Olga Sarao Lara
Expediente 559/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/11/2023
Partes del expediente
- Olga Sarao Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ************, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Intégrese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la versión pública de esta sentencia, en los términos señalados en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese.
- Principal
MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Hágase del conocimiento a las partes, que de conformidad con lo determinado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de julio de dos mil veintitrés, comunicada a través del oficio SEADS/1706/2023, se determinó la adscripción de la Jueza Emma Magnolia Ayala Rivera, a este Juzgado de Distrito, a partir del quince de agosto de dos mil veintitrés, en sustitución del Juez José Elías Pacheco Martínez. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha; y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese.
- Principal
MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios **** y ****, de la Presidenta y del Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, mediante los cuales, rinden su informe justificado en el sentido de que son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa. Como justificación de su informe, remiten copia certificada del acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral *****. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene por ofrecida como prueba de las autoridades responsables, la que adjuntaron a su informe justificado, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y en ese acto se tenga por recibida, aunque no exista gestión expresa del interesado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con los informes justificados rendidos y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Para dar margen a que las partes se impongan del contenido de los informes justificados de cuenta, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
MESA I..."Ciudad del Carmen Campeche, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa ***, mediante el cual, de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta, desahoga en tiempo la prevención realizada en proveído de doce de junio de dos mil veintitrés. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen y de otra autoridad. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir por escrito dentro plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, a la omisa, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las mismas se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado, toda vez que la instrumental de actuaciones se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente, mientras que la presuncional legal se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Por cuanto hace a la prueba consistente en la documental pública marcada con el número tres en el escrito de demanda, Con fundamento en el artículo 119 de la Ley Amparo aplicado en contrario sensu, se desecha en razón de que la misma no fue anexada por la parte quejosa. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. TERCEROS INTERESADOS. Del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que en el expediente laboral ***, los demandados son (i) ***; (ii) ****; (iii) ****; (iv) ***; (v) ***; sin embargo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por lista a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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