfera jurídica el trece de mayo de dos mil seis, en que tuvo lugar la firma del contrato de compraventa que se hizo constar en escritura pública ********* y en la que entregó al notario público -con la concurrencia de su voluntad y dentro del margen legal para ello- el importe correspondiente a los impuestos y derechos de registro de ese acto jurídico, lo cual se corrobora con la confesión expresa realizada por la parte quejosa en su demanda de amparo (23) en el sentido de que: ".I.- La suscrita, en el carácter de Parte Adquiriente, con "fecha Trece de Mayo de Dos Mil Seis, comparecí ante el "Notario Público Número Cinco de la Primera Demarcación "Notarial en el Estado de Morelos, a efecto de adquirir un "bien inmueble ubicado en el Municipio de Xochitepec, "Estado de Morelos, materia de esta demanda de Amparo "Indirecto."; confesión que de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hace prueba plena de que la parte quejosa conoció de la referida afectación patrimonial en la data indicada, y si la respectiva demanda de amparo se presentó hasta el trece de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, es indudable que su presentación en contra de dicha afectación patrimonial resulta extemporánea, toda vez que no se hizo dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de ésta. En ese contexto, debe destacarse que aun cuando la parte quejosa aduce no haber tenido certeza de la aplicación de la normativa que combate en el preciso acto de entrega al notario público de las cantidades correspondientes por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, así como los derechos por concepto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, llevada a cabo por el notario público Cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos con motivo de la firma de la escritura pública ******* de trece de mayo de dos mil seis, lo cierto es que al concurrir su voluntad y al entregar dentro del margen legal para ello los recursos para que el notario público en auxilio de la administración pública llevara a cabo los pagos correspondientes, resulta claro que desde la firma de la escritura respectiva (trece de mayo de dos mil seis), tuvo conocimiento de la afectación patrimonial en su perjuicio; por lo que no es dable que su situación jurídica se defina respecto del momento en que aduce haber tenido conocimiento cierto y completo (siete de octubre de dos mil quince) de la aplicación de las normas impugnadas para efecto de promover juicio de amparo en su contra, incluso, de forma implícita pues, como ya se mencionó, no puede desvincularse el estudio de la procedencia del amparo contra una disposición normativa impugnada, del relativo a la procedencia de ese medio de control constitucional contra su acto de aplicación. Aún más, si bien no se encuentra acreditado fehacientemente que al momento de la firma de la escritura pública la parte quejosa tuvo conocimiento preciso de qué normas generales le fueron aplicadas al entregar -con la concurrencia de su voluntad-, los recursos económicos correspondientes, lo cierto es que sí tuvo conocimiento pleno de la afectación patrimonial que provoca la actualización de lo previsto en esas normas, pues sólo con la concurrencia de su voluntad podría darse esa afectación, al entregar los recursos respectivos que se encuentran bajo su resguardo. Entonces, debe considerarse que la quejosa tuvo conocimiento de la afectación patrimonial que se le generó, desde el momento en que celebró el contrato de compraventa en presencia del notario público de esta entidad federativa, así como del pago que realizó de los impuestos y derechos, pues de su confesión expresa, que incluso manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se obtiene que realizó el pago de los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes a los tributos que controvierte. La confesión expresa por parte de la quejosa, en términos de lo establecido en los preceptos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2º, constituye prueba plena de que conoció de la mencionada afectación patrimonial desde la fecha indicada (dieciocho de noviembre de dos mil once). En ese contexto, si la quejosa tuvo conocimiento de la afectación patrimonial que se le generó con motivo de las normas que controvierte, desde el trece de mayo de dos mil seis, el plazo de quince días que prevé la legislación de la materia para promover la acción constitucional transcurrió del veintiuno -día hábil siguiente a aquel en que manifestó tener conocimiento de la afectación en su patrimonio- al nueve de diciembre de dos mil once, descontando los días diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de noviembre, tres y cuatro de diciembre de dos mil once, por ser inhábiles, de acuerdo con lo establecido por el artículo 19 del ordenamiento legal en cita; de manera que si presentó su demanda hasta el veintitrés de octubre de dos mil quince, es notoria su extemporaneidad. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 2ª./J. 50/2002 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, página 64, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad". En esas condiciones, al quedar acreditada la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del numeral 61, de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la invocada ley, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **************, pues, como ya se dijo, al no haberse promovido la demanda de garantías dentro de los quince días que establece el ordinal 17 de la Ley de la Materia, los artículos impugnados como inconstitucionales deben considerarse tácitamente consentidos.
- Principal
La oficiante comunica que por cambio de denominación y competencia debe conservarse el recurso de queja planteado por le asigno como nuevo número el 19/2016
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