Olga Zoraida Clemente López

Expediente 52/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
52/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
22/03/2017

Partes del expediente

  • Olga Zoraida Clemente López y Otros.
  • Olga Zoraida Clemente López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro uno de juzgado correspondiente a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el citado libro de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    En Reynosa, Tamaulipas, siendo las diez horas del uno de marzo de dos mil diecisiete, estando en audiencia pública Rogelio Josué Martínez Jasso, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario de Juzgado Leonel Vázquez Ábrego, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes no obstante su legal notificación, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha en el juicio de amparo 52/2017-IV. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional y el Secretario de Juzgado hace relación de las constancias, haciendo constar que obran en autos, el escrito inicial de demanda promovida por OLGA ZORAIDA CLEMENTE LÓPEZ; el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y la constancia que remitió como apoyo al mismo (foja 15 y 16). A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales procedentes y relaciónense las documentales en el periodo correspondiente de la presente audiencia. En el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta al Juez, con la documental que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado (foja 15 y 16). A lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecida y admitida la prueba de referencia, misma que se tiene por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, la cual serán tomada en consideración al resolver el presente asunto; sin más pruebas que tener por relacionadas, el Juez declara cerrado este periodo. En el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que no existen alegatos que tener por reproducidos. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la constancia secretarial que antecede para todos los efectos legales correspondientes y toda vez que no obran escritos de alegatos que tener por reproducidos, se cierra este periodo, y sin que exista promoción pendiente de acuerdo se concluye la presente audiencia y díctese la resolución correspondiente. Visto, para resolver el juicio de amparo 52/2017-IV promovido por OLGA ZORAIDA CLEMENTE LÓPEZ, contra actos de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil diecisiete, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, OLGA ZORAIDA CLEMENTE LÓPEZ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de quien reclamó los actos transcritos en la foja dos el presente sumario, respecto de los cuales sostuvo se conculcaban las garantías contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo, a este Juzgado de Distrito, el que la admitió a trámite mediante proveído veintitrés de enero de dos mil diecisiete; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, constitucional, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad circunscrita a la competencia de este juzgado. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo; esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097, y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos XI página 32, y XIX página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en la especie, los actos reclamados consisten en: La omisión de decretar el cierre de instrucción en el juicio laboral 719/5/2014, así como la omisión de elaborar el proyecto de laudo, y a su vez emitir el laudo correspondiente. TERCERO. La autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó los actos que se le reclaman; aspecto que, por lo que hace al acto consistente en la omisión de decretar el cierre de la instrucción en el juicio natural, se corrobora con la constancia allegada al aludido informe a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedida por funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. Así, por cuestión de técnica, en este considerando se analizara el acto consistente en la omisión del cierre de instrucción dentro del juicio laboral 719/5/2014, referente al cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a la parte final del numeral de referencia y a la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)" La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y, por ende, de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En efecto, la actualización de la causa de improcedencia invocada, se surte en el presente caso, en atención a que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de decretar el cierre instrucción dentro del juicio laboral 719/5/2014, y de la constancia allegada a los autos, se advierte que la auxiliar jurídico de la junta responsable el trece de febrero del año en curso, decretó el cierre de instrucción en el referido juicio de origen (foja 16). Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, puesto que si bien es cierto que al momento de la presentación de la demanda de amparo [veinte de enero de dos mil diecisiete], la autoridad responsable había sido omisa en decretar dentro del juicio natural el cierre de instrucción, también es verdad, como quedó asentado en el párrafo precedente, que el trece de febrero del año en curso, se decretó dicho cierre, por parte del auxiliar jurídico de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por lo que es procedente determinar que en el caso en estudio cesaron los efectos de la omisión reclamada. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto que en este considerando se estudia, se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en esta instancia constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la norma legal invocada. Al caso concreto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, número 2ª/J. 9/98, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." CUARTO. Por otra parte, respecto a los actos consistentes en la omisión de formular el proyecto de laudo, y laudo en el juicio laboral de origen, la autoridad responsable aceptó los mismos, no obstante, su aceptación se desvirtúa pues de la constancia que allegó como apoyo a su informe justificado y que fue valorada en el considerando que antecede, se desprende que a la presentación de la demanda no existían dichos actos. Lo anterior es así, pues de la constancia allegada por la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se advierte que dentro del juicio natural el cierre de instrucción se efectuó el trece de febrero del año en curso, por tanto, si a la presentación de la demanda no se había decretado el cierre de instrucción menos podía existir la exigencia legal de dicha autoridad de elaborar el proyecto de laudo, y laudo. Para sustentar el acierto de lo antes expuesto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, y que son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. ..." "ARTÍCULO 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "ARTÍCULO 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." El contenido de las citadas disposiciones, deja en evidencia que para que exista la omisión reclamada no basta con que se acredite la existencia del juicio laboral de origen y el quejoso sea parte en el mismo, sino que además es necesario primeramente que se hayan desahogado todas las pruebas admitidas, y una vez hecho lo anterior, el secretario certifique que no existen pruebas pendientes por desahogar, y, consecuentemente, el auxiliar de oficio declare cerrada la instrucción, a efecto de que se esté en aptitud legal de ordenar el dictado de proyecto de laudo y de que éste se eleva a tal categoría. Ahora, en el caso concreto, de la constancia allegada por la junta responsable, se advierte que el trece de febrero del año en curso, la auxiliar jurídico de dicha junta, decretó el cierre de instrucción (foja 16); por tanto, es claro que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinte de enero de dos mil diecisiete), el juicio laboral 719/5/2014, no estaba en estado de resolución, y siendo ello así, no existe la exigencia legal de ordenar el dictado del proyecto de laudo ni la emisión de éste; lo que se estima congruente con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 38/1995, en la que destacó: "...Efectuando el análisis correspondiente, se llega a la convicción de que, para poder sostener que la omisión de dictar laudo conculca garantías individuales, es indispensable que exista un juicio en el que sea parte el quejoso, que dicho juicio esté en estado de resolución e, inclusive, que haya transcurrido el término legal del que dispone el órgano jurisdiccional para fallar, pues si falta alguno de esos presupuestos, esto es, cuando el quejoso no es parte en el procedimiento, o cuando no se ha cerrado la instrucción, o cuando está corriendo el plazo que la ley señala para el dictado del laudo, la omisión de emitirlo, por cierta que resulte, no produce ninguna violación de garantías individuales." Criterio que integró la jurisprudencia 2a./J. 50/97, que dice: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." [Énfasis propio] En efecto, el acto omisivo se surte una vez que ha transcurrido el término que la norma concede a la autoridad para la emisión de un acto procesal, de manera que se esté en un supuesto de que aquélla haya incumplido con un deber impuesto por la ley, lo que no se suerte en la especie, como antes se vio, pues dado el estatus procesal de juicio natural, la norma no exigía a la autoridad responsable la emisión del proyecto de laudo, y si no existía esa obligación legal, menos podría existir el acto omisivo atribuido (no debe perderse de vista que el acto reclamado no es un simple no hacer, sino la comisión de un acto omisivo). Por similitud jurídica es aplicable al caso concreto, la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." (Énfasis propio) Por lo antes expuesto, y ante la inexistencia del acto reclamado en estudio, lo que procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Publicación de la sentencia. En otro aspecto, al no haber señalado expresamente las partes, su conformidad con la publicación de sus datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto conforme al primer párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por tanto, atento a los artículos 11, fracción VI, 68 y 113, de la citada ley, al tratarse de información confidencial, los datos personales y sensibles contenidos en este fallo y en el presente juicio, no podrán publicarse ni estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No obstante, en función al principio de máxima publicidad contenido en los artículos 3, 6, 11, fracciones XI y XVI, y 118, de la mencionada ley federal, en relación con las obligaciones de transparencia contenidas en los diversos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General relativa, y la restricción del 110, fracción XI, de la Ley Federal de trato, este último interpretado en sentido contrario, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, será susceptible de publicación en la versión pública que en su momento se realice acorde a los criterios de supresión de datos, previstos en el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y a través de los procedimientos previstos para ello en la ley federal invocada y en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 77, 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 52/2017-IV, promovido por OLGA ZORAIDA CLEMENTE LÓPEZ; respecto de los actos reclamados a la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero y cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Olga Zoraida Clemente López, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de diez de febrero del año en curso, manifiesta que los terceros interesados RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ AGENTES DE SEGUROS Y FINANZAS; HERNÁNDEZ CONSULTORES FINANCIEROS, SOCIEDAD CIVIL; JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y ROBERTO MEDINA, pueden ser emplazados en el domicilio ubicado en boulevard Morelos, número 1591, planta alta, colonia Rodríguez, en Reynosa, Tamaulipas; en tal virtud, téngase a la ocursante desahogando dicho requerimiento y agréguese a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales conducentes. En esas condiciones, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en dicho domicilio, y emplace a juicio a los citados terceros interesados, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo, y copia autorizada del auto admisorio, haciéndoles de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con los numerales 26, fracción I, inciso b), 27, fracción I, y 115, de la ley de la materia; debiéndoles requerir para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, y por lista en una página electrónica, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    REPUBLICACION Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Olga Zoraida Clemente López, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de diez de febrero del año en curso, manifiesta que los terceros interesados RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ AGENTES DE SEGUROS Y FINANZAS; HERNÁNDEZ CONSULTORES FINANCIEROS, SOCIEDAD CIVIL; JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y ROBERTO MEDINA, pueden ser emplazados en el domicilio ubicado en boulevard Morelos, número 1591, planta alta, colonia Rodríguez, en Reynosa, Tamaulipas; en tal virtud, téngase a la ocursante desahogando dicho requerimiento y agréguese a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales conducentes. En esas condiciones, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en dicho domicilio, y emplace a juicio a los citados terceros interesados, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo, y copia autorizada del auto admisorio, haciéndoles de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con los numerales 26, fracción I, inciso b), 27, fracción I, y 115, de la ley de la materia; debiéndoles requerir para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, y por lista en una página electrónica, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo.

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