Olga Maritza Jiménez Hernández

Expediente 175/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
175/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Olga Maritza Jiménez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo concede para interponer recurso de queja contra el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ahí precisadas, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; así CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 2 también, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, hecho que deberá hacerse dentro de los tres años, contados a partir de esta fecha; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en cita. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Notifíquese.

  2. Principal

    SE TIENE POR NOTIFICADO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, DENTRO DEL AMPARO PRINCIPAL NOTIFICADO CON CITATORIO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Olga Maritza Jiménez Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas y actuario judicial de su adscripción. Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 175/2022. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados en esta instancia se hacen consistir en: 1) El acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, que ordena el lanzamiento de la quejosa, del inmueble ubicado en calle privada Santo Domingo, sin número, entre calle Ignacio Allende y Francisco Javier Mina, rotulado como cervecería "el 2 de oro" de la población de Escuintla, Chiapas, ejecutado el dieciocho del mismo mes y año, en autos del juicio ordinario civil 464/2019, del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas. 2) Las notificaciones practicadas en el juicio ordinario civil 464/2019, del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, en especifico la de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, y del auto de quince de febrero del año en curso. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro digital 192097 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En la especie, este juzgador estima que respecto a los actos identificados con el número 2), se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 3 restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: i. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ii. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 4 exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. iii. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: i. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ii. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; iii. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; iv. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. v. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. vi. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 5 con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. vii. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. i. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). ii. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón, la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal1 de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los 1 Visible en la página 156, tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital: 191539 CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 6 criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". En ese sentido, para atacar el acto en análisis, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, el inconforme debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones. Para evidenciar lo anterior, se estima oportuno traer a colación el contenido de los artículos 419, 420 y 421 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que a la letra dicen: "ART. 419.- LOS INCIDENTES SE TRAMITARAN CON UN ESCRITO DE CADA PARTE Y TRES DIAS PARA RESOLVER. ART. 420.- SI SE PROMOVIERE PRUEBA, DEBERA OFRECERSE EN LOS ESCRITOS RELATIVOS, FIJANDO LOS PUNTOS SOBRE QUE DEBE VERSAR, Y SE CITARA PARA UNA AUDIENCIA INDIFERIBLE EN LA QUE SE RECIBA LA PRUEBA, SE OIGAN BREVEMENTE LAS ALEGACIONES Y SE DICTE LA RESOLUCION. ART. 421.- LA SENTENCIA ADMITIRA APELACION EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, SALVO LA DEL INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, QUE SERA EN AMBOS EFECTOS Y EN LOS CASOS EN QUE LA LEY EXPRESAMENTE LO DETERMINE. LAS RESOLUCIONES CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 7 QUE EN SEGUNDA INSTANCIA RESUELVAN UN INCIDENTE NO ADMITEN RECURSO ALGUNO". De la interpretación de dichos numerales, se desprende que las partes en un juicio de índole civil, tienen la facultad de solicitar ante el Juez, la solución de una cuestión cuya materia tenga inmediata relación con el negocio principal, pero que por su naturaleza deba resolverse en cuerda separada. Su tramitación debe solicitarse por escrito, sin prever término alguno para su interposición, en el mismo podrán ofrecerse pruebas, debiendo exponer los puntos sobre los que versarán. Ante ello, de encontrarlo ajustado a derecho, el tribunal dentro de los tres días, fijará fecha para la celebración de una audiencia indiferible, en la que en su caso, se recibirán los medios de convicción que hayan ofrecido las partes, se escucharán sus alegaciones y se dictará la resolución correspondiente, la cual será apelable en efecto devolutivo, salvo que se trate de un incidente de nulidad por falta de emplazamiento, o cuando dicha codificación lo determine expresamente. De lo anterior, se colige que en los juicios de naturaleza civil, cuando alguna de las partes considere que la notificación de alguna resolución es ilegal, por haberse practicado de una forma distinta a la prevista en la norma, tiene la facultad para solicitar al órgano del conocimiento que declare su nulidad en la vía incidental. Por tanto, en concordancia con lo expuesto, se reitera que el solicitante de amparo, previo a la promoción del juicio de amparo biinstancial, debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones. Ello es así, pues de los anexos que acompaña a su escrito inicial de demanda, y de la narrativa de hechos expuestos en el mismo, se desprende que la hoy quejosa es parte demandada en el juicio de origen, circunstancia que le CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 8 permite hacer valer, a través de los medios jurídicos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso. Lo anterior implica que la quejosa no se encuentra en la hipótesis de excepción establecida en el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo 61, que se analiza, por tanto no puede alegar que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento; sino que, como se indicó con antelación, se encuentra en aptitud de promover el incidente de nulidad de actuaciones, tomando en consideración que tiene el carácter de parte procesal en el juicio natural. En efecto, la promoción de dicha incidencia se estima idónea, dado que la resolución que en ella se dicte puede tener como consecuencia declarar la nulidad de la notificación practicada, ordenando que ésta se lleve a cabo en la forma prevista por la ley, y derivado de ello, se encuentre en aptitud para recurrir oportunamente la resolución que considera lesiva de sus derechos, como lo es la sentencia definitiva dictada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio de origen. Resulta aplicable al caso, por las razones que informa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.)2, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación 2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2020845 CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 9 que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad." En otro orden, por lo que hace al 1) acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, que ordena el lanzamiento de la quejosa, del inmueble ubicado en calle privada Santo Domingo, sin número, entre calle Ignacio Allende y Francisco Javier Mina, rotulado como cervecería "el 2 de oro" de la población de Escuintla, Chiapas, ejecutado el dieciocho del mismo mes y año, en autos del juicio ordinario civil 464/2019, del índice del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 10 Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción en análisis, tratándose de actos de ejecución de sentencia solamente podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución, lo cual implica que cualquier violación intermedia cometida en el procedimiento de ejecución, necesariamente podrá invocarse cuando se reclame la última resolución antes referida. Ello es así, pues lo que se pretende es evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; es decir, que continúe la ejecución CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 11 de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. No obstante lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció la posibilidad de que se pudieran reclamar a través del juicio de amparo en la vía indirecta, actos dictados en el procedimiento de ejecución siempre y cuando infrinjan de manera directa derechos sustantivos y que tales derechos sean ajenos a la cosa juzgada materia de la resolución definitiva que se pretende ejecutar. De la ejecutoria que dirimió dicha controversia, se emitió la jurisprudencia P./J. 108/20103, que a la letra reza: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Lo anterior, lleva a considerar que cuando se reclamen 3 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6. Registro digital: 163152 CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 12 en amparo indirecto actuaciones en el procedimiento de ejecución de sentencia que sean materia de lo que fue ordenado en la resolución definitiva que decidió el juicio en lo principal, esto es, que constituyan la cosa juzgada de dicha resolución, el criterio en cita resulta inaplicable; y como consecuencia, la acción de amparo intentada resulta improcedente, dado que limitaría la ejecución de la sentencia definitiva, la cual es de orden público. En el caso en estudio, según fue puesto de relieve de la narrativa de hechos formulada en la demanda de amparo y de los anexos que acompaña, la orden de lanzamiento reclamada deriva del resolutivo tercero de la sentencia definitiva dictada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio ordinario civil 464/2019, del índice del Juzgado del Ramo Civil de Acapetahua, Chiapas, que condenó a la demandada, aquí quejosa a desocupar y a hacer entrega a la parte actora en dicha contienda del bien inmueble que en esta vía defiende, situación que pone de manifiesto que dicho acto constituye precisamente una de las prestaciones exigidas a la solicitante de amparo en la resolución que pretende ejecutarse, que le reviste el carácter de cosa juzgada. Luego, al no erigirse como una actuación autónoma dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, se tiene que, en la especie para calificar la procedencia de la acción de amparo debe atenderse a la regla que establece el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 107 de la Ley de Amparo, que indica que el juicio de garantías procede contra la última resolución dictada en el mismo, es decir aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien ordena el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, se tiene que la procedencia del amparo en la vía intentada se encuentra supeditada a que la actuación CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 13 reclamada tenga las consecuencias jurídicas de alguna de las mencionadas en el párrafo que antecede, contra la cual, podrá hacer valer las violaciones procesales que estime se cometieron en su perjuicio. Bajo esa guisa, en virtud que la actuación que se reclama -lanzamiento ejecutado- es de naturaleza distinta a las antes indicadas, es dable sostener que el amparo solicitado resulta improcedente. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que la desposesión del inmueble que defienden se haya ejecutado el siete de septiembre del presente año, pues dicha particularidad no constituye uno de los supuestos específicos que tornen procedente el amparo en la vía biinstancial. Es aplicable al particular por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/20014, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal Constitucional Suprema Corte de Justicia, que estatuye: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras 4 Visible en la página 34, Registro digital: 189344, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001. CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 14 de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Así como la que a continuación se transcribe: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN5. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto 5 Sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 191663 CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 15 de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías". En consecuencia, al resultar actualizadas las causales de improcedencia invocadas, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Olga Maritza Jiménez Hernández, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Sergio Manuel Galdámez Peregrino y Julio Roberto Suarez Martínez, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a Katsumi Hiray Horita y Enrique Carreño Barredo, con las facultades restringidas del citado numeral, en razón que no cumplen con el requisito mencionado. Con fundamento en el artículo 5, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio de contacto para comunicaciones no procesales los números telefónicos que proporciona. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción II, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 16 y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación del primero de los ordenamientos en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación en nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente; hágase saber a las partes, que los datos personales que proporcionen en el presente asunto podrán ser utilizados para la tramitación y resolución de este juicio de amparo hasta su total conclusión; asimismo, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, a excepción de la información clasificada, definida por el segundo de los artículos del ordenamiento legal citado en primer término, pues la misma será suprimida de la versión pública de las sentencias ejecutoras, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 22, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 17 consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Se exhorta a la promovente de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea.

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