Olga Pérez Soto
Expediente 1249/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 74 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1249/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 74
- Última actuación
- 01/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Olga Pérez Soto
- (Zona-9) Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 74.
- Principal
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo con sede en Pachuca de Soto, informa el contenido de la resolución en la que resolvió procedente la acumulación del presente juicio de amparo al diverso 158/2019 de su índice; lo anterior sin realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se remitió al archivo el presente asunto, como definitivamente concluido. Ahora bien, dígasele al homólogo ocursante, que se le remitieron los autos originales del sumario 1249/2019 toda vez que se avocó al conocimiento de la incompetencia planteada en autos, la cual radicó bajo el registro 527/2020 de su índice; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo con sede en Pachuca de Soto Oficio vía interconexión
- Principal
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, informa que acepta la competencia declinada en los autos del juicio de amparo 1249/2020, registrándolo el expediente con el número 527/2020; lo anterior sin realizar mayor determinación, en virtud de que en auto de treinta y uno de agosto del año que trascurre se ordenó el archivo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Finalmente, en relación a los escritos de cuenta presentados, toda vez que ya no se tiene jurisdicción respecto del juicio de amparo con que se formó el presente cuaderno de antecedentes, remítanse al juzgado de mérito vía interconexión, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Oficio Tercero interesado No existe Ministerio Público Lista Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca Oficio vía electrónica
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de julio de dos mil veinte. Se hace efectivo el apercibimiento Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la quejosa en auto de cinco de junio de dos mil veinte, para que desahogara la prevención efectuada en dicho proveído, sin que a la fecha lo haya llevado a cabo. Por tanto, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se tiene por no presentada la ampliación de demanda de amparo recibida en este órgano jurisdiccional el once de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 458 a 477). Determinación del Tribunal Colegiado Previamente a proveer lo que en derecho corresponde en relación con los diversos ocursos de ampliación de demanda y aclaratorio, recibidos en este órgano jurisdiccional el siete y diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 446 a 450 y 514) respectivamente; se estima indispensable destacar los alcances fijados en la resolución pronunciada en el recurso de queja Q.A. 3/2020, por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada vía videoconferencia por medios electrónicos de veintiocho de mayo de dos mil veinte; en ese sentido, dicho órgano colegiado determinó -para lo que aquí interesa- lo que a continuación se transcribe: " Ahora, en el caso, de las copias certificadas del juicio materia del recurso, no se observa que se surta en la especie algún supuesto de reserva sobre el pronunciamiento de la ampliación de la demanda de amparo, porque en principio, no se está en la hipótesis de que el Juez no hubiera aceptado la competencia, ya que mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, admitió a trámite la demanda de amparo, lo que demuestra que sí aceptó la competencia para conocer del asunto y por tanto, se insiste, no se surte el supuesto de reserva a que se refiere el artículo 48 de la Ley de amparo -única excepción para pronunciarse sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda de amparo-. Además de ello, debe decirse que los nuevos actos señalados en la ampliación, tienen relación con la omisión de las autoridades responsables de otorgarle atención médica a la quejosa y, por tanto, a juicio de este Tribunal son de aquellos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, como se procederá a explicar en apartados subsecuente. Lo precedente implica la obligación del Juez de pronunciarse de forma inmediata, sobre la admisión, prevención o desechamiento de la misma, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Amparo. De lo expuesto se obtiene que el derecho a la salud constituye, por una parte, una prerrogativa a favor de todos los gobernados y, por otra, un mandato para el Estado de proteger, con la misma intensidad y bajo las mismas condiciones, el derecho a la salud física y mental, cuya prestación y modalidades están reglamentadas en las legislaciones secundarias. Entre los servicios de salud está el de la atención médica que comprende la preventiva, curativa y de maternidad, así como de rehabilitación física y mental. Con la finalidad de asegurar la plena efectividad de esa prerrogativa, esto es, el derecho a los bienes y servicios de salud, y también como parte de la atención médica o servicios de salud, el Estado debe incluir los tratamientos apropiados de las enfermedades, incluidos los servicios preventivos, curativos y de rehabilitación, así como el suministro de medicamentos esenciales. Esta última consideración encuentra apoyo fundamental en lo señalado en el propio artículo 4 de la Constitución, pero, además, y de manera relevante, también en lo dispuesto en el artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, previamente transcrito, conforme al cual, para proteger el derecho a la salud, el Estado deberá garantizar que los servicios médicos satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación. Además, el artículo 77 bis 37 del propio ordenamiento establece como uno de los derechos de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, recibir servicios integrales de salud. Incluso, sobre los alcances del derecho que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el tratamiento de las enfermedades y el suministro de los medicamentos es parte integral del derecho a la salud, tal como se puede advertir de las consideraciones que sustentan la tesis aislada P. XIX/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, página 112, cuyos rubro y texto son: (SE TRANSCRIBE) Conforme a lo anterior, debe concluirse que la optimización del derecho fundamental de acceso a la salud conlleva brindar los servicios básicos consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. Sobre el tema también resulta ilustrativa la tesis aislada 1a. LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 457, tomo XXVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, julio de 2008, que textualmente dice: Así, dada la naturaleza de los actos reclamados en la ampliación de la demanda de amparo y la posible vulneración al derecho a la salud, con el riesgo a la vida, que le aqueja a la recurrente, de no otorgarse la atención médica de manera urgente y conforme a la prontitud que el caso amerita, se pondría en riesgo su salud y su vida, lo que evidencia que se encuentra en la hipótesis de análisis relacionado con el artículo 126 de la Ley de Amparo, que deberá hacer el A quo, al momento de pronunciarse, respecto la admisión de la ampliación de la demanda de origen; o, en su defecto, no hacerlo si la desecha. Por lo anterior, al estimarse fundados los agravios analizados, debe declararse fundado el recurso de queja, para el efecto de que el Juez: 1. Deje insubsistente la resolución recurrida; y, hecho lo anterior, 2. Emita otra en la que se pronuncie de forma inmediata, sobre la admisión, prevención o desechamiento de la ampliación de la demanda de amparo y, en consecuencia, también lo haga sobre la suspensión de plano de los actos reclamados. Sólo resta decir que a lo anterior es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 9, agosto de 2014, tomo II, página 901, del rubro y texto: (SE TRANSCRIBE) (.)" De la transcripción que antecede, se desprende que el Órgano Colegiado determinó que los nuevos actos señalados en la ampliación, tienen relación con la omisión de las autoridades responsables de otorgarle atención médica a la quejosa y, por tanto, son de aquellos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo que de suyo implica la obligación del Juez de pronunciarse de forma inmediata, sobre la admisión, prevención o desechamiento de la misma, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, los efectos de dicha resolución consisten, esencialmente, en que este juzgado emita un pronunciamiento sobre la ampliación de la demanda de amparo, su ocurso aclaratorio y, en consecuencia, sobre la suspensión de plano de los actos reclamados. En ese sentido, en estricto apego a lo determinado por el Tribunal de alzada y de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, reformado por su similar 18/2020, se procede a emitir el pronunciamiento conducente. Autoridades responsables y actos reclamados Debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Es preciso mencionar que si bien, dicho criterio enuncia cuestiones relativas a la demanda, a juicio de esta juzgadora, el criterio es aplicable también para su ampliación, pues con tal información se fijará la litis constitucional en el presente asunto. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, su ampliación y sendos ocursos aclaratorios respectivamente, así como documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado (...) Incompetencia por territorio En primer término, debe hacerse referencia al artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto anterior se desprenden tres reglas de competencia de los jueces de distrito en función de la posible ejecución del acto reclamado, a saber: Si el acto reclamado conlleva ejecución, esto es, debe ejecutarse, se está ejecutando, o bien, se haya ejecutado, es juez competente el que ejerza jurisdicción dentro de los límites del lugar de dicha ejecución. Si el acto reclamado conlleva ejecución y ésta tiene lugar en diferentes distritos, o bien, comenzó a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, será juez competente aquél ante quien se presente la demanda de amparo; y, Si el acto reclamado no conlleva ejecución material, será juez competente aquél ante quien se presente la demanda. Así, a efecto de delimitar los asuntos que, por razón de territorio, son competencia de los juzgados de distrito con residencia en la Ciudad de México, resulta indispensable hacer referencia al contenido actual del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, que señala: PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Distrito Federal. [.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito con residencia en el Distrito Federal ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquél. Los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones ejercerán jurisdicción territorial, en toda la República Mexicana. De los artículos transcritos, se desprende que el territorio nacional se divide en treinta y dos circuitos, correspondiendo al entonces Distrito Federal -ahora Ciudad de México- el Primer Circuito. Asimismo, se advierte que los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México ejercerán jurisdicción dentro de los límites comprendidos en dicho territorio. En ese sentido, de la intelección de dichos preceptos, así como de las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se afirma que los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México son competentes, por razón de territorio, para conocer y resolver los asuntos en los que la ejecución del acto reclamado tenga un punto de conexión dentro de la Ciudad de México, ya sea porque en dicho territorio deba ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado o haya comenzado a ejecutarse. Asimismo, siguiendo el referido numeral 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado no conlleva ejecución material alguna, los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México serán competentes si ante ellos se presenta la demanda de amparo respectiva. En ese tenor, en el caso concreto la quejosa reclama a) la omisión de contestar el escrito de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, b) la omisión de ordenar la entrega de medicamentos necesarios, así como atención médica y tratamientos a la quejosa, c) la emisión del oficio número DG-2019-004422 de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, d) la emisión del oficio DNS/S/0898/2019 de tres de octubre de dos mil diecinueve, por el que se da contestación al escrito de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve de la parte quejosa y e) la falta de notificación del oficio DNS/S/0898/2019 de tres de octubre de dos mil diecinueve. Por su parte, de las constancias de autos se destacan las siguientes actuaciones: El dos de septiembre de dos mil diecinueve, la quejosa promovió juicio de amparo en contra de los actos y autoridades que señaló en su ocurso inicial y sendos aclaratorios; asimismo, solicitó la suspensión de plano de los actos reclamados. La medida cautelar fue concedida por este Juzgado de Distrito y modificada por el Tribunal Colegiado del conocimiento para el efecto de que: "(.) DE INMEDIATO y de manera correcta, pronta, oportuna y con la urgencia que amerita el caso, ordene que por conducto de las áreas y especialistas correspondientes se le practiquen los estudios necesarios y se le realicen los procedimientos médicos para preservar su salud, esto es, le proporcionen atención médica adecuada, con el seguimiento y comunicación debida, clara y precisa de los procedimientos que se deben aplicar en su caso, proporcionándole los medicamentos y tratamientos necesarios, así como se realicen los demás trámites que ese padecimiento amerite, en particular lo relacionado con el otorgamiento de las licencias médicas pertinentes que legalmente procedan (.)". En cumplimiento a dicha suspensión, en proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve se tuvo por recibido el informe de la responsable, en el cual manifestó su imposibilidad para cumplir con la medida cautelar al no tener las facultades necesarias; sin embargo, informó que giró los oficios 600.602/SC/JJCS/62231/2019 y 600.602/SC/JJCS/62232/2019 a fin de que el Director General y el Delegado Estatal, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Hidalgo, conocieran y acataran la medida suspensional decretada. En auto de diecinueve de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la quejosa. Posteriormente en auto de veintitrés de septiembre y, ante la manifestación del Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el sentido de existir diverso juicio de amparo promovido por la parte quejosa respecto de los mismos actos reclamados, se requirieron constancias al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto del juicio de amparo 158/2019. De igual manera, en atención a sus manifestaciones, tocantes a que la quejosa era atendida en el Estado de Hidalgo por su padecimiento médico; se requirió el cumplimiento de la suspensión de plano al (i) Director del Hospital General "Dra. Columba Rivero Osorio" y al (ii) Delegado Estatal, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Hidalgo. En auto de veinticinco de septiembre, en atención a lo indicado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Hidalgo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, se informó a la promovente que la licencia médica expedida a su favor se encontraba a su disposición en las oficinas de la Dirección del Hospital General "Dra. Columba Rivera Osorio", en Pachuca de Soto, Hidalgo. El tres de octubre de dos mil diecinueve, se dio vista a la quejosa para que indicara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la autoridad Director del Hospital General "Dra. Columba Rivero Osorio" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Hidalgo, ante la observancia de su participación en los actos impugnados. Cuestión que no se desahogó por la interesada y precluyó su derecho el treinta de octubre siguiente. Luego, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, remitió las constancias solicitadas del juicio de amparo 158/2019 y, derivado de su estrecha vinculación con la Litis constitucional aquí planteada, consistente en la falta de atención médica a la quejosa por parte del Hospital General "Dra. Columba Rivera Osorio" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de Hidalgo, donde es derechohabiente la misma, este Juzgado solicitó la acumulación de ambos juicios. En respuesta a la antepuesta petición, el treinta de octubre del citado año, el Juzgado señaló que aperturó el incidente de acumulación de juicios. Luego, mediante escrito de ampliación y ocurso aclaratorio, de siete y diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 446 a 450 y 514), la quejosa amplió su demanda respecto del diverso oficio de contestación a su falta de contestación a la petición que reclamó en su demanda inicial. Ampliación respecto de actos que, tal como lo indicó el Tribunal Colegiado en el recurso de queja Q.A. 3/2020, guardan relación con la omisión de las autoridades responsables de otorgarle atención médica a la quejosa. Finalmente, una vez seguida la secuela procesal, en auto de veinte de febrero de dos mil veinte y con el fin de poder estar notificando a la quejosa las citas médicas agendadas por las responsables, se le requirió a ésta última para que señalara domicilio en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en el que efectivamente pudiera ser localizada. Requerimiento que se tuvo por desahogado el veintiséis de febrero posterior. Es importante mencionar, que ante las diversas denuncias de la quejosa por defecto en el cumplimiento a la suspensión, en resoluciones de veintidós de octubre, veintiocho de noviembre y veinticuatro de diciembre, todos de dos mil diecinueve (fojas 369 a 371, 533 a 537 y 624 a 627), así como siete de febrero de dos mil veinte (fojas 871 a 873), se tuvieron como autoridades vinculadas al cumplimiento de la suspensión de plano, entre otras, al (i) Director del Hospital General "Dra. Columba Rivero Osorio" y al (ii) Delegado Estatal, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Hidalgo y, en las dos últimas resoluciones, a diversos especialistas que laboran en el aludido nosocomio; pues es en esa entidad federativa donde la quejosa recibe su atención médica. Ahora bien, con la finalidad de explicar mejor el planteamiento tocante a la competencia de este asunto, en principio se considera oportuno destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 343/2019 tocante a la omisión de proporcionar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias a los internos en un centro de reclusión, explicó la forma en la cual se dividen los actos de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias. Así -para lo que aquí interesa- indicó que se dividen en actos positivos, negativos y omisivos o abstenciones; en estos últimos detalló que son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado; por tanto, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. De tal manera, la Sala sostuvo en dicho asunto, que cuando una persona privada de su libertad reclame la omisión por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionarle atención médica resulta legalmente competente el Juez de Distrito que resida en el domicilio del centro de reclusión en el que se encuentre privado de su libertad el quejoso, pues tal omisión posee consecuencias que se materializan en un plano fáctico, por la situación particular del reclamo y en la que se encuentra el peticionario de amparo frente a la autoridad, por lo que era dable concluir que el mismo sí tiene ejecución material; ya que, en realidad, no se trata de una omisión simple sin efecto alguno, dado que sí produce consecuencias materiales en el estado de salud de las personas, pues las enfermedades y/o padecimientos no se resuelven de forma natural, sino que requieren la intervención de un agente externo que aporte sus conocimientos en el campo de la medicina para equilibrar el estado de salud comprometido, sea a manera de revisión, o bien, en aras de proporcionar un tratamiento médico determinado, cuando una persona tiene un quebranto evidente en su salud. Adicionalmente, la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 1359/2015, sostuvo que en nuestro sistema jurídico las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos sino también a través de actos negativos u omisiones. De la Contradicción de Tesis mencionada, derivó la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.) de rubro y texto siguientes: OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. (...) Derivado de lo expuesto, se concluye que los actos reclamados han tenido y continúan teniendo ejecución en el Estado de Hidalgo, esto es, fuera de los límites territoriales en los que este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción. Lo anterior, pues a juicio de la que suscribe, la omisión reclamada a las autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de Hidalgo, se traduce en un hecho que conlleva una ejecución material, en tanto que el acto -aparentemente negativo- produce un efecto positivo resultante de privar a la quejosa de su derecho a la asistencia médica al que puede acceder por mandato constitucional. En efecto, el acto reclamado tiene ejecución material en el Estado de Hidalgo, toda vez que la quejosa al reclamar la falta de atención médica se está afectando de manera directa su derecho a la salud y, siendo que la quejosa atiende su padecimiento médico en el Hospital General "Dra. Columba Rivero Osorio" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la Delegación del Estado de Hidalgo, resulta inconcuso que el conocimiento de este juicio debe ser efectuado por un Juez de Distrito radicado en esa entidad. Lo que incluso facilitaría la comunicación e impulsaría la asistencia de la impetrante a las múltiples citas médicas que le han agendado las responsables con residencia en ese Estado, sin necesidad de la intervención o comunicación de este órgano de amparo. Aunado a que, como se detalló, es ahí donde se otorgan sus licencias médicas, recibe diagnóstico y tratamiento médico que sufre por las consecuencias de la enfermedad que padeció y de la quimioterapia que recibió y, además, existe un juicio radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto con estrecha vinculación de la Litis constitucional aquí planteada consistente en la falta de atención médica a la quejosa por parte del Hospital General "Dra. Columba Rivera Osorio" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de Hidalgo, donde es derechohabiente la misma. En consecuencia, atendiendo a las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se considera que el conocimiento de este juicio corresponde a un juzgado de distrito con residencia en Pachuca, Hidalgo. Remisión al juzgado competente Por las razones expuestas, este juez de distrito considera que es incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo. Por tanto, se ordena remitir el presente expediente al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo en turno, para su conocimiento; asimismo, se ordena remitir las copias certificadas del expediente clínico de la quejosa que obran en sobre cerrado por cuerda separada y que fueron remitidas por el Director del Hospital General "Dra. Columba Rivera Osorio" de la aludida entidad federativa, solicitándole que tenga a bien remitir el acuse de recibo de estilo. En ese sentido, se informa al juzgado que conozca del presente asunto que, atendiendo al auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dichas documentales contienen información sensible, por lo que se tienen como reservadas en cuanto a la publicación en los medios electrónicos y respecto del conocimiento de personas ajenas a las partes de este juicio. Finalmente, a fin de acordar lo subsecuente, con copia de la demanda, anexos y copia autorizada de este proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Suspensión Cabe reiterar, que no pasa inadvertido que en el escrito de ampliación de demanda de amparo de doce de noviembre de dos mil diecinueve (la cual se tuvo por no presentada), se advierte que la quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados con la finalidad de que, por una parte, se le proporcionara la atención médica con motivo del padecimiento que la afecta y, por la otra, no se le mandara al Hospital Regional Primero de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, para su atención médica. Sin embargo, como se indicó en el multicitado proveído de cinco de junio de dos mil veinte, en el presente asunto se decretó la suspensión de plano para el efecto aquí solicitado, situación que rige hasta que se resuelva en definitiva, en su caso, el presente juicio de amparo; asimismo, como se expuso, mediante oficio presentado en este órgano jurisdiccional el diez de enero del año en curso (fojas 693 a 695) el Director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Hidalgo señaló que ya no era necesario el traslado de la quejosa al nosocomio antes referido. En ese contexto, a juicio de quien suscribe, al no emitirse una nueva determinación respecto la suspensión de plano solicitada, en virtud de haber tenido por no presentada la demanda de garantías, no se deja en estado de indefensión a la peticionaria de amparo por su falta de pronunciamiento, ya que como se dijo, existe una medida cautelar vigente en el sentido pretendido. Aunado a que, sin ánimo de desacatar lo ordenado por el Tribunal Colegiado en el recurso de queja Q.A. 3/2020, en el sentido de emitir una determinación sobre la suspensión de plano de los actos reclamados; lo cierto es, que en la ampliación que subsiste, no hubo solicitud de medida cautelar en ese sentido. Se levanta reserva Finalmente, en atención a la reserva contenida en auto de veinte de diciembre de dos mil diecinueve (foja 623), en relación con las manifestaciones realizadas por la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Hidalgo, en representación de las autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; no ha lugar a emitir mayor pronunciamiento, en virtud de la resolución detallada. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Juzgado de Distrito competente Oficio
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