Olga Maria Rodriguez Garza

Expediente 1126/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1126/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Olga Maria Rodriguez Garza

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja, contemplado en el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento, en contra del auto de treinta de agosto del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y como socia mayoritaria de ******************** A lo anterior se acuerda. CAUSA ESTADO. Se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Se considera que este asunto es destruible. RESGUARDO DE EXPEDIENTE Y DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por tanto, una vez transcurridos tres años posteriores a la emisión de este acuerdo, se ordena la transferencia del expediente íntegro a la Dirección General de Archivo y Documentación que corresponda, para lo cual todas las constancias y documentos del expediente físico deberá encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, de conformidad con el artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En razón de ello, instrúyase a los Oficiales Judiciales, Actuarios y Secretarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que en atención a las actividades que tienen encomendadas, se realice la integración completa del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese.

  2. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a ********************, quien se ostentó como socia mayoritaria de la persona moral ******************** ********************en proveído de nueve de agosto del año en curso para que diera cumplimiento a la prevención ahí contenida, sin que lo haya realizado. A lo anterior, se acuerda: SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se procede a proveer lo conducente sobre la demanda y se tiene como promovente, por propio derecho a ********************. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV, párrafo primero, 62, 112, 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda. Así, el dispositivo 113 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece: ... De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen o a su ampliación, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de sus anexos, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. ... Así, resulta procedente analizar las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61, de la ley de la materia, en relación con la jurisprudencia158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, parte VIII, que dice: ... Al respecto, el suscrito advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para calificar tal aserto, se tiene presente el contenido del precepto anteriormente invocado: ... De conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, cuando el quejoso no promueve oportunamente la acción constitucional de amparo, atendiendo a las hipótesis contenidas en los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo. ... Ahora, la causa de improcedencia que emerge de la información acabada de plasmar, tiene estrecha relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen: ... Por su parte, el precepto 19, de la Ley materia establece: ... De los artículos transcritos, así como el contenido del criterio jurisprudencial y obligatorio en cita, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente, si no es promovido dentro de los quince días contados a partir de los siguientes supuestos: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada con el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. También es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto: ... Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que éstas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, lo que autoriza a afirmar que aun cuando exista constancia de notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedor de ellos; según lo confirma el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: ... Ahora bien, la parte quejosa reclama la orden de inmovilización del inmueble ubicado en Rancho Vista Hermosa, propiedad de la persona moral de la que ostento ser socia mayoritaria "******************** ********************, pertenecientes al municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, inscrito bajo el número de folio real ********************. Acto respecto del cual manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento el cinco de julio del año en curso, pues en esa data acudió al Registro Público de la ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato, a solicitar un certificado de libertad de gravamen sobre el predio rústico que defiende. Lo anterior constituye una confesión expresa contenida en la demanda, por lo que es a partir del día siguiente de esa data, en la que inicia el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, pues a partir de esa fecha estuvo en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Por tanto, es evidente que el cinco de julio de dos mil veintitrés, se ostentó sabedora del acto reclamado, de ahí que es a partir de esa data de la cual debe computarse el término a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda. De tal suerte que dicho cómputo para presentar la demanda en trato, conforme al artículo ya mencionado, transcurrió del seis al veintiséis de julio, ambos del año actual, descontándose por inhábiles los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de julio, todos del presente año, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo. De manera que al dos de agosto de dos mil veintitrés-conforme el sello de recepción en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito-, fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se encuentra fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que debe entenderse consentido el acto reclamado, pues su presentación se realizó cuando había fenecido el término para ello. ... En ese orden, si la demanda de amparo se presentó según el sello de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dos de agosto de dos mil veintitrés, es manifiesto que la demanda de amparo no se presentó dentro de los quince días que tenía para hacerlo, conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para acudir a esta instancia; por consiguiente, al resultar extemporánea la presentación de la demanda, ello entraña un consentimiento tácito de los actos que ahora se reclaman. Lo anterior es así, ya que los actos que aquí combate no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término genérico de quince días, en razón de que estos no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales; así también, dicho acto reclamado tampoco involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Y tampoco se trata de una sentencia definitiva o laudo y resolución que ponga fin al juicio en donde el agraviado haya sido citado legalmente para el juicio y se encuentre fuera del lugar del mismo, pero dentro de la república o que residiere fuera de ella. Finalmente, tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal, o contra los derechos individuales de ejidatarios o comuneros. Luego, como se adelantó, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que instituye que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. ... De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada, que esta es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por similitud, la tesis aislada 135 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que señala: ... De igual forma, debe decirse que el desechamiento de la demanda de amparo, presentada por la aquí quejosa, de manera alguna implica vulnerar derechos humanos consagrados, en su caso, en tratados internacionales, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo, es un medio extraordinario de defensa, por lo que la promovente debe cumplir con los requisitos para su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando a los promoventes su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ello, el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. ... FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa.

  3. Principal

    RECEPCIÓN DE ESCRITO. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho y como socia mayoritaria de "**********", contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador Núm. II de la Cuidad de Comonfort, Guanajuato y Registrador público de la propiedad en San Luis de la Paz, Guanajuato; los cuales considera violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Se ordena formar el expediente respectivo y hacer las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1126/2023. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente: La orden de inmovilización del inmueble ubicado en "**********", con superficie de 73-31-19.01 hectáreas, en San Luis de la Paz, Guanajuato, inscrito bajo el número de folio real R33*39411 y su ejecución. PREVENCIÓN. Se requiere a **********, para que en el término de CINCO DÍAS contado a partir de la notificación del presente proveído: ... APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir en tiempo con lo requerido en el inciso a) únicamente se tendrá promoviendo la demanda por propio derecho; y de no cumplir con lo establecido en el inciso b) se postergará la apertura del incidente de suspensión, conforme señalado por el artículo 130 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en términos restringidos de la parte quejosa a **********, ********** y **********, por no contar con cédula registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. NO HA LUGAR A PROVEER DE CONFORMIDAD SOBRE CORREO ELECTRÓNICO. ... PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COPIAS CERTIFICADAS. Ahora bien, para la obtención de las copias certificadas, al no contar este órgano jurisdiccional con centro de fotocopiado para que puedan ser obtenidas de manera física por las partes, deberá ajustarse a las eventualidades siguientes: ... SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. ... DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE. ... DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. ... FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese, y personalmente a la quejosa.

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