Olga María Ocampo Flores
Expediente 2041/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2041/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/02/2018
Partes del expediente
- Olga María Ocampo Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tepic, Nayarit, doce de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no realizó más manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 86-100), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Olga María Ocampo Flores, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, así como al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, todos con residencia en esta ciudad; para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables les restituyan en sus derechos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Director General de ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $15,549.01 (quince mil quinientos cuarenta y nueve pesos 01/100 moneda nacional), que pagó por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSC. PRESTAMO HIPOTECARIO", de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto los actos jurídicos que se consignan en el instrumento público número. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto...". En auto de veintiséis de diciembre siguiente, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió únicamente a las autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días lo acatara y remitiera las constancias que acreditara dicho cumplimiento. Asimismo, dicho requerimiento se hizo extensivo al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable precisada en el párrafo que antecede. En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables referidas, esencialmente, realizaran lo siguiente: Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales, hasta en tanto no sean modificados. Devolvieran a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $15,549.01 (quince mil quinientos cuarenta y nueve pesos 01/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, en el entendido de que dicha cantidad a devolver debía encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante el oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de enero pasado y registrado con el número de folio 1823 el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, en representación del director de ingresos y recaudador de rentas responsables, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el dieciocho de enero de la presente anualidad realizó una transferencia bancaria a favor del representante común de la parte quejosa valiosa por la cantidad $15,615.31 (quince mil seiscientos quince pesos con treinta y un centavos 31/100 moneda nacional), cantidad que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo más su actualización fiscal respectiva y al efecto remitió copia de dicha transacción bursátil. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las citadas autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por éstos, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $15,549.01 (quince mil quinientos cuarenta y nueve pesos 01/100 moneda nacional). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $15,269.01 (quince mil doscientos sesenta y nueve pesos 01/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el dos de octubre dos mil diecisiete y el dieciocho de enero de la presente anualidad, las autoridades responsables realizaron una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, por la cual pretendían devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil diecisiete a enero de la presente anualidad. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre entre el índice para el mes de diciembre, ambos del año pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecisiete fue de 127.912; y para el mes de diciembre de dicha anualidad fue de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02267. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $15,615.30 (quince mil setecientos quince pesos con treinta centavos 22/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $346.29 (trescientos cuarenta y seis pesos con veintinueve centavos 29/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las citadas autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, devolvieron a la quejosa la cantidad $15,615.31 (quince mil seiscientos quince pesos con treinta y un centavos 31/100 moneda nacional) con motivo de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestaron que se abstendrían de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Tepic, Nayarit, doce de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no realizó más manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 86-100), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Olga María Ocampo Flores, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, así como al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, todos con residencia en esta ciudad; para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables les restituyan en sus derechos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Director General de ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $15,549.01 (quince mil quinientos cuarenta y nueve pesos 01/100 moneda nacional), que pagó por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" e "INSC. PRESTAMO HIPOTECARIO", de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto los actos jurídicos que se consignan en el instrumento público número. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto...". En auto de veintiséis de diciembre siguiente, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió únicamente a las autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días lo acatara y remitiera las constancias que acreditara dicho cumplimiento. Asimismo, dicho requerimiento se hizo extensivo al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable precisada en el párrafo que antecede. En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables referidas, esencialmente, realizaran lo siguiente: Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales, hasta en tanto no sean modificados. Devolvieran a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $15,549.01 (quince mil quinientos cuarenta y nueve pesos 01/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, en el entendido de que dicha cantidad a devolver debía encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante el oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de enero pasado y registrado con el número de folio 1823 el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, en representación del director de ingresos y recaudador de rentas responsables, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el dieciocho de enero de la presente anualidad realizó una transferencia bancaria a favor del representante común de la parte quejosa valiosa por la cantidad $15,615.31 (quince mil seiscientos quince pesos con treinta y un centavos 31/100 moneda nacional), cantidad que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo más su actualización fiscal respectiva y al efecto remitió copia de dicha transacción bursátil. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las citadas autoridades responsables Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por éstos, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $15,549.01 (quince mil quinientos cuarenta y nueve pesos 01/100 moneda nacional). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $15,269.01 (quince mil doscientos sesenta y nueve pesos 01/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el dos de octubre dos mil diecisiete y el dieciocho de enero de la presente anualidad, las autoridades responsables realizaron una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, por la cual pretendían devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil diecisiete a enero de la presente anualidad. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre entre el índice para el mes de diciembre, ambos del año pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecisiete fue de 127.912; y para el mes de diciembre de dicha anualidad fue de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02267. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $15,615.30 (quince mil setecientos quince pesos con treinta centavos 22/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $346.29 (trescientos cuarenta y seis pesos con veintinueve centavos 29/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las citadas autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, devolvieron a la quejosa la cantidad $15,615.31 (quince mil seiscientos quince pesos con treinta y un centavos 31/100 moneda nacional) con motivo de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestaron que se abstendrían de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta signado por ************************, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, designa como en materia de contabilidad a Felizardo Verdugo Flores. En ese tenor, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, requiérase al referido diestro, en el domicilio ubicado en calle Mar de Bering, número sesenta, colonia Valle del Country, en la ciudad de Tepic, a fin de que dentro del término legal de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a la notificación del presente proveído, se sirva comparecer ante este Juzgado de Distrito, a efecto de aceptar el cargo de perito que se le confiere, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tepic, mediante el cual solicita se le reconozca la personalidad con que se ostenta, señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. En consecuencia, como lo solicita al haber exhibido copia certificada de su nombramiento, téngasele por reconocida la personalidad con que se ostenta y con base en el dispositivo 9 de dicha ley, téngasele designando como delegados a las personas que menciona, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, de conformidad con los numerales 305 y 308, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos del arábigo 2.
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