Olga Patricia Gomez Hernandez

Expediente 1656/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1656/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Olga Patricia Gomez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Alejandro Procel Llanos; autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita la devolución del documento exhibido junto con el escrito inicial de demanda. Por lo antes expuesto, se requiere a la parte quejosa para que en cualquier día y hora hábiles, se presente, o por conducto de quien legalmente la represente, debidamente identificada con credencial vigente, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, ubicadas en Boulevard del Lago, número 103, Edificio B, primer piso, Colonia Villas Deportivas, de esta Ciudad, a fin de que se le haga la devolución del documento descrito en el escrito de cuenta. En la inteligencia que de no presentarse dentro de un plazo de noventa días a recoger el documento exhibido, el mismo podrá ser destruido junto con el presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. ...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la razón actuarial de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que la actuaria de la adscripción, hizo constar la imposibilidad con la que contó para notificar a la parte quejosa el acuerdo de quince del presente mes y año. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el acuerdo de referencia, así como las actuaciones posteriores, incluso los de carácter personal, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en la entrada de dicho órgano jurisdiccional; ello hasta en tanto, designe domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos o bien, dentro de la zona conurbada. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Olga Patricia Gómez Hernández, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cuernavaca, Morelos, y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 1656/2022-I, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Desechamiento de la demanda Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones legales que a continuación se expondrán. La parte promovente señala como acto reclamado la omisión de acordar el escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 1298/13, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Ahora bien, es indudable para este Juzgado que el acto reclamado no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Ello es así, ya que aun cuando en el caso, la parte quejosa alega violaciones al artículo 17 constitucional, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento laboral en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Aunado a que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento laboral en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". La jurisprudencia anterior, es de observancia obligatoria para este Juzgado, en términos del artículo 217, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2019400, sustentó el siguiente criterio: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". De la jurisprudencia que antecede, se advierte que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. En consecuencia, de conformidad con el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, establece que las juntas dictaran sus resoluciones en el acto que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes aquellas en la que se reciban promociones por escrito, salvo disposición en contrario a la ley, y siguiendo el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes citado, este Juzgado determina la inexistencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, y, por lo tanto, resulta improcedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, en razón de que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el siete de diciembre de dos mil veintidós, presentó el escrito dentro expediente laboral 1298/13; por tanto, la Junta responsable tenía un plazo de cuarenta y ocho horas para emitir el acuerdo correspondiente, los cuales fueron ocho y nueve de diciembre de la presente anualidad; en ese contexto, a partir de la fecha en la que culminaron las cuarenta y ocho horas para que la autoridad responsable emitiera el acuerdo correspondiente, esto es nueve de diciembre de dos mil veintidós, únicamente han transcurrido tres días naturales, de los cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es así, ya que constituye un hecho notorio, público, cierto y conocido para este juzgado, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cargas de trabajo que imperan en los órganos de impartición de justicia en materia laboral en el Estado de Morelos. En consecuencia, en el caso, queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. En otro orden de ideas, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado en términos amplios a la persona que refiere, en razón de que se trata de un asunto de naturaleza laboral y no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Disponibilidad del Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese personalmente.

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