OLGA PÉREZ QUIROZ y Otros.
Expediente 357/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- OLGA PÉREZ QUIROZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por******************** y ********************, con el carácter de abogados procuradores de los directos quejosos ******************** y ******************** ambos de apellidos ********************, en el expediente familiar ********************/2022, del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, como se advierte de la copia simple de la demanda de alimentos y del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictado en dicho juicio familiar; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 357/2023. Desechamiento de plano de la demanda Del contexto integral de la demanda de amparo de cuenta, se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: " .a). El ilegal acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, notificado el día diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en donde la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dicta el ilegal acuerdo en donde indica, "...En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 fracción I, del Código Adjetivo de la materia se le hace efectivo a los actores ******************** y ********************, el apercibimiento decretado mediante auto de techa trece de octubre de dos mil veintidós, y se le impone una multa consistente en diez unidades de medida y actualización, por lo que, se ordena a la ejecutora adscrita requiera de manera personal a los actores en comento, en el domicilio que tienen señalados en autos para recibir notificaciones, para que dentro del plazo de tres días exhiban ante el Fondo de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CON VEINTE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL...", así como, también," requiérase a los actores de referencia, para que dentro del plazo de tres días comparezcan ante el citado Trabajador Social, a efecto de que coadyuven con el mismo en la realización del estudio socioeconómico ordenado en autos, apercibiéndolos que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se les impondrá un medio de apremio consistente en una multa por el equivalente a veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 apartado B último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles en el estado, y en su perjuicio se dejara en su domicilio mediante auto de fecha trece de octubre de dos mil veintidós y dicha conducta procesal será tomada en consideración al momento de resolverse el presente asunto en definitiva..." Contra el acto reclamado en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los preceptos 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Ahora bien, de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional sólo puede ser promovido por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del diverso 5° de dicha ley, el cual señala que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la misma Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el aludido numeral 6° de la ley de la materia establece que el quejoso podrá accionar el juicio por sí, por su representante legal o por su apoderado; además, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo por conducto de su defensor o, incluso, de cualquier persona, tal circunstancia queda limitada a los casos y requisitos previstos en la propia Ley de Amparo. Por lo tanto, de manera general, la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas o morales, que tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que estimen que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Y, siempre que tal violación produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en atención a su especial situación frente al orden jurídico, más no quien por ello indirectamente pudiera resentir únicamente algún perjuicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado en el sentido de que de conformidad con el artículo 5º, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclama y, por consiguiente, es un presupuesto procesal para la procedencia de la acción que el acto o la ley reclamados en un juicio de amparo causen perjuicio a la parte quejosa. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que los promoventes reclaman el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar, ********************/2022, por la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el que hizo efectivo a los actores ******************** ******************** y ******************** ********************, el apercibimiento decretado mediante auto trece de octubre de dos mil veintidós, y se les impuso una multa consistente en diez unidades de medida y actualización, por lo que se ordenó a la ejecutora adscrita requiriera de manera personal a los actores en comento, en el domicilio señalados en autos para recibir notificaciones, para que dentro del plazo de tres días exhibieran ante el Fondo de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CON VEINTE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL;; así también, ordenó requerir a los actores de referencia, para que dentro del plazo de tres días comparezcan ante el citado Trabajador Social, a efecto de que coadyuven con el mismo en la realización del estudio socioeconómico ordenado en autos, apercibiéndolos que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se les impondrá un medio de apremio consistente en una multa por el equivalente a veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 apartado B último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles en el estado, y en su perjuicio se dejará en su domicilio mediante auto de fecha trece de octubre de dos mil veintidós y dicha conducta procesal será tomada en consideración al momento de resolverse el presente asunto en definitiva. Sin embargo, de la propia manifestación de los promoventes del amparo y de las constancias que adjuntó a la demanda, se aprecia que en el juicio familiar tienen el carácter de abogados procuradores de los directos quejosos ******************** y ******************** ambos de apellidos ********************, en términos del artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. El artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, establece: Artículo 108.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar casa ubicada precisamente en el lugar en que tenga su sede el tribunal para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias, y en su caso, correo electrónico cuando soliciten se les realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial. En caso de autorizar a persona para recibir notificaciones, quedará facultada a promover en el juicio con las limitaciones a que se refiere el artículo 2467 del Código Civil, siempre que acredite tener cédula profesional de Licenciado en Derecho. El autorizado podrá renunciar a dicha facultad mediante escrito que presente al Juez o Tribunal que conozca del juicio. Los profesionistas serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a la parte que los hubiere autorizado, de acuerdo con las disposiciones relativas al mandato. De no acreditarse que se está legalmente autorizado para ejercer la profesión, sólo podrán recibir notificaciones e imponerse de los autos. También deben designar la casa en la que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte de este artículo, las notificaciones, aun las que, conforme a las reglas generales, deban hacerse personalmente, se le harán por lista que se publicará en la página electrónica oficial del Poder Judicial, o en la lista que se publique en los estrados de los juzgados que no tengan internet; si faltare a la segunda parte, no se hará notificación alguna a la persona contra quien promueva, hasta que se subsane la omisión. Por otro lado, el numeral 2467 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, establece: Artículo 2467.- El procurador no necesita poder o cláusula especial sino en los casos siguientes: I. Para desistirse; II. Para transigir; III. Para comprometer en árbitros; IV. Para absolver y articular posiciones; V. Para hacer cesión de bienes; VI. Para recusar; VII. Para recibir pagos; VIII. Para los demás actos que expresamente determine la ley. Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2435. De los citados numerales se aprecia que el autorizado legal en términos del artículo 108 del código adjetivo civil tiene facultades limitadas y aquellas son solo para actuar procesalmente en el juicio familiar de origen. En efecto, la autorización que prevé dicho numeral no es equiparable en toda su extensión con el mandato judicial, cuyo alcance se encuentra previsto en los artículos 2436 y 2437 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, dado que por un lado, la forma prevista en la ley para configurar el mandato judicial requiere de la satisfacción de requisitos especiales como lo es, la escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y reconocidas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los jueces o autoridades administrativas correspondientes. Requisitos éstos que no se podrían tener por colmados con la sola presentación de la promoción de autorización en los términos amplios que prevé el artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles para esta Entidad. Por tanto, se considera que el acto aquí reclamado a quien causa perjuicio es a los directos quejosos ******************** y ******************** ambos de apellidos ********************, quienes tienen la calidad de actores en el juicio familiar del que deriva el acto reclamado; sin que tal acto cause alguna lesión directa a la esfera jurídica de los promoventes del amparo, ya que éstos solo tienen el carácter de autorizados legales en dicho juicio y, por ende, facultad de actuar procesalmente en el mismo, pero no de accionar el juicio de amparo indirecto, cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y personal al titular del derecho subjetivo o a su representante legal, en términos de los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía, 1a./J. 108/2013 (10a.) Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 327, Registro digital: 2005035, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda. Correo electrónico y número telefónico Respecto a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, toda vez que de autos no se advierte que la parte quejosa tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, instrúyase al Actuario que podrá emplear dichos medios como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Representante común. Por otro lado, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los promoventes del amparo a********************. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por******************** y ********************, con el carácter de abogados procuradores de los directos quejosos ******************** y ******************** ambos de apellidos ********************, en el expediente familiar ********************/2022, del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, como se advierte de la copia simple de la demanda de alimentos y del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictado en dicho juicio familiar; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 357/2023. Desechamiento de plano de la demanda Del contexto integral de la demanda de amparo de cuenta, se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: " .a). El ilegal acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, notificado el día diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en donde la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dicta el ilegal acuerdo en donde indica, "...En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 fracción I, del Código Adjetivo de la materia se le hace efectivo a los actores ******************** y ********************, el apercibimiento decretado mediante auto de techa trece de octubre de dos mil veintidós, y se le impone una multa consistente en diez unidades de medida y actualización, por lo que, se ordena a la ejecutora adscrita requiera de manera personal a los actores en comento, en el domicilio que tienen señalados en autos para recibir notificaciones, para que dentro del plazo de tres días exhiban ante el Fondo de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CON VEINTE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL...", así como, también," requiérase a los actores de referencia, para que dentro del plazo de tres días comparezcan ante el citado Trabajador Social, a efecto de que coadyuven con el mismo en la realización del estudio socioeconómico ordenado en autos, apercibiéndolos que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se les impondrá un medio de apremio consistente en una multa por el equivalente a veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 apartado B último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles en el estado, y en su perjuicio se dejara en su domicilio mediante auto de fecha trece de octubre de dos mil veintidós y dicha conducta procesal será tomada en consideración al momento de resolverse el presente asunto en definitiva..." Contra el acto reclamado en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los preceptos 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Ahora bien, de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional sólo puede ser promovido por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del diverso 5° de dicha ley, el cual señala que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la misma Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el aludido numeral 6° de la ley de la materia establece que el quejoso podrá accionar el juicio por sí, por su representante legal o por su apoderado; además, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo por conducto de su defensor o, incluso, de cualquier persona, tal circunstancia queda limitada a los casos y requisitos previstos en la propia Ley de Amparo. Por lo tanto, de manera general, la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas o morales, que tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que estimen que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Y, siempre que tal violación produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en atención a su especial situación frente al orden jurídico, más no quien por ello indirectamente pudiera resentir únicamente algún perjuicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado en el sentido de que de conformidad con el artículo 5º, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclama y, por consiguiente, es un presupuesto procesal para la procedencia de la acción que el acto o la ley reclamados en un juicio de amparo causen perjuicio a la parte quejosa. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que los promoventes reclaman el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar, ********************/2022, por la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el que hizo efectivo a los actores ******************** ******************** y ******************** ********************, el apercibimiento decretado mediante auto trece de octubre de dos mil veintidós, y se les impuso una multa consistente en diez unidades de medida y actualización, por lo que se ordenó a la ejecutora adscrita requiriera de manera personal a los actores en comento, en el domicilio señalados en autos para recibir notificaciones, para que dentro del plazo de tres días exhibieran ante el Fondo de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CON VEINTE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL;; así también, ordenó requerir a los actores de referencia, para que dentro del plazo de tres días comparezcan ante el citado Trabajador Social, a efecto de que coadyuven con el mismo en la realización del estudio socioeconómico ordenado en autos, apercibiéndolos que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se les impondrá un medio de apremio consistente en una multa por el equivalente a veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 apartado B último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles en el estado, y en su perjuicio se dejará en su domicilio mediante auto de fecha trece de octubre de dos mil veintidós y dicha conducta procesal será tomada en consideración al momento de resolverse el presente asunto en definitiva. Sin embargo, de la propia manifestación de los promoventes del amparo y de las constancias que adjuntó a la demanda, se aprecia que en el juicio familiar tienen el carácter de abogados procuradores de los directos quejosos ******************** y ******************** ambos de apellidos ********************, en términos del artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. El artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, establece: Artículo 108.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar casa ubicada precisamente en el lugar en que tenga su sede el tribunal para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias, y en su caso, correo electrónico cuando soliciten se les realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial. En caso de autorizar a persona para recibir notificaciones, quedará facultada a promover en el juicio con las limitaciones a que se refiere el artículo 2467 del Código Civil, siempre que acredite tener cédula profesional de Licenciado en Derecho. El autorizado podrá renunciar a dicha facultad mediante escrito que presente al Juez o Tribunal que conozca del juicio. Los profesionistas serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a la parte que los hubiere autorizado, de acuerdo con las disposiciones relativas al mandato. De no acreditarse que se está legalmente autorizado para ejercer la profesión, sólo podrán recibir notificaciones e imponerse de los autos. También deben designar la casa en la que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte de este artículo, las notificaciones, aun las que, conforme a las reglas generales, deban hacerse personalmente, se le harán por lista que se publicará en la página electrónica oficial del Poder Judicial, o en la lista que se publique en los estrados de los juzgados que no tengan internet; si faltare a la segunda parte, no se hará notificación alguna a la persona contra quien promueva, hasta que se subsane la omisión. Por otro lado, el numeral 2467 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, establece: Artículo 2467.- El procurador no necesita poder o cláusula especial sino en los casos siguientes: I. Para desistirse; II. Para transigir; III. Para comprometer en árbitros; IV. Para absolver y articular posiciones; V. Para hacer cesión de bienes; VI. Para recusar; VII. Para recibir pagos; VIII. Para los demás actos que expresamente determine la ley. Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas de las facultades acabadas de enumerar, se observará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2435. De los citados numerales se aprecia que el autorizado legal en términos del artículo 108 del código adjetivo civil tiene facultades limitadas y aquellas son solo para actuar procesalmente en el juicio familiar de origen. En efecto, la autorización que prevé dicho numeral no es equiparable en toda su extensión con el mandato judicial, cuyo alcance se encuentra previsto en los artículos 2436 y 2437 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, dado que por un lado, la forma prevista en la ley para configurar el mandato judicial requiere de la satisfacción de requisitos especiales como lo es, la escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y reconocidas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los jueces o autoridades administrativas correspondientes. Requisitos éstos que no se podrían tener por colmados con la sola presentación de la promoción de autorización en los términos amplios que prevé el artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles para esta Entidad. Por tanto, se considera que el acto aquí reclamado a quien causa perjuicio es a los directos quejosos ******************** y ******************** ambos de apellidos ********************, quienes tienen la calidad de actores en el juicio familiar del que deriva el acto reclamado; sin que tal acto cause alguna lesión directa a la esfera jurídica de los promoventes del amparo, ya que éstos solo tienen el carácter de autorizados legales en dicho juicio y, por ende, facultad de actuar procesalmente en el mismo, pero no de accionar el juicio de amparo indirecto, cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y personal al titular del derecho subjetivo o a su representante legal, en términos de los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía, 1a./J. 108/2013 (10a.) Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 327, Registro digital: 2005035, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda. Correo electrónico y número telefónico Respecto a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, toda vez que de autos no se advierte que la parte quejosa tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, instrúyase al Actuario que podrá emplear dichos medios como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Representante común. Por otro lado, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los promoventes del amparo a********************. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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