Olga Morales Peralta
Expediente 533/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Olga Morales Peralta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el seis de junio de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal Bajo esa tesitura, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales presentados, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 533/2022; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El diecinueve de abril de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El veintiuno de abril de la presente anualidad, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veinticinco de abril del año en curso, se dio intervención legal a la representación social. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, las omisiones reclamadas se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la omisión reclamada de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y actuario adscrito, se hace consistir en: Omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los plazos establecidos en la ley laboral en el juicio número ***. Omisión de notificar a la parte demandada dentro de los plazos establecidos en la ley laboral en el juicio número ***. III. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir su informe, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen; incluso aportaron copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio laboral 01/517/2021, a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. IV. Sobreseimiento Por cuanto al acto reclamada consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral de origen, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede . IV. De las constancias de autos apareciera claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe señalar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente, sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. En ese contexto, de las copias certificadas del procedimiento laboral 01/517/2021, las cuales poseen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo, se advierte que mediante diligencias de dos y tres de mayo del año en curso, se realizó el emplazamiento de la parte demandada. Atento a lo anterior, si durante el trámite del juicio de amparo, la autoridad responsable emplazó a la contraparte de la aquí quejosa, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, dado que se le restituyó en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de dicho ordenamiento se sobresee en el juicio respecto del acto consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral 01/517/2021. Por lo que respecta al diverso acto reclamado relativo a la omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los plazos establecidos en la ley laboral en el juicio número 01/517/2021, esto es, señalamiento de fecha lejana para la celebración de dicha audiencia, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. En el efecto, el artículo y fracción invocados, son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable [.]" Del artículo transcrito tenemos que los actos que se hayan consumado de un modo irreparable, son aquellos que de ninguna forma sería posible restituir al gobernado en el goce del derecho fundamental violado. Lo anterior es así, porque la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. Por tanto, es de tomarse en consideración que por una parte el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es un medio de control que tiene por objeto reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos; y por otra parte, se advierte que en el caso particular, la parte quejosa promovió amparo por señalamiento de fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. No obstante, de las constancias rendidas por la autoridad responsable, se advierte que la audiencia fue señalada para las once horas con treinta minutos del dos de junio de dos mil veintidós. Por lo anterior, es evidente que a la presente data (seis de junio del dos mil veintidós), la fecha fijada por la junta responsable ya aconteció, lo que hace irreparable dicho acto, actualizándose la hipótesis normativa en estudio. Lo anterior resulta de esa manera, porque en caso de concluirse que el acto reclamado en estudio es inconstitucional, se tornaría legalmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo, pues no se puede ordenar que se deje insubsistente una fecha que ya transcurrió y feneció para que en su lugar se fije otra que sí cumpla con los términos a que alude la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, aun cuando el suscrito examinara los conceptos de violación propuestos y los encontrara fundados, no habría manera de concretar los efectos de la protección constitucional porque, como se dijo, no tendría fin práctico alguno obligar a la autoridad a que dejara insubsistente una fecha que ya ocurrió y señalara una nueva, pues no es posible retrotraer el tiempo. En tales circunstancias, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, en relación con el diverso numeral 61, fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo, sobre el particular, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, al haberse consumado irreparablemente dicha violación. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis aislada I. 3o. A. 150 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, de diciembre de 1994, página 325, Octavo Época, del rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Orienta a la presente determinación, por las razones ahí contenidas, la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, página 732, con registro digital: 2005150, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo por las razones expuestas en el considerando IV. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las once horas con diez minutos del seis de junio de dos mil veintidós. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 5, cuyo rubro estatuye: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Informes justificados. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y actuario adscrito a dicha junta. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio. Conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Delegados. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que designan. Notifíquese.
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