Olga Vega Prado

Expediente 438/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
438/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Olga Vega Prado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de julio de dos mil veintitrés. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el tres de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la parte quejosa, en los siguientes términos: "( Deje insubsistente el acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (nueve horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil veintitrés), y en su lugar señale fecha dentro del término que establece para ello la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 1739/2021, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 constitucional. O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tenga." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante comunicado firmado por la Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió, entre otras constancias, copia certificada del proveído dictado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en el que dejó insubsistente el proveído emitido el uno de febrero del mismo año únicamente respecto a la data fijada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y señaló una nueva para la citada audiencia, ello dentro del término establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Con lo anterior, en acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que, dentro del procedimiento de origen, dejó insubsistente el proveído emitido el uno de febrero de dos mil veintitrés, únicamente respecto a la data fijada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y señaló una nueva para la citada audiencia, ello dentro del término establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de conservación una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en algún supuesto previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Téngase por recibido el comunicado que signa la Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual remite entre otras constancias, copia certificada del proveído dictado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés en el que dejó insubsistente el proveído emitido el uno de febrero del mismo año únicamente respecto a la data fijada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y señaló una nueva para la citada audiencia, la que al no poderse desahogar, la responsable fijó nueva data para su desahogo, ello dentro del término establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia dictada el tres de mayo de dos mil veintitrés, en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento al fallo protector, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, al momento de la emisión del presente auto. Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O S, los autos para dictar sentencia definitiva los autos del juicio de amparo 438/2023; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Olga Vega Prado, por propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él preciso. De igual forma, indicó como derecho humano violado los contenidos en el artículo 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión, trámite y desechamiento parcial. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional, la cual se registró en el libro de gobierno electrónico con el número 438/2023. En auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se desechó parcialmente respecto de los actos atribuidos al actuario notificador adscrito a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y respecto a la Secretaría Auxiliar de peritajes y diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente. En el mismo auto se admitió a trámite la demanda respecto del acto atribuido a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se ordenó requerir a la autoridad responsable, para que, en un término de quince días, rindiera su informe con justificación, se dio la intervención legal que corresponde al representante social adscrito; y, finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se efectuó en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que regulan la competencia territorial de este juzgado, así como de las materias que conoce. Lo anterior, por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse actos de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la materia del problema jurídico planteado en este juicio se concreta a lo siguiente: De la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco se reclama: La fecha lejana para llevar a cabo la audiencia trifásica dentro del juicio laboral 1739/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable fue omisa en rendir su informe con justificación, no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello y haber transcurrido el plazo que se le otorgó, como se advierte del acuse de recibo del oficio 8025/2023 agregado en el expediente físico, por lo que con apoyo en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. De igual manera, resulta aplicable al caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS." Máxime que, se advierte que la parte quejosa figura como parte actora dentro del juicio laboral 1739/2021, como se advierte con la documental ofrecida en su demanda, con lo que demuestra su interés jurídico para promover el presente juicio. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia invocadas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Luego, al no advertir diversa causal que las partes hagan valer ni esta juzgadora advierte una de oficio, se procede al estudio de fondo de los actos reclamados. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa toda vez que, ninguna afectación se causa por la simple falta de su transcripción. La parte quejosa, argumenta en esencia, que las responsables transgreden en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetar el derecho a una impartición de justicia en los plazos y términos que fija la ley procedimental que rige su actuar. El argumento de la parte quejosa deviene fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado como se expondrá enseguida. Al respecto, debe decirse que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales Entonces, tenemos que el citado precepto constitucional, reconoce el derecho fundamental de toda persona a la impartición de justicia. Dicho precepto señala, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijes las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, cuyo servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. De ahí que, del referido numeral podemos obtener los principios siguientes: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezca en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice a la persona la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que la persona juzgadora emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que restriba en que los órganos del estado encargados de su impartición, así como las personas a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En ese sentido, resulta evidente que el artículo 17 constitucional reconoce a favor de las personas, entre otros derechos fundamentales, el acceso efectivo a la justicia. Así, el género de acceso a la imparticio´n de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garanti´as o mecanismos tendentes a hacer efectiva su proteccio´n, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garanti´as judiciales y de proteccio´n efectiva previstas respectivamente en los arti´culos 8, numeral 1 y 25 de la Convencio´n Americana sobre Derechos Humanos. En suma, el alcance del derecho de acceso a la justicia tiene los alcances siguientes: I. El derecho de toda persona a ser oi´da con las debidas garanti´as y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciacio´n de cualquier acusacio´n penal formulada contra ella o para la determinacio´n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro cara´cter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violacio´n se manifiesta a trave´s de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus te´rminos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilacio´n o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitacio´n del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violacio´n se patentiza a partir de una omisio´n de la autoridad responsable de ajustarse a los te´rminos y plazos legales. Se concluye, que todas aquellas entidades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, con independencia de que se trate de autoridades desde el punto de vista formal, como las judiciales o administrativas con funciones de aquella naturaleza, están obligadas a observar los principios consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deba desahogar la audiencia, de cuya fijación tardía se duele el peticionario. Así, se recuerda que el acto reclamado a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, consiste en la actuación de uno de febrero de dos mil veintitrés, que fijó las nueve horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 1739/2021. Bajo esa línea argumentativa, tenemos que los artículos 685, párrafo primero, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.)" "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." Los preceptos transcritos ponen de manifiesto la obligación de la autoridad responsable, de dictar las medidas pertinentes a efecto de que el trámite de los procedimientos que ante ellas se instauran sea inmediato, procurando que los juicios no queden inactivos. También, disponen que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones tendrá verificativo dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda ante la junta correspondiente. Precisado ello, tenemos que, en el caso, el uno de febrero de dos mil veintitrés, la responsable citó a las partes para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las nueve horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil veintitrés dentro del juicio laboral 1739/2021, por tanto, se llega a la conclusión que se está ante una dilación procesal debido a que la fecha señalada rebasa los quince días del término otorgado por la responsable. En ese orden de ideas, el actuar de la junta responsable resulta contrario a las obligaciones que prevé la ley, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia, toda vez que la fijación de esa hora y fecha contraviene lo dispuesto por el artículo 873 invocado, en razón de que excedió el plazo de los quince días ahí precisados. De lo que se sigue que el acto reclamado vulnera, en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita, reconocido por el artículo 17 constitucional, al constituir un obstáculo para que se imparta justicia, dentro de los plazos previstos en la ley. Por tanto, resulta pertinente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos de la concesión. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, se procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, se concede la protección de la Justicia de la Unión para efecto de que la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: Deje insubsistente el acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (nueve horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil veintitrés), y en su lugar señale fecha dentro del término que establece para ello la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 1739/2021, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 constitucional. O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tenga. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se aprueban el siguiente: R E S O L U T I V O: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Olga Vega Prado, contra el acto reclamado y autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos establecidos en el quinto y último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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